ALMA GRANDE
Cuando un político del pasado se disfraza de funcionario público del presente simplemente se le nota a la mitad de su periodo y todo lo que hace está más cerca del ridículo que de la función pública. Este es el ejemplo de muchos que, tratando de incorporarse a la política del actual régimen, terminan por mostrar la añeja manera de conducirse en la administración pública.
Para algunos ser electo en las urnas los convierte en políticos del presente, cuando en realidad pertenecen a otro tiempo. Es decir, a aquellos que creen que las atribuciones políticas dependen de un solo hombre, que no hay división de poderes, que el voto puede convertirlos en tiranos, y que la aceptación social que es siempre condicionada por la sociedad, los vuelve aprendices de dictadores.
Muchos gobernadores que se incorporaron a la 4T, terminaron por mostrar su naturaleza y chocan con la realidad. Mostraron su incapacidad, como es el caso del Ejecutivo estatal de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, cuya fama de torpe se conoce a lo largo y ancho del territorio nacional.
Hay que verlo en la conferencia de prensa cuando reta a una periodista a precisar datos que ni él tiene, o bien anunciar públicamente que reformará artículos cuando esa no es su responsabilidad, pero como sus colaboradores le hacen creer que son seres pensantes, terminan por creerse gobernadores, jueces y legisladores, al mismo tiempo, como sucedía en el pasado.
Lo ocurrido en Veracruz es un ejemplo de políticos improvisados que gobiernan para donde sopla el viento, sin proyecto de estado, ni plan de gobierno, ni conciencia de responsabilidad social. Fue necesario que acudiera al penal de Pacho Viejo, el entonces líder del Senado, Ricardo Monreal, para denunciar las violaciones a los derechos humanos más elementales en la entidad.
Según afirma el senador Monreal Ávila: “El delito de ultrajes a la autoridad en México fue declarado anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2016. Sin embargo, en 2021, el Congreso de Veracruz de Ignacio de la Llave reformó su Código Penal, para ampliar el tiempo de condena por cometer este ilícito y, al mismo tiempo, de manera laxa, las conductas que lo constituían.
Esta reforma ha causado que al día de hoy haya en Veracruz al menos 1,033 personas detenidas por haber ultrajado a la autoridad. Entre ellas, seis jóvenes que fueron detenidos en un centro comercial, quienes, sin haber cometido delito alguno, fueron procesados por este tipo penal”.
Así el gobernador envió la iniciativa de derogación de la ley de ultrajes a la autoridad al Congreso local para su discusión el domingo 27 de marzo; al día siguiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la clasificó como anticonstitucional nuevamente, por 10 votos a favor y uno en contra. Señaló que el delito que tipifica el artículo 331 del Código Penal veracruzano es inconstitucional por ser impreciso para indicar qué conductas son las que conforman tal ilícito y las penas que impone son exageradas e injustas.
Este delito se imputa a Rogelio Franco Castán, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace un año, caprichosamente prorrogado el Juez de Control de Tuxpan, Veracruz. El acusado, con quien se estrenó el artículo, se convierte paulatinamente en un símbolo de injustica y no falta quien afirme que los morenistas improvisados están creando a los líderes de la oposición.
Se promovió, entonces, ante el Juez Séptimo de Distrito en Tuxpan, Ricardo Mercado Oaxaca, el juicio de amparo 551/2021, que no ha sido resuelto y siempre difiriere la audiencia. Así, para cuando emita la sentencia, es posible que haya quedado sin efecto la vinculación a proceso porque, en cumplimiento a la resolución de la Corte, se habrá ordenado la libertad de Franco por ese delito; sin embargo, se sabe que es la pésima actuación del Juez Séptimo de Distrito, la que mantiene a Rogelio Franco, detenido injustamente, y ha impulsado que la ley de ultrajes a la autoridad se le llame dentro y fuera de Veracruz, la Ley Franco.
El juez federal continúa sin resolver el amparo a pesar del plantón frente al Juzgado ya se está promoviendo una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal que, comúnmente, las declaran infundadas, protegiendo a sus jueces y magistrados que tienen en sus manos la libertad de sus semejantes.
El Consejo de la Judicatura Federal debería tomar esto en cuenta para designar a los Jueces y Magistrados con capacidad en el área penal.
El gobernador, por su parte, anunció que enviaría una iniciativa de ley al Congreso local para que los delincuentes no atentaran contra la integridad de los funcionarios públicos, principalmente los policías, en el momento de la detención. Habló como si fuera legislador o como si tuviera en sus manos el destino de los debates parlamentarios, violentando la división de poderes.
A los dos días el Presidente de la República, quien lo había consentido exageradamente y en cada vista a la entidad alzaba la mano del gobernador, lo reprendió ante tal soberbia y falta de conocimientos políticos y legales.
García Jiménez dijo que analizó el tema y no será necesario modificar la Ley, aseguró que no es necesario crear una iniciativa, al quedar “a salvo” el artículo 371 quinquies, que señala penas graves a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de seguridad pública municipal y estatal.
Consideró Cuitláhuac que repitiendo palabras del Presidente, imitando posturas, reiterando consignas del Ejecutivo Federal podría posicionarlo ante los ojos de los veracruzanos, logrando exactamente lo contrario porque parece de carisma, de conocimientos, experiencia, y sobre todo, de puentes de comunicación con una población consiente y crítica.
Son varios los mandatarios estatales que con el uniforme de Morena muestran tras el disfraz un autoritarismo propio del pasado. Pero el colmo sucedió en Veracruz, donde el gobernador pasó de ser el consentido a la oveja negra de la 4T. Tanto mimo volvió arrogante al dictadorzuelo, y el Presidente al darse cuenta de que había creado un monstruo, procedió a regañarlo. Entonces anunció Cuitláhuac que ya no enviará una nueva iniciativa al Congreso del Estado para sancionar con prisión preventiva agresiones a policías.
El presidente fue claro: “Nosotros estamos por las libertades; desde luego que coincido con el presidente. Estamos por las libertades y por el apego a Derecho, para nosotros es importantísimo; nosotros estábamos por aquel lado y nos dieron durísimo”.
Añadió que el máximo tribunal del país determinó que quedarán sin efectos el artículo 331 y la segunda fracción del artículo 371, quedando vigentes el artículo 371 quinquies, así como el resto de las fracciones del artículo 371 y el artículo 222 bis completo.
Es decir, la presencia del gobernador quedó anulada, sus palabras en el basurero y su intención por seguir violando los derechos humanos, en el pasado. Aunque hay quienes dicen que por estar acorralado puede intentar violentar los derechos de los veracruzanos una vez más.
PEGA Y CORRE.- Una clara lección de civilidad vino a darla a los empresarios Carlos Slim, quien advirtió que la confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresariado mexicano «es una estupidez». En una charla con el saliente presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, el dueño de Grupo Carso consideró que «es una estupidez la confrontación”. “Cuando un gobierno es electo democráticamente hay que respetarlo”, dijo… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
Esta es opinión personal del columnista
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