Sigue la discusión de la descoordinación fiscal

19 diciembre 2016 || 12:43 ||
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Por: Jorge Miguel Ramírez Pérez

Tanto los diputados que defienden la opción de descoordinación fiscal, como los que están en contra se imaginan las cosas. Más bien los que están a favor tienen algo de imaginación, tienen ideales y creen en la justicia por lo que declaran. Los otros no.

Son cerebro-dependientes de las tradiciones. Estarían en otro tiempo a favor de los rituales aztecas hasta los de comer carne humana, con tal de que no cambien un ápice su condición de sometidos de lo que ignoran; dicen: los jefes, alguien del centro que nos explique, el porqué exactamente como declaró Carlos Vasconcelos, ejemplo viviente de esa vieja especie política, que hace una clara distinción entre los capitalinos y los de la provincia, que reafirma que el ser provinciano es sinónimo de ciudadano de segunda.

Para ellos basta con que un jefe de departamento de Hacienda les diga que no es posible, para creerlo. Creen de oídas, no porque razonen, un chilango les dice que deben hacer y lo hacen.

Y esa es la raíz, precisamente de la Coordinación Fiscal, una decisión unilateral para que el gobierno central gaste a carretadas en burocracias repetitivas con séquitos impresionantes: secretarios particulares, asistentes, secretarios técnicos, secretarios privados, coordinadores de asesores, asesores, choferes, secretarias, auxiliares, ayudantes, redactores, informáticos, para cada secretario, para subsecretarios y muchos directores generales, que tienen además direcciones adjuntas y todos, todos en conjunto no resuelven nada, se echan la pelota y hacen berrinches.

Además los burócratas tienen dinero para contratar proyectos con asesores externos, que desde su inicio saben que son ocurrencias que no van a prosperar sino para el bolsillo de los despachos, que sin empacho cobran millones por cuarenta cuartillas, tres cuadros estadísticos, y una presentación en power point; trabajos que en realidad maquilan los jefes de oficina de esas dependencias y que no saben que su trabajo paró en los bolsillos de sus “jefes”, los “jefes” que aunque quiera Vasconcelos que le expliquen, jamás le dirán como es que se quedan con más del setenta por ciento del dinero del sector público, como si fueran otro país, el de los centralistas.

Un país con dinero y otro, el de los 32 estados y sus más de 2500 municipios a lo pobre.

Sin contar que además los centralistas extienden sus redes a los estados, clavándoles, en muchos casos incondicionales en las áreas de finanzas estatales para promover bursatilizaciones y toda suerte de malabares adversos a los de los habitantes de los estados, al fin , dicen : “son provincianos”; y el falaz argumento que los estados no cobran impuestos, porque dicen que son “federales”, cuando son nacionales: el productivo IVA, que alguna vez fue de los estados y se los quitó Hacienda y el Impuesto sobre la renta los dos impuestos más importantes que tiene el SAT.

Esa disparidad alcanza al vientre estéril de México, con su pasivo laboral de privilegios: PEMEX , CFE, el IMSS, el ISSTE, el IFE, la Comisión de Derechos Humanos y todas las OPD que son pérdidas, nunca ganancias; números rojos que representan miles de millones de una baja calidad del servicio público.

Pero los burócratas no contentos con malgastar el dinero de los ingresos, entre ellos los petroleros, se dedicaron además en su calidad de empleados de Hacienda a facilitar los mecanismos de endeudamientos para que los políticos pudieran usar el dinero para ganarle a la democracia.

Independientemente que existen tres ordenes de administración: la federal, estatal y municipal, que tienen dinero dizque para programas sociales que en términos transparentes: son padrones para alimentar a los respectivos grupos del “músculo” político que se alquila, léase acarreados, y sus líderes que trabajan como defraudadores profesionales del voto.

Y claro que zafarse de ese sistema de ignominia no va a ser fácil, lo he dicho: no lo es, pero tampoco es imposible y lo voy a repetir, no es una opción, es una necesidad; y, sí es política. Todo lo público es político, claro que hay criterios técnicos para mantenerse en la sujeción; como criterios técnicos para terminar una relación desventajosa para los estados. La defensa de los intereses de los estados es política, punto.

Y hay les va el porqué:

1. No hay dinero es cierto, lo crean o no y el Gobernador Yunes lo ha constatado todos los días y lo ha dado a conocer, no solo él, también lo constató Duarte, que se robó hasta el último centavo, si hubiera habido algo, se queda para robárselo en su enfermiza obsesión por buscar respetabilidad de esa manera, según él. Y no hubiera renunciado.

2. Hacienda, aunque debió para los quebrantos a tiempo, no lo hizo sabiéndolo y nunca a protegido a ninguna entidad, jamás han estado dispuestos a ceder dinero, están dicen ellos, para recoger dinero, no para resolver problemas. Pero como toda regla, hay excepciones; si, lo hacen, cuando se trata de alterar elecciones, untando dinero en la mano de los defraudadores, esa es la excepción.

3. Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Tamaulipas, y muchos; no tienen margen de maniobra y muchos de ellos no van a poder pagar el servicio de la deuda.

4. Los bancos no pueden ceder y van a entrar los reaseguros y los covenants con sanciones. Las calificaciones de deuda se van a ir al suelo. Hacienda va a cargar a participaciones los castigos y los gobiernos insolventes, no solo para pagar la nómina, sino para pagar hasta las operaciones más inmediatas, ¿qué creen que van a hacer?

Para mí este proceso dicho a grandes rasgos, es uno de los problemas que van a tener que desembocar en una negociación digamos: revolucionaria, que va a cambiar el estado de las cosas financieras en México, y si no, en el camino tiene que haber arreglos, fuera de ese camino no los hay, ni sometiéndose.