Por José Sobrevilla

El 9 de febrero (2021) Abraham Vázquez Piceno, (licenciado en Ciencia Política y Administración Pública/UNAM) tomó protesta como Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.  Aún no cumple el mes y ya enfrenta problemas como la falta de un Manual de Operaciones, prepotencia y abuso de autoridad contra sus subalternos, lo que ha generado problemas laborales, además de una investigación penal en contra de un integrante de su equipo. Lo anterior ha sido denunciado a este medio por uno de sus trabajadores quien, señaló: “confiamos en la voluntad de eliminar imposiciones o de evitar ‘amiguismos indeseables’ de la administración actual”.

Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, a Vázquez Piceno lo designó el ex Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán, y el personal heredado no cuenta con experiencia ni con estudios que acrediten un perfil para el desempeño de sus encargos; esto ha desatado “terror” entre la base trabajadora, sobre todo porque es uno de los programas prioritarios para la Cuarta Transformación.

Abraham Vázquez obtuvo el cargo por “recomendación” de Daniel Asaf Manjarrez, jefe de la Ayudantía de presidencia, y porque hizo su tesis sobre el presidente, que tituló “La derrota de Andrés Manuel López Obrador en la campaña de 2012: un estudio desde la estructura”, con ella obtuvo el grado de licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Aunque, aseguran, el poder tras el trono –en las Becas para el bienestar– es la maestra en economía por la UNAM, Martha Ledesma Flores, secretaria técnica de la Coordinación Nacional. Ella, denuncian trabajadores, llevó a sus amigos a los puestos de más alto nivel; y como ejemplo ponen a Edgardo Christian Consuegra Mijangos, maestro en derecho penal, y actual director general de Gestión del Padrón, Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  Ledesma Flores, denuncian, es la operadora y responsable de la política que se aplica y se impone fuera de toda norma administrativa.

Otro de su equipo, Javier Esteban Coutiño Suárez, no acredita una formación académica profesional, sin embargo, ocupa un cargo como Director de Área. Él, de inmediato despidió a personal con derechos y antigüedad, para colocar a sus amistades. Ana Ylsa Mendoza Villalobos, directora de personal, otra recomendada, aseguran es “novia” de José Guadalupe Guerra Juárez, licenciado en Ciencias de la Informática, quien es un director protegido de ella y, aseguran, desconoce todo.

Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, quien ocupa la dirección General de Administración de Finanzas, la revista Proceso (número 2312 de fecha 21/02/2021) lo ha vinculado con Raymundo Collins Flores, ex titular de del Instituto de Vivienda, Invi, de la Ciudad de México, donde Arroyo del Muro ocupó el cargo de director de Finanzas, entre 2015 y 2018, periodo en el que fueron identificadas las irregularidades que originaron el proceso sobre Collins por desfalco de 400 millones de pesos del presupuesto del Invi por el ejercicio fiscal de 2016.

Lo anterior, denunciado a Noreste.net, pone en cuestionamiento al personal encargado de otorgar las Becas del Bienestar, lo que no tendría mayor relevancia si no fuera que algunos de los trabajadores con antigüedad y derechos ganados han sido despedidos o en su caso acosados para obligarles a renunciar y colocar a más miembros de sus equipos.

Hostigados, perseguidos e incluso despedidos, los trabajadores comentaron que la Secretaría de Educación Pública, hoy a cargo de Delfina Gómez Álvarez, desconoce esta situación que ahora viven; incluso, destacan, aún no es publicado el nuevo “Manual de Organización de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez” y, hasta el momento, se sigue utilizando el Manual de Operación del Programa Prospera, cuyas reglas de operación se publicaron en el Diario Oficial de la federación del 29/12/2017[1], cuando Jose Antonio González Anaya, era Secretario de Hacienda y Crédito Público; Luis Enrique Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social e Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía.

No obstante, el 21 de enero 2021, se publicaron las reglas de operación 2021[2], con los requisitos que deben seguir los estudiantes de educación media superior que aspiren a obtener una de estas becas.

Vale destacar que el manual de organización de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, autoriza solo las funciones de los titulares de las direcciones generales, pero no de toda la demás estructura, quienes no tiene autorizadas las funciones.

Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación arrojó que este programa, después de analizar el 80% de los casi 4 mil millones de pesos del presupuesto 2019, presentaba irregularidades en pagos por 263 millones 695 mil pesos, según su informe forense que hizo público sobre el gasto público de 2019[3]. Informe que se vio opacado por el error en las cifras sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cuestionado por el presidente del país.

[1] https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509738&fecha=29/12/2017

[2] https://www.unotv.com/nacional/becas-benito-juarez-2021-presenta-nuevas-reglas-para-beneficiarios/

[3] https://www.animalpolitico.com/2021/02/becas-benito-juarez-pagos-sin-aclarar-auditoria/

Esta es opinión personal del columnista

• Con un contrato por 4 mil 968 millones de pesos
• Para acondicionar los terrenos de la refinería de Dos Bocas
• Entre los casos emblemáticos de corrupción en la Cuatro T

Por Miguel Ángel Cristiani González

En una serie de artículos de Mexicanos Contra la Corrupción, en el capítulo CASOS EMBLEMÁTICOS Y PROTAGONISTAS DE LA CORRUPCIÓN 2019-2020, en los primeros dos años de la administración federal del gobierno de la Cuarta Transformación, se presenta lo que se titula: “El compadre de Rocío Nahle y Dos Bocas.”

Uno de los temas prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador es la construcción de una refinería en Dos Bocas en el estado de Tabasco, en donde se han invertido miles de millones de pesos, pero hasta la fecha, la obra no ha podido avanzar más allá de la colocación de los pilotes, que por las características del terreno, se han inundado y no han permitido el avance que debieran tener.

En una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad entre los primeros casos que se analizan está el de la refinería de Dos Bocas, a cargo de la zacatecana secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle.

A través de una invitación restringida, Grupo Huerta Madre, una empresa de Arturo Quintanilla Hayek —compadre reconocido de Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía— consiguió un contrato por 4,968 millones de pesos, para acondicionar los terrenos de la refinería de Dos Bocas (“Da súper negocio…”, 2020). Nahle negó la información difundida por diversos medios en mayo de 2020 y señaló que se trataba de mentiras y calumnias. Sin embargo, el contrato disponible públicamente mostraba la adjudicación al consorcio conformado por Van Oord de México y Grupo Huerta Madre.

La normatividad bajo la cual Pemex realiza sus contrataciones se conoce como Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas. En este marco normativo se estipula que los concursos abiertos deberían ser la vía general de contratación; sin embargo, sólo uno de cada tres contratos es asignado bajo este mecanismo, como lo demostró una investigación de MCCI (“Riesgos de corrupción…”, 2020).

Una excepción para realizar adjudicaciones directas o invitaciones restringidas corresponde a la urgencia de la adquisición o al alto grado de especialización y experiencia que se necesita para realizar la tarea. Sin embargo, Grupo Huerta Madre se había creado una semana antes de participar en el proceso de contratación y la experiencia previa del empresario Quintanilla Hayek era en bienes raíces, construcción y comercialización de herramientas. Esta compañía tampoco figuraba previamente como proveedora de Pemex o la Secretaría de Energía.

Diversas denuncias se presentaron ante la Secretaría de la Función Pública por las presuntas irregularidades del contrato entre Pemex y Grupo Huerta Madre, acusando que fue asignado gracias a amiguismos y compadrazgo (“El PAN denuncia…”, 2020). Incluso el Consorcio Boskalis, otra de las empresas que acudió a la invitación restringida, impugnó la entrega del contrato a la empresa de Quintanilla Hayek argumentando que carecía de capacidad para realizar los trabajos operativos necesarios, por lo que no cumplía con la idoneidad requerida.

La asignación de este contrato podría violar el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas, que exige imparcialidad, idoneidad y honradez en las contrataciones públicas. Se desconoce el avance de la denuncia interpuesta ante la SFP, pero aún no existe ningún tipo de sanción y el contrato continúa vigente.

En la presentación del trabajo de investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se explica En la primera sección se seleccionaron 9 casos y 8 personajes que reflejan las formas de corrupción más comunes de la actual administración: nepotismo, falta de transparencia, abuso de poder, desvío de recursos, conflicto de interés, contrataciones públicas opacas y contratación de empresas fantasma. Aunque no es un recuento exhaustivo de todos los escándalos de corrupción que han surgido en los últimos dos años, si es una lista de los más relevantes y representativos. La importancia de este recuento recae en dos aspectos:

•          La posibilidad de comparación con los escándalos del sexenio anterior para analizar si la corrupción sigue presentándose con los mismos mecanismos y/o nuevos esquemas

•          Para evaluar qué tan efectivas han sido las acciones anticorrupción del gobierno para combatir estos fenómenos.

Los resultados de la visión de este gobierno son palpables. Aun cuando el discurso presidencial repite que la corrupción ha sido desterrada, la realidad muestra una cara diferente.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, la tasa de prevalencia de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por los mexicanos pasó de 25,5441 por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30,456 en 2019, un incremento de 19.2%. La impunidad también continúa como un problema lacerante para la sociedad, pues la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2020 identificó que la cifra negra de delitos sigue siendo alarmante: 92.4% de los delitos cometidos no fueron denunciados o no se investigaron por la autoridad. Y entre los delitos que sí se denunciaron, en 44.5% de los casos no pasó absolutamente nada.

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Esta es opinión personal del columnista

Por Ángel Álvaro Peña

La candidatura de Félix Salgado Macedonio se ha convertido en la arena de luchas prelectoral, pudiendo ser una simple anécdota en la vida política de México. Porque ahora la Comisión Nacional de Elecciones de Morena señala que los derechos electorales del exsenador están intactos y que si quiere puede competir en la encuesta que se llevará a cabo en Guerrero para ser el candidato de ese partido por la gubernatura.

Tan fácil que hubiera sido que ante la mínima sospecha de algún delito sexual se le impida al aspirante formar parte de las candidaturas. Habrá otras oportunidades, pero ante la cerrazón de conservar vivo a Félix Salgado, se convierte en insumo de las críticas de la oposición contra el presidente, la 4T y el partido en el poder.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador no mueve un dedo y en sus comentarios da línea para que la impunidad impere en Morena, Guerrero y en el país entero. Ante los cuestionamientos de los reporteros, dice que el caso se politiza, que son asuntos electorales, pero de paso defiende a Salgado Macedonio inexplicablemente, como si se tratara de un caballero, que definitivamente no lo es.

Unos quieren enterrar no sólo la candidatura, sino a Félix Salgado; otros, quieren hacerlo ganador en las urnas desde ahora. En su estado le temen, y eso puede determinar la inclinación de la encuesta, de donde se bajó, se dice que voluntariamente, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; sin embargo, el desgaste no es contra Salgado Macedonio únicamente, sino contra todo y todos quienes lo protegen. Como sucede con algunos gobernadores que se convierten en enemigos de su propio partido ante la pasividad de sus acciones.

Bien le haría a Morena el hecho de que se limpiara la conducta de sus abanderados. En este caso hay dos variantes que no garantizan la inocencia de Salgado Macedonio, la primera consiste en que el delito por el que lo acusan prescribió, lo cual no lo hace inocente de la violación por la que fue denunciado. La otra cosiste en que ante la falta de pruebas sus derechos políticos siguen vigentes y esto le da el derecho a concursar por la candidatura.

Un partido político no puede basar la honorabilidad de sus militantes por la prescripción de un delito, y que una vez prescrito sea argumento para dejar sin pruebas una acusación. Si alguien cometió una violación es un violador. Así hayan pasado siglos.

El problema que tiene Morena es tan grave que la campaña iniciará sin candidato, para que una vez que se le vuelva a admitir a Félix Salgado esa candidatura recaiga en su persona, lo cual podría redundar en menos votos para Morena en el resto del país.

Con una señal del Presidente sobre el caso, Mario Delgado hubiera dejado de lado a Salgado, pero ve que en la Presidencia hay luz verde para este individuo. La indignación aumenta contra la 4T y sigue la puerta abierta para los delitos de abuso sexual contra las mujeres. En estos casos no hay imparcialidad, porque se está en contra o se está a favor, y esto último implica complicidad.

PEGA Y CORRE. – Una muestra más de la persecución que padecemos los periodistas en Veracruz se mostró contra Antonio de Marco Arango, director de los portales de noticias Foro Tuxpan y Veracruz Norte, quien fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Tuxpan la mañana del lunes. Testigos vieron cómo lo aprehendieron en el bulevar Independencia cuando el reportero hacia la cobertura con un dron. Los ministeriales habrían argumentado que el comunicador violó el área protegida y “alteró la escena de un crimen”. La fiscal Verónica Hernández Giadáns obedece órdenes de la autoridad máxima del estado, quien tiene en los periodistas a sus víctimas favoritas. Los medios de la entidad exigen la liberación de Antonio Arango, por ser inocente de los delitos que se le imputan injustamente… Esta columna de publica los lunes, miércoles y viernes.

angelalvarop@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista