Impunidad negociada

7 diciembre 2016 || 22:44 ||
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ALMA GRANDE
Impunidad negociada
Por Ángel Álvaro Peña

• Ya lo decía el profesor Carlos Hank González, un político pobre es un pobre político.

La realidad ahora tiene una variable, una vez que se ha demostrado que cierto tipo de política, después del narcotráfico, es el mejor negocio sucio que hay en México.

Y la frase que debe aplicarse es: un pobre funcionario ratero, es un funcionario preso; un funcionario que roba mucho es un político en la impunidad.

Porque quien se lleva millonadas a los bolsillos sin pertenecerle, le queda dinero para defenderse con los abogados expertos en estos casos; en cambio, quienes roban poco, apenas y pueden medio defenderse vendiendo algunas de las propiedades que adquirieron por medios poco legales.

Claro que no todos los políticos son corruptos, pero todos los corruptos son políticos, servidores públicos o simplemente funcionarios. De no ser así serían delincuentes comunes, pero la corrupción sucede en el seno de la administración pública, con alguna autoridad, de ahí que en casos como en el de Veracruz donde quienes saquearon al estado, ahora gozan de una impunidad negociada.

Porque quién puede asegurar que no hayan comprado las candidaturas, sobre todo las de mayoría relativa que deben entrar forzosamente a legislar. Esas curules suelen tener un precio en los partidos políticos.

Un precio alto, porque en el caso de los actuales diputados locales y federales adquirieron su libertad a partir de la ocupación de su curul; de otra manera, estarían tras las rejas. Entonces ese tipo de candidaturas no son baratas, porque implican un gran riesgo de la sospecha al interior de los diferentes partidos, porque el prestigio de quien la vende está al mismo nivel de quien la adquiere, y en el caso de los legisladores veracruzanos, lo hacen así para alcanzar la impunidad.

A esto debemos agregar las grandes cantidades de dinero que se requieren para realizar las campañas políticas, cuyos cargos en disputa gana quien más recursos invierten en ellas.

Aquí no sólo están implicados los dirigentes de los partidos, en este caso del PRI, del Partido Verde y de Nueva Alianza, que han dado cobijo a ex funcionarios de Javier Duarte durante su muy cuestionada gestión. También están implicados los consejeros electorales estatales y federales que no toman en cuenta las sospechas, las críticas, los señalamientos, las denuncias penales, las demandas judiciales, los testimonios periodísticos, etc., de quienes acogen como representantes de nadie, pero con toda la intención de alcanzar o negociar la impunidad.

Tampoco están libres de culpa las procuradurías estatal y federal, porque actúan tan lentamente que les ganan los tiempos electorales antes de que puedan deslindar responsabilidades por acusaciones que iniciaron años atrás.

Hay averiguaciones previas de actuales legisladores locales y federales de Veracruz que tienen por lo menos dos años y las autoridades no quisieron o no pudieron responsabilizar de un solo delito de los muchos que se les señalan, a uno solo de quienes ahora gozan de fuero.

La magnitud del saqueo es tal, que el propio gobernador Miguel Ángel Yunes se dio a la tarea de investigar, interrogar y señalar por su cuenta, una serie de pruebas contra la administración de su antecesor. Y cada día aparecen más. Y dejó muy en claro que todavía hay puntos negros en algunos temas, como es el de las maletas llenas de dinero en efectivo que cargaba Vicente Benítez González, actualmente diputado local, precisamente apodado el señor de las maletas, por la sospecha de que esos recursos tuvieran como destino final una campaña de proselitismo electoral a nivel federal.

El Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, tiene ahora un colaborador de lujo en el flamante gobernador veracruzano, quien, con su experiencia, se dio a la tarea de llevar a cabo sus propias investigaciones, ante la pasividad de las instancias responsables de estas tareas.

Así, son muchos los implicados en el largo camino hacia la impunidad, un camino que representa un lujo para quienes pueden adquirirlo. La impunidad no es barata, y se ha convertido en una mercancía dentro de la administración pública de México, y por lo tanto en negocio.

El negocio de la impunidad exige de un trabajo que implica varias instancias de gobierno y la participación definitiva de los partidos políticos que se erigen ahora como los principales protagonistas no sólo de la política del país sino de la democracia.

Pero si la impunidad tiene precio para los legisladores que representan a la población, no sabemos de qué tipo de democracia estamos hablando. Una democracia donde los grandes ladrones compran su impunidad disfrazada de cargos de elección popular.

Ahí, donde los ladrones roban miles de millones y pueden darse el lujo de pagar en abonos sólo una parte mínima de lo robado, no puede haber democracia.

Porque lo que se mostró en días pasados sobre una devolución de lo robado por una cantidad que movería a risa, si no fuera producto de tanto sufrimiento de los veracruzanos, no representa ni la milésima parte de lo que enviaron a paraísos fiscales. Además, los ladrones encabezados por Javier Duarte, pueden hacer una selección de sus bienes inmuebles y deshacerse de los que ya no les gusta o simplemente los sueltan a cuenta de lo que han hurtado, se convierte en una burla indignante contra todos los mexicanos.

Ahí están claramente expuestos los cómplices cercanos del ex gobernador, el propio Yunes Linares los expuso a través de entrevistas, incluso en el extranjero.

Podemos hablar de la cercanía para la truculencia del ejercicio del poder durante el reinado de Javier Duarte, con su más cercano colaborador y confidente Alberto Silva Ramos, quien estuvo al frente de Comunicación Social mucho tiempo, no para informar a los medios sino para detectar a los medios y periodistas que no coincidían con la forma de gobierno de su jefe, y actuar en consecuencia.

Es decir, Duarte colocó a Silva Ramos en Comunicación Social como francotirador del periodismo crítico en Veracruz, para este Cisne de plumaje ensangrentado no había peor enemigo que los comunicadores. Lo demostró en su gestión en esa y otras oficinas como Sedesol, donde sólo faltó que se llevara el edificio.

Alberto Silva siempre fue el encargado de realizar las acciones más truculentas de la administración de Duarte, como el hecho de solicitar licencia en su diputación federal para regresar a Comunicación Social del gobierno de Duarte con el objetivo de golpear desde los medios a su servicio al actual gobernador y su familia.

Tenebroso y perverso, Alberto Silva, desde su curul y protegido con fuero, ahora convertido en el vocero personal de Javier Duarte, publicó viejas fotos de su jefe en su cuenta de Facebook como una burla más al pueblo veracruzano. Al haber movimiento en dicha cuenta, se pensó que Duarte, o alguien muy cercano a él, como Alberto Silva, manipularon este medio para desviar la atención y restarle credibilidad a las redes sociales que algunas veces llevan un paso adelante que otros medios.
La presión sobre las autoridades de esta burla se convierte en una agresión más del dúo Duarte-Silva para desgastar la imagen del nuevo gobierno en la entidad.

En el segundo círculo cercano al poder están nada menos que Moisés Mansur y José Juan Janeiro, encargados de realizar las maniobras más sucias disfrazadas de inversiones y adquisiciones.

Además de otros que como el diputado federal Édgar Spinoso Carrera, quien prefiere pagar en especie el producto de su desfalco, de tal surte de que a pesar de que cuenta con una flotilla de aviones y helicópteros, sólo entregó 2 aeronaves, un jet privado Learjet y un helicóptero Robinson.
Estos personajes están libres, gozan de total inmunidad y alcanzaron la libertad gracias a una impunidad negociada… Esta columna se publica todos los lunes, miércoles y viernes.

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