“Educación para todos”

6 febrero 2017
9:23 hrs
Héctor Yunes Landa

A cien años de la promulgación de la Constitución Política de 1917, los legisladores federales nos aprestamos para hacer cumplir su mandato y garantizar en su totalidad que los mexicanos recibamos educación gratuita y de calidad.

Recientemente, en el Senado de la República recibimos la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto para reformar la Ley Federal de Educación y con ello garantizar que los migrantes mexicanos que retornen al país puedan ingresar al Sistema Educativo Nacional.

Como nación nos preparamos así, para hacer frente a las políticas discriminatorias y hostiles que se han puesto en marcha en el vecino país del norte.

De aprobarse esta reforma, protegeremos los derechos fundamentales de millones de mexicanos que por diversas razones migraron -o nacieron fuera- del territorio nacional.

Se estima que son 35 millones de personas con orígenes mexicanos los que viven en Estados Unidos de Norteamérica, representando el 63 por ciento de la comunidad hispana radicada en ese país.

De acuerdo con un análisis del Pew Research Center, hay 5.3 millones de mexicanos indocumentados, quienes habitan principalmente en los estados del sur de la unión americana.

La iniciativa que analizaremos contempla que las instituciones privadas de educación superior con reconocimiento de validez oficial, revaliden y otorguen equivalencias parciales de estudios de licenciatura.

También se pretende mandatar desde el artículo 33 de la Ley General de Educación que la falta de documentos de identidad, o académicos de niñas, niños y adolescentes, no sean obstáculo para que accedan al sistema educativo nacional.

Es decir, las autoridades, deberán dar las facilidades para que se obtenga la documentación que permita la integración o tránsito por el sistema educativo nacional de las niños, niños y adolescentes.

Lo anterior es de total importancia, pues son innumerables los casos de hijos de migrantes mexicanos que -por falta de documentación- no pueden ingresar a las instituciones educativas del país.

Se pretende también establecer que los estudios realizados fuera del país sean válidos, cumpliendo los procedimientos que marcará la Secretaría de Educación.

Se trata de una iniciativa que propone fortalecer el respeto a los derechos humanos, en especial, al acceso a educación gratuita y de calidad, tal como lo mandata la Constitución.

Con toda la fuerza del Estado Mexicano, se seguirá protegiendo a los mexicanos.