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Carlos Jesús R. – Violencia política o ¿el fin justifica los medios?

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POR SI ACASO…

*Van 69 asesinatos en el actual proceso y siguen

*Veracruz no escapa a crímenes y persecuciones

TEÓLOGOS, FILÓSOFOS, historiadores, politólogos y sociólogos, entre otros Tomás de Aquino -principal representante de la enseñanza escolástica​ y una de las mayores figuras de la teología sistemática- vieron la violencia política como una opción para alcanzar el orden y la consecución del poder. Aquino autorizó en el siglo XIII el levantamiento popular contra los gobiernos tiránicos, y en el siglo XVI el Florentino Nicolás Maquiavelo –autor de El Príncipe-, para quien la razón de estado justifica a veces realizar el mal menor para evitar el mal mayor, y la crueldad puede estar justificada en un buen gobierno ya que la política es una realidad ajena a toda moral, si es que es a hombres a los que hay que gobernar, se pronunciaba en ese sentido. En el siglo XIX, Karl Marx afirmaba que “la violencia es la comadrona de la Historia” y, por lo tanto, está autorizada por la lucha de clases y el materialismo histórico, y su amigo y seguidor Friedrich Engels –autor del Manifiesto del Partido Comunista, entre otros-, escribió al respecto un ensayo no concluido, “El papel de la violencia en la Historia” (1888). También estudió ese fenómeno el sociólogo Georges Sorel en sus Reflexiones sobre la violencia (1908), autorizando en cierta manera el Terrorismo de fin político y social. “La legitimidad de la acción política violenta le ofrece a posteriori el éxito de la misma”, o como escribió Pedro Calderón de la Barca en “La vida es sueño”, cuando en la tercera jornada estalla la guerra civil: “a batallas tales / quienes vencen son leales / los vencidos, los traidores».

LA BREVE introducción trata de mostrar como la violencia ha estado presente en la política a través de los tiempos, y aunque el fin justifica los medios, según la frase atribuida al padre de la Ciencia Política Moderna, Nicolás Maquiavelo, lo cierto es que en estos tiempos que se supone son de mayor civilidad se ha pasado de violencia verbal a la barbarie, a tal grado que diputados, alcaldes y ex alcaldes, políticos, activistas y hasta jueces representan el saldo de esa mal entendida confrontación que debería ser de ideas y que, en México, por el contrario, ya sea por la acción de grupos de poder políticos o, incluso, de la delincuencia organizada que busca imponer sus afiles, los asesinatos se han desbordado enlutando hogares y atemorizando a electores. Tal parece que esas muertes violentas representan el costo y riesgo permanentes de ejercer la política en aquellas Entidades marcadas por la violencia, a la que no escapa Veracruz, y en las que habrá cambio de poderes locales en junio.

LA ORGANIZACIÓN Etellekt –una de las que lleva el conteo de esas deleznables acciones-, revela en su informe de Abril sobre violencia política 68 asesinatos y 262 agresiones a candidatos, sin embargo, con el crimen de Francisco Gerardo Rocha Chávez, alias El Batata, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la diputación local del distrito 15 y ex futbolista del equipo Correcaminos, la cifra de crímenes sube a 69. El aspirante fue hallado sin vida la madrugada del sábado en la colonia Ignacio Zaragoza derivado de un reporte que alertaba sobre una persona sin vida dentro de un automóvil, en la colonia mencionada. Y aunque la Fiscalía indica que las primeras indagatorias refieren que el crimen estaría relacionado con situaciones de carácter personal, sin vinculación a cuestiones político electorales, eso tendrá que corroborarse con la investigación. El Gobierno Federal, por su parte, tiene un reporte de  117 candidatos, 71 hombres y 46 mujeres que habrían sido amenazados o agredidos de cara a los comicios de junio.

VERACRUZ NO ha escapado al fenómeno de la violencia que amenaza agudizarse a medida que se acerquen las elecciones, incluso con detenciones de políticos –algunos con largos y nebulosos antecedentes pero presentados como “blancas palomas” y otros, en afecto, víctimas de una persecución que no justifica ni siquiera el riesgo de derrota-. Dicen los estudiosos del fenómeno que la violencia política es un medio común usado por los pueblos y gobiernos de todo el mundo para lograr objetivos «políticos», esto es, relacionados con los siguientes poderes: legislativo, ejecutivo y judicial de un Estado. Se trata de un concepto habitualmente utilizado en Ciencias sociales y políticas que hace referencia a destrucciones o atentados físicos contra objetos, instituciones o personas cuyo propósito, selección de daños y víctimas, puesta en escena y efecto poseen una significación política y tienden a modificar el comportamiento de los protagonistas en una situación de negociación mediante una coerción consumada. Por lo general suele calificarse por parte del poder constituido en legitimidad como delito de asalto o vandalismo, pero sus fines (suponiendo que haya fines) son políticos, aunque sus medios sean violentos, aunque a decir verdad, nada justifica esas la barbarie que se está experimentando en México, y que sigue cobrando víctimas y enlutando hogares. Así de simple…OPINA carjesus30@hotmail.com

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Carlos Jesús R. – Karime Macías y Javier Duarte sobre el filo de la navaja

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*La ex teme ser torturada en México como lo hacía su ex

*Guatemala autoriza juzgar al cordobés por desaparición 

HAY UNA profecía que no tiene desperdicio: “los carniceros de hoy serán las reses del mañana”, y aunque se atribuye a una cita bíblica alterada (“el que a hierro mata a hierro muere”, según dijo Jesús a Pedro en el jardín de Getsemaní cuando iba a ser apresado y el iracundo apóstol tomó la espada y lesionó en la oreja a un soldado), la frase ha sido usada en política para advertir a los malos Gobiernos lo que sucederá cuando se extravía el poder y vuelven a ser humanos, mortales en toda la extensión de la palabra, y  recibir como pago la misma moneda, o experimentar en carne propia el mismo daño que causaron a otros. Y el tema viene a colación por dos causas: 1.-La inminente extradición de Karime Macías Tubilla, ex esposa del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa cuya defensa argumenta que de ser traída a México (en los primeros meses de 2022) podría  enfrentar actos de tortura en prisión, ya que se trata de una práctica común en cárceles mexicanas y, 2.-La decisión del Gobierno de Guatemala de otorgar el consentimiento para la excepción a la regla de especialidad, la cual permite que el nefasto ex mandatario, Javier Duarte -quien purga condena de 9 años en el Reclusorio Norte por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa-, pueda ser juzgado por desaparición forzada de personas y tortura, hechos que le atribuye la Fiscalía de Justicia del Estado (que mantiene en secreto la autorización), y que se refuerza en los cientos, miles de personas que fueron desaparecidas durante su gestión, además de los testimonios de quienes mandó detener y torturar arbitrariamente al interior del Penal de Pacho Viejo solo porque pensaban diferente a él o le criticaban. Pero ni Karime ni Duarte se detuvieron a pensar el daño que causaban a terceros en su afán desbocado de poder, y las consecuencias comienzan apenas a vivirlas, además de que se llevaron entre las coces a lo más preciado que son los hijos.

LO CIERTO es que Karime no quiere regresar a México, y en ese afán fueron, presuntamente, contratados por la defensa los servicios del ex relator de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes, y conforme al guion, advirtió a la justicia londinense que en el País la ex primera dama jarocha corre riesgo de tortura, algo que era muy común en el gobierno de su ex esposo Javier Duarte. De esa manera, el abogado argentino, Juan Méndez replicó a la Corte de Magistrados de Westminster que, como todos en el País, la exesposa de quien fuera gobernador de Veracruz corre el peligro de ser torturada si cae en manos de la autoridad mexicana, pues la tortura sigue siendo una práctica generalizada en México y aplicada por los diferentes órganos del Estado, sin distinción entre personas y casos, lo cual es cierto, como lo es el hecho de que a su ex marido, el padre de sus hijos se le investiga no solo por ello, sino por la desaparición forzada de personas cuyos familiares siguen en búsqueda incansable de sus restos, aunque hay quienes afirman que jamás serían encontrados ya que fueron arrojados como alimento a tigres, cocodrilos y otras faunas. En ese contexto, el juez le hizo ver a los abogados que la hija de Tony Macías sería trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Femenil Morelos (CPS 16), donde sería su hogar tras su eventual extradición de Londres, pero la defensa volvió a argumentar que temen lo que pueda pasar durante su traslado al tribunal en Veracruz, sobre todo tras conocerse el caso de una mujer –a la que atribuyen participación en el asesinato de la ex rectora de la Universidad Valladolid-, la cual fue violada y ultrajada por policías que la trasladaban a Xalapa. También les inquieta la forma como pudiera realizarse el interrogatorio fuera del CPS 16, pues subrayan que las maneras cómo las entrevistas y las investigaciones criminales son conducidas en México implica el riesgo de que “la persona sea maltratada”. Tampoco hay garantías de acceso a procedimientos administrativos y denuncia cuando los derechos humanos y carcelarios son quebrantados, pero el juez londinense les reviró que el gobierno mexicano ha ofrecido garantías de que la acusada será tratada conforme a las normas internacionales, y se ha comprometido a cumplir los criterios diplomáticos apegados a la orden de entrega, además de que hay el acuerdo de que la persona en custodia podrá reportar alguna anomalía al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para el traslado del CPS al tribunal veracruzano se pondrá a disposición un helicóptero.

LA FLACA memoria de Karime Macías no recuerda lo que ocurría en el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, algo que era un secreto a voces, y que ella consentía porque era parte de ese poder irreflexivo que le permitía todo, hasta construir una red de empresas fachadas que fueron utilizadas para desviar al menos 112 millones de pesos de las arcas públicas, además de otros tantos ilícitos que son investigados, también, por la Fiscalía General de la República. Ahora que, podría fungir como testigo protegida y empinar de una vez por todas a su ex marido, lo que seguramente no le será difícil. Y aunque el profesor en derechos humanos por American University Washington College of Law, intervino en modo de teleconferencia desde Nueva York, y dijo hablar de manera voluntaria y con honestidad entregando, previamente a su participación tres documentos con fechas de agosto de 2020, julio y noviembre del presente año, lo cierto es que resulta extraño que se preste al juego de la defensa solo por “buena gente”.

RESPECTO A Duarte de Ochoa, queda claro que ya no hay impedimento para que pueda ser juzgado en México por delitos distintos a los que motivaron su extradición, y por los que purga condena de 9 años en el Reclusorio Norte, y en ese tenor, ya no hay nada que impida que la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández Giadáns, pueda procesarlo por el delito de desaparición forzada de personas y tortura, salvo que recibiera instrucciones contrarias desde la cúpula, pues no se debe olvidar que a Duarte se le atribuye haber “cooperado” para la primera campaña de Cuitláhuac García Jiménez a la Gubernatura, la que perdió ante Miguel Ángel Yunes Linares.

Y ES que fue a través de una solicitud de información, y no por conducto de la Fiscalía Estatal, que la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que desde el pasado 18 de Diciembre de 2020 la República de Guatemala dio un primer permiso para procesar a Duarte de Ochoa por delito distinto al que motivó su extradición  (y de eso hace casi un año y la Fiscal Estatal ni decía nada), y dicho permiso quedó en firme a través de una notificación el pasado 17 de marzo del presente año. Y aunque la Cancillería Mexicana estableció que esa información es confidencial, sí confirmó que la respuesta del gobierno guatemalteco a la petición del Gobierno de México fue positiva para procesar al ex mandatario por un delito distinto, que en este caso es desaparición forzada de personas. Con base en la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, “no es posible obsequiar la petición, toda vez que los mismos forman parte de los documentos relacionados con la solicitud de excepción a la regla de especialidad del señor Javier Duarte de Ochoa, misma que se encuentra clasificada como confidencial y reservada por un término de 5 años”, y precisó que dicha clasificación fue aprobada por el Comité de Transparencia de la Cancillería, a través de la resolución CTA-18/2020″. O sea: ¿alguien sigue protegiendo a Duarte, ahora en la 4T?. OPINA carjesus30@hotmail.com Así las cosas.

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José Sobrevilla-La comunicación de Gobernación, reciente informe

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Por: José Sobrevilla.

En un ejercicio poco visto, la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación realizó un balance de sus logros de septiembre de 2020 a julio de 2021, en los que prende los focos de atención en los desempeños de una de las áreas menos politizadas pero que se mueven en terrenos por demás políticos y por ello polémicos. Por ejemplo, esta área poco conocida públicamente, dio a conocer que participó, en el lapso mencionado, en la elaboración del Acuerdo por el que se establecieron los Lineamientos generales para el registro y autorización de los programas de comunicación social y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2021 (DOF 04/01/21), el cual, después de la Ley General de Comunicación Social, ha fungido como el principal instrumento normativo para regular la materia a nivel Gobierno Federal.

Esta área informó haber aplicado de manera permanente el “Acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal” en la evaluación de Programas de Comunicación Social y campañas gubernamentales, instrumento que ordena a la Administración Pública Federal, APF, el alineamiento en los tres principios básicos de la actual administración: austeridad, honestidad y combate a la corrupción.

Durante ese periodo fueron autorizadas un total de 93 estrategias y programas anuales de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad, así como, 115 campañas gubernamentales para su difusión, con la finalidad de dar a conocer información prioritaria para la población en general y, de manera específica, atender diversos temas de interés público. Fueron emitidos igualmente 230 registros de gastos relativos a las publicaciones o difusión de información en medios masivos distintos a las campañas de comunicación y publicidad.

En cumplimiento a lo señalado en la Ley General de Comunicación Social y bajo el principio de rendición de cuentas, fueron entregados seis informes bimestrales a la H. Cámara de Diputados, así como el Informe anual de Programas de Comunicación Social. Se brindó también, vía electrónica, documental o mediante reuniones, asesorías a las dependencias y entidades del Gobierno Federal, a fin de que se apegaran a la normatividad vigente en materia de comunicación social.

Fueron remitidos 49 reportes estadísticos semanales –da cuenta el informe– que dieron cuenta de la actualización de campañas, cifras, así como las autorizaciones de las solicitudes de las diversas dependencias y entidades del Gobierno de México. Se analizaron, además, y dio respuesta, a 40 resultados de estudios (pre-test y post-test) que permiten medir la pertinencia y efectividad de las campañas gubernamentales de la Administración Pública Federal.

Fueron analizados y revisados los resultados de estudios con 1,549 fojas, las cuales conforman las carpetas de resultados que entregan las dependencias y entidades a esta Dirección General, y contienen información referente al análisis de consumo de medios; nivel de recordación, comprensión, e identificación de los mensajes transmitidos; nivel de impacto y credibilidad de la campaña en el público objetivo; repercusión e identificación de las campañas en la percepción y en la imagen de las diferentes instituciones del Gobierno Federal, y claridad y entendimiento de los mensajes transmitidos y efectividad de los medios utilizados.

Entre otras actividades, la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación brindó atención de manera permanente a las dependencias y entidades de la APF en el uso del Sistema de Información de Normatividad de Comunicación (SINC) para el registro de Estrategias y Programas de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad.

También han emitido diversas comunicaciones a las dependencias y entidades de la APF por la que se les ha notificado la actualización de los concesionarios para el uso social comunitario e indígena, mismas que informa el Instituto Federal de Telecomunicaciones a fin de dar cumplimiento al artículo 89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Además, en apego a la veda electoral, se remitió un oficio circular a las áreas de Comunicación Social o equivalentes del Gobierno Federal por el cual se les notificaba sobre los procesos electorales del 2021, a efecto de suspender las campañas gubernamentales conforme al artículo 41, Base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dirección General de Medios Impresos

En cuanto a esta área, en el mismo lapso, se actualizó el Padrón Nacional de Medios Impresos (PNMI) con la finalidad de dar certeza jurídica a propietarios y directivos de periódicos y revistas del país. Al respecto se realizaron trece registros, siendo las entidades con mayor proporción: Ciudad de México (15%), estado de México (15%), Veracruz (15%), Campeche (8%) y Chiapas (8%). actualmente la plataforma del padrón ofrece la información de 640 publicaciones para su consulta que cumplen con la normatividad vigente.

Respecto a la actualización de tarifas, indicadores de circulación y perfil de lector fueron reportadas 216 modificaciones en el PNMI, destacando Ciudad de México (24%), Guanajuato (13%), Veracruz (12%), Estado de México (6%) y Yucatán (6%); también se redujeron los tiempos de respuesta, validación y captura en el sistema en un 80%, al pasar de cinco días a un solo día para concluir con el trámite y publicación para su consulta en la plataforma.

Fue implementado asimismo la estrategia de recepción documental vía electrónica o mediante paquetería, con el propósito de reducir o eliminar los costos de traslado, facilitando el trámite al 95% de los representantes de medios. Bajo el compromiso del Gobierno de México de prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, así como de proteger y asistir a las víctimas de estos delitos, fue reforzado el monitoreo de anuncios clasificados presuntamente violatorios de la Ley en materia de Trata de Personas.

Sobre el particular fueron reportados 437 anuncios clasificados para que se revisara la posible comisión del delito de trata de personas, mismos, que habían sido publicados en cuatro entidades federativas: Veracruz, Morelos, Baja California y Ciudad de México. Los reportes de los clasificados los remitió la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la FGR, así como a las fiscalías locales para su investigación y seguimiento, según el caso.

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia de medios impresos, –sigue el informe– a través de mecanismos de promoción, coordinación y vigilancia para consolidar la vinculación con los medios impresos nacionales y del extranjero con circulación en territorio nacional, el Gobierno Federal consiguió simplificar e iniciar la construcción de nuevos mecanismos automatizados para la atención a sus usuarios en la expedición de los Certificados de Licitud de Título y Contenido.

Fueron recibidos y tramitados doce certificados de licitud de título y contenido apto para todo público; nueve cambios de editor responsable; dos cambios de titular; siete cancelaciones de certificados de licitud de título y contenido; dos duplicados de certificados de licitud de título y contenido y un rechazo de trámite.

Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía

Esta área de la comunicación social del gobierno de la República realizó transmisiones por medio de tiempos oficiales de 140 campañas del Poder Ejecutivo en radio y televisión. Dichos spots son espacios gratuitos con los que cuenta el Estado Mexicano para dar a conocer las campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El 15 de septiembre de 2020 desde el Palacio Nacional, fue difundida una Cadena Nacional con motivo del CCX Aniversario del Inicio de la Independencia.

Se llevaron a cabo 4,246 revisiones de carácter normativo a los concesionarios del país, lo cual implicó la revisión de 101,904 horas de materiales audiovisuales, con la finalidad de verificar que las transmisiones de dichos medios cumplieran con los tiempos oficiales dispuestos por la Ley. Fueron monitoreadas 44 radiodifusoras y canales de televisión, dando como resultado la revisión de 3,624 horas de contenidos audiovisuales, sin detecciones de anuncios en los que se pudiera presumir la comisión del delito de trata de personas.

Informa que fueron autorizados 230 concursos, de los cuales 171 fueron para radio y 59 para televisión. Además, se clasificaron y autorizaron 1,783 materiales grabados para su transmisión; y la Hora Nacional llevó a cabo la producción de 47 programas con diversos contenidos de interés general que fueron difundidos en 85 contenidos para fomentar la promoción y difusión de valores democráticos tales como el respeto, la equidad, el rechazo a la discriminación y la eliminación de todo tipo de violencia.

En el periodo reportado se llevaron a cabo un programa íntegro dedicado al Día de la Mujer con entrevistas y mensajes de mujeres destacadas del país en todos sus ámbitos, y se transmitieron 41 cápsulas relativas a los derechos de las niñas y niños. En materia de cinematografía fueron emitidas 595 autorizaciones para la exhibición de películas y avances promocionales en formatos de 35mm y digitales, y fueron otorgadas 56 autorizaciones de comercialización de videogramas y 122 Certificados de Origen, finaliza el reporte.

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Gilberto Haaz Diez – El caso Tito Delfín (Parte II)

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ACERTIJOS

La aprehensión del exalcalde de Tierra Blanca y candidato a la presidencia estatal del PAN, causó escozor, fijó lineamientos entre los panistas que demandaron su liberación. El gobernador Cuitláhuac saltó a la cancha y justificó la orden de aprehensión, por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude, en el tiempo que fue alcalde de ese pueblo que no tiene mar y tiene un calor del carajo. Husmearon entre los cajones llenos de telarañas y polvo y encontraron un expediente que data del tiempo del exgobernador Yunes Linares, según mostraron carpetas y numeralia de archivo. Es un preso político, dicen los panistas, como lo es el de Rogelio Franco Castán, a quienes sus colegas del PRD le llaman así. Preso político. Los panistas aseguran que el gobierno de Cuitláhuac es más malo que la nueva variante de ómicron.  Indira alzó la voz y acusó a este gobierno de represor. Cuando no van por uno van por otro. Y culparon al Julen Rementería, a quien llamaron traidor, y ojáis. Esta historia ya está en tribunales, porque a Tito le dieron 6 meses de prisión preventiva en Pacho Viejo, que, en estos tiempos de duro cierzo invernal, de un frío del carajo, debe ser horrible estar allí y luego bañarse con agua fría. ¿Qué sigue?, preguntan los politólogos. PRI y PRD han guardado silencio. Ayer vinieron por fulano y no dije nada, hoy vinieron por mí y no había nadie que dijera algo. No hay solidaridad entre los partidos, lo hay para una alianza, pero cuando la lumbre llega a los aparejos las presidencias estatales de los partidos guardan cómplice silencio. Lo que sigue puede ser un caso similar al de Rogelio Franco Castán, que desde la cárcel se convirtió en diputado federal, no tomó posesión por lógica al estar encerrado, pero en cuanto salga, si es que algún día lo dejan salir, tomará su curul de diputado federal. Tito Delfín puede seguir cabalgando como el Cid campeador y ganar la elección interna y convertirse en presidente del PAN estatal, aunque no tome posesión. La segunda de a bordo, la candidata a secretaria general, la senadora con licencia, Indira San Román, que no es Gandhi, no podrá serlo porque urge que ella misma se regrese al Senado, pues su suplente chaqueteó el mismo momento que protestó como senadora y se fue a Morena, una traición de las infinitas, de las buenas, de las llenas de maldad. 

LA CASETA MALDITA (CAPUFE) 

Gobernadores van y vienen y todos aseguraban que retirarían la dichosa y salada caseta número 45 de Fortín de las Flores, que mal opera Capufe. Aspirantes a gobernadores, como el ‘Checo’ Gutiérrez Luna, un rockstar de Morena, que preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se apersonó con su varita mágica y dijo a los empresarios que llevaría el caso ante los picudos de la SCT. La historia es muy antigua. No es de este gobierno, cuando se inauguró hace un titipuchal de años, no había problemas porque el flujo vehicular era menor, comenzó cobrando 8 pesos (hoy 34 pesos) y cuando los habitantes de Córdoba y Orizaba respingaron, se dio la facilidad que inscribieran sus autos y así no pagarían el cruce de esa caseta. Pocos fueron porque los trámites eran engorrosos y luego el auto tenía que estar a nombre de una persona, no de empresas. Allí llegaron senadores del PRI y PAN y juraron por la virgen de Chacaltianguis, que la quitarían. Unos pedían reubicarla, otros desaparecerla. A ninguno les hicieron caso. Con el tiempo y la movilización de la carga se hizo imposible de controlar, miles y miles de autotransportes de doble caja y normales circulan por allí, y es imposible. Si bien le va a uno, demoras unos 25 minutos en pagar y cruzar. Si mal te va, hay ocasiones de 45 minutos o una hora, o más. El asunto es sencillo, tienen tres casetas de cobro por cada lado y debe tener el doble, ampliar la franja vehicular como lo hicieron rumbo a México en San Martin Texmelucan. No la van a reubicar ni nada parecido, ingresa entre 7 y 8 millones de pesos diarios y es un dinero que les falta para sus programas sociales, aunque la pista esté para llorar. Aquí nos tocó vivir y ni modo, diría Cristina Pacheco. 

PD. El domingo pasado fue un infierno. Las colas rebasaban los 15 kilómetros.  

www.gilbertohaazdiez.com 

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