Brasil recurre a Ejército para contener oleada de rebelión en cárceles

La medida fue anunciada en el marco de una reunión celebrada este martes en Brasilia entre el presidente Temer, buena parte de su equipo de gobierno y representantes del Ejército

17 enero 2017 || 17:12 || Agencia NTX
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Brasil.- El gobierno de Brasil puso hoy a disposición de las autoridades estatales el apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en las cárceles del país, con el fin de frenar la ola de violencia en los centros penitenciarios.

En el marco de una reunión con mandos para analizar la situación en los penales, el portavoz de la Presidencia, Alexandre Parola, indicó que “el presidente Michel Temer pone a disposición de los gobiernos estatales el apoyo de las Fuerzas Armadas”.

De esta forma, los gobiernos de los estados brasileños azotados por la oleada de violencia en sus prisiones –desde la región amazónica al noreste del país- podrán solicitar la presencia de militares para ayudar en las tareas de fiscalización dentro de las cárceles.

“Habrá inspecciones rutinarias en las cárceles con el objetivo de detectar y decomisar materiales prohibidos en esas instalaciones. Esta operación trata de restaurar la normalidad y los patrones básicos de seguridad en las cárceles brasileñas”, agregó el vocero.

Esta medida de urgencia busca sofocar la peor crisis penitenciaria de Brasil en décadas –sino en toda su historia-, tras una serie de motines y ataques entre facciones rivales en varias cárceles del país, que ha dejado cerca de 130 muertos desde el pasado 1 de enero.

La medida fue anunciada en el marco de una reunión celebrada este martes en Brasilia entre el presidente Temer, buena parte de su equipo de gobierno y representantes del Ejército, la policía y los servicios secretos.

El encuentro fue convocado con el objetivo de responder a una crisis que lleva más de dos semanas latente y que ha revelado el absoluto caos en las cárceles de Brasil.

Pese a las medidas adoptadas este martes y a las promesas del gobierno, la crisis está lejos de concluir, y diariamente los medios de comunicación informan sobre nuevas rebeliones, ejecuciones o fugas de reos en diversas cárceles del país.

El último foco de tensión se registró este martes en la prisión de Alcaçuz, en el nororiental estado de Río Grande del Norte, donde varios presos volvieron a tomar por segundo día consecutivo las azoteas de uno de los pabellones de la cárcel.

El domingo pasado, en ese mismo centro, 26 presos fueron ejecutados a sangre fría –la mayoría decapitados y algunos descuartizados-, ante la incapacidad de las autoridades penitenciarias de tomar el control de lo que sucede dentro del recinto penitenciario.

Tropas de la policía de élite fueron enviadas este martes a esa cárcel para tratar de sofocar la nueva rebelión, mientras las autoridades buscan si se han registrado nuevas víctimas entre los reos.

La crisis amenaza ahora con extenderse al estado de Río de Janeiro, donde funcionarios penitenciarios y miembros de la policía civil iniciaron este martes una huelga de seis días para exigir el pago de salarios atrasados y la mejora de las condiciones de trabajo.

Una inoportuna paralización de los funcionarios en uno de los estados más turísticos de Brasil podría provocar rebeliones de los grupos criminales que luchan por el control de actividades ilegales como el tráfico de droga.

En ese marco de caos y de imágenes de violencia que llenan los boletines informativos y los programas de televisión, las organizaciones no gubernamentales exigen al gobierno federal que asuma sus responsabilidades.

“Las autoridades parecen subestimar la profundidad de la crisis en el sistema de prisiones y fracasan en la prevención de nuevos asesinatos y masacres”, dijo este martes Renata Neder, asesora de derechos humanos de la organización Amnistía Internacional.

La crisis penitenciaria en Brasil ha puesto de manifiesto una serie de problemas denunciados desde hace años por grupos humanitarios: el exceso de población carcelaria, las condiciones de confinamiento degradantes y el dominio de los grupos criminales en los penales.

Analistas estiman que Brasil necesita al menos 200 mil plazas suplementarias para dar cabida al total de la población carcelaria, que supera el medio millón de personas.

Brasil tiene una media de 274 encarcelados por cada 100 mil habitantes, según datos del Centro Internacional de Estudio de las Prisiones (ICPS).

Por otra parte, la revelación de presos con acceso a celulares, armas y drogas ha mostrado la corrupción en la gestión de los penales –parcialmente privatizada-, lo que permite a jefes de mafias seguir comandando sus organizaciones en condiciones de confinamiento.