Ponte en contacto

Columnistas

Carlos Jesús R. – Otra denuncia contra Duarte lo dejaría en prisión

Publicado

en

POR SI ACASO…

*Karime Macías podría declarar contra su ex marido

*MoReNa recurrirá a todo para mantener el poder

QUIZA JAVIER Duarte de Ochoa ya saboreaba la libertad para finales de este año o principios del próximo, luego de que un juez lo sentenció en 2018 a 9 años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, sentencia que le fue confirmada el año pasado por la magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, Isabel Porras Odriozola, al considerar que las pruebas ofrecidas por la entonces Procuraduría General de la República fueron suficientes e idóneas para probar que Duarte participó en un entramado criminal de empresas fantasma y, así, ratificar la condena impuesta. Lo que llamó la atención, sin embargo, es que la jueza revocara el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas al inculpado, porque según la juzgadora, los inmuebles son propiedad de otras personas que aún no han sido condenadas, aun cuando se argumentó que son testaferros de Duarte. “La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado. Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, indicó Porras, y hasta ahí todo salía a pedir de boca para el robusto ex Gobernador que si bien ya  perdió a su esposa al decidir ésta divorciarse del energúmeno, al menos le quedaban millonarios bienes, pero no contaba que este año habrá elecciones, y que el Gobierno Federal recurrirá a todo para demostrar que el viejo régimen fue corrupto y no debe retornar, y uno de los ejemplos de lo que no debe ser en política es, precisamente, Javier Duarte de Ochoa.

POR ESA razón, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que anda en lo suyo, ha dejado en claro que en la Auditoria 1475-DS-GF, del ejercicio 2015, Javier Duarte no pudo acreditar el gasto de 3 mil 525 millones 51 mil 800 pesos, y tampoco regresó a la Federación la cantidad como está previsto en la ley, razón por la cual deberá enfrentar un nuevo procedimiento por el faltante y el probable delito de corrupción que con las modificaciones a la ley, es castigado con prisión preventiva sin derecho a libertad bajo fianza. Peor aun cuando el faltante que no es poca monta, y procedía de fondos federales que serían utilizados en la Entidad para programas de Tratamiento de Aguas Residuales, Saneamiento de Zonas Urbanas, Agua Potable, Alcantarillado y Desarrollo Regional Turístico Sustentable. Por ello en el nuevo procedimiento iniciado en su contra, la ASF asegura que se vieron afectados igualmente los fondos Regionales, Metropolitano y de Contingencias Económicas. En pocas palabras, Javier Duarte tiene de nuevo el agua al cuello, ahora con una variante: su ex esposa Karime Macías Tubilla podría ser extraditada a México bajo una condicionante de libertad: que empine a su ex marido y que se salve ella para que siga a cargo de sus tres hijos, y no se duda ni por un instante que eso suceda acostumbrado como están a la traición palaciega que tantos beneficios les redituó en el pasado reciente. Aunque, por otra parte, Duarte tendrá que comprometerse a devolver esa suma a la Federación si quiere salvarse, porque esa es la tónica del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, o quedarse otro buen rato en prisión, quizá hasta que termine este régimen y dependiendo de quién gane la elección presidencial del 2024.

PORQUE DE acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación, el gobierno Federal entregó en 2014 a Veracruz (en la administración peñista contra quien Duarte buscó testificar sin éxito) un monto de 4 mil 704 millones 564 mil 500 pesos, de los cuales sólo se comprobó el gasto de mil 179 millones 512 mil 700 pesos. Es decir, el gobierno del exgobernador Duarte no comprobó 74 por ciento del dinero entregado ni declaró su destino, y entre las instancias involucradas en la desaparición del recurso se encuentran

Finanzas y Planeación (Sefiplan), Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y la Comisión de Agua Potable de Veracruz (CAEV). La nueva investigación contra Duarte se inició por una denuncia presentada por la ASF en febrero pasado debido a irregularidades detectadas hace más de seis años en Veracruz, y en ese tenor, ya la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva carpeta de investigación por el posible desvío de más de 3 mil 500 millones de pesos provenientes de diversos fondos federales que, en 2015, fueron transferidos a la administración del entonces gobernador de Veracruz, dinero que fue extraído de las cuentas oficiales y nunca fue devuelto, por lo que en el recuento de daños, los recursos presuntamente  desviados en el Estado en aquel fatídico régimen ya superan los 66 mil millones de pesos, lo que convierte a la Entidad en la que mayor monto de recursos públicos desapareció. Y aunque la mayoría del dinero mal usado corresponde al periodo de Duarte, hay más de 2 mil 600 millones desaparecidos que ya corresponden al primer año del actual gobierno de Cuitláhuac García.

LO CIERTO es que son tiempos electorales y MoReNa echará mano de todos los recursos para mantener el poder, aunque en el caso de Veracruz sería imposible defender lo indefendible de un sujeto que traicionó la confianza de los veracruzanos, de sus amigos que le ayudaron en su momento y de su propia familia, porque no se puede suponer nada bueno de alguien a quien sus hijos y su familia en general no le importaron al momento de cometer tantos desmanes que ahora lo tienen en prisión, y que podrían mantenerlo muchos años más si le hacen efectivos otros delitos como este de los 3 mil 500 millones, las desapariciones forzadas ordenadas en Veracruz, su alianza con grupos delincuenciales ya abatidos y la tortura a la que sometía a sus enemigos al interior de los reclusorios, solo porque podía. Y ES que en el Gobierno de Duarte de Ochoa se hizo común o recurrente que la Secretaría de Finanzas, a través de la tesorería –cuyo titular Carlos Morales sigue prófugo- no transfería a los municipios los recursos que recibía, o los retiraba de los fideicomisos o cuentas autorizadas creada para ello, usando el dinero para cubrir otros gastos o, en el peor de los casos adquirir propiedades. Un informe de la auditoría destaca la desaparición de 2 mil 750 millones de pesos del denominado Fondo de Contingencias Económicas que deberían destinarse justo a gastos emergentes, pero que la administración Estatal retiró del banco sin probar para que lo usó, porque a los afectados jamás llegó, al menos no existe la acreditación que demuestre que eso ocurrió. En fin, Duarte, en caso de llegar la investigación hasta las últimas consecuencias podría ser sentenciada a nueve o hasta 20 años de prisión, todo por la ambición desmedida de un sujeto sin moral ni principios a quien nada le importaba; ni los suyos. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús R.-Elecciones de riesgo; van 46 políticos asesinados

Columnistas

José Sobrevilla – Veracruz, hundido en la violencia electoral

Publicado

en

Por

Por José Sobrevilla

Se ha preguntado ¿por qué el estado de Veracruz repunta en los índices de violencia política en las actuales elecciones, de acuerdo con la acreditada firma Etellekt (consultora especializada en análisis de riesgo y prospectiva, cuyo nombre significa ‘intelecto’ en griego!)? con 80 agresiones en 56 municipios, sin contar los de las últimas horas? Sin duda, los números son fríos, pero la reflexión nace porque en el último reporte de la empresa encabezada por nuestro amigo Rubén Salazar Vázquez, quien rescata que del 7 de septiembre que empezó el proceso hasta el treinta de abril 2021, de las 476 agresiones a nivel nacional, 80 ocurrieron en Veracruz contra políticos y candidatos, abarcando 56 de los 212 municipios; casi una cuarta parte del estado y todavía no terminan las campañas.

Para el analista, veracruzano por decisión, las reformas político-electorales aprobadas en el estado desde 2012, desde la administración de Javier Duarte para homologar las elecciones locales con la elección federal, ha provocado alternancias convulsas que han roto ecosistema político que había en el estado; y ha hecho que muchas familias tuvieran la oportunidad de disputarse el poder y acceder a él, en una entidad azotada por la guerra entre el cartel de los zetas y el Cartel de Jalisco, que ya lleva casi diez años, y muchos de estos alcaldes ante esa vulnerabilidad y ambición por conservar el poder, han establecido vínculos con muchos de estos grupos del narcotráfico.

“Ayer (jueves 6 de mayo) me contaban un caso en Paso de Ovejas en donde literalmente, una situación similar a la sucedida en Pánuco, Veracruz, donde levantaron al dirigente Rafael Higareda del partido local “Todos por Veracruz” y lo mantienen secuestrado, asesinando a un militante; en Paso de Ovejas el candidato fue amenazado de muerte por la delincuencia organizada y, pues ahí es evidente el vínculo del poder político y local con el poder criminal. No solo amenazan a los candidatos sino a la propia ciudadanía en caso de que no voten por el candidato oficial”.

A Rubén Salazar Vázquez lo entrevistamos por primera vez el colega periodista Raúl Fraga y este corresponsal el 30 de julio de 2018 a propósito de la violencia política generada en las elecciones de ese año que definieron el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, para el canal de TV digital astl.tv en el programa La Agenda del Emprendedor. 

– ¿Qué municipios son los más conflictivos? o ¿dónde ha habido más casos?

– Zongolica y Cuetzalan tienen cuatro agresiones cada una. Le sigue Tierra Blanca, Veracruz Puerto, Cosoleacaque, y Medellín de Bravo con tres agresiones cada uno. Después, con dos agresiones, se encuentran los municipios de Papantla, Acayucan, Xalapa capital, Chinameca, Orizaba, Coxquihui, Tehuipango, La Perla y Mixtla de Altamirano donde asesinaron a la alcaldesa hace unos años.

Donde han matado aspirantes y candidatos que buscaban puestos de elección ha sido en Tierra Blanca, Cosoleacaque, Tehuipango, La Perla, Uxpanapa, San Andrés Tuxtla y Úrsulo Galván. Hay más municipios con una agresión, pero ha habido más actos de violencia en estos municipios que te indiqué, 80 en 56 municipios, como te decía. “Si Veracruz no hubiera homologado sus elecciones en este proceso, las cifras de violencia a nivel nacional hubieran sido más bajas”.

En Veracruz, comparado con las elecciones de hace una década, jamás había tenido el nivel de violencia de ahora. Incluso, “en nuestros análisis, hemos notado que, mientras más alternancia a nivel estatal tengamos, más se desatan los eventos de violencia política posteriormente”. Y cita como ejemplo el Estado de Baja California Norte que, a lo largo de los últimos 24 años, nunca había tenido un candidato a un puesto de elección local o estatal asesinado, y ahora, después de la alternancia donde ha habido dos asesinatos, de ellos un gobernador”.

Las alternancias generan una inestabilidad en lo que coloquialmente llamamos “paz narca”, y que hace más inestables las entidades… “Lamentablemente vemos con preocupación lo que pueda pasar en muchos estados a partir de las elecciones de 2021, porque de los 15 estados que van a tener elección de gobernador, es muy probable que en la gran mayoría haya alternancias. Estados como Sonora, Chihuahua, y Nuevo León, donde no tenemos ese problema, es muy probable que para la elección de 2024 se sumen a la lista.

– ¿Por qué se da esto?

– Porque a los arquitectos de nuestra democracia, José Woldenberg, Jacqueline Peschard, Lujambio y todos ellos, pareciera ser que el único propósito que tuvieron con las reformas que plantearon, por ahí de 1996, toda esa década de los noventas, fue alzarle la mano al PAN y quitar al PRI del poder; pero fue lo único. Nunca se pudieron a hacer una prospectiva de qué iba a pasar cuando se rompiera ese sistema de control vertical, que era un control del poder autoritario hacia gobernadores y alcaldes, y qué iba a pasar con esos gobiernos, una vez que ya no tuvieran ese control.

No previeron si esos gobiernos establecerían sus propios vínculos con la delincuencia y si eso fragmentaría más a estos carteles que es lo que hemos visto ahora y convertirse en una conjugación del poder político y criminal a nivel local que impidiera prosperar a la democracia como ellos la habían entendido.

La falta de convivencia democrática entre quien gobierna y quien es opositor por aspirar al mismo puesto, provoca que haya una competitividad político electoral muy baja, es decir, no existe la posibilidad de que lleguen nuevos perfiles con nuevas ideas, con nuevos proyectos de gobierno, porque los que están ahí no se los van a permitir y el riesgo es que, cuando estos alcaldes y candidatos llegan a través de la violencia al poder, ¿qué contrapesos van a tener una vez que accedan al poder? ninguno.

Es muy probable que después del 6 de junio –señaló Rubén Salazar– tengamos autoridades corruptas, que actúen negligentemente, que no solamente incurran en desvíos de recursos, sino que construyan obras públicas bajo el formato de la corrupción, o que pongan en riesgo la propia integridad de la ciudadanía; es decir, si al final admitimos este tipo de perfiles de violencia para desplazar a un opositor, las victimas al final vamos a ser todos. Ya lo vivimos aquí en la CDMX con la Línea 12 del metro.

Aunque aclaró que la violencia no solo son estos delitos “violentos” que atentan contra la integridad física de alguien, sino también contra la integridad psicológica. Hay una violencia e intimidación verbal, y que últimamente proviene del mismo poder, es decir, de quien gobierna. No le hemos puesto contrapesos y por eso no tienen ninguna intención de rendir cuentas, de ser transparentes.

Esto es interesante porque la izquierda llegó al poder a través de una narrativa y un discurso muy violento contra sus opositores; “lo vemos también con el presidente… Fíjate nada más, el presidente le ha llamado “chachalaca” a otro ex presidente, le ha llamado ‘borolas’ a uno más, les ha llamado ‘mafia del poder’, ‘delincuentes de cuello blanco’. Toda esa violencia va desgastando al proceso democrático porque la ciudadanía adopta esa narrativa; pero no solo la ciudadanía, sino otros gobernadores, alcaldes, hacen lo mismo con la oposición, o frente a otros que no piensan igual. Eso es autoritarismo mi querido José”.

Escuchar las reflexiones de mi paisano Rubén Salazar es sumergirse en los laberintos de la realidad, sobre todo en un tema que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Comentaba por ejemplo que la manera como se extendió el narcotráfico y en cómo se fragmentó en infinidad de grupos y organizaciones, es una expresión de la manera como el propio poder político se ha venido fragmentando en el país. Y muchos analistas le apropian al gobernante la narrativa oficial y consideran que todo el problema de la violencia se explica a partir de la criminalidad, como si se hubiera tejido, o construido por sí sola.

-Esta violencia electoral ¿Está generando una narcopolítica?

– Posiblemente estemos incurriendo en una narcopolítica que ha penetrado todos los órdenes de gobierno y es a la que tienen que enfrentar todos estos candidatos y candidatas que buscan aspirar a un puesto de elección. Es verdaderamente terrible porque se está empezando a ver.

– ¿Qué medidas se tendrían que tomar?

Diseñar una reforma política que considerara retirarle ciertas facultades a los alcaldes para ir resquebrajando esos pactos mucho más granulares que se han establecido con la delincuencia y el narcotráfico y otras bandas delictivas. Por ejemplo, el mando policial, ese sería uno muy importante, de tal manera que le podamos dar la posibilidad a los gobernadores de reconstruir ese control político que es necesario.

La seguridad y la violencia no se pueden resolver desde la seguridad y la violencia; no es un tema de policías y ladrones, es un problema político, que tiene una racionalidad política de fondo, porque realmente el dato que prevalece en el asesinato de candidatos es la impunidad y, muy pocos casos se resuelven.

Esta es opinión personal del columnista

Continua Leyendo

Columnistas

Javier Roldán – Violencia política en Veracruz

Publicado

en

Por

La insoslayable brevedad 

Por Javier Roldán Dávila 

Para su mundo feliz se reservan el derecho de admisión 

Ayer martes nos enteramos del secuestro de Marina Garay Cabada, política de San Andrés Tuxtla, antes supimos de la ejecución de Gladys Merlín Castro, ex alcaldesa de Cosoleacaque, y su hija, esto fue precedido del levantón y homicidio, de Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa en funciones. 

En los tres casos hay una línea trasversal, en San Andrés y Jamapa, la secretaría de Seguridad Pública había desarmado a las policías municipales, previo a los sucesos, para tomar el control. En lo que toca a Merlín y su hija, se sugiere la intervención de ex policías, de acuerdo a información proporcionada por el columnista Jorge Fernández Menéndez. 

A esto, tenemos que sumar otros hechos de agresión, además de incluir los que provoca la oficialidad, cuando en plena temporada electoral, la Fiscalía General del estado desempolva expedientes, siempre que se trate de opositores, para solicitar órdenes de aprehensión. 

Mientras la entidad vive una notoria ingobernabilidad, el señor presidente López Obrador, alaba el trabajo de su pupilo Cuitláhuac García y recurre, por enésima ocasión, a decir que todo ha cambiado y que, por lo tanto, Veracruz es un remanso de paz. 

En contraparte, el ‘góber sabadaba’ adula a su patrón, lo ensalza como un mandatario democrático y rechaza que haya intervenido en las elecciones, negando lo evidente. 

El quid de la cuestión, radica en que tanto la entidad como el resto del país están convulsionados y que el tabasqueño, está obsesionado con descarrilar a sus adversarios a cualquier costo. Así pues, utiliza a la UIF y la FGR, como el brazo armado de la 4T. 

El problema es que ahítos de felicidad, no pasan el dato de ‘cual fuman’.

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Javier Roldán – Campañas carnavalescas

Continua Leyendo

Columnistas

Gilberto Haaz Diez-Los escenarios cambiantes

Publicado

en

Por

*Y cuando despertaron, apareció la FGR. Camelot.  

Por Gilberto Haaz Diez

Los escenarios del golpeteo político suelen cambiar de sede, como las peleas del Canelo, que unas veces son en Texas y otras en California. Ayer noche un warning brotó de la Fiscalía General de la República. Giraban y anunciaban que iban sobre los dos candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, un chamaco que Dante Delgado adoptó y está a punto de lograr su segunda gubernatura en el país, después de Jalisco no te rajes. El otro ultrajado es el candidato del PRI y PRD, Adrián de la Garza. Ambos dos, diría Fox, puntean para gobernadores. Tenía tres mañaneras que el presidente AMLO los había sentenciado y señalado con su dedo flamígero, al menos al candidato del PRI, desde el púlpito mañanero mostró su enojo porque, argumentaba, repartía unos bonos de dinero a cambio de votos y eso estaba penado hasta por la Santa Sede, lloriqueaba el presidente. La FGR, como buen cátcher, entendió las líneas y las curvas y los screwbal y, para luego es tarde, porque donde manda capitán no gobiernan marinero, y saltó a la luz la investigación, que Alito Moreno, presidente del PRI nacional, llamó un distractor para que la gente volteé a ver a otro lado y deje el asunto del Metro, que les ha costado a presidencia, a Morena y a la Sheinbaum y a Ebrard, sangre, sudor y lágrimas.  

LAS HIPOTESIS 

Dante Alfonso Delgado Rannauro, pegó el grito, el dueño de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a sacar las manos del proceso electoral y dedicarse a gobernar para resolver la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México: “Le pedimos al presidente que saque las manos del proceso electoral y se abstenga de violar la legislación electoral que impide a los poderes públicos participar en procesos electorales. No hay nada que no sea la perversión política que impida que Samuel sea el futuro gobernador, no hay plan B, lo que le gusta a López Obrador es marcar agenda”. 

Entran varias hipótesis. Se recuerda cuando Ricardo Anaya era candidato presidencial, y el tentón, tramposo y mañoso y corrupto Enrique Peña Nieto, le echó toda la caballería de la antigua PGR, lo que le hizo ir a declarar, en plena campaña presidencial, acompañado del jefe Diego, que iba de su abogado, le acusaban de una compra de bodega millonaria, que al final resultó pura mentira, pero eso hizo que el candidato perdiera varios puntos y eso mismo catapultó a AMLO a comerse todo el Congreso con su gran mayoría. De allí que siempre se habló de ese pacto que firmaron Peña Nieto y AMLO con tinta sangre del corazón, como cantaba Jaramillo. En las estrategias se buscan varias salidas. 

UNO: si aquello prospera, los partidos políticos cambiarían de candidato, en esa emergencia. 

DOS: El del PRI-PRD, puede solicitar asilo político a Estados Unidos y declararse político perseguido. Como ha ocurrido en otros países, y detonarle al presidente un escándalo mundial. Trasciende que el candidato de MC filtró una foto del candidato rival huyendo a Washington, Estados Unidos. 

TRES: Cualquiera de esos dos candidatos de relevo, vencerían a la candidata de Morena, que va muy abajo en la cola y le llevan de ventaja 11 puntos. O sea, que ni por las malas se quedarán con esa gubernatura. 

Así dicen Dante y Alejandro Cárdenas. 

www.gilbertohaazdiez.com 

Esta es opinión personal del columnista

Continua Leyendo

Más vistas

Noreste.net es un medio del Grupo Noreste. Los contenidos escritos y gráficos que se muestran en el portal, son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan el punto de vista de Grupo Noreste. Noreste.net se reserva el derecho de hacer modificaciones en su sitio en cualquier momento y sin previo aviso, al igual que retirar en cualquier momento, contenidos previamente publicados si así conviniere a la empresa.