México. – El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió un mes de prórroga seguir en sus análisis del Caso Ayotzinapa.

En conferencia de prensa y a tan solo un día de que termine su encomienda en México, Carlos Martín Beristáin hizo énfasis que después de dicho mes, se necesitará un sistema de seguimiento del caso.

«El GIEI ha pedido, porque mañana termina nuestro mandato, una prórroga de un mes para poder tener una evaluación de las pruebas que se han solicitado sobre las capturas de pantalla para poder, también para poder tener una evaluación de lo que está pasando en la Fiscalía y en que momento va a quedar eso, porque depende de eso los pasos que hay que dar en el futuro”, señaló.

Apuntó que hay tres tareas que son claves:

1. El caso va.a necesitar un mecanismo de seguimiento, el caso no va a poder terminarse en un mes. Los familiares lo requieren el caso lo requiere.
2. Un fortalecimiento de la Unidad de Investigación del Caso Ayotzinapa, “que revierta el proceso de deterioro, cuestionamiento y la falta de apoyo institucional al interior de la Fiscalía. Si eso no se da es uy difícil seguir adelante”.
3. La Comisión de la Verdad y la Justicia necesita replantearse su papel con los familiares “para que las cosas que han pasado en los últimos eses no se vuelvan a repetir”.

“De eso depende que Méxco pueda esclarecer ese caso, de eso depende que haya una resolución de los compromisos para la búsqueda de la verdad y la justicia”, aseveró.

Ejército hizo intervenciones telefónicas en tiempo real el 26 de septiembre de 2014
En su nuevo informe, el GIEI detalló que el Ejército mexicano hizo intervenciones telefónicas en tiempo real la noche del 26 de septiembre de 2014, sin que tomara alguna decisión para salvar la vida de los 43 normalistas.

Beristáin relató que en el informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) mostró”está consolidado” que el crimen organizado estuvo vinculado con parte de la Fuerza Pública en la desaparición de los 43 normalistas

«El crimen organizado estaba vinculado con parte de la fuerza pública, parte del Ejército, policías, municipales estatales, Federal, con los hechos”, refirió

“Tenemos muchas más cosas en la mano, no se trata nada más de declaraciones sino de archivos oficiales, de la Sedena , Cisen y varios corporaciones del Estado”, indicó.

El Ejército tenía personal matriculado en la Escuela Normal Rural y conoció de las actividades de los normalistas, incluyendo el día 26 de septiembre de 2014.

“No son opiniones ni valoraciones, están basadas en documentación”, señaló.

Describe que al menos dos militares tuvieron “procesos disciplinarios”, por su comportamiento durante la noche del 26 de septiembre.

“Nada de esto lo sabíamos, todo esto se negó durante el proceso, pero no sabemos el contenido”, adujo

Además, se expuso que entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, autoridades interceptaron interceptaciones telefónicas que hablaban sobre los normalistas y a dónde había que mandarlos.

“Esas comunicaciones mostrarían que una parte de los jóvenes estarían vivos en estos días”.

Ángela María Buitrago apuntó que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador fue quien dio su autorización para revisar los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“La autorización para entrar a esos archivos vino del comandante supremo de las fuerzas militares, de Andrés Manuel López obrador, y por lo tanto no podía haber oposición de ningún subalterno, y por lo tanto nos entregó la autorización al GIEI”, adujo.

“Empezamos a encontrar desde el año 2021 partes de textos de documentos transcritos por los sistemas de inteligencia de los batallones 27 de la 5 militar, del batallón 41, del 50 y de la Región Central Méxco DN-1, que pertenecen a la Sedena”, contó.

Derivado de estos archivos , Buitrago apuntó que se pueden decir tres cosas categóricamente:

• Existían proceso de intervención telefónica
• Existían monitoreos de comunicación es de Guerreros unidos y otros autoridades
• Existía una orden de realizar estas interceptaciones apersonas que ya habían sido establecidas como parte de Guerreros Unidos

Se confirma existencia de quinto autobús; también hubo mensajes entre criminales y autoridades
Claudia Paz declaró que fue confirmado en el informe la existencia de un quinto autobús, ocultado por las autoridades federales, y que confirma las indagatorias de autoridades de los Estados Unidos sobre trasiego de droga desde Iguala, Guerrero, hasta Chicago.

“Uno de los autobuses tomados por los estudiantes, quinto autobús, había sido ocultado de la narración de los hechos por las autoridades tanto de PGR como de otras fuerzas de seguridad”, prosiguió.

“El autobús existió, salió esa noche detrás de la Central Camionera. Llegó al puente del Chipote, se encontró con uno de los autobuses donde estaban bajando los muchachos. Fue detenido (…) Sorprendentemente pudo pasar todos los retenes”, mencionó.

En las intervenciones llevadas a cabo por autoridades estadounidenses “se da cuenta de la comunicación entre integrantes del crimen organizado y distintas autoridades locales y federales”.

Anotó que hay al menos cuatro mensajes que se refieren a “comidas” entre Guerreros Unidos y presuntos miembros del Ejército, con expresiones de las cuales se desconoce su significado.

En las conversaciones se menciona posiblemente a un integrante del Ejército, que fue identificado por el GIEI como el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, y que pese a que se ordenó su captura en agosto pasado, la orden fue revocada de forma “inexplicable”.

«La conversación dice: ‘voy a ir a Telo a traer cosas y ver al coronel Nieto. para que esté bien todo’. Este nombre coincide con la persona que fungía como comandante del 41 Batallón de Infantería durante los hechos: coronel Rafael Hernández Nieto”, acusó.

Se solicitó su orden de aprehensión el 16 de agosto del presente año, porque consideró que había participación en la desaparición de los 3 estudiantes. Esta orden fue inexplicablemente revocada”, anotó

Hay mensajes sobre el 27 batallón de la Sedena y conversaciones que se refieren a la Marina, “las cuales deben ser investigadas”.

“Estas interceptaciones muestran una relación cercana de la organización criminal con miliares”, puntualizó.

Con información de López-Dóriga Digital