• La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi busca reformar el Código Penal del estado para proteger a niñas, niños y adolescentes.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi propuso, mediante una Iniciativa con Proyecto de Decreto, que los delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad cuenten con un periodo de prescripción de 30 años contados a partir de que la víctima cumpla 18 años de edad.

Al presidir la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora puso a consideración del Pleno la Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de prescripción de los delitos contra el libre y sano desarrollo de la personalidad.

De acuerdo con su exposición, dicha propuesta tiene la finalidad de sustituir la figura de la imprescriptibilidad y en su lugar establecer plazos concretos en materia de prescripción en delitos tales como pederastia, corrupción de menores, pornografía, abuso sexual y violación a la intimidad sexual cometidos contra niñas y niños y que representan una expresión de violencia contra un grupo social vulnerable.

Estos delitos “conllevan en su ejecución material un ataque o una exposición peligrosa de su desarrollo biológico-sexual, con graves impactos en el desarrollo de su esfera psicológica, con manifestaciones y consecuencias tanto de forma inmediata como en años posteriores a la agresión”.

La Diputada consideró que presentar una denuncia formal y someterse a todas las implicaciones del proceso penal requiere de una decisión difícil de tomar, dadas las consecuencias que ello implica en todos los aspectos de la vida integral de las personas.

Con la adhesión de las diputadas Montserrat Ortega Ruiz y Libni Adaelsi Sánchez Núñez y de los grupos legislativos de Morena y PRI-PVEM, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

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• Llama la diputada María Esther López Callejas a atender y restaurar el equilibrio ecológico de este ecosistema.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada María Esther López Callejas propuso a esta Soberanía exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatal, para que, de acuerdo con sus respectivas atribuciones, realicen las gestiones necesarias e instruyan a quienes corresponda, a efecto de que la laguna El Farallón sea declarada Área Natural Protegida (ANP).

Al participar en la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora consideró imperativo que la laguna El Farallón reciba esta categorización bajo la tutela del Ayuntamiento de Actopan, municipio que –añadió- posee las características físicas, ambientales, sociales y de biodiversidad para tutelar este ecosistema estratégico, con capacidad administrativa y voluntad política para su creación y sostenibilidad en el tiempo.

La Diputada habló de la condición de contaminación agravada que mantiene a la laguna en un estado ecotoxicológico que rompe ciclos biológicos y biogeoquímicos dañando fauna y flora locales, ya que –señaló- en ese cuerpo de agua descargan residuos tóxicos provenientes de mineras, agroquímicos provenientes de la práctica agrícola colindante, extracción de su contenido para abastecer a los ranchos aledaños y la actividad de acuacultura particular de la zona.

Destacó que las ANP proporcionan agua para consumo humano, mitigan los efectos del Cambio Climático, aportan importantes elementos para la polinización y previenen la erosión, contribuyen al bienestar y la salud de la población y preservan servicios ecosistémicos claves para el desarrollo de la vida, entre otros beneficios.

Ante esta realidad, la legisladora ponderó como urgente establecer mediante un Plan de Manejo Estratégico de Recuperación Inmediata, los criterios para la conservación, la restauración de la biodiversidad y de los servicios ambientales que esta laguna provee.

A este exhorto se adhirieron los grupos legislativos de Morena y PRI-PVEM, el diputado Gonzalo Guízar Valladares y la diputada María de Jesús Martínez Díaz.

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• No debe haber impunidad para todos los que se aprovecharon de los sectores vulnerables o que saquearon las arcas públicas.

Al pronunciarse sobre la Justicia Social, la diputada Deisy Juan Antonio señaló que ésta fomenta la integración y la protección frente a la explotación de los más vulnerables, por lo que hoy más que nunca se hace necesaria en un mundo globalizado que, aunque cada vez más rico, es también más desigual.

En su participación, durante la sexta sesión ordinaria, la legisladora de Morena, subrayó que es necesario crear mecanismos efectivos que garanticen que todas las personas puedan ejercer sus derechos, se desarrollen con dignidad y así la sociedad pueda prosperar, siendo la formación ciudadana uno de ellos, “pues contar con una sociedad informada nos llevará a asumir el compromiso activo para promover la justicia y la igualdad a todos los niveles”.

Dijo que hay tantos ejemplos de justicia social, como ámbitos en los que se cometen desigualdades, «vivimos en sociedades muy injustas y la educación puede agrandar esas injusticias o puede combatirlas”.

La diputada por el Distrito de Acayucan refirió que el sector educativo es quizá uno de los más representativos para la justicia social ya que, además de ser un tema a tratar de forma intersectorial por su estrecha relación con grupos vulnerables, es uno en donde la inequidad se concentra en mayores niveles.

Expresó que debido a la importancia de la igualdad de oportunidades para el desarrollo sostenible, es necesario que cada vez exista un mayor consenso dentro de la comunidad educativa sobre la necesidad de educar para la justicia social, tal como lo prevén algunos instrumentos internacionales, “desafortunadamente, hay 2 grandes causas que contribuyen a la desigualdad educativa: la distribución de la riqueza y la falta de revisión de las pedagogías”, añadió.

Puntualizó que la economía mexicana es la número 14 en el mundo en cuanto a tamaño, pero que 45 millones de mexicanos viven en la pobreza, lo que tiene sumergido al país en un círculo vicioso de desigualdad, bajo crecimiento y pobreza, de acuerdo al informe de la ONG, Oxfam México.

La legisladora precisó que esta desigualdad existe debido a que durante largo tiempo se dio la complicidad de las autoridades y se solapó la falta de transparencia, el abuso de poder, el tráfico de influencias, la obstaculización de la libre competencia, los regímenes fiscales favorables para los más ricos y sobre todo el otorgamiento de privilegios, “lo que perpetuó y agravó la inequidad en la distribución de la riqueza en nuestra nación”.

“Es momento que no queden impunes todos aquéllos que, aprovechándose de los sectores más vulnerables o bien, a costa de quienes sí cumplen con sus obligaciones fiscales, o quienes hayan saqueado las arcas públicas destinadas a fortalecer los sectores tan sensibles como la educación y la salud, haciéndose de grandes riquezas y capitales”, sentenció.

Asimismo, la diputada detalló que debe ponerse toda la atención del sistema educativo en la enseñanza de la educación primaria, ya que ésta es la base y la verdadera lección de inclusión educativa, en la que ningún alumno se quede atrás, “que estemos convencidos que cada escuela es una fuente de justicia educativa”, concluyó.

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