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Xalapa

Aprueba Legislatura dictamen en materia de seguridad pública

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• El Decreto correspondiente otorga atribuciones a la persona titular de la secretaría respectiva.

La LXV Legislatura aprobó, con 27 votos, 12 en contra y cero abstenciones, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 18 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de seguridad pública, resultado de la Iniciativa enviada a esta Soberanía por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Este Decreto, además de homologar a la legislación local con normas de carácter general relativas a la seguridad pública, otorga atribuciones a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública, con el propósito de que las y los veracruzanos cuenten con un mejor servicio y estén garantizadas su seguridad y tranquilidad.

Entre las facultades otorgadas, se encuentran la de controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que imponga o modifique el órgano jurisdiccional, así como organizar la administración y operación del Sistema Penitenciario con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción social de la persona sentenciada.

Se añade también las consistentes en administrar, con estricto apego a los derechos humanos, los centros penitenciarios, proponer ante los órganos jurisdiccionales los beneficios de liberaciones previas, libertades anticipadas, sanciones no privativas de libertad y traslado de personas privadas de su libertad, así como atender las solicitudes de extradición, amnistía e indulto.

De acuerdo con el Dictamen aprobado, quien encabece la Secretaría de Seguridad Pública coordinará, dirigirá y vigilará la política estatal en materia de prevención y reinserción social, de evaluación y supervisión de medidas cautelares, así como de la suspensión condicional del proceso, de conformidad con las leyes de la materia.

También se prevé lo necesario para que supervise las instalaciones de los centros penitenciarios y mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, del personal y de las y los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para su buen funcionamiento.

Conforme lo dispuesto por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y demás disposiciones aplicables, tendrá además la atribución de administrar y resguardar los centros especializados para este grupo poblacional.

Tendrá, además, en sus atribuciones la realización de los traslados de las personas privadas de su libertad, ordenados por los órganos jurisdiccionales, a los recintos judiciales en donde se celebrarán sus audiencias, brindándoles seguridad y custodia en dichos espacios, así como cumplir los mandamientos judiciales solicitados por los jueces y las autoridades ministeriales.

Asimismo, la Secretaría, por conducto de su titular, estará facultada para coordinar, dirigir y supervisar la Unidad de Análisis e Inteligencia, que estará bajo su adscripción, con las facultades conferidas en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado y otras disposiciones aplicables.

El o la titular de la Secretaría tendrá competencia para coordinar y supervisar la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, que estará bajo su adscripción, para llevar a cabo las funciones y actividades conforme a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

Posicionamientos

Por el Grupo Legislativo de Morena, el diputado Carlos Manuel Jiménez Díaz recordó los datos ofrecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según los cuales en Veracruz los delitos de alto impacto han disminuido de manera importante.

Reconoció que, si bien aún queda mucho por hacer, el Gobierno del Estado combate de manera efectiva a quienes intenten alterar el orden y la tranquilidad social y a quienes cometen ilícitos.

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Xalapa

Garantiza diputada Jessica Ramírez reducción de salarios en la próxima legislatura

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La Diputada Local Jessica Ramírez Cisneros, Presidenta de la Comisión de Administración y Presupuesto afirmó que el Congreso del Estado habrá reducciones al salario o la dieta de los diputados de entre el 20 y el 30 por ciento, aunque dichos descuentos serán voluntarios y comenzarán a aplicarse en la próxima LXVI Legislatura.

En ese sentido, dejó en claro que los descuentos a los salarios no aplicaron en el actual Congreso debido a que primero se enfocaron “en temas administrativos”.

Ante los diversos medios de comunicación, la legisladora minatitleca destacó textualmente «desde que inició la Legislatura se fueron reduciendo procesos administrativos; se nos quitó lo que fue el seguro de gastos médicos mayores, también se quitaron el tener la posibilidad de adquirir autos nuevos”.

Añadió “ya en la parte administrativa también se han hecho muchas modificaciones, entonces ahorita el tema se queda para la siguiente Legislatura, ya lo platicamos, se está platicando con los nuevos diputados que van a entrar y créanme que va a ser una realidad”.

De la misma forma, la Diputada Jessica Ramírez citó que en el Poder Judicial 21 magistrados habrían accedido a descontar sus percepciones hasta en un 30 por ciento hasta la fecha, en el caso de los diputados se maneja entre un 25 y un 30 por ciento de recorte, concluyó la funcionaria estatal.

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Xalapa

Por aumento de mortalidad en Xalapa se apresuró proyecto de nuevo panteón, pero quedará pendiente: Alcalde

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Xalapa, Ver.- El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, reiteró que es por el aumento de la mortalidad en Xalapa que su administración tuvo la intención de habilitar un nuevo espacio para un cementerio, en la congregación El Castillo.

Para ello el Ayuntamiento compró un predio a un ejidatario, sin embargo, hay una persona que lo reclama y esto aunado a que se hizo el proyecto al final de su administración hará que sea un pendiente más que dejará a Ricardo Ahued una vez que asuma la administración municipal en enero próximo.

«La mortalidad en nuestra región sigue y si no preparamos un nuevo panteón, ¿Dónde vamos a depositar a nuestros difuntos? Es un tema en el que el Ayuntamiento ha trabajado con mucha intensidad para garantizar que los espacios necesarios para cuidar este tema, estén ahí presentes».

Sobre el reclamo del predio donde se habilitará este nuevo panteón, dijo que la persona que lo reclama fue testigo de la compra y que hay documentos validados ante el Comisariado Ejidal: «Todo está en camino, lo que queremos es trabajar para bien de la comunidad».

Por tal motivo descartó que también se herede un conflicto legal al alcalde electo Ricardo Ahued Bardahuil, aunque sí le corresponderá acondicionar dicho espacio.

Por Héctor Juanz

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Xalapa

Plantea diputada prisión para servidor público que difunda elementos de delitos

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• La medida aplicaría para cualquier servidor público que, de forma indebida, revele o difunda imágenes, videos o grabaciones, así como información de una carpeta de investigación.

• Las sanciones incrementarían una tercera parte si se tratare de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de decreto que adicionaría un párrafo al Código Penal estatal cuyo objetivo es sancionar las conductas que realicen cualquier persona servidora pública que, de manera indebida, revele o difundan imágenes, videos o grabaciones, así como archivos o información de una carpeta de investigación.

De acuerdo a la propuesta, se adicionaría el artículo 348 sexies para establecer que la persona servidora pública que, de forma indebida, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información, documentos de lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Estas sanciones incrementarían en una tercera parte, si la información que se difunda tiene el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares, se tratare de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o sea de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.

La legisladora, presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género en el Congreso local, recordó que el 9 de febrero de 2020 una mujer, de nombre Ingrid Escamilla, fue asesinada dentro de su casa en la colonia Vallejo, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México. Érick Francisco, su pareja, fue detenido por ser el presunto feminicida. “Policías llegaron al domicilio donde se había reportado el crimen y hallaron en el piso el cuerpo desollado de la joven”.

Destacó que al realizarse el reporte de los hechos las imágenes de la víctima de feminicidio fueron filtradas y difundidas en redes sociales y por algunos medios de comunicación. “Esto causó un gran enojo para muchas mujeres, quienes exigieron garantizar que estas acciones no ocurran más”, abundó.

Asimismo, puntualizó que la filtración de información por parte de personas servidoras públicas y la consecuente lesión a los derechos de las víctimas es un hecho ampliamente documentado y señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia, sobre la falta de investigación y filtración en los casos de posible feminicidio.

Subrayó que actualmente solo entidades como Colima, Oaxaca, la Ciudad de México y el Estado de México han tipificado esa conducta delictiva en su legislación local; en tanto que en los estados de Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, se encuentran en estudio las iniciativas para sancionar dichas conductas delictivas en sus respectivos Congresos.

La legisladora Ivonne Trujillo dijo que al sancionar y evitar las filtraciones se busca preservar la dignidad de las víctimas y sus familiares; disminuir el daño que sufren las víctimas, al evitar que sean re victimizadas; erradicar la normalización de la violencia ejercida contra todas las personas, pero principalmente contra mujeres, niñas o adolescentes, y sancionar a los servidores públicos que incurran en estas prácticas.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

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