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Héctor Parra – Tendencia indica que AMLO perdería la consulta popular

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TRAS LA VERDAD

La mañana de ayer jueves los morenistas dieron el albazo legislativo en la Cámara de Diputados, presentando iniciativa de ley que les permita hacer campaña tumultuaria en pro de AMLO para ganar votos en la “ratificación de mandato”. 

Las tendencias indican que los electores no acudirían en número suficiente a las urnas, 37 millones aproximadamente, para lograr que sea vinculatoria y el pueblo pida la ratificación de López Obrador, lo cual resulta verdaderamente insultante e insulso. 

Mientras, se ventilan juicios para echar abajo las sanciones impuestas por las autoridades administrativas y judiciales a los incumplidos de las normas constitucionales, como fue el caso del presidente López, 18 gobernadores que pagaron desplegado en apoyo de AMLO, disfrazando el respaldo en la reforma eléctrica, la misma gobernadora Claudia Sheimbaum fue sancionada por su propaganda en redes sociales. Todos han sido sancionados por incumplir las normas prohibitivas. 

Los morenistas quieren cerrar los últimos días en campaña masiva para apoyar al único candidato en contienda, el presidente de la República. Apresuran el paso para que la iniciativa de reforma no cumpla con el proceso legislativo y se aprueba por urgente y obvia resolución. Para luego hacer lo mismo en el Senado y turnarla al Ejecutivo; o sea, al candidato en contienda, para que éste la publique y entre en vigor de manera inmediata ¡Aleluya! Todos a la campaña. 

La figura de la “revocación de mandato”, que no la de ratificación, se genera por la Constitución y en ella se establece la prohibición de hacer propaganda durante el periodo de campaña, prohibición que se extiende a los 3 gobiernos y a todos los servidores públicos, así como a los partidos políticos. Es un tema de los ciudadanos, no de los políticos. Por lo tanto, su naturaleza es de carácter electoral, es una consulta ciudadana, dado que se trata de la figura de la democracia participativa o directa que se ejerce por medio del voto, también conocido como referéndum. 

El organismo electoral es quien se responsabiliza de todo el proceso de revocación, tal cual se trata de una elección constitucional. Otra razón más que refuerza la naturaleza electoral del proceso. Por ello la prohibición constitucional de que participen autoridades de los 3 gobiernos y cesen su publicidad durante la campaña del proceso, solo a cargo de la autoridad electoral. Algo que no quieren entender los morenistas. 

Sumado a lo anterior, el artículo 105 de la misma Constitución prohíbe hacer reformas o crear leyes electorales 90 días antes de que inicie un proceso electoral. En el caso de la revocación de mandato, de naturaleza electoral, solo falta un mes para la votación, luego los morenistas estarían violando otra disposición, aparte del 35 constitucional. 

Los tramposos encontraron el camino para conseguir la violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de reformas a las leyes secundarias. Después vendrán las impugnaciones, mientras tanto dan el albazo. Eso es lo que pretenden los legisladores de Morena. 

El fondo de la causa, es simple. Saben que van perdiendo la voluntad ciudadana para la “ratificación”. Y, la instrucción de AMLO es que el pueblo debe “aclamar” su ratificación, aventura imposible de lograr. Requieren más de 37 millones de votantes y la mitad, al menos, pida que se quede hasta terminar su mandato. Para López Obrador será una derrota que los electores no acudan a votar, ni en pro ni en contra, por falta de interés al fraude adelantado; se lastimará el superego del candidato que lleva 3 años en campaña desde la presidencia de la República ¡Será su peor derrota electoral! 

Poco les importa violar la Constitución y demás leyes a los morenistas, si fueron capaces de hacer firmar a más de 18 mil muertos pidiendo el proceso de “ratificación”, que no el de revocación de mandato; que no sean capaces de violar el proceso legislativo para cumplir el capricho del eterno candidato, quien está más preocupado y ocupado por su popularidad que por gobernar bien. 

Las masacres se han consolidado, la economía no crece, el PIB decrece, no hay fuentes de empleo, la educación pública decae, la inseguridad se incrementa, la inflación galopante que supera los últimos sexenios, el Ejército aumenta su poder y no combate a la delincuencia; persecución y muerte a periodistas que son estigmatizados por el titular del Poder Ejecutivo, la corrupción en el gobierno federal se enseñorea y se protege a los maleantes. Para colmo, el Parlamento Europeo critica, censura y vota en contra de la política persecutoria que ha emprendido AMLO en contra de los periodistas. 

Todo un desastre el gobierno de la 4T. Pero AMLO quiere que el pueblo se arrodille y pida a gritos que termine su mandato. 

¿Cumplir las leyes? No están acostumbrados a eso, es el gobierno del caos, prevalece la voluntad del presidente sobre el Estado de Derecho. Por eso teme perder su consulta popular. 

Por Héctor Parra Rodríguez 

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Miguel Ángel Cristiani – La polémica torre del puerto

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v    “Eso no se debió autorizar, ojalá se remedie y se rebane legalmente”

v    ¡¿Cómo dan permiso para eso? ¡Cuestionó el presidente de la República!

v    Pese a todo, la construcción de más de 20 pisos siguió y siguió hasta terminarla

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Este mes de junio, se cumplió un año, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su descontento en la conferencia mañanera, sobre la edificación que se estaba haciendo en el centro del puerto de Veracruz, a unos metros del malecón, “Eso no se debió autorizar, ojalá se remedie y se rebane legalmente, ¡¿Cómo dan permiso para eso?, ¿Y el patrimonio histórico? ¡Y el INAH donde estaba!” sentenció.

Pero aparentemente ninguna autoridad del INAH o del estado le hizo caso, pues la construcción de más de 20 pisos siguió y siguió y a estas alturas del partido, ya la terminaron y está lista para empezar a ser ocupada.

En ese entonces el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que “me hizo ver que se debe revisar si se cumple con todas las normatividades, y ya pedí a nuestras instancias que se revisará si se está cumpliendo”.

En tanto, el entonces presidente municipal, Fernando Yunes Márquez, se lavó las manos y dijo que la construcción cuenta con los permisos federales de dependencias como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), afirmó que desde el primer trimestre del 2020, exhortó al presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez y al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, para frenar la construcción del inmueble.

“Se debe revocar la autorización y detener la edificación, hasta contar con un análisis del impacto de esas alturas y volúmenes constructivos en el entorno, sin obtener respuesta”, fue la respuesta del INAH.

Posteriormente en un reportaje del periódico del puerto El Dictamen se supo que la dichosa Torre del centro histórico de Veracruz era una obra del suplente del ex alcalde Fernando Yunes.

En su oportunidad, Fernando Yunes habría facilitado los permisos a su suplente Carlos Ramos de la Medina, para la construcción de la polémica torre en el centro histórico.

En noviembre de 2018, el ayuntamiento de Veracruz autorizó la obra de construcción de la torre, que se edifica en el centro histórico de la ciudad, a Carlos Ramos de la Medina, suplente del alcalde Fernando Yunes Márquez.

Documentos obtenidos por el medio Versiones.com.mx detallan la autorización por parte del ayuntamiento porteño a favor de Ramos de la Medina en el predio ubicado en Xicoténcatl, Mariano Arista y Callejón José M. Peña a unos pasos del monumento a Venustiano Carranza y el faro de la Constitución, dos emblemáticas construcciones.

El 25 de julio de 2019, el ayuntamiento le permitió al suplente del alcalde Fernando Yunes otro permiso para el corte y reposición de pavimento en banqueta de la calle Mariano Arista. En todos los oficios aparece Carlos Ramos de la Medina, como propietario de la obra en coordinación con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Transporte en General del Estado de Veracruz (CTM), así como la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal.

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José Sobrevilla – El misterioso destino de las pensiones

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Por José Sobrevilla

Liliana Saúl Rodríguez, periodista de larga experiencia se congratulaba recientemente en Facebook, junto con Luisa García Téllez de haber ganado el Trace Prize for Investigative Reporting 2022 por la investigación “A dónde va mi pensión”, señalando que el equipo periodístico estuvo conformado por más de 30 personas entre periodistas, programadores y diseñadores. Ellas forman parte del equipo del Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado, OCCRP, que abarca seis continentes, e incluye editores, investigadores, ingenieros de datos, especialistas en seguridad, administradores y tecnólogos, “cada uno con áreas específicas de experiencia profunda”, dice en su página web.

La OCCRP la fundaron en 2006 los periodistas veteranos Drew Sullivan y Paul Radu; el primero se desempeñaba como editor del Center for Investigative Reporting (CIN), una organización de noticias sin fines de lucro con sede en Emeryville, California; y Paul Radu trabajaba con uno de los primeros centros rumanos y ambos se especializaban en crimen organizado y corrupción. Hoy sus trabajos son difundidos a través de medios locales, inglés y ruso, a través de su sitio web. “En 2017, NGO Advisor la clasificó en el puesto 69 del mundo en su lista anual de las 500 mejores organizaciones no gubernamentales (ONG)”.

En la investigación que les hizo merecedores del premio mencionado, señalan que los fondos de pensiones son administrados en cuentas individuales, en su gran mayoría por firmas privadas. Ellas reciben una comisión por rentabilizar el dinero a través de sus decisiones de inversión. Se trata de un mecanismo cuya diseminación por la Latinoamérica comenzó en Chile hace 40 años. En Chile, Perú, Colombia, El Salvador y República Dominicana, a esas firmas privadas, se les conoce como AFP; en Uruguay como AFAP; en México son las Afore; y OPC en Costa Rica. Solo en Panamá las cuentas individuales son administradas por el Estado”.

Señalan en su reportaje que en algunos casos el dinero de las pensiones ha estado llegando a financiar empresas que los trabajadores, de haberlo podido decidir, no lo habrían hecho; “pues se trata de infractores ambientales, infractores laborales y empresas investigadas por corrupción; y devela -entre otras cosas- el rol de los trabajadores como financistas forzosos de sus gobiernos”.

Revelan que dos países han coincidido en el bloqueo de la información sobre el destino de las pensiones; ya que ni en Uruguay ni en México los afiliados a las administradoras de pensiones pueden conocer en qué compañías son invertidos sus fondos de jubilación ni qué tipo de instrumento financiero fue el que le compraron a la compañía de su interés. “El Banco Central de Uruguay respondió a un primer pedido de información para esta investigación, señalando que la Superintendencia de Servicios Financieros no dispone de información elaborada respecto a los portafolios de las AFAP con el grado de detalle requerido en su solicitud”. 

Pero ante una insistencia, su argumento varió: “(…) la información requerida se encuentra clasificada confidencial”. Al cierre de esta edición, la Unidad de Acceso a la Información Pública tenía abierto un expediente al respecto, y le había solicitado explicaciones al regulador de pensiones en Uruguay, reportó Sudestada.

En la web diseñada para dar a conocer este trabajo (https://adondevamipension.org), las periodistas mexicanas han señalado que, en el caso de nuestro país, no se puede conocer en qué empresas se invierte el dinero de las pensiones, ni siquiera con un periodo de rezago, como sí sucede en Chile o Perú. El camino legal recorrido como parte de ‘A dónde va mi pensión’ ha sido arduo y ha tomado más de un año y medio, aseguraron.

“Diversas solicitudes de información fueron presentadas desde 2019, pero hasta la fecha no fue brindada la información requerida”; y agregan que “la misma que está a un clic de distancia en las páginas web de los reguladores de pensiones de Costa Rica, Chile, Colombia o Perú. En México esta data es considerada confidencial y ha sido negada con el argumento de que podría incluso ‘desestabilizar’ a los mercados financieros”.

Establecen que al día de hoy están en curso dos amparos (protecciones legales) en contra de las respuestas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) que niegan la información. Y es que, aunque esté demostrado a nivel internacional que no causa ningún daño financiero el dar a conocer esta información, en México las autoridades y las mismas Afores −agrupadas en la Amafore, Asociación Mexicana de Afores− se resisten a revelarla, según constató ‘A dónde va mi pensión’.

Después de más de un año de espera, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó a la CONSAR entregar información relacionada con las carteras o portafolios de inversión de cada una de las diez Afore. Sin embargo, esto no ocurrió pues la CONSAR se amparó contra la decisión del INAI, al considerar que está impedida por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) a compartir la información. Argumentan que esta es reservada y confidencial y que, de hacerse pública, se podría afectar a los portafolios de inversión y en general, a la competencia que hay entre las Afores. Los amparos aún están pendientes de resolverse en los próximos meses.

Octavio Ballinas, vicepresidente financiero de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) le argumentó a los investigadores de ‘A dónde va mi pensión’ que toda la información que entregan las Afores se encuentra bajo el marco del artículo 91 de la Ley del SAR, que implica que las Afores mantienen su información como confidencial. “Eso está normado por la ley del SAR, no lo digo yo”.

—Y en aras de la transparencia, en su opinión ¿no cree que sería benéfico (abrir la información)? Le cuestionaron.

—Habría que cambiar la Ley del SAR. Ahí ya estás hablando de meterte a la vida interna de las empresas. Es como si le pidieras la minuta del consejo de administración de Televisa −concluyó el funcionario−.

Esta es la situación en el país que, en 24 años, ha logrado sumar fondos de jubilación casi tan voluminosos como Chile en 40 años del sistema.

Las administradoras privadas de Chile y México manejan los fondos de pensiones más voluminosos de la región, sin embargo, las administradoras en estos países no son las que generan mayores rentabilidades para sus afiliados. En Chile, por ejemplo, los fondos administrados equivalen a más del 80% del Producto Interno Bruto, PBI; pero en México no alcanzan el 20 por ciento. Y de los ocho países, México tiene el mayor número de afiliados. En República Dominicana, Colombia, El Salvador, México y Perú, el número de afiliados creció más del 50% entre 2010 y 2019 (Mi pensión Data. Lucero Ascarza).    

¿Por qué es importante esta investigación?

Porque el lector interesado podrá saber qué empresas y gobiernos se han beneficiado de nuestros fondos de jubilación; ya que cerca de 300 mil millones de dólares ha sido lo que acumularon los trabajadores de Chile, Perú, Colombia, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana hasta antes de la pandemia; y porque también se podrá conocer a qué entidades y empresas se financió a lo largo del periodo 2010-2019.

“A pesar de insistir por transparencia, los reguladores de pensiones de México y Uruguay no estuvieron dispuestos a informar dónde ha sido invertido el dinero de los trabajadores, por considerarlo información confidencial. La entidad competente en Panamá tampoco brindó la data solicitada”.

Por ejemplo, Sin saberlo, los fondos de pensiones de trabajadores de Chile, Colombia, Perú y Costa Rica terminan en inversiones que violan derechos humanos. ¿La responsable? La administradora de fondos más grande a nivel global, cuyo poder rápidamente avanza entre las pensiones latinoamericanas. BlackRock, la administradora de activos más grande del mundo, no suele ser conocida entre la mayoría de la población; sin embargo, tiene un efecto creciente en cómo se invierte el dinero de las pensiones en América Latina. 

Cada vez más administradoras privadas de pensiones incluyen a BlackRock en sus portafolios de inversión, a través de sus instrumentos financieros como los Exchange Trade Funds (ETF) y fondos de renta fija, según un análisis regional realizado para la investigación ‘A dónde va mi pensión’. BlackRock llama a sus ETFs “iShares”, es su marca registrada. En países como México es imposible conocer el tamaño de las inversiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en los iShares, pues es considerada información confidencial o no facilitada a los clientes por las administradoras ni por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

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Ángel Álvaro Peña – El enemigo de Morena en casa

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Alma Grande

Por Ángel Álvaro Peña

Poza Rica se convierte en campo de batalla de políticos cuya ambición personal rebasa su aparente servicio público; sin embargo, son tan evidentes sus intereses que lejos de ganar simpatizantes tienen el rechazo de la gente.

Los conflictos internos dentro de la estructura de los tres niveles de gobierno son permanentes, mientras más poder se concentra en un partido, mayor es la violencia interna.

En los 32 estados hay diferencias que dividen su integridad, algunos suspiran por el pasado porque pertenecen a esa generación, otros tienen más intereses que vocación, otros tienen más enemistades que coincidencias, otros con más contrincantes que amigos, etc. En todos los gobiernos es igual.

Lo que no se dan cuenta es que dejan la puerta abierta a la oposición en tiempos donde los cuestionamientos vienen de todos lados y, al mismo tiempo invitan a que los ilícitos y las traiciones se repitan porque desde ahora gozan de total impunidad.

La disputa por la presidencia municipal se convierte en una encarnizada lucha a muerte entre una ex priista y un ex beisbolista que, por atender las agresiones del otro, descuidan sus responsabilidades. Ambos tienen un cargo que exige tiempo completo, incluyendo fines de semana, pero su prioridad es defenderse y atacar.

El presidente municipal, Fernando Remes, desmiente y ataca a su contrincante, Cecilia Guevara, líder del Congreso local de Veracruz. Los dos son militantes de Morena, pero ninguno nació en el estado.

A ninguno de los dos les importa la población, el municipio, el gobernador, la 4T, el Presidente ni el país, lo que quieren es ganar todo, en lo personal en sus intereses individuales, pero aparentan pelear por el amor del pueblo, por el amor del gobernador y hasta del Presidente. Uno se siente cercano al Presidente y la otra al gobernador, como si éstos fueran de partidos distintos.

La ex priista, chihuahuense, ahora morenista, Cecilia Guevara Guembe, líder del Congreso local de Veracruz, toca tambores de guerra desde hace meses, que se escuchan por todo el estado, su objetivo es derrocar al presidente municipal de esa ciudad de su mismo partido.

Cecilia Guevara se convirtió de la noche a la mañana en empresaria y en una mujer activa en la grilla y experta en la traición. Surgió del anonimato para convertirse en un personaje en el estado. Se le considera una mujer sin instrucción académica profesional y se le responsabiliza de comprar espacios en los medios para desprestigiar a sus enemigos y ponderar su imagen, con dinero del Congreso local.

La diputada de Morena, estuvo ligada políticamente con el exgobernador Miguel Alemán. La primera actuación como diputada local la tuvo en 2015 en la LXIII Legislatura, como diputada suplente.

La empresaria hotelera lucha contra el empresario del transporte federal porque quiere ocupar la presidencia municipal, en momentos en los que Morena necesita unidad y eso es lo que menos les interesa a ambos, porque los excesos del alcalde tampoco son nuevos.

Según el diario El Norte, de Monterrey, donde se exhiben salarios millonarios de los funcionarios públicos cercanos al presidente municipal.

Así, según esta información pagada con dinero del erario de Veracruz, el salario del alcalde es de $173,340.00 al mes. Y se añaden otros funcionarios del ayuntamiento con sueldos inexplicables y prohibidos porque superan al del Presidente de la República, de personajes como Lizeth Amayrani Guerra Méndez, en su calidad de sindica única; José Jesús García Cruz, director de Protección Civil del municipio; la regidora María Fernanda Salas Pérez; el tercer regidor Daniel de Jesús Yáñez; y otra regidora con sueldo millonario es Rosa Alegría Castillo Olmedo, entre otros.

A la presidenta del Congreso local no le importa otro problema más que su obsesión: tumbar a Fernando Remes de la presidencia municipal de una ciudad que considera suya. Por eso pagó a uno de los medios, con dinero del erario, que mantiene una guerra abierta contra el Presidente de la República, El Norte, con sede en la ciudad de Monterrey, de la misma familia empresaria que El Reforma, propiedad de uno de los más aguerridos contrincantes de la 4T, Alejandro Junco de la Vega, enriqueciendo al enemigo y traicionando la confianza del propio Presidente de la República.

El presidente municipal aceptó la comparecencia para el miércoles 29 de junio, donde deberá aclarar y desmentir, los juicios sumarios de quienes litigan desde los medios y a veces carecen de evidencias reales por sus acusaciones; sin embargo, no es el único frente que debe mantener en lucha Fernando Remes, porque como sucede con la 4T, con el ayuntamiento, el Congreso local, el partido y el estado, el enemigo viene de adentro.

Añadió: “Yo quiero saber cómo apoyará como diputada local (Cecilia Guevara) en proyectos para Poza Rica; la estamos esperando”.

Los 14 integrantes del cabildo de Poza Rica fueron citados el 22 de junio, para ser cuestionados en la Sala Jesús Reyes Heroles del Congreso del Estado de Veracruz, en una sesión presidida por Cecilia Guevara, quien turnó a la Comisión Permanente el asunto con el fin de iniciar el procedimiento con la “garantía de audiencia” antecedente de la remoción de uno o varios ediles, es decir, la cita tiene el objetivo de tumbar a Remes.

Por su parte, Eric Cisneros, secretario de gobierno, considera que quienes no son del Movimiento tienen una confusión de cómo se manejan los salarios en la austeridad de la Cuarta Transformación. Insistió en que Remes jamás estuvo en los recorridos de Morena durante las campañas electorales de 2015 y 2016. “A este señor, alcalde de Poza Rica, no lo vi en el movimiento en 2015, 2016 y en todos estos procesos, a lo mejor por eso todavía tiene una confusión en el tema de los salarios. Simplemente no lo vi, recorrí todo el Estado y no lo vi en ese tiempo y cuando no tienes la esencia del movimiento, tiene esas confusiones”.

Mientras Remes y Guevara discuten por los cargos, Raquel Bonilla,  surge como una auténtica líder regional que los rebasa no sólo por ser fundadora de un movimiento que nos les importa proteger a ninguno de los dos, sino porque tiene experiencia política, conocimientos y sobre todo, sensibilidad para atraer las simpatías de los ciudadanos de su distrito que abarca tres municipios: Coatzintla, Poza Rica y Tihuatlán.

Nació en Coatzintla, como candidata de Morena a la diputación federal, superó 45 por ciento de la votación, con 73,118 votos, porque ella sí hizo campaña y conoce toda la región.

Bonilla Herrera, que repite cargo en la representación federal, surgió de la lucha social del partido desde 2013, –con mucha popularidad en toda la región–, cuando fue Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Municipal de ese partido. Fue enlace distrital de Morena en el Distrito 5 de Veracruz. Ella sería la lideresa natural de la región, ante el descontento generalizado del proceder de personajes desleales como Remes Garza y Cecilia Guevara, quienes son rechazados no sólo por la gente sino por la cúpula del partido Morena, que al ver que el presidente y el gobernador los deja solos y abandonados ya comenzaron a tratar de expulsarlos. Ellos ya salieron de las preferencias electorales, de tal manera que, si hubiera una revocación de mandato por la diputación de Guevara y la presidencia municipal de Poza Rica, no ganarían las elecciones.

Bonilla Herrera se convierte en contrincante automática de quienes desconocen la lealtad, y suma enemigos por el simple hecho de ser una líder natural de la región que puede ampliar su influencia como representante popular en las próximas elecciones.

La señora Cecilia Guevara muestra no sólo su oportunismo en la administración sino su rencor con la población porque su hijo, Fernando Elías Guevara, actual subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, fue rechazado como diputado, a pesar de ser candidato plurinominal, por el PT. Primero la tómbola lo sacó de la jugada por sortearse a dos mujeres en ese cargo, luego, al verse fuera pidió al PT que lo acogiera en el segundo lugar de sus propuestas plurinominales, y aunque realizó campaña por cuenta propia, como si se tratara de elección directa, la gente le dio la espalda. En ese entonces buscaba, como ahora lo hace su madre desesperada, medios para que lo entrevistaran mostrando su pobreza política y escasos conocimientos en administración pública.

El muchacho es un pobre arquitecto que cree que por ser egresado del Tecnológico de Monterrey todo lo queda chico, cuando en realidad no encaja en ningún lugar.

La gente en Poza Rica y sus alrededores no quiere a los Guevara, no han sabido conquistar las simpatías de la gente, por su manera de actuar oportunista y poco sensible a las necesidades del pueblo.

Remes Garza es señalado por irregularidades como omisión de información del manejo financiero de las arcas municipales, de entregar el Plan Municipal de Desarrollo sin contar con los requisitos mínimos marcados por la normativa, el incremento a la nómina del personal de confianza, es considerado el alcalde mejor pagado de Veracruz.

Da la impresión que, a los responsables de elevar el nivel de vida de los habitantes de Poza Rica, les vale madre llevarlos a la ruina y convertir a la localidad en un pueblo fantasma, al estado en un vacío de poder y al país en un Estado fallido.

PEGA Y CORRE

La inexplicable rabia de los opositores muestra más rencor que raciocinio, muestra de ello es la promesa, difícil de cumplir, de Enrique de la Madrid, hijo de su padre, quien asegura que de ganar la Presidencia de la República cerrará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esas son sus propuestas de gobierno… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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