¿Y los muertitos de Duarte?

20 Abril 2017
17:52 hrs
Carlos Jesús Rodríguez

AUNQUE AL ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa buscan procesarlo en México por diversos delitos relacionados con el saqueo de las arcas públicas, blanqueo de recursos así como actividades relacionadas con dinero de procedencia ilícita (lo que configuraría delincuencia organizada), lo cierto es que ni al Gobierno del Estado -que lo persigue enconadamente- y, mucho menos a la Federación les interesa enjuiciarlo por su presunta participación en la desaparición de cientos, miles de Veracruzanos cuyos cuerpos son, ahora, encontrados en fosas clandestinas, así como, tampoco, por el asesinato de 19 periodistas e infinidad de agresiones contra la prensa que marcaron un hito en la historia político-periodística de este País. Y es que si México, a través de la Procuraduría General de la República y la cancillería, formalizan la solicitud de extradición del nefasto ex gobernante, lo prudente sería incluirle otros delitos como desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad, de tal suerte que al llegar al País se le juzgue por tantos hechos de sangre que enlutaron a Veracruz durante su desgobierno.

Y ES que contrario a la percepción social de que la mayoría de los periodistas asesinados o agredidos en el País han sido víctimas de la delincuencia organizada, un nuevo estudio de la organización Artículo 19 revela que no es el crimen organizado el principal perpetrador de esa violencia contra la prensa, sino autoridades de todos los niveles, pues el informe alerta que fiscalías y procuradurías correspondientes primero desacreditan a las víctimas, desligan los móviles de la actividad periodística y protegen a políticos involucrados, mientras que los diversos mecanismos de protección que se han formado son inoperantes e incapaces de garantizar esa labor y, en muchos casos están al servicio del poder.

EL ESTUDIO actualiza estadísticas con hechos perpetrados en 2016, cuando ocurrieron 11 homicidios contra integrantes de la prensa, ya que los 4 casos ocurridos en los primeros meses de este año no alcanzaron a ser considerados, y en ese sentido, Articulo 19 atribuye a funcionarios públicos 226 de los ataques a periodistas y medios, mientras que en 83 casos no hay elementos suficientes para determinar alguna responsabilidad, en 69 se identifica al atacante como un ‘‘particular’’ y en 17 se trata de la delincuencia. En cuanto al nivel de gobierno de los supuestos perpetradores, 91 son del ámbito Estatal, 79 del municipal y 56 del Federal, siendo la prensa escrita el blanco mayoritario, figurando en primer lugar los medios digitales (se incluyen redes sociales), con 189 agresiones y los impresos con 103. Se enumeran los medios más atacados: El Piñero de la Cuenca, con 15 agresiones en 2016. Le siguen Aristegui Noticias, 12; Reforma, 11; La Jornada, 10, y Proceso, 7. En cuanto al nivel y cargo de informadores atacados se revela que, juntos, corresponsales y reporteros son quienes se llevan la peor parte con 199 agresiones. Le siguen los 56 ataques sufridos por fotorreporteros.

BAJO LA dirección de Ana Cristina Ruelas, titular de la oficina de la organización para México y Centroamérica, el estudio analiza los principales rasgos que, sin variar, se reproducen en el desarrollo de las investigaciones judiciales de cinco de los casos más emblemáticos de asesinatos de periodistas, siendo el primero el de Regina Martínez, corresponsal de Proceso (asesinada el 26 de abril de 2013), y en el que la fiscalía veracruzana desvió la línea de investigación y la cerró bajo la premisa de un “crimen pasional”, negando que el asesinato fuera consecuencia del trabajo crítico de la reportera. En el mismo análisis le sigue el asesinato de Gregorio Jiménez, reportero de El Liberal del Sur, secuestrado el 11 de febrero de 2014, en Coatzacoalcos, donde la misma fiscalía privilegió la línea de “problemas con sus vecinos”, y por lo que hace al fotógrafo Rubén Espinosa, de Proceso y Cuartoscuro, muerto en el quíntuple homicidio de la colonia Narvarte (el 31 de julio de 2015), el expediente derivó en involucrar a las víctimas en un escenario de prostitución y narcotráfico.

DICE EL análisis que la procuraduría capitalina desvaneció toda línea hacia el gobierno de Veracruz, de donde Rubén había huido por amenazas de Javier Duarte, y ha intentado cerrar el caso. Respecto a la averiguación del homicidio de otra veracruzana, Anabel Flores, periodista de El Sol de Orizaba, el 9 de febrero de 2016, la fiscalía concluyó que fue “por sus vínculos con delincuentes”. El entonces procurador estatal, Luis Ángel Bravo no tuvo empacho en llamar a la víctima “malandra”, y por último el caso del oaxaqueño Salvador Olmos, locutor de la radio Tu Un Nuu Savi, detenido por la policía local el 26 de junio de 2016, en el contexto del conflicto magisterial, al intentar escapar fue atropellado por una patrulla. Adicionalmente, para documentar la desprotección sistémica del ejercicio periodístico, se estudia el caso de Pedro Tamayo, reportero de asuntos policiacos de El Piñero de la Cuenca, Veracruz, amenazado y perseguido en numerosas ocasiones.

Y ES que Tamayo, a pesar de acudir en busca de protección a la Comisión Estatal para la Protección y Atención a Periodistas, fue acribillado frente a su casa el 20 de julio de 2016. Él y su esposa, Alicia Blanco, habían sido “reubicados” en otro estado, pero en condiciones tan precarias que se vieron obligados a regresar a su casa. La esposa de Tamayo continuó su labor periodística y recibió amenazas de que incendiarían su casa y, finamente, lo hicieron. Su hijo Abraham Tamayo fue detenido violentamente. Se le fabricó un caso de secuestro y sigue preso y bajo proceso.

EN ESE sentido, no estaría de más que la Procuraduría General de la República, que ha atraído varios casos de comunicadores ejecutados en Veracruz, concretamente en el infausto sexenio de Javier Duarte, ahondara en las investigaciones y de una vez por todas se agregue a la solicitud formal de extradición esos ilícitos, de tal suerte que no queden impunes por el bien de la Libertad de Expresión y la incipiente democracia jarocha. No hacerlo tan solo conllevaría a corroborar que al actual gobernante, Miguel Ángel Yunes Linares no le interesa la prensa. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

*Esta es opinión personal del columnista