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Ángel Álvaro Peña-Mecanismo protege delincuentes

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ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña

La mala reputación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas crece y no escapa de toda reunión de periodistas grande o pequeña donde se critique la pésima actuación de esos personajes que, encabezados por Jorge Ruiz del Ángel, no sirven para nada.

Los cuestionamientos contra Ruiz del Ángel se multiplican y él se ríe de los comunicadores porque se dice protegido por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, pero se trata de un funcionario que opera en el mecanismo desde el sexenio pasado y en ese entonces ¿Quién lo protegía?

En la reciente entrega de reconocimientos del Club de Periodistas de México, su secretaria general, Celeste Saénz de Miera, en el Día de la Libertad de Expresión, en Tuxpan, Veracruz, comentó que el Mecanismo no cumple con su función y que, a pesar de su existencia, sigue habiendo asesinatos de periodistas.

Pero el historial es amplio y tiene que ver no sólo con el descuido sino con la complicidad de la represión a los comunicadores.

Está el caso de Patricia Aguilar Romano, a quien la Fiscalía General del Estado de Nayarit detuvo el 11 de agosto del año pasado acusada del supuesto delito de despojo, por el simple hecho de cubrir la información en la colonia Emiliano Zapata, donde la lideresa de los colonos, de nombre Jeanette, tomaba espacio en los predios.

Familiares de la periodista Aguilar Romano, con 33 años de ejercicio periodístico, acusaron que fue detenida “como si fuera la peor delincuente” cuando se encontraba en su domicilio a las 23:30 horas. La acusación fue por el delito de despojo, cuando ella sólo dio cuenta del hecho como comunicadora.

En el operativo de detención participaron siete patrullas y los uniformados amenazaron con tirar la puerta. Fue trasladada a Tepic, donde sigue incomunicada. Al día siguiente la Asociación de Comunicación e Información de la Mujer A.C., recordó que Aguilar Romano cuenta con seguridad especial otorgada por el Mecanismo de Protección a Periodistas, y que uno de sus escoltas también fue detenido con lujo de violencia.

Si quienes protegen a los periodistas por parte del Mecanismo son vulnerables ante una acusación falsa, la vida de los periodistas que están inscritos en el Mecanismo corre peligro, porque lejos de ser protegidos sirve para estar ubicados para los enemigos de la información y sus trabajadores.

El año pasado en una visita que realizó el presidente de la República, la periodista Patricia Aguilar Romano denunció que hubo un manejo ilícito en terrenos por parte del gobernador panista Antonio Echeverría en complicidad con el fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce.

Durante la visita del presidente, Aguilar reveló estos delitos que los involucraban y a los que ella daba seguimiento. Ahora, la periodista María Luisa Estrada denunció que Patricia Aguilar sigue presa y que el propio funcionario del Mecanismo, Jorge Ruiz, la fue a visitar al penal, diciendo que era su amiga, lo cual resulta una actitud de complicidad con las autoridades, ya que no sólo no cumplió con su deber de proteger a quienes están suscritos al Mecanismo, sino que no ha hecho nada por buscar la justicia.

El Mecanismo no ha hecho nada por su periodista ni por su escolta, a pesar de ser una detención -a todas luces- ilegal con la imposición del gobernador del estado, quien antes de reconocer sus corruptelas prefiere inculpar a la comunicadora de invadir terrenos.

El Presidente señaló que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas son servidores públicos humanistas y que atenderán el caso, cuando debieron atenderlo desde el momento mismo de la detención arbitraria y represiva. Anunció que instruirá a la secretaria de Gobernación para que atienda el caso de Patricia Aguilar Romano, quien cumplirá un año en prisión injustamente, a manos de un gobernador delincuente, de un Mecanismo incapaz y de un sistema de Justicia corrupto.

El Mecanismo debe refundarse o desaparecer, porque se ha convertido en la mejor manera de reprimir comunicadores una vez que están ubicados, ante un embate contra los periodistas que terminan en la impunidad siempre, sobre todo en el caso de los asesinatos de quienes se comprometen con la verdad y denuncian los malos manejos de los funcionarios públicos.

Los comunicadores de Nayarit y del país aseguran que la detención de Patricia Aguilar se trata de una venganza política por haber señalado los ilícitos del gobernador y el fiscal del estado. Nadie se explica la razón por la que no se actúa para otorgarle la libertad a la comunicadora.

El caso de las tareas del Mecanismo resulta por demás vergonzoso, porque simplemente no actúa y hace sentir a los periodistas dentro y fuera de su “protección” como ingenuos ciudadanos que confían en las leyes y en las instancias que deben proteger las garantías individuales de la población.

Si el Mecanismo no hace nada por liberar a Patricia Aguilar quiere decir que protege delincuentes, en el supuesto caso de que esta periodista sea “culpable de despojo”; sin embargo, si el Mecanismo defiende la postura del gobernador y del fiscal, también está defendiendo delincuentes que hacen leyes a sus medidas y no ha habido fuerza humana ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pueda liberar a la periodista, que no ha cometido ningún delito.

El Mecanismo es un insulto a la inteligencia de los mexicanos y una burla para el gremio periodístico quien se ha visto más afectado que beneficiado con el burocratismo criminal de un Mecanismo que nada hace para defender la integridad de los comunicadores y los líderes que defienden los derechos que la Constitución nos otorga. PEGA Y CORRE. – Se espera que una vez que las campañas pasaron y las urnas dieron su veredicto, las diferencias entre fifís y chairos se borren y los mexicanos vuelvan a hermanarse por los valores que han caracterizado históricamente a la sociedad de este gran país… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

angelalvarop@hotmail.com

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José Sobrevilla – Este 1º de agosto, ‘Juicio a expresidentes’

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Por José Sobrevilla

Para la consulta de este primero de agosto acerca de, si los ciudadanos estamos de acuerdo o no en llevar a juicio a los ex presidentes por actos de corrupción (aunque de acuerdo a la ley muchos delitos hayan prescrito), la pregunta planteada por el Instituto Nacional Electoral, INE, ha sido por demás confusa y enfocada al “no entendimiento” de la gran mayoría de la gente. Aunque en realidad no la redactó el INE sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Juzgue usted; “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

“¿Llevar a cabo las acciones pertinentes?” para “emprender un proceso de esclarecimiento”, por “las decisiones políticas” realizadas por “los actores políticos”, “encaminadas a garantizar” … en este galimatías se esconde el “sí” o “no”; y es por esta redacción que los detractores han llegado a argumentar que “la ley no se somete a consulta”, o se aplica o no. Sin embargo, coincido con los amigos del Grupo Intélite (que dirige Rodolfo Sandoval Monroy), en que este “será el primer ejercicio de democracia participativa”, que tendrá sustento legal y judicial a nivel federal al ser organizado por el INE; aunque por el requerimiento de al menos 40% de participación ciudadana (de la lista nominal) pueda terminar limitando el alcance de sus efectos legales.

El 27 de julio, esta empresa de monitoreo hizo llegar a este corresponsal un interesante reporte acerca de la “Consulta Popular”, en el cual realiza un valioso recuento, desde 2012, de cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el Decreto de Reforma a la fracción VII (art. 35 de la Constitución) donde es incorporada la Consulta Popular (CP) como derecho fundamental. Dos años después, 2014, en el mismo DOF, se publicaba el Decreto por el que era creada la Ley Federal de Consulta Popular, que se materializó como “mecanismo de participación ciudadana de ‘democracia semidirecta’”.

Ese mismo año, 2014, el INE recibía cuatro solicitudes de consulta popular sobre diversos temas para verificar apoyo ciudadano; posteriormente fue enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, para evaluar su constitucionalidad (23 septiembre), misma que fue rechazada (29 de octubre) por la procedencia de las solicitudes de CP al argumentar “inconstitucionalidad” por tratar “temas prohibidos”.

Ya en 2019, el 20 de diciembre, en el Diario Oficial fue publicada la reforma constitucional sobre revocación de mandato que también terminaría modificando las condiciones de la consulta popular. Año en que Gobernación impulsó –además– un ejercicio consultivo regional en Morelos, Puebla y Tlaxcala para evaluar la continuidad de un proyecto energético (23 de febrero), así como la consulta para evaluar la construcción de una planta cervecera, Constellation Brands, en Mexicali, Baja California, (22 de marzo) donde se canceló una inversión de 1,500 millones de dólares; así como, el 30 de mayo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas realizaba asambleas consultivas regionales para evaluar los polos de desarrollo de la construcción del Corredor Transístmico.

También, la secretaría de Gobernación había organizado un ejercicio de consulta regional en el Estado de México, del 25 al 28 de octubre de 2018, donde se evaluaría la continuidad de la construcción del Aeropuerto Internacional en Texcoco, la cual fue organizada por un consejo ciudadano conformado por académicos y organizaciones, entre ellas la Fundación Arturo Rosenblueth. También, el 11 de mayo de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado públicamente la posibilidad de que fueran juzgados cinco expresidentes anteriores a él.

Ya en 2020, el 15 de septiembre, el habitante de Palacio Nacional llevaba a cabo la consulta para juzgar a expresidentes como iniciativa propia ante el Senado, para comenzar con el proceso consultivo. El Senado había avalado ya la trascendencia de la consulta popular y turnado a la SCJN (el 7 octubre del mismo año), la pregunta para que –de la misma Consulta Popular impulsada por el Ejecutivo– se avalara su constitucionalidad el día 20 del mismo mes, que terminó siendo modificada para “evitar contradicciones constitucionales” quedando así de confusa como le mencionaba en el primer párrafo: fue así que el INE realizaría el reajuste a su presupuesto tras la reducción de 870 millones de pesos del mismo ordenado por la Cámara de Diputados[1] el 07 de diciembre 2020.

Este año, el 22 de junio de 2021, el presidente advertiría que el INE no había ahorrado para el ejercicio consultivo de este primero de agosto y, por ello, acusaba la ‘falta de presupuesto específico para este fin’; esto hizo que (demasiado tarde), el INE comenzara la preparación para la organización de la Consulta Popular el 28 de junio; así, este 15 de julio, el Instituto Nacional Electoral comenzaría la jornada nacional de información sobre la Consulta que se llevará a cabo este 1º de agosto 2021, con insuficientes quince días.

Es por ello que Human Rights Watch en América habría calificado como un “circo político” a la Consulta Popular 2021 el 19 julio, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, manifestara que AMLO debería “abstenerse” de difundir propaganda sobre la Consulta.

Con estos antecedentes, los analistas de grupo Intélite han vaticinado que será difícil el cumplimiento de participación requerida del 40% para hacer vinculante la Consulta Popular; y que la discusión política y la diversidad de visiones en torno a esta, harán del ejercicio un factor que sólo abonará al discurso anticorrupción del Gobierno Federal y a las posturas contrarias de la oposición (como son las críticas en el manejo de presupuesto del INE, y el populismo punitivo). “Aunque este ejercicio terminará siendo un precedente para la consolidación de estos mecanismos participativos; y las dudas en su utilidad y alcance obligarían a que se retome y modifique en el Legislativo y el Judicial”.

Consideraciones

En un primer escenario, se vislumbra que no sean cumplidos dos de los tres estándares requeridos para la Consulta, #1 apertura a la información –pregunta confusa–; #2 involucramiento de la sociedad –baja participación– y #3 Condiciones legales –cumplidas–; por lo que el ejercicio de este primero de agosto podría llevar a un retroceso en la consolidación de estos mecanismos de participación, debido a que México está en una democracia representativa “altamente polarizada”.

Lo anterior podría traer como “Impacto Económico” que aumentaran las quejas sobre el gasto para la realización de la Consulta Popular (91,000 mesas de votación, 890 millones de pesos)[2], así como la insuficiencia presupuestal que se exacerbe más debido al poco éxito que llegara a tener el ejercicio. El INE realizará la CP con 610 mdp menos de lo presupuestado originalmente, según ha dado a conocer el 2 de junio pasado.

El “Impacto Político” que podría traer, sería que las discusiones respecto a la Consulta podrían centrarse en la ilegitimidad del ejercicio y en el proceso de ejecución: Se mantiene la diversidad de opiniones, pero predominarán las que se opongan; por lo que se desprestigiaría a la Consulta para los siguientes intentos, como la “Revocación de mandato” del próximo 2022.

“Impacto Jurídico”: La SCJN se vería obligada a procurar la progresividad en el aseguramiento de próximas Consultas: El ejercicio se verá como un precedente para su mejora en las Consultas Populares, pero con escepticismo en su recepción social. En cuanto al “Impacto Social”, podría profundizarse el alejamiento de la sociedad con respecto la democracia participativa: Desde 2018 México ha disminuido 6% el Índice de Democracia Participativa, con el ejercicio infructífero de 2021, la tendencia a la baja se mantiene. Asimismo, por la discusión presupuestal de la CP; en el análisis de Intélite la percepción de corrupción empeorará.

Otro interesante escenario es que la Consulta Popular pueda tener un impacto positivo, pero mostrará que es necesario robustecer la vía participativa (reglas más claras y fortalecimiento presupuestal), por ello se buscaría legislar sobre el asunto en el ambiente propicio (alto porcentaje de participación, aunque menor al 40%), debido a que México está en una transición hacia la democracia semidirecta.

En este escenario, el “Impacto Económico” implicaría el debate sobre el presupuesto asignado, que se mantendría vigente: Se buscaría destinar mayores espacios y recursos a este tipo de ejercicios democráticos, ya que juntarían los intereses del INE respecto a mayor presupuesto y los reclamos de la oposición respecto al presupuesto de este Instituto.

El “Impacto Político” destacaría el ejercicio por el papel de la ciudadanía e instituciones, pese a que no se alcance el porcentaje de participación requerido, se impulsará un discurso que atribuya al éxito del voto popular y al INE. Derivado de ello, la CP de revocación de mandato de 2022 comenzará a perfilarse con relación al éxito parcial de este ejercicio.

“Impacto Jurídico”: El resultado podría poner en marcha el sistema de procuración de justicia para víctimas y, el resultado justificaría la salida político-jurídica de Comisiones de la Verdad como ejercicio restaurativo para las víctimas.

En cuanto al “Impacto Social”, podría observarse un acercamiento ligero de la sociedad hacia las consultas y elecciones; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, ENCUCI 2020, el 69.2% de la población estaba –ese año– “muy de acuerdo” con un gobierno democrático, por lo que esta cifra podría incrementarse.

Independiente de todo, los movimientos a favor y en contra del juicio a los expresidentes en estos breves momentos que se dieron para su difusión, se ha mantenido públicamente un debate y, así como existe un profundo rechazo, argumentando en muchas otras cosas –vía memes– que “es una consulta IDIOTA, ideada por un IDIOTA, y que votarán puros IDIOTAS”, también ha habido manifestaciones a favor de la misma. (Texto elaborado a partir del Reporte Intélite[3] con la autorización de Rodolfo Sandoval, su director general).


[1] Con ello, el presupuesto de la autoridad electoral pasó de 20 mil 463 millones de pesos solicitados en el anteproyecto a 19 mil 593 millones de pesos. https://centralelectoral.ine.mx/2020/12/07/ajusta-ine-presupuesto-para-2021-tras-reduccion-ordenada-por-la-camara-de-diputados/ consultado el 30.07.2021

[2] https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-costos-de-la-Consulta-Popular-20210628-0132.html Consultado el 30.07.2021

[3] https://publicaciones.intelite.mx/reportes-especiales consultado el 29 de julio 2021

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EJERCICIOS DEMOCRATICOS PARTICIPATIVOS, deben efectuarse para resolver temas de trascendencia nacional y no cuestiones de legalidad

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Breves del Derecho

Lic. Carlos Asdrubal Pantoja de la Cruz

Nuestra Constitución Política contempla un mecanismo de Democracia Participativa sobre temas de TRASCENDENCIA NACIONAL, denominado “Consulta Popular” y lo describe en el artículo 35, fracción VIII como un derecho de los mexicanos.

Esta prerrogativa es similar a la que se utilizó para determinar si la nación de Inglaterra seguía o no unida a la Unión Europea, el famoso “Brexit”, tema que por su trascendencia de naturaleza económica y de afectación general, el gobierno británico determino someterlo a consulta del pueblo anglosajón porque dicha decisión determinaría el rumbo económico futuro de aquel país que en su caso beneficiaria o afectaría a toda la nación, un tema sin duda de vital trascendencia nacional.

Otro ejemplo en el mundo de democracia participativa es Grecia, quien en dos ocasiones históricas ha utilizado este mecanismo para determinar sus políticas públicas de interés nacional, el primer ejercicio lo realizo en 1974 al organizar una consulta en la que el pueblo griego decidió el fin de la monarquía que encabezaba el rey CONSTANTINO, hermano de la reina doña Sofía, es decir, sometió a consulta de sus ciudadanos trasladar su forma de gobierno de monarquía a república y el segundo ejercicio lo efectuó en 2015 cuyo motivo de celebración fue la imposibilidad de llegar a un acuerdo en las negociaciones entre el gobierno griego de SYRIZA y sus acreedores, lo que dio como resultado un rotundo rechazo popular a las condiciones del rescate propuesto por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que endeudaría al pueblo griego por décadas, es decir, en ambos casos las decisiones sometidas a voluntad popular son de vital importancia y trascendencia nacional porque fijan el rumbo político, económico y futuro de ese país.

En nuestro país, si bien, el tema desde hace mucho se encuentra establecido en nuestra constitución, lo cierto es que, nunca el Gobierno ha realizado un referéndum (Consulta Popular), para tomar decisiones importantes y trascendentes de carácter nacional que determinen el futuro del país, ni antes, ni ahora, aunque se presuma que por primera vez este primero de agosto se realizara una consulta popular, la realidad es que se va a efectuar con un tema que a mi juicio no reúne las características de ser trascendente, ni de interés nacional sino de carácter ideológico, propagandístico y partidista.

En efecto, el tema sometido para la consulta es llevar a Juicio a los Expresidentes y lograr que por las malas decisiones tomadas desde sus respectivos Gobiernos se les repare el daño a las víctimas, sin embargo, el tema no lo proponen todas las ideologías políticas, solo una, por tanto en una pluralidad de ideas no se puede considerar de “Agenda Nacional”, además, los ilícitos de los que se les puede acusar ya se encuentran previstos en el Código Penal Federal y no es necesario someterlos a consulta, así como, el procedimiento y proceso ya se encuentra previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la reparación del daño y sus modalidades de pago o resarcimiento en la Ley General de Victimas.

Más bien, pienso que dicha consulta contiene un despropósito porque por extraño que parezca o suene esta iniciativa del actual gobierno y su partido es una idea encaminada a buscar todo lo contrario, que no se juzgue a esos personajes, menos aún que se imparta justicia y se les repare el daño a las víctimas, veamos:

En la especie, si el verdadero propósito del Gobierno es llevar a Juicio a los expresidentes y que aquellos por sus malas decisiones tomadas en el “pasado” en sus respectivos gobiernos reparen el daño causado a las posibles víctimas, esos dos temas de ninguna manera se deberían de someter a consulta, pues las facultades y atribuciones legales para que esa justicia restaurativa del daño se aplique le corresponden a la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación, quienes pueden, recibir denuncias, investigar, recabar pruebas, imputar, vincular a proceso, sentenciar y condenar a los expresidentes con penas de prisión, multas y penas reparativas del daño, por los delitos que hayan cometido y que se les comprueben, ello simplemente haciendo uso en sus respectivas competencias, de sus facultades y atribuciones que les confieren y se encuentran plasmadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Penal Federal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Victimas.

Por otra parte, de resultar condenados a la reparación del daño lo harían en su calidad de Expresidentes de la República, lo que implica que de ninguna manera aquellos lo repararan de su bolsa como ciudadanos sino como entes de gobierno, por tanto, esa restauración saldría de la bolsa del estado mexicano y ¿sabe usted de donde tomara el estado el dinero para reparar ese daño? Sí pensó usted bien, de nuestros impuestos.

En consecuencia, todo este tema de la consulta es meramente un simulacro de justicia y derecho a la reparación del daño, estéril y ocioso, en primera porque la justicia y el derecho no se somete a consulta y en segunda porque al ser una idea que impulsa un partido político en contra de todos los demás no es de carácter o de agenda “nacional” en tercera, porque quienes terminaran pagando el daño causado a las víctimas con nuestros impuestos seremos nosotros los ciudadanos y no los verdaderos responsables que causaron esos daños.

Concluyo diciendo que, la democracia participativa si bien, es un ejercicio interesante, único y valioso que por primera vez en la historia se ejercerá por las mexicanas y los mexicanos, también lo es, que es un despropósito estéril utilizar dicho mecanismo constitucional y desperdiciar esta oportunidad histórica en un tema ideológico de “justicia” tan vano porque en esencia es un tema de legalidad que se puede resolver sin necesidad de consultarlo y porque el resultado de la consulta no determina el rumbo futuro del país.

¡Nos vemos en la próxima, DEO VOLENTE!

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Javier Roldán – Mario Delgado se cura en salud

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La insoslayable brevedad 

Por Javier Roldán Dávila 

Pregunta sin cargo al erario: ¿dilapidar el presupuesto es corrupción? 

El domingo próximo se realizará la Consulta Popular en la que se preguntará, con tono cantinflesco cortesía de la SCJN, si se lleva a juicio a los expresidentes.  

El asunto es que, si no vota el 40% de la lista nominal de electores, el resultado no es vinculatorio, o sea, no será obligatorio acatar el resultado, lo que dicho en lenguaje vulgar implica que valdría ‘para pura madre’ o, como quien dice, un fracaso para la 4T. 

Por lo tanto, para justificar el posible chasco, comienzan a busca un control de daños. 

El primer paso lo dio Clitalli Hernández, secretaria general de MORENA, quien sin el menor pudor señaló: “Sin duda si la consulta no cumple su objetivo en términos de participación para ser vinculante, la principal razón y la culpa será del INE”. 

La doña dice lo anterior, ya que el INE, afirma, puso trabas para la instalación de la tercera parte de las mesas receptoras, pero igual acusaban del pasado proceso y todo salió bien. 

Por su parte, Mario Delgado, líder nacional, declaró lo siguiente: “independientemente del resultado de la Consulta Popular, en Morena vamos a buscar la ruta para que se cree una Comisión de la Verdad. No vamos a descansar hasta que se haga justicia”. 

En este caso, el ‘independientemente’ se debe entender: si la consulta falla, haiga sido como haiga sido, ‘juzgamos’ a los expresidentes. 

Al final, lo que procede, es que se lleve a juicio a quienes han violado la ley, ex funcionarios de toda índole, y no crear ‘comisiones de la verdad’ que son una simulación, al igual que la consulta, que costará más de 500 mdp, con cargo a los impuestos de todos.  

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