Diputados avalan reformas y adiciones a Ley de Víctimas

Con las modificaciones a la ley se flexibilizan los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que es de carácter federal

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14 diciembre 2016
20:46 hrs
Agencia NTX

México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular por 323 votos a favor, 41 en contra y 34 abstenciones la minuta del Senado que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, para agilizar la reparación del daño y el acceso a los recursos de los fondos de ayuda.

Asimismo, el pleno rechazó reservas a casi una treintena de artículos y se turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con las modificaciones a la ley se flexibilizan los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que es de carácter federal, y se mandata a todas las entidades federativas crear sus propios fondos de ayuda.

Se crean los recursos de ayuda, que son gastos de ayuda inmediata -con cargo a dichos fondos–, para la asistencia, atención y rehabilitación que requieran las víctimas.

También, aclara que el Fondo de Ayuda federal brindará los recursos de ayuda siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas y que el dinero previsto para este Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no podrá ser disminuido.

Se establece que las víctimas, en casos urgentes o en aquellos en que las instituciones públicas no puedan brindarles la atención, podrán acudir a la ayuda de instituciones privadas, con cargo al fondo de ayuda correspondiente.

El documento avalado por el pleno indica la posibilidad de contratar peritos expertos extranjeros o independientes cuando no haya personal capacitado en la materia en el país.

La ley reconoce como grupos vulnerables –además de las mujeres, menores de edad, indígenas y adultos mayores­– a los migrantes, personas en situación de desplazamiento interno, personas con discapacidad, periodistas y defensores de derechos humanos,

Indica que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ya no será un órgano colegiado, dado que estará encabezado por un comisionado ejecutivo que tendrá a su cargo designar a las personas responsables del Fondo de Ayuda nacional, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Dicho comisionado, que deberá vigilar el adecuado ejercicio de los recursos del Fondo de Ayuda, será propuesto por el Presidente de la República previa consulta pública a colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil.

El texto señala que deberá ser ratificado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado de la República y durará en su cargo cinco años, sin posibilidad de reelegirse.

Asimismo, se faculta a la CEAV para que pueda atraer e intervenir en la atención, y en su caso, en la reparación del daño a víctimas en casos del fuero local.

La figura del asesor jurídico se fortalece para hacer valer los derechos de las víctimas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio oral, el cual podrá ser solicitado por la víctimas a la CEAV cuando no quieran o puedan contratar un abogado particular.

Las modificaciones también añaden el interés superior de la niñez, como principio rector, en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Para garantizar la efectividad de las acciones del gobierno en favor de las víctimas, se considera la participación de los distintos actores sociales en la elaboración de una política pública.

Ello, añade, a fin de que la aplicación de las directrices de atención y el ejercicio de los recursos públicos destinados a la ayuda, asistencia y reparación integral sea abierta y transparente.

Se concibe la creación de una Asamblea Consultiva que funcionará como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la CEAV, integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones civiles y académicos.

En el Artículo Noveno Transitorio se estipula que, después de la entrada en vigor del decreto, las legislaturas estatales contarán con 180 días para realizar modificaciones legislativas y presupuestales.