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Denunciaremos a jueces que no respeten la legalidad ni las jurisprudencias de la SCJN, para que sean inhabilitados: Ríos Uribe

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– Para el legislador cordobés, el ceder a chantajes y las negociaciones al margen de la Ley, son cosas del pasado.

El diputado local Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, declaró que se actuará para denunciar a todo aquel juez o jueza que no respete la legalidad ni las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de que sea separado e inhabilitado por contravenir los principios de legalidad.

El legislador cordobés consideró que amparar a un magistrado, que por motivo de edad debe sujetarse a retiro forzoso, es un acto inconstitucional, que contraviene todo principio jurídico, y ante lo cual el Congreso local no está de acuerdo.

Enfatizó que el Poder Legislativo siempre será respetuoso del Poder Judicial, sin embargo, se tiene la obligación de salvaguardar y hacer valer la Ley, en este caso, no se puede omitir este principio en la reciente renovación de magistrados.

Reiteró que en el caso de los magistrados que cumplen 70 años de edad, ya existe jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia, por lo cual, la determinación del titular del Juzgado Décimo Octavo de amparar al magistrado Marco Antonio Lezama Moo, resulta por demás, inconstitucional.

“En el Congreso de Veracruz no se actuará a capricho de alguien, se estará haciendo valer la Ley tal y como se juró al momento de asumir el cargo como integrante de la LXV Legislatura local, pues existe la hipótesis constitucional por la cual Lezama Moo está impedido para continuar en el cargo de magistrado”, destacó.

Sostuvo que se continuará el proceso jurídico en defensa de dicha hipótesis constitucional, porque ya no son los tiempos de las componendas ni negociaciones para desvirtuar la Ley; eso ya quedó en el pasado, ahora se respeta el Estado de Derecho.

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Mientras las plazas ya están abiertas, vendedores de Los Lagos siguen sin reubicación para sus negocios

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Xalapa, Ver.– Aunque el presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero fue contundente al afirmar que no regresarán los vendedores ambulantes al Paseo de Los Lagos, estos insisten en negociar su reinstalación y en la mayoría de los casos, su reubicación.

«No se puede ya, el parque de Los Lagos va a ser intervenido por el Gobierno Federal y el municipal, van a ser obras ahí. Es un patrimonio de los xalapeños, no de los comerciantes» dijo al respecto el alcalde Rodríguez Herrero.

Sin embargo, Olga Morales del Valle, secretaria general de Sindicatos de Comerciantes de Xalapa afirmó que se reunió este viernes con el regidor titular de la Comisión de Comercio, Francisco Javier González Villagómez para seguir analizando la posibilidad de la venta en dicho paseo ubicado en el barrio del Dique.

«Están estudiando el tema, de qué manera podemos reanudar actividades. No sabemos en absoluta nada» comentó.

Han pasado más de 9 meses de que se suspendió la actividad comercial en este parque igual que en el Miguel Hidalgo, conocido como Los Berros con motivo de la contingencia sanitaria y los comerciantes consideran también la posibilidad de reubicar a quienes rentan juegos para niños.

«Estamos buscando un área donde poder poner a los brincolines».

La propuesta de los vendedores fue que se quedarían únicamente los comerciantes que quitan diariamente su mercancía, pero hasta ahora no les les sido notificado algo al respecto.

Por: Héctor Juanz

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Congreso recibe del gobernador propuesta de Ley del Centro de Conciliación Laboral

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• Establece la creación de los nuevos Centros de Conciliación Laboral en el estado, en armonización a la reforma en materia de justicia laboral de la federación.

El Pleno de la LXV Legislatura, recibió del Gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, la iniciativa de Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la cual se crean los Centros Conciliación Laboral para el estado, como instancia prejudicial obligatoria de conciliación.

El texto de la iniciativa refiere que ante la necesidad de mejorar la impartición de justicia laboral, en todos los ámbitos de las relaciones humanas, y garantizar efectivamente la tutela judicial efectiva del nuevo sistema de justica laboral, prioriza la conciliación como obligatoria, a reserva de sus excepciones; convirtiéndose en un requisito indispensable para pasar a la fase judicial, resultando de gran importancia en la solución de conflictos entre trabajadores y patrones.

En concordancia con la reforma de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la entidad, con fecha 4 de febrero del presente año, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política local, en referencia al nuevo Sistema de Justicia Laboral y que, en uno de sus transitorios, señala la obligación de expedir y reformar las leyes locales necesarias para su cumplimiento, de ahí la propuesta para la creación de dichos Centros.

Los Centros de Conciliación Laboral del estado de Veracruz, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, contarán con plena autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión. Basarán su operación a los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

El nuevo organismo público descentralizado, tendría su dirección oficial en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, contando con las delegaciones necesarias conforme a la disposición presupuestaria correspondiente, a fin de cumplir con su objeto.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.

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Busca LXV Legislatura exentar, a residentes aledaños de casetas, el pago de peajes

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• Avala el Pleno del Congreso de Veracruz, con 36 votos, la propuesta del legislador Gonzalo Guízar Valladares.

Este jueves el Pleno de la LXV Legislatura avaló la propuesta del diputado Gonzalo Guízar Valladares y, como consecuencia, remitirá al Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para establecer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pueda exentar de pago a quienes comprueben la calidad de residentes, aledaños a casetas de peaje.

Esta medida aplicaría cuando no haya vías alternas que garanticen el libre peaje para las y los residentes.

En la sesión, tercera ordinaria, del primer periodo, correspondiente al tercer año de labores, la Mesa Directiva dio a conocer el dictamen de la Comisión Permanente de Comunicaciones y que, tras ponerlo a consideración del Pleno, registró 36 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

La Comisión considera necesario que la LXV Legislatura haga suya esta propuesta y la presente al Congreso Federal, ya que representa un acto de justicia social para miles de familias mexicanas que, al haberse construido en los alrededores de sus localidades vías terrestres de comunicación, generalmente en mejor estado, sufren afectaciones económicas al verse obligadas a transitar por las mismas y a cubrir las altas tarifas que cobran.

Además, coincide con el autor, el legislador Gonzalo Guízar, toda vez que esta reforma contribuiría a detonar el desarrollo económico de las regiones en las que estén instaladas casetas de peaje, al permitir a las familias residentes evitar pagos para poder movilizarse hacia sus centros de trabajo o a los establecimientos que prestan los servicios públicos o privados que requieren.

Asimismo, señala que la actual medida de pagar por el uso de las carreteras pone en desventaja a los residentes, en comparación con las personas que no habitan en localidades cercanas y que no padecen esa problemática cotidiana para realizar sus actividades.

Por otra parte, en el texto del dictamen se precisa que los incrementos en los servicios y sobre todo en los pagos de peajes para poder circular en vías terrestres, aunado al constante aumento de la gasolina, trae repercusiones de gran magnitud en la economía de las familias, ya que disminuye su capacidad adquisitiva para solventar sus necesidades básicas.

Conforme al trámite legislativo, y tras haberse aprobado por el Congreso de Veracruz, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó mandar a publicar el presente decreto en la Gaceta Oficial del Estado, y a su vez, remitir la propuesta al Congreso de la Unión para su consideración.

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Propone diputada iniciativa que busca combatir la deserción escolar

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• Las autoridades educativas prestarían sus servicios, con el uso de tecnologías, para atender a quienes abandonaron el sistema regular, con el fin que concluyan sus estudios.

Con la finalidad de que todo adulto que, por cualquier motivo, haya abandonado sus estudios, tenga la posibilidad de concluirlos y así poder apoyar de mejor manera a sus hijos o familiares a su cargo, en las tareas educativas, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno de la LXV Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto que reformaría el artículo 90 de la Ley de Educación estatal.

De acuerdo al texto vigente de la ley, las autoridades educativas estatales y municipales adoptarán medidas y acciones para propiciar el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad con equidad y la efectiva igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia en los servicios educativos, con preferencia a los grupos y regiones de mayor rezago educativo o en condiciones económicas y sociales de desventaja.

La propuesta de la diputada Trujillo Ortiz radica en que, para cumplir con lo señalado en la legislación, las autoridades educativas estatales y municipales deberán prestar servicios educativos apoyados en el uso de las herramientas tecnológicas, para atender a quienes abandonaron el sistema regular y están en situación de rezago educativo, con el fin de que concluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres.

El objetivo principal que busca esta modificación es que los adultos que tienen a su cuidado y responsabilidad a menores de edad, que reciben educación a través de las Tecnologías de la Información, tenga la posibilidad de culminar con su educación básica y media superior que les permita poder apoyar a sus hijos o familiares a su cargo en las tareas.

La legisladora expone que, dada la emergencia sanitaria que se vive por la Pandemia, del Covid-19, el Estado tiene la obligación de brindar los medios y herramientas de trabajo a las y los maestros, también con los millones de niñas, niños y adolescentes para brindarles el acceso a la educación, pues es un derecho Constitucional.

Señala que esta situación afecta a todos, principalmente, a los grupos vulnerables, toda vez que su capacidad para contar con los elementos de aprendizaje está disminuida. “En ese sentido, de todos los riesgos, el más grave para el sector educativo es el abandono escolar”, abundó.

Agrega que, de acuerdo al diagnóstico 2018 de la organización Mexicanos Primero, registró que de cada 100 niños que inician su educación primaria, una tercera parte deja de estudiar, 70 la terminan. De ellos 46 acreditan la secundaria, 23 la preparatoria, solo diez la licenciatura y dos, o tres, hacen un posgrado.

Posteriormente, indica que el Gobierno Mexicano le está apostando a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aprendizaje de diez millones de estudiantes de todos los niveles educativos que se han visto privados de la enseñanza presencial, lo cual –consideró- debe aprovecharse para apoyar a quienes por alguna razón dejaron sus estudios.

Tras la lectura en tribuna, la Mesa Directiva instruyó remitir la iniciativa a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para el trámite legislativo correspondiente.

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Actualizarían Código Penal en materia de enriquecimiento ilícito

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• Presenta Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM una iniciativa que contempla ajustes en la penalización y en sus alcances.

Elevar los años de prisión, actualizar la multa e incluir a cónyuges y dependientes económicos, son algunas de las propuestas contempladas en la Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 328 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, en materia de enriquecimiento ilícito.

En nombre de dicha bancada, el diputado Jorge Moreno Salinas, presentó desde la tribuna dicha propuesta, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.

El Diputado refirió que “el enriquecimiento ilícito es una de las conductas delictivas cometidas por servidores públicos que mayor rechazo popular tiene, ya que pone en evidencia, en franco agravio a la sociedad que representan esas personas, la realización de actos de corrupción en el desempeño de responsabilidades públicas en algún orden de gobierno, lo que se refleja en el incremento injustificado de sus patrimonios personales o familiares”.

Según expuso el legislador, las y los proponentes consideran necesaria una actualización del tipo penal de enriquecimiento ilícito en la legislación local, más acorde con las reformas realizadas en 2016 al Código Penal federal y que han sido replicadas en diversas entidades federativas, sobre todo porque el texto vigente del artículo 328 fue construido desde hace 17 años, a partir de un modelo federal cuyas normas ya han sido superadas; tal es el caso, por ejemplo, de lo relativo a las remisiones a la ley en materia de responsabilidades de los servidores públicos para acreditar el mencionado enriquecimiento o para la realización del decomiso de bienes cuya procedencia legítima no se pueda acreditar.

Como resultado de la comparación de los preceptos transcritos en materia de enriquecimiento ilícito de los códigos penales local y federal –argumentan las y los proponentes-, se puede advertir que, en relación con el segundo, en el estatal: no hay previsión respecto de los bienes de cónyuges y dependientes económicos, se establece un supuesto para sancionar de la misma forma que al servidor público a quienes hagan figurar como suyos los bienes de éste, no se indican sanciones diferenciadas en razón de los montos a los que ascienda el enriquecimiento ilícito.

Además, las penas privativas de libertad son mayores en su vertiente mínima pero inferiores a las fijadas para la máxima, cuando se trata de montos que excedan de cierto valor, las multas están fijadas en días de salario, no se señala una causal excluyente ni la improcedencia del concurso de delitos, en caso de que el aumento del patrimonio sea consecuencia de otra conducta delictiva y existen remisiones a la legislación en materia de responsabilidades de servidores públicos.

De acuerdo con la Iniciativa presentada, “se impondrán de tres años a catorce años de prisión y multa hasta de seiscientas veces el equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien, en ejercicio de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no justifique que es legítimo el desproporcionado aumento de su patrimonio o de aquellos bienes de los cuales se conduzca como dueño.

“Para efectos del párrafo anterior, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.

“Se aplicarán las mismas sanciones a quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en el presente artículo.

“Además de las sanciones establecidas en este artículo, se decomisarán en beneficio del Estado aquellos bienes cuya procedencia no logre justificarse”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

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Regularían en Veracruz el servicio de arrastre de vehículos

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• Presenta la diputada Florencia Martínez iniciativa que prevé la expedición de un reglamento y disposiciones para mejorar dicho servicio.

Al considerar que actualmente el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos es deficiente y los cobros excesivos, siendo una de las principales quejas de las y los veracruzanos, la legisladora Florencia Martínez Rivera presentó al Pleno una iniciativa por la cual se prevé facultar al Ejecutivo estatal para expedir el Reglamento respectivo, con el objetivo de que este servicio público esté regulado y se brinde certeza jurídica a los usuarios y concesionarios.

En su iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, la diputada propone que las personas físicas o morales, autorizadas para el arrastre de vehículos en determinado lugar, tengan un llamado de manera equitativa para prestar el servicio, el cual tendría que ser programado y publicado con el consenso de todos los concesionarios.

Al respecto y en caso de que algún concesionario otorgue el servicio sin haber sido programado, se prevé como castigo la suspensión de 30 días naturales de la unidad infractora y, en caso de reincidencia, se suspendería la licencia del operador.

Por otra parte, en caso de existir quejas de parte de los prestadores de servicios, en relación a la programación o llamados inequitativos y que sea verídico, el servidor público encargado de ello sería sancionado administrativamente con 30 días de suspensión del cargo, y en caso de reincidencia, podría ser removido de dicho cargo e inhabilitado para el mismo en un periodo mínimo de seis años.

De igual forma, también se busca que cuando un vehículo, particular o de transporte público, permanezca por más de seis meses en un corralón, pueda tramitarse, ante la autoridad correspondiente, la baja administrativa para no ocasionar un menoscabo en la recaudación de impuestos de derechos vehiculares.

Los concesionarios del servicio público auxiliar de arrastre, salvamento y depósito de vehículos deberán respetar las tarifas establecidas.

En su intervención, la diputada Florencia Martínez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, puntualizó que, en reiteradas ocasiones, las personas afectadas por el citado servicio acuden a interponer quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), incluso con presidentes municipales y diputados para que intervengan ante los concesionarios por el mal servicio. “Esto, sin éxito alguno, ya que no existe el reglamento o instrumento jurídico idóneo que lo regule”.

Agregó que como diputados y representantes de la sociedad veracruzana debe garantizarse que el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos sea prestado con eficiencia, eficacia, honradez y apegado a la ley, protegiendo y salvaguardando el interés colectivo.

Tras la lectura en Tribuna de la iniciativa, la Mesa Directiva ordenó turnarla a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad para su análisis y dictamen.

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Solicita Víctor Vargas a la SIOP atender a población afectada por fenómenos climatológicos en Veracruz

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  • Dependencia reporta daños preliminares en infraestructura por 40 mdp, se trabajará coordinadamente con la SCT, SEDATU y SCP.

Xalapa, Veracruz., 25 de Noviembre de 2020.- El diputado local Víctor Emmanuel Vargas Barrientos solicitó al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) de Gobierno del estado, atender de manera prioritaria a las poblaciones afectadas por los fenómenos climatológicos recientes, a fin de restablecer las vías de comunicación y puentes dañados, principalmente en el sur del estado.

Este miércoles, correspondió al titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez, comparecer ante la Comisión Permanente de Comunicaciones de la LXV Legislatura local, en donde el legislador de MORENA reconoció el trabajo realizado por la dependencia y que se traducen en el ejercicio de un presupuesto superior a los dos mil 577 millones de pesos en infraestructura carretera, básica y obras refrendadas, que han permeado en 100 municipios veracruzanos con acciones de gran impacto social.

Destacó también el compromiso de este Gobierno estatal con los pueblos originarios donde por primera vez, una administración estatal lleva a cabo un Plan de Obra en forma permanente, en este año, se destinaron 423.9 millones de pesos en la realización de 26 obras carreteras y 17 de infraestructura básica, impactando en 17 municipio indígenas.

De igual forma, Vargas Barrientos cuestionó al secretario Elio Hernández Gutiérrez, sobre las acciones inmediatas y mediatas emprendidas a raíz de los fenómenos metereológicos que con agresividad han impacto y causando estragos importantes en el territorio estatal, afectando a un gran número de habitantes del sur.

El funcionario estatal aseguró que conjuntamente con la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Gobernación, así como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Ayuntamientos, desde la semana pasada se realizaron los primeros levantamientos de afectaciones a la red carretera y de infraestructura básica.

“La SCT entregará una primera evaluación de daños por 40 millones de pesos aproximadamente, a fin de gestionar los apoyos rápidos, las llamadas APIS, para dar respuesta inmediata a caminos cortados por derrumbes y otras afectaciones; se continúa trabajando en la cuantificación para solicitar los recursos pertinentes”, resaltó a cuestionamientos del legislador de MORENA.

El representante popular felicitó al titular de la SIOP así como a su equipo de trabajo por buscar una distribución equitativa del recurso estatal, lo que se demuestra en la gran cantidad de acciones carreteras, caminos estatales, pavimentación de calles, banquetas y guarniciones realizadas en las regiones Huasteca Alta y Baja, Totonaca, Nautla, la Capital, Las Altas Montañas, el Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y la zona Olmeca.

El diputado Vocal de la Comisión de Vigilancia resaltó las 20 obras ejecutadas en la región de Las Altas Montañas, que representaron una inversión de 210.3 millones de pesos, beneficiando con acciones de construcción, pavimentación, rehabilitación y obras complementarias en caminos y carreteras desde la sierra de Zongolica y la zona del volcán Pico de Orizaba hasta la región cañera de Tezonapa a Paso del Macho, incluyéndose a Fortín, lo que habla del alto sentido y responsabilidad social para ejercer el presupuesto atendiendo a la mayor parte de las demandas ciudadanas y de las autoridades municipales.

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Debe acabarse el despilfarro electoral en Veracruz: diputado Raymundo Andrade

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• Los partidos políticos, en su mezquindad, sólo consideraron que ya no podrían dilapidar el dinero de los veracruzanos.
• La invalidez de la reforma electoral, determinada por la SCJN, será respetada.

En ningún momento, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizaron un estudio del fondo de la reforma electoral, discutida y aprobada por los diputados que integramos la LXV Legislatura del Congreso del Estado, la que disminuía, entre otras acciones, en un 50 por ciento las prerrogativas económicas que se otorgan a los partidos políticos en la entidad.

Afirmó lo anterior, en entrevista, el diputado Raymundo Andrade, al ser cuestionado sobre la determinación de la SCJN de declarar la inconstitucionalidad de dicha reforma; la decisión de los ministros, agregó, se basó únicamente en la revisión del procedimiento legislativo y extrañamente se prestaron al juego político de esos partidos que, en su mezquindad, sólo consideraron que ya no podrían dilapidar el dinero de los veracruzanos.

La invalides de la reforma, determinada por la SCJN, destacó el legislador Raymundo Andrade, como ya lo dijo el Ejecutivo del Estado, se respetará y de no haberse echado abajo, destacó, se habrían ahorrado 474 millones 251 mil 494 pesos, al pasar de mil 182 millones 65 mil 211 pesos a 707 millones 813 mil 717 pesos.

Este ahorro, subrayó el diputado de MORENA, hubiera servido para consolidar el programa de rehabilitación de escuelas y hospitales, abandonados por las anteriores administraciones; como impulsar la obra pública, que se encuentra en las mismas circunstancias; el financiamiento de los partidos políticos es excesivo, no sólo en Veracruz, sino en todo el país.

En el continente americano, agregó el representante del Distrito Local XII, sólo hay tres países en que no tienen financiamiento público los partidos políticos, uno de ellos es Estados Unidos: También, con la reforma, continuó, se pretendía reducir la estructura electoral, la que por igual resulta demasiado onerosa para el gobierno, pero la oposición sólo busca continuar recibiendo el dinero de los ciudadanos, del pueblo, para pagar sus lujos.

El próximo año habrá un proceso electoral inédito en todo el país; en Veracruz se renovarán 50 diputaciones locales y 212 ayuntamientos y es claro que la oposición no quiere perder sus privilegios, estos son más importantes para ellos que destinar los ahorros de las prerrogativas al sector salud, para su estrategia de combate a la pandemia, provocada por el COVID19, por sólo dar un ejemplo.

Finalmente, el diputado Raymundo Andrade, señaló que su partido continuará insistiendo en el tema de la reducción de las prerrogativas de ley, para los partidos políticos, que debe acabarse con el despilfarro electoral, “ese dinero debe destinarse a cubrir las necesidades del pueblo en salud, educación, infraestructura, seguridad pública y empleo”.

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PC hará operativo en tres municipios veracruzanos por fiestas guadalupanas

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Xalapa, Ver.- Aunque fueron suspendidas las celebraciones guadalupanas en la entidad, la Secretaría de Protección Civil del Estado vigilará especialmente tres municipios donde se ubican templos que congregan a los católicos en esta fecha.

Se trata de Xalapa, Fortín y Coacoatzintla, dijo Guadalupe Osorno Maldonado, titular de esa dependencia.

Guadalupe Osorno Maldonado

«Están suspendidas, pero estamos preparados para que en caso de que la gente se acerque, tenga las condiciones necesarias de seguridad. Estamos en coordinación con ellos, para que en caso de que se necesite, vamos a mantener el operativo para ver la gente que se presenta», dijo este jueves en entrevista.

De igual forma exhortó a que no se use pirotecnia durante estas fechas, ya que representa riesgo principalmente para los menores.

Por Héctor Juanz

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Mónica Robles, diputada comprometida con las y los veracruzanos: Gómez Cazarín

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-El diputado lamentó y condenó la violencia política en razón de género de la que ha sido víctima su compañera en la LXV Legislatura.

Xalapa, Veracruz., 25 de noviembre de 2020.- En su calidad de coordinador del Grupo Legislativo de MORENA en el Congreso Local, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín reconoció el trabajo parlamentario de su homóloga y compañera de bancada, Mónica Robles Barajas, quien ha cumplido con excelentes resultados en el quehacer legislativo.

El legislador lamentó y condenó las versiones negativas que circulan en medios informativos y que serían constitutivas de violencia política en razón de género contra su compañera y amiga, pues la diputada Mónica Robles Barajas lo único que ha hablado es precisamente de su desempeño en el Congreso del Estado, con la presentación de varias iniciativas, anteproyectos con punto de acuerdo y posicionamientos sobre temas sensibles para la población.

En especial, Gómez Cazarín subrayó los resultados de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, desde donde se han podido dictaminar asuntos de relevancia para el marco normativo veracruzano, con la valiosa contribución de la representante popular originaria de Coatzacoalcos.

Asimismo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política, subrayó la línea de trabajo de Mónica Robles, quien ha seguido una agenda legislativa encaminada a garantizar los derechos y libertades de la población vulnerable, especialmente, mujeres, niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTTI, con perspectiva de género y seguridad humana.

En este sentido, el diputado por San Andrés Tuxtla citó como ejemplo la reciente Reforma integral del Código Civil para el Estado, que renovó dicho ordenamiento de manera incluyente, acorde a los principios pro-persona y lo consagrado en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos.

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