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Carlos Jesús R. – Cuitláhuac reconoce encubrir delincuentes

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POR SI ACASO…

*Los denunciará pero después de elecciones

*Pero Código Penal sanciona encubrimiento

ENCUBRIR, DE acuerdo a la Real Academia de la Lengua, significa tapar u ocultar algo. En sentido penal, el encubrimiento es una conducta dolosa que realiza una persona que, sin haber participado en un delito anterior cuya comisión conoce, ayuda al autor del mismo a eludir la acción de la Justicia o aprovecharse de los efectos del crimen cometido. El encubrimiento puede realizarse mediante una conducta activa (esconder, disfrazar, alterar, inutilizar o tapar) o pasiva (callar hechos conocidos). En su Artículo 400, el Código Penal Federal establece que se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días de multa, al que: II).- Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con conocimiento de esa circunstancia, por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito; III).- Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe; V). No procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga obligación de afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto en este artículo o en otras normas aplicables. En suma, encubrir un hecho delictivo es delito, sobre todo si quienes encubren son funcionarios, y el tema viene a colación por un hecho que no tiene desperdicio:

EL GOBERNADOR Cuitláhuac García Jiménez ha dicho que una vez transcurridas los comicios del 6 de Junio, cuando se elegirán –en Veracruz Diputados Federales y locales, alcaldes, síndicos y regidores- dará a conocer los nombres de actuales candidatos postulados por diversos partidos, supuestamente vinculados a la delincuencia organizada o cárteles que operan en el Estado, esto en respuesta a la demanda de algunos dirigentes que exigen que se detenga la violencia política en la Entidad que ha provocado la muerte de al menos 16 personas, algunos candidatos y otros cercamos a estos, convirtiendo a Veracruz en el puntero en la comisión de esos ilícitos.

Y EMULANDO a su mentor, advierte que hará revelaciones bajo el argumento de que “nosotros no vamos a permitir que se enrarezca el tema electoral por violencia. Vamos a actuar. Por eso vamos a detener este tipo de acciones garantizando que no haya impunidad como se ha hecho en otros casos. Pero ya pasando las elecciones sí me voy a permitir emitir algunos comentarios respecto a algunos candidatos que lamentablemente postularon, pero ya será pasando las elecciones, porque ahorita si lo digo van a acusarme de que estoy señalando a algún candidato con tal de que no tenga votos y desprestigiándolo”, dice un “respetuoso” defensor de la ley que insiste: “pasando las elecciones sí voy a decir cómo lamentablemente postularon a algunas personas los partidos y en mi opinión, no deberían ser ni siquiera presentables a la opinión pública; pero será después, ahorita no lo puedo decir”. Y puso ejemplos: “un candidato que denuncia que sufría violencia, mientras su hijo subió un video a Facebook disparando un arma y mencionando ´estoy con el cartel fulano, para que vean a qué se atrevieron algunos partidos a postular´”.

TAL VEZ el Gobernador desconozca, porque no es abogado y si ingeniero mecánico electricista que, el artículo 400 Bis 1 establece que “Las penas previstas en este Capítulo se aumentarán desde un tercio hasta en una mitad, cuando el que realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis de este Código (encubrimiento) tiene el carácter de consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o las realice dentro de los dos años siguientes de haberse separado de alguno de dichos cargos. Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en personas morales sujetas al régimen de prevención hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión.

PERO AUN hay más, dijera el cuestionado Raúl Velasco: “Las penas previstas en este Capítulo se duplicarán, si la conducta es cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, así como a los ex servidores públicos encargados de tales funciones que cometan dicha conducta en los dos años posteriores a su terminación. Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión. Y uno se pregunta: si el Gobernador tiene conocimiento de hechos delictivos, como la postulación de presuntos delincuentes por parte de partidos, y tiene pruebas en torno a lo que dice, ¿Por qué no denuncia? ¿Por qué ser cómplice de hechos ilícitos que ponen a Veracruz en riesgo en caso de ganar los cuestionados candidatos? Sin duda, Cuitláhuac está cometiendo un delito, y lo más prudente sería acudir ante la Fiscalía General de la República y denunciar lo que sabe ya, pues el hecho de ser Gobernador del Estado lo compromete más, y lo coloca en el escenario de los que violentan la ley. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

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Héctor Parra – ¡Abusos del metapoder de AMLO!

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TRAS LA VERDAD

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), acordó interponer juicio de controversia constitucional en contra del Acuerdo administrativo del presidente de la República, conocido como “El decretazo”, Acuerdo por medio del cual AMLO ordena que, toda obra pública de su gobierno, presente y futura, deberá ser considerada de “seguridad nacional”. 

En las Cámaras de Diputados y Senadores, se negaron a interponer el juicio, considerando subterfugios jurídicos por parte de Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado, la que se supone constitucionalista por cobrar como ministra en retiro. La bancada de Movimiento Ciudadano no acepta que la ministra en retiro utilice criterios jurídicos diferenciados para rechazar la impugnación de un decreto que, “a todas luces, invade competencias legislativas y, por lo tanto, puede y debe ser controvertido por el Senado de la República”. Ella tiene la legitimación para promover el juicio. 

Pero, Olga Sánchez responde a los intereses derivados del abusivo poder del presidente de la República, no a los intereses de los representantes de los Estados, entiéndase los senadores. No se confrontará con su jefe. Olga ostenta el poder de la representación jurídica del Senado y la señora se niega a cumplir con su responsabilidad. 

Los comisionados del INAI, en sesión plenaria de ayer miércoles, manifestaron que el documento promovido por el presidente López Obrador, se “traduce en un obstáculo a la aplicación del principio de máxima publicidad en la medida en que dificulta la difusión y entrega de información relacionada con proyectos de infraestructura” ¡Por supuesto que tienen la razón los comisionados! El Acuerdo adolece de inconstitucionalidad plena. 

También refirieron los comisionados que el acuerdo, publicado el 22 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación, “se aleja del régimen constitucional, pues da lugar a que toda información de las obras de infraestructura de los sectores, antes precisados, tenga el carácter de reservada de manera general, previa y dogmática” ¡AMLO no quiere rendir cuentas! 

No es posible darle la naturaleza de “seguridad nacional” a las obras civiles del gobierno federal, simplemente porque el presidente quiere que nada ni nadie se interponga en su camino, violentando la Constitución y leyes secundarias. Particulares que lleguen a ser afectados por las obras, no pueden acudir al juicio de amparo a quejarse para que la autoridad los ampare en contra de los abusos de las autoridades federales, todo por el simple acuerdo administrativo que desnaturaliza las obras para darles el carácter de “seguridad nacional”. 

Los abusos del poder de AMLO son de cualquier régimen de gobierno autoritario y totalitario. El presidente busca a toda costa acallar a la disidencia y evitar cualquier expresión en pública, quiere extirpar cualquier forma de pensamiento opuesto a su “ideología”; es más, también pretende el adoctrinamiento y remodelación de las mentes de los manipulables; así lo reconoció el “genocida” que aplaude a la delincuencia en lugar de combatirla. 

Los comisionados argumentan que el llamado “decretazo” viola la Constitución, en su artículo 6 Apartado A, fracción I, relativo a la transparenciayacceso a la información. Habida cuenta, expresaron que “la mejor manera de velar de manera integral por la transparencia y el acceso a la información en este caso, es buscar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre los problemas de inconstitucionalidad que hemos detectado”. 

Si los ministros no sufren de la presión y abuso del poder presidencial, tendrán que declarar la inconstitucionalidad del Acuerdo administrativo, el cual carece de sustento constitucional y legal, como lo hemos comentado en otras Columnas. 

Veamos que dice la Ley de Seguridad Nacional. Artículo 3.-Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: I.La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; II.La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; III.El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; IV.El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; V.La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y VI.La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes. Nada que ver con las obras públicas del gobierno de AMLO, por ello el presidente no fundamentó el Acuerdo en esta ley. 

Luego, el Artículo 4 dice textualmente: “La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación”. Es todo lo contrario a los que suscribe AMLO en su “decretazo”. 

Los ministros no tendrán más remedio que declarar la inconstitucionalidad de otro de los actos autoritarios del presidente López, quien gusta y practica la violación constante a las normas positivas mexicanas. 

Ayer mismo la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, volvió a emitir acuerdo para “callar” al abusivo presidente y deje de entrometerse en el proceso de “revocación de mandato”. Queja presentada por el PRD, derivada del mitin político del pasado 1º de diciembre, evento en el cual el presidente hizo uso de recursos públicos llamando a sus huestes a participar en el proceso de “revocación de mandato” ¡AMLO debiera estar en la cárcel por violador contumaz de la Constitución! 

Por Héctor Parra Rodríguez 

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Carlos Jesús R. – Denuncias pendientes doblegan al perredista Cadena

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*Le leyeron “la cartilla” y casi se le hinca a Patrocinio

*Desde 2000 arrastra acusaciones graves de violencia

EN LOS cafés de Xalapa y el Puerto de Veracruz los reporteros extrañan la presencia de Sergio Cadena Martínez, el ex alcalde de Catemaco y actual dirigente Estatal del PRD que solía acudir a esas mesas al menos una vez por semana para despotricar contra el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez hasta que, santo remedio, alguien –enviado exprofeso- le confeso al oído que en torno a su persona había algunas investigaciones pendientes –no cerradas- que la Fiscalía General del Estado sigue integrando por lo que se ofrezca, y teniendo como ejemplo el caso Rogelio Franco Castán, ex dirigente Estatal de ese partido, ex diputado Federal y ex secretario de Gobierno, y más recientemente el de Tito Delfín Cano, ex alcalde de Azueta y Tierra Blanca y aspirante a la dirigencia Estatal del PAN, actualmente presos en los reclusorios de Tuxpan y Pacho Viejo, decidió tragar sapos y apersonarse el lunes 22 de Noviembre de este año en la comparecencia del Secretario de Gobierno (y Fiscal Estatal tras el trono), Eric Patrocinio Cisneros Burgos, ante quien casi se hinca para mostrarse arrepentido de sus exabruptos y dispuesto a cambiar su conducta, ya que Cadena Martínez se reconoce asi mismo que no es una perita en dulce, y desde el año 2000 arrastra denuncias por una supuesta violación a una menor de edad cuando se desempeñaba como alcalde de Catemaco, y hasta incluso, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado a cargo, en ese tiempo, del maestro Pericles Namorado Urrutia solicitó a la LVIII Legislatura local que sometiera al pleno el recurso de procedencia para desaforar al irreflexivo alcalde Sergio Cadena Martínez por los presuntos delitos de violación a una menor, amenazas, lesiones, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad. De acuerdo con el oficio número SP/5213/2000 y con base en los artículos 78, 108 y 122 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el procurador Pericles Namorado pidió a la diputación permanente de Veracruz que analizara el desglose de las averiguaciones previas 788/98, 93/99 y la 283/99, para que determine si se actúa en contra de Cadena Martínez antes de que concluya sus funciones, el 31 de Diciembre de aquel año. El edil, quien había fungido como secretario particular de la ex presidenta del DIF estatal, Sonia Sánchez de Chirinos, fue postulado a la alcaldía de Catemaco por las siglas del PVEM al ser rechazado por la dirigencia priísta en el Estado que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares, y quien a la postre ganó las elecciones del 22 de octubre de 1997; en el inter de esa postulación fue denunciado por Elsa Teodora Flores, quien lo acusó de violar a su hija, hechos que quedaron asentados en la averiguación previa 788/99.

Y AUNQUE el asunto es viejo, al parecer nunca fue cerrado del todo, y por ello Cadena Martínez –que también enfrenta otras denuncias- se postró ante Patrocinio, aunque después rechazó que tenga acuerdos con el Gobierno del Estado pero, sin embargo, pidió a su militancia no pelearse “sin ton, ni son” con la administración estatal (cuando el peleonero y buscabullas era, precisamente, Sergio Cadena, aquel personaje que en un arranque de intolerancia y arrebato orinó los zapatos de un político por aquellos tiempos). Fue tanto su afán de disculparse o justificar su presencia en el besamanos de Cisneros Burgos, que hasta inventó que llegó a ese ejercicio de rendición de cuentas porque él mismo se considera un demócrata, lo que le ganó una serie de críticas de militantes de su propio partido que exigen su testa por practicar la política del caracol, a lo que Cadena ha respondido a quienes lo señalan de ser aliado del Gobierno de Cuitláhuac García, que mejor se enfoquen en la reconstrucción del Instituto. “Ellos tienen un enfoque diferente, yo concibo la política como la forma de generar acuerdos para generar bienestar, para tener beneficios. “Estarnos peleando sin ton ni son con el Gobierno tampoco nos conduce a nada; somos el partido más crítico con una dirigencia que ha luchado con todas las adversidades”. (¿Más mescla maiztro?)

EL DISCURSO de Cadena sorprendió a propios y extraños tan camorrero como era –o sigue siendo, solo que ahora amenazado por la Fiscalía Estatal-, y en ese sentido siguió con la perorata argumentante que la política se encarga de tender los puentes de comunicación precisamente para lograr acuerdos en favor no tan solo de un grupo reducido de perredistas, sino en favor de los y las veracruzanas. “Yo respeto su punto de vista (el de sus críticos perredistas), no los comparto, es momento de reconstruir el PRD, de unir y luchar para que Veracruz tenga bienestar y prosperidad”, para volver a reiterar que “no hay ningún acuerdo con el Gobierno, hay solidaridad y respaldo con los veracruzanos; por supuesto que el Gobierno ha dejado mucho que desear y no ha cumplido con las expectativas y metas”, pero reiteró que el valorará los informes de cada funcionario.

PERO, ¿QUIEN le cree? ¿A Sergio Cadena, el hombre que nunca ha dado valor a su palabra?. Por cierto, en el rosario de denuncias existes carpetas de investigación abierta por agresiones contra reporteros. En ese sentido, el comunicador Juan Duarte Pablo denunció por amenazas al presidente estatal del PRD, Sergio Antonio Cadena Martínez, esto luego de que el reportero emitiera críticas en su contra a través de sus espacios informativos. El reportero originario de la región de Los Tuxtlas acudió hace unos días a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado en San Andrés Tuxtla, donde presentó formal denuncia en contra del dirigente del PRD. De acuerdo al testimonio del agraviado, las amenazas se registraron vía Whatsapp con mensajes como “ya sé lo que andas haciendo, el que se lleva se aguanta”, los cuales fueron emitidos del número personal de Cadena Martínez con una clara intención de intimidar y coartar la libertad de expresión. El reportero comentó que las agresiones derivaron de una publicación en la que se recuerda el violento pasado y la forma en que se ha conducido el presidente perredista.

DUARTE PABLO recordó que en 2006, cuando Sergio Cadena Martínez fue alcalde de Catemaco, éste lo mando a amenazar y golpear con sus colaboradores por publicar notas que criticaban su gestión como edil. Por ello, a raíz de la denuncia presentada, la FGE inició la carpeta de investigación UAT/D-XIX/343/2021, indagatoria que ya está en curso. El periodista comentó que de esos hechos ya tiene conocimiento la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas y organismos internacionales que defienden la libertad de expresión. En fin, el dirigente perredista que no ha sido capaz de defender a Rogelio Franco Castan y menos ahora, cuando lo que le interesa es defenderse asi mismo, es ya un aliado de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y no dude usted que en breve se pase a las filas de MoReNa, con aquello de que el Movimiento de Regeneración Nacional acepta cualquier cascajo. Al tiempo. OPINA carjesus30@hotmail.com 

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Miguel Ángel Cristiani – Viene a Veracruz la planta cervecera Costellation

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  •   Con una inversión de alrededor de 1,300 millones de dólares
  • El gobernador del estado hizo el anuncio oficial en conferencia
  • En Baja California no dejaron construirla por falta de agua

Por Miguel Ángel Cristiani González

Una de las pocas buenas noticias que se generan, pero que aparentemente no fue muy bien difundida, porque a estas alturas del partido, pocos son los veracruzanos que están enterados, que la empresa norteamericana Constellation Brands construiría su planta cervecera en Veracruz con una inversión de alrededor de 1,300 millones de dólares.

Aunque el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez en su conferencia de prensa mañanera, desde palacio de gobierno en esta capital anunció este martes, que en definitiva se tomó la decisión por parte de la empresa, de venir a instalar su nueva planta en el estado de Veracruz.

Este es un logro que no resulta sencillo, si tomamos en cuenta que originalmente la planta de producción cervecera -de Corona- entre otras marcas, estaba ya en proceso de construcción en Baja California, pero fue clausurada luego de una encuesta patito no muy clara.

Pero además, otra cosa que no se dijo, es que la empresa ya estaba abriendo maletas en el vecino estado de Tabasco, en donde incluso se había presumido que pronto llegaría una empresa de Estados Unidos con una inversión de más de mil 1500 millones de dólares.

Esos detalles fueron anunciados con orgullo, el pasado 26 de octubre por el titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad tabasqueño, Federico García, así como por el mismísimo gobernador Carlos Manuel Merino Campos de (Morena), no obstante, nos comentan nuestros paisanos, en la tierra presidencial, el gozo les duró hasta ayer, cuando el también mandatario morenista de Veracruz, Cuitláhuac García, anunció que su terruño terminó por quedarse con la inversión.

Bien dice Pancho López, que a veces, del plato a la boca se cae la sopa. Aunque aquí sea la cerveza la que se les cayó a los tabasqueños.

Por su parte la empresa Constellation Brands explica que después de una relación comercial de muchos años con el país, distribuyendo las marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos, decidimos afianzar nuestra confianza en México y en los mexicanos, y a partir de 2013, adquirimos los derechos para producir nuestras marcas para que el país vecino pudiera disfrutar de las mejores cervezas mexicanas hechas por manos mexicanas. En México, generamos 4,500 empleos directos y más de 70 mil indirectos e inducidos. 

Ya tienen una cervecería en Nava, Coahuila y otra en Ciudad Obregón, Sonora, mientras que las oficinas corporativas se ubican en la Ciudad de México.

El proyecto ya fue adelantado también por la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, a finales de noviembre, en una comparecencia ante legisladores de México y confirmado este martes por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

 Como se recordará Constellation Brands inició la construcción de la cervecería en Mexicali, Baja California; pero por una supuesta insuficiencia de agua en la región y la realización de una encuesta local sobre ese asunto, el gobierno de México le negó el permiso de agua a la fábrica, lo que implicó cancelar las obras ahí a principios de 2020. La empresa negó siempre las acusaciones. 

“No se puede negar lo que fue público y se vio, que fue el cierre o el mover a Constellation Brands del lugar donde se encontraba y fue una medida que todos conocimos por el tema del agua. Constellation Brands está por abrir o por anunciar dos inversiones importantes en el sur-sureste, donde se tiene agua, una de ellas, creo, será en Veracruz y a la otra a lo largo y a lo ancho del transístmico”, dijo Clouthier en aquella comparecencia. 

Al referéndum sobre la planta asistieron menos de 5% de los votantes elegibles y fue el primer referéndum público para determinar la viabilidad de un proyecto de inversión extranjera directa en México. 

Dado el estado actual de las actividades en Mexicali, Constellation determinó que no podrá usar o reutilizar ciertos activos en la instalación. Así que registró un deterioro de 666 millones para el primer trimestre del año fiscal 2022, que se incluye anteriormente en la guía de beneficio por acción base informada para el año fiscal 2022. 

Constellation Brands ha comunicado que continúa trabajando con funcionarios del gobierno en México para buscar diversas formas de recuperación de costos capitalizados y gastos adicionales incurridos en el establecimiento de la cervecería. 

La realización de la consulta pública en Mexicali se llevó a cabo a pesar de existir dos amparos en su contra: el primero fue presentado por la agrupación Artículo 39 ProBC y el segundo debido a que se llevaría a cabo en contra de las recomendaciones sanitarias de distanciamiento social del gobierno federal. 

Sobre ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hubo corrupción en los permisos otorgados a Constellation Brands. «Claro que sí (hubo corrupción), influyentismo. Nada más es cuestión de pensar: ¿Cómo dar un permiso para construir una planta cervecera que consume agua en donde hay escasez de agua?», criticó entonces.

Ahora la pelota está en Veracruz.

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