Ponte en contacto

Columnistas

Fernando Padilla – Las encuestas

Publicado

en

Por Ing. Fernando Padilla Farfán

Las encuestas son uno de los medios de expresión entre la población y los gobernantes. A través de las encuestas la gente le dice al gobernante lo que piensa de algunos temas que son de su interés. Y para el gobernante, las encuestas son una herramienta de cierta utilidad para la toma de decisiones.

No falta quien contrate encuestas para alimentar su ego político; presumir sus falsas simpatías. Quienes se prestan a falsear los resultados son, principalmente, las encuestadoras que tienen poco tiempo en el mercado y necesitan financiarse.

En cada elección de nivel federal en la que participan encuestadoras conocidas o no, no todas llegan a los mismos resultados, hay discrepancias entre algunas de ellas. Explican que cuando ocurren estas disparidades es porque no utilizan la metodología correcta o que, de plano, las hacen desde el escritorio.

En algunas ocasiones los votantes se abstienen de expresarle al encuestador su verdadera predilección del sufragio, ya sea porque abrigan temores de alguna represalia si opinan en contra del partido en el gobierno, o exista un ambiente de alta crispación política.

En cada elección hay declaraciones tratando de desestimar la certeza de las encuestas. Regularmente son hechas por quienes no salen bien evaluados en las mismas. Se justifican diciendo que las encuestas son como una fotografía que capta el instante en que se toma, nada más; pero que la verdadera encuesta es la del día de las votaciones. Por supuesto que los que van arriba en la medición argumentan lo contrario.

El costo de las encuestas no es cualquier cosa. La contratación representa una inversión importante. Muchas de ellas se pagan con dinero público.

Las encuestadoras tratan de mantenerse en actividad todo el tiempo para subsistir económicamente. En tiempos de elecciones su actividad aumenta.

Es significativo, por ejemplo, que el número de supuestos encuestados que no aceptan ser cuestionados sea relativamente alto, anda alrededor de 45%. Aunque hay varias suposiciones,

ninguna casa encuestadora ha atinado a explicar de manera científica de qué se trata. Mención aparte es la cifra, también alta, de los indecisos: 35%. Por lo tanto, si se consideran ambas cantidades, 45 más 35, resulta una cifra bruta del 80%. Los restantes 20% estarían muy lejos de ser una muestra representativa de la opinión de los muchos millones de mexicanos enlistados en el padrón electoral.

Por la intensidad de los discursos, por el involucramiento directo de personas que anteriormente habían permanecido al margen, y por la polarización de los ánimos de los simpatizantes de cada uno de los contendientes para alcaldes, diputados y gobernador, se prevé una votación copiosa.

Esta es opinión personal del columnista

Columnistas

José Sobrevilla – Este 1º de agosto, ‘Juicio a expresidentes’

Publicado

en

Por

Por José Sobrevilla

Para la consulta de este primero de agosto acerca de, si los ciudadanos estamos de acuerdo o no en llevar a juicio a los ex presidentes por actos de corrupción (aunque de acuerdo a la ley muchos delitos hayan prescrito), la pregunta planteada por el Instituto Nacional Electoral, INE, ha sido por demás confusa y enfocada al “no entendimiento” de la gran mayoría de la gente. Aunque en realidad no la redactó el INE sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Juzgue usted; “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

“¿Llevar a cabo las acciones pertinentes?” para “emprender un proceso de esclarecimiento”, por “las decisiones políticas” realizadas por “los actores políticos”, “encaminadas a garantizar” … en este galimatías se esconde el “sí” o “no”; y es por esta redacción que los detractores han llegado a argumentar que “la ley no se somete a consulta”, o se aplica o no. Sin embargo, coincido con los amigos del Grupo Intélite (que dirige Rodolfo Sandoval Monroy), en que este “será el primer ejercicio de democracia participativa”, que tendrá sustento legal y judicial a nivel federal al ser organizado por el INE; aunque por el requerimiento de al menos 40% de participación ciudadana (de la lista nominal) pueda terminar limitando el alcance de sus efectos legales.

El 27 de julio, esta empresa de monitoreo hizo llegar a este corresponsal un interesante reporte acerca de la “Consulta Popular”, en el cual realiza un valioso recuento, desde 2012, de cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el Decreto de Reforma a la fracción VII (art. 35 de la Constitución) donde es incorporada la Consulta Popular (CP) como derecho fundamental. Dos años después, 2014, en el mismo DOF, se publicaba el Decreto por el que era creada la Ley Federal de Consulta Popular, que se materializó como “mecanismo de participación ciudadana de ‘democracia semidirecta’”.

Ese mismo año, 2014, el INE recibía cuatro solicitudes de consulta popular sobre diversos temas para verificar apoyo ciudadano; posteriormente fue enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, para evaluar su constitucionalidad (23 septiembre), misma que fue rechazada (29 de octubre) por la procedencia de las solicitudes de CP al argumentar “inconstitucionalidad” por tratar “temas prohibidos”.

Ya en 2019, el 20 de diciembre, en el Diario Oficial fue publicada la reforma constitucional sobre revocación de mandato que también terminaría modificando las condiciones de la consulta popular. Año en que Gobernación impulsó –además– un ejercicio consultivo regional en Morelos, Puebla y Tlaxcala para evaluar la continuidad de un proyecto energético (23 de febrero), así como la consulta para evaluar la construcción de una planta cervecera, Constellation Brands, en Mexicali, Baja California, (22 de marzo) donde se canceló una inversión de 1,500 millones de dólares; así como, el 30 de mayo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas realizaba asambleas consultivas regionales para evaluar los polos de desarrollo de la construcción del Corredor Transístmico.

También, la secretaría de Gobernación había organizado un ejercicio de consulta regional en el Estado de México, del 25 al 28 de octubre de 2018, donde se evaluaría la continuidad de la construcción del Aeropuerto Internacional en Texcoco, la cual fue organizada por un consejo ciudadano conformado por académicos y organizaciones, entre ellas la Fundación Arturo Rosenblueth. También, el 11 de mayo de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado públicamente la posibilidad de que fueran juzgados cinco expresidentes anteriores a él.

Ya en 2020, el 15 de septiembre, el habitante de Palacio Nacional llevaba a cabo la consulta para juzgar a expresidentes como iniciativa propia ante el Senado, para comenzar con el proceso consultivo. El Senado había avalado ya la trascendencia de la consulta popular y turnado a la SCJN (el 7 octubre del mismo año), la pregunta para que –de la misma Consulta Popular impulsada por el Ejecutivo– se avalara su constitucionalidad el día 20 del mismo mes, que terminó siendo modificada para “evitar contradicciones constitucionales” quedando así de confusa como le mencionaba en el primer párrafo: fue así que el INE realizaría el reajuste a su presupuesto tras la reducción de 870 millones de pesos del mismo ordenado por la Cámara de Diputados[1] el 07 de diciembre 2020.

Este año, el 22 de junio de 2021, el presidente advertiría que el INE no había ahorrado para el ejercicio consultivo de este primero de agosto y, por ello, acusaba la ‘falta de presupuesto específico para este fin’; esto hizo que (demasiado tarde), el INE comenzara la preparación para la organización de la Consulta Popular el 28 de junio; así, este 15 de julio, el Instituto Nacional Electoral comenzaría la jornada nacional de información sobre la Consulta que se llevará a cabo este 1º de agosto 2021, con insuficientes quince días.

Es por ello que Human Rights Watch en América habría calificado como un “circo político” a la Consulta Popular 2021 el 19 julio, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, manifestara que AMLO debería “abstenerse” de difundir propaganda sobre la Consulta.

Con estos antecedentes, los analistas de grupo Intélite han vaticinado que será difícil el cumplimiento de participación requerida del 40% para hacer vinculante la Consulta Popular; y que la discusión política y la diversidad de visiones en torno a esta, harán del ejercicio un factor que sólo abonará al discurso anticorrupción del Gobierno Federal y a las posturas contrarias de la oposición (como son las críticas en el manejo de presupuesto del INE, y el populismo punitivo). “Aunque este ejercicio terminará siendo un precedente para la consolidación de estos mecanismos participativos; y las dudas en su utilidad y alcance obligarían a que se retome y modifique en el Legislativo y el Judicial”.

Consideraciones

En un primer escenario, se vislumbra que no sean cumplidos dos de los tres estándares requeridos para la Consulta, #1 apertura a la información –pregunta confusa–; #2 involucramiento de la sociedad –baja participación– y #3 Condiciones legales –cumplidas–; por lo que el ejercicio de este primero de agosto podría llevar a un retroceso en la consolidación de estos mecanismos de participación, debido a que México está en una democracia representativa “altamente polarizada”.

Lo anterior podría traer como “Impacto Económico” que aumentaran las quejas sobre el gasto para la realización de la Consulta Popular (91,000 mesas de votación, 890 millones de pesos)[2], así como la insuficiencia presupuestal que se exacerbe más debido al poco éxito que llegara a tener el ejercicio. El INE realizará la CP con 610 mdp menos de lo presupuestado originalmente, según ha dado a conocer el 2 de junio pasado.

El “Impacto Político” que podría traer, sería que las discusiones respecto a la Consulta podrían centrarse en la ilegitimidad del ejercicio y en el proceso de ejecución: Se mantiene la diversidad de opiniones, pero predominarán las que se opongan; por lo que se desprestigiaría a la Consulta para los siguientes intentos, como la “Revocación de mandato” del próximo 2022.

“Impacto Jurídico”: La SCJN se vería obligada a procurar la progresividad en el aseguramiento de próximas Consultas: El ejercicio se verá como un precedente para su mejora en las Consultas Populares, pero con escepticismo en su recepción social. En cuanto al “Impacto Social”, podría profundizarse el alejamiento de la sociedad con respecto la democracia participativa: Desde 2018 México ha disminuido 6% el Índice de Democracia Participativa, con el ejercicio infructífero de 2021, la tendencia a la baja se mantiene. Asimismo, por la discusión presupuestal de la CP; en el análisis de Intélite la percepción de corrupción empeorará.

Otro interesante escenario es que la Consulta Popular pueda tener un impacto positivo, pero mostrará que es necesario robustecer la vía participativa (reglas más claras y fortalecimiento presupuestal), por ello se buscaría legislar sobre el asunto en el ambiente propicio (alto porcentaje de participación, aunque menor al 40%), debido a que México está en una transición hacia la democracia semidirecta.

En este escenario, el “Impacto Económico” implicaría el debate sobre el presupuesto asignado, que se mantendría vigente: Se buscaría destinar mayores espacios y recursos a este tipo de ejercicios democráticos, ya que juntarían los intereses del INE respecto a mayor presupuesto y los reclamos de la oposición respecto al presupuesto de este Instituto.

El “Impacto Político” destacaría el ejercicio por el papel de la ciudadanía e instituciones, pese a que no se alcance el porcentaje de participación requerido, se impulsará un discurso que atribuya al éxito del voto popular y al INE. Derivado de ello, la CP de revocación de mandato de 2022 comenzará a perfilarse con relación al éxito parcial de este ejercicio.

“Impacto Jurídico”: El resultado podría poner en marcha el sistema de procuración de justicia para víctimas y, el resultado justificaría la salida político-jurídica de Comisiones de la Verdad como ejercicio restaurativo para las víctimas.

En cuanto al “Impacto Social”, podría observarse un acercamiento ligero de la sociedad hacia las consultas y elecciones; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, ENCUCI 2020, el 69.2% de la población estaba –ese año– “muy de acuerdo” con un gobierno democrático, por lo que esta cifra podría incrementarse.

Independiente de todo, los movimientos a favor y en contra del juicio a los expresidentes en estos breves momentos que se dieron para su difusión, se ha mantenido públicamente un debate y, así como existe un profundo rechazo, argumentando en muchas otras cosas –vía memes– que “es una consulta IDIOTA, ideada por un IDIOTA, y que votarán puros IDIOTAS”, también ha habido manifestaciones a favor de la misma. (Texto elaborado a partir del Reporte Intélite[3] con la autorización de Rodolfo Sandoval, su director general).


[1] Con ello, el presupuesto de la autoridad electoral pasó de 20 mil 463 millones de pesos solicitados en el anteproyecto a 19 mil 593 millones de pesos. https://centralelectoral.ine.mx/2020/12/07/ajusta-ine-presupuesto-para-2021-tras-reduccion-ordenada-por-la-camara-de-diputados/ consultado el 30.07.2021

[2] https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-costos-de-la-Consulta-Popular-20210628-0132.html Consultado el 30.07.2021

[3] https://publicaciones.intelite.mx/reportes-especiales consultado el 29 de julio 2021

Esta es opinión personal del columnista

Continua Leyendo

Columnistas

EJERCICIOS DEMOCRATICOS PARTICIPATIVOS, deben efectuarse para resolver temas de trascendencia nacional y no cuestiones de legalidad

Publicado

en

Por

Breves del Derecho

Lic. Carlos Asdrubal Pantoja de la Cruz

Nuestra Constitución Política contempla un mecanismo de Democracia Participativa sobre temas de TRASCENDENCIA NACIONAL, denominado “Consulta Popular” y lo describe en el artículo 35, fracción VIII como un derecho de los mexicanos.

Esta prerrogativa es similar a la que se utilizó para determinar si la nación de Inglaterra seguía o no unida a la Unión Europea, el famoso “Brexit”, tema que por su trascendencia de naturaleza económica y de afectación general, el gobierno británico determino someterlo a consulta del pueblo anglosajón porque dicha decisión determinaría el rumbo económico futuro de aquel país que en su caso beneficiaria o afectaría a toda la nación, un tema sin duda de vital trascendencia nacional.

Otro ejemplo en el mundo de democracia participativa es Grecia, quien en dos ocasiones históricas ha utilizado este mecanismo para determinar sus políticas públicas de interés nacional, el primer ejercicio lo realizo en 1974 al organizar una consulta en la que el pueblo griego decidió el fin de la monarquía que encabezaba el rey CONSTANTINO, hermano de la reina doña Sofía, es decir, sometió a consulta de sus ciudadanos trasladar su forma de gobierno de monarquía a república y el segundo ejercicio lo efectuó en 2015 cuyo motivo de celebración fue la imposibilidad de llegar a un acuerdo en las negociaciones entre el gobierno griego de SYRIZA y sus acreedores, lo que dio como resultado un rotundo rechazo popular a las condiciones del rescate propuesto por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que endeudaría al pueblo griego por décadas, es decir, en ambos casos las decisiones sometidas a voluntad popular son de vital importancia y trascendencia nacional porque fijan el rumbo político, económico y futuro de ese país.

En nuestro país, si bien, el tema desde hace mucho se encuentra establecido en nuestra constitución, lo cierto es que, nunca el Gobierno ha realizado un referéndum (Consulta Popular), para tomar decisiones importantes y trascendentes de carácter nacional que determinen el futuro del país, ni antes, ni ahora, aunque se presuma que por primera vez este primero de agosto se realizara una consulta popular, la realidad es que se va a efectuar con un tema que a mi juicio no reúne las características de ser trascendente, ni de interés nacional sino de carácter ideológico, propagandístico y partidista.

En efecto, el tema sometido para la consulta es llevar a Juicio a los Expresidentes y lograr que por las malas decisiones tomadas desde sus respectivos Gobiernos se les repare el daño a las víctimas, sin embargo, el tema no lo proponen todas las ideologías políticas, solo una, por tanto en una pluralidad de ideas no se puede considerar de “Agenda Nacional”, además, los ilícitos de los que se les puede acusar ya se encuentran previstos en el Código Penal Federal y no es necesario someterlos a consulta, así como, el procedimiento y proceso ya se encuentra previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la reparación del daño y sus modalidades de pago o resarcimiento en la Ley General de Victimas.

Más bien, pienso que dicha consulta contiene un despropósito porque por extraño que parezca o suene esta iniciativa del actual gobierno y su partido es una idea encaminada a buscar todo lo contrario, que no se juzgue a esos personajes, menos aún que se imparta justicia y se les repare el daño a las víctimas, veamos:

En la especie, si el verdadero propósito del Gobierno es llevar a Juicio a los expresidentes y que aquellos por sus malas decisiones tomadas en el “pasado” en sus respectivos gobiernos reparen el daño causado a las posibles víctimas, esos dos temas de ninguna manera se deberían de someter a consulta, pues las facultades y atribuciones legales para que esa justicia restaurativa del daño se aplique le corresponden a la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación, quienes pueden, recibir denuncias, investigar, recabar pruebas, imputar, vincular a proceso, sentenciar y condenar a los expresidentes con penas de prisión, multas y penas reparativas del daño, por los delitos que hayan cometido y que se les comprueben, ello simplemente haciendo uso en sus respectivas competencias, de sus facultades y atribuciones que les confieren y se encuentran plasmadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Penal Federal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Victimas.

Por otra parte, de resultar condenados a la reparación del daño lo harían en su calidad de Expresidentes de la República, lo que implica que de ninguna manera aquellos lo repararan de su bolsa como ciudadanos sino como entes de gobierno, por tanto, esa restauración saldría de la bolsa del estado mexicano y ¿sabe usted de donde tomara el estado el dinero para reparar ese daño? Sí pensó usted bien, de nuestros impuestos.

En consecuencia, todo este tema de la consulta es meramente un simulacro de justicia y derecho a la reparación del daño, estéril y ocioso, en primera porque la justicia y el derecho no se somete a consulta y en segunda porque al ser una idea que impulsa un partido político en contra de todos los demás no es de carácter o de agenda “nacional” en tercera, porque quienes terminaran pagando el daño causado a las víctimas con nuestros impuestos seremos nosotros los ciudadanos y no los verdaderos responsables que causaron esos daños.

Concluyo diciendo que, la democracia participativa si bien, es un ejercicio interesante, único y valioso que por primera vez en la historia se ejercerá por las mexicanas y los mexicanos, también lo es, que es un despropósito estéril utilizar dicho mecanismo constitucional y desperdiciar esta oportunidad histórica en un tema ideológico de “justicia” tan vano porque en esencia es un tema de legalidad que se puede resolver sin necesidad de consultarlo y porque el resultado de la consulta no determina el rumbo futuro del país.

¡Nos vemos en la próxima, DEO VOLENTE!

Esta es opinión personal del columnista

Continua Leyendo

Columnistas

Gilberto Haaz Diez – Leer un buen rato

Publicado

en

Por

*De Borges: “Que otros se enorgullezcan por lo que han escrito, yo me enorgullezco por lo que he leído”. Camelot. 

Por Gilberto Haaz Diez

En este mes que la NASA anuncia habrá un hotel en el espacio, el Voyager Station, donde ya se podrá ir en dos años a hospedarse y estar dentro del alojamiento, chupando a placer y viendo la tierra y las estrellas y gravitando como astronauta. Si Julio Verne viviera. Se fue julio y acabaron los memes del cantante. Julio es el mes intermedio del año y en este mismo año de pandemia, ahí vamos capoteándola, poco a poco, paso a paso en el cuidado del maldito virus. Hay una campaña mundial por leer. Los jóvenes no leen. Hay que enseñarlos a leer, acostumbrarlos a que lo hagan, sea cual sea el medio: diario, revista, folletos, libros, Tv y Novelas o Tv Notas, cualquier cosa impresa. Menos aún ahora en la época del Internet, donde los aparatitos telefónicos distraen a jóvenes y adultos. Mientras que en Europa la media de lectura es de 11 libros al año, en nuestro país es tan sólo de 2.9. La clase baja mexicana no es la única que enfrenta este problema, pues cuatro de cada 10 connacionales del sector más rico de la nación no lee. Pocos leen, a los chavos les debe dar ‘hueva’ leer. Es la gente grande la que lee. Hace un par de días, aprovechando el tiempo olímpico, hice una limpia en mi cuarto, donde dormían conmigo unos 50 libros, ellos eran los que veían mí anochecer y despertar. Después de una limpia se fueron a su lugar, a la biblioteca pequeña que tengo abajo, y dejé unos dos o tres para las noches de lectura. Me quedé con uno de cuentos de Hemingway, y otro de Gabriel García Márquez, de sus columnas periodistas. Fenomenales los dos. García Márquez decía que el mejor cuento de Ernest Hemingway, un cuento corto, era ‘El gato bajo la lluvia’, búsquenlo, aparece en Internet y léanlo en cinco minutos, es extraordinario. Además, hay que ingeniárselas para leer a máxima velocidad. El presidente Kennedy desde sus tiempos de estudiante de Harvard, presumía que leía a la velocidad de 1 mil 200 palabras por minuto, y retenía todo. Charles de Gaulle era de mente brillante, leía un discurso de cuatro páginas, y con eso sobraba para memorizarlo.  

LEER PARA APRENDER. 

Quien esto escribe lee como Dios le ayuda, a los sobresaltos y a veces a las cabeceadas y los bostezos. Suelo hojear las primeras 20 páginas de un libro, si no me atrae, se va a formar parte de la hemeroteca, al carajo. Al olvido. Ah, pero si me prende, me dan las doce, la una y las tres, como canta Joaquín Sabina. El escritor Juan José Millas, escribió: “Me piden a veces que hojee libros o revistas y que informe sobre ellos. Cuando digo que para informar necesito leer todo el texto, me miran con piedad, como a un tonto. Nadie lee un libro entero en la actualidad. No hay tiempo, es para ayer, por Dios, ábrelo por tres o cuatro sitios para hacerte una idea. El problema es que los libros siempre se abren por donde no deben, para engañarte”. Honoré de Balzac, según la biografía de Balzac escrita por André Maurois, el ojo del novelista francés ‘abarcaba siete a ocho líneas de un solo vistazo, y frecuentemente le bastaba una sola palabra en la frase para captar el sentido’. Es un dato histórico que el famoso filósofo y economista inglés, Mills, no alcanzaba a dar vuelta las páginas de los libros tan rápido como era capaz de leerlas. John F. Kennedy fue uno de los más notorios alumnos de Evelyn Wood, precursora del método moderno de lectura veloz en los Estados Unidos. Otros dos moradores de la Casa Blanca, Theodore Roosevelt y Jimmy Carter, también se destacaron como lectores rápidos. Estoy en eso porque leí un libro en dos días. De miedo. De amanecer con él. Del periodista Alejandro Almazán: “Chicas Kaláshnikov y otras crónicas”. Tremendo. Voy a su contraportada: Da cuenta de “los sicarios y los levantados; los verdugos y los asesinados; los sobrevivientes y los que no la libraron; las armas, las balas, los cadáveres, los gatilleros, los traficantes, los soplones, los vigías, los testigos, los inocentes, los corruptos, los periodistas, los alcaldes… a todos ellos da voz y rostro Alejandro Almazán en 14 crónicas que retratan la asfixiante realidad de un país donde la violencia es de todos y a todos nos condena”. 

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

Continua Leyendo

Más vistas

Noreste.net es un medio del Grupo Noreste. Los contenidos escritos y gráficos que se muestran en el portal, son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan el punto de vista de Grupo Noreste. Noreste.net se reserva el derecho de hacer modificaciones en su sitio en cualquier momento y sin previo aviso, al igual que retirar en cualquier momento, contenidos previamente publicados si así conviniere a la empresa.