CDMX.- La batalla legal en contra del «Plan B» está en marcha y en el Instituto Nacional Electoral (INE) detectaron cerca de 190 artículos que vulneran disposiciones constitucionales, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría echar abajo dicha reforma electoral, prevé el director jurídico del Instituto, Gabriel Mendoza Elvira.
A esa lucha se han sumado los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD), que ya presentaron ante la Corte acciones de inconstitucionalidad y esperan el fallo del máximo tribunal. Además, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), alistan la presentación de sus recursos.
Debido a lo anterior, hay quienes dicen que la reforma electoral se trata de una «constelación de inconstitucionalidades”.
Trascendió que en el análisis del primer y segundo paquete de la reforma electoral, el INE encontró más de 190 inconstitucionalidades… que vulneran el diseño del sistema nacional electoral, que es el pilar del sistema democrático.
En entrevista, el representante del PRD, Ángel Ávila, establece que en las 192 cuartillas de la acción de inconstitucionalidad que su partido presentó ante la Corte se atacó el “cúmulo” de ilegalidades que contempla la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Las más graves que nosotros vimos es que violan fundamentalmente lo que marca el artículo 41 constitucional, que son los principios rectores de la autoridad electoral, ya que tienen que ver con la autonomía, independencia, la imparcialidad, la equidad y la máxima publicidad”, refiere el perredista.
Marko Cortés, líder nacional panista adelantó que su partido impugnará todo el «Plan B» de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aclaró que también buscarán impugnar diversas inconstitucionalidades, en lo particular, pero que la “apuesta de arranque” es que por un mal proceso legislativo, se caiga en su conjunto todo el «Plan B» del presidente, algo que ya también sucedió con una inconformidad presentada por Movimiento Ciudadano.
Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impugnó la suspensión definitiva otorgada por una jueza federal, a la ministra Yasmín Esquivel, para evitar que el Comité de Ética emita una resolución sobre el plagio de su tesis.
Con la impugnación el caso será turnado a un Tribunal Colegiado.
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Al mismo tiempo, el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa tiene pendiente resolver los recursos de queja interpuestos por la UNAM contra la decisión de la jueza Sandra de Jesús Zúñiga para admitir el amparo de la ministra Esquivel.
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A inicios de marzo la jueza federal suspendió el procedimiento de estudio del amparo hasta en tanto se resuelvan quejas que pueden influir en el trámite del juicio de amparo.
También se ordenó dejar sin efecto la audiencia constitucional programada para el 31 de marzo, donde iba a definir si concede o niega el amparo a la ministra.
Ciudad de México.– En la sesión de hoy, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, aprobaron una resolución inédita que notoriamente invade las facultades constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y desconoce la competencia de un juzgado de distrito en materia de amparo, al declarar la inconstitucionalidad del Décimo Séptimo Transitorio del decreto relativo a la destitución del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Dicha determinación genera un conflicto competencial entre los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, como lo advirtió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, así como los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Conzales, quienes votaron en contra del proyecto al considerar que el INE no está legitimado para interponer un juicio electoral en defensa de los supuestos derechos político-electorales de Edmundo Jacobo Molina, quien se desistió de la demanda presentada ante el TEPJF; esta situación hace patente la parcialidad y arbitrariedad con la que se conducen los magistrados que votaron a favor del proyecto.
La magistrada Soto Fregoso señaló que el juicio electoral SUP-JE-23/2023, interpuesto por el INE, resulta improcedente en virtud de que el artículo transitorio impugnado no genera ninguna afectación en la esfera jurídica del instituto, y lo que en realidad solicita es un análisis abstracto de la norma, situación que no está prevista en las facultades del tribunal electoral.
Por su parte, el magistrado Indalfer Infante explicó que la petición del INE excede el ámbito de atribuciones del TEPJF al quejarse de una invasión de competencias, lo cual solo puede ser conocido por la Suprema Corte en una controversia constitucional, además de carecer de legitimación para impugnar el artículo transitorio al no existir un acto directo que afecte su esfera jurídica.
El magistrado José Luis Vargas afirmó que, al existir un amparo en trámite, la competencia del asunto ya no es materia electoral y debe ser conocido por el juzgado de distrito, pues considerar lo contrario daría lugar a una contradicción de criterios y conflicto competencial; asimismo, consideró que el artículo transitorio no es una norma privativa, pues atiende a las características de las disposiciones transitorias que están destinadas a aplicar un caso en específico para que la norma de que se trate entre en vigor.
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Los magistrados Reyes Rodríguez, Mata Pizaña y Otálora Malassis forman parte de un bloque dentro del TEPJF que sistemáticamente resuelven asuntos que no son de su competencia o que contradicen abiertamente los criterios de la SCJN, como ocurrió con la sentencia relativa al modo honesto de vivir (SUP-REP-362/2022), la cual tuvo que ser anulada por el alto tribunal mediante una contradicción de criterios 228/2022.
Cabe recordar que este grupo de magistrados electorales fueron beneficiados de un acuerdo inconstitucional que data de 2016, entre las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República, quienes ampliaron indebidamente los plazos para que ocuparan las magistraturas hasta después de 2024, con lo cual se comprometió la parcialidad de dichos juzgadores.
Debido a lo anterior, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal explorará todas las vías jurídicas para combatir la resolución ilegal que aprobó la mayoría de magistrados de la Sala Superior del TEPJF y que son parte de una guerra jurídica «lawfare» en contra de la transformación de un marco normativo que, en su momento, fue diseñado para beneficiar a los grupos de interés político y económico en perjuicio del pueblo de México.
Ciudad de México.– El senador Miguel Ángel Osorio Chong dejó este miércoles la coordinación del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República tras una asamblea a la que tachó de ilegal.
«Encontramos a las maniobras de Alejandro Moreno, en el que utilizando a Manuel Añorve y a Mario Zamora, empezaron a generar este acercamiento, presiones, hacia algunas compañeras y compañeros. Buscaron entonces, faltando a lo que habíamos acordado, arrebatar la coordinación del Grupo Parlamentario”, denunció en conferencia de prensa.
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Osorio Chong aseguró que a Alejandro Moreno “no le gustó” el recurso que presentó junto a otros senadores priistas para evitar que se mantuviera en la dirigencia nacional del partido tricolor “mucho tiempo más”.
«Se le gana legalmente, y la respuesta es mandar este proceso de petición para remover al coordinador. Ayer por la noche echaron por debajo de la puerta invitaciones a algunos senadores”, expuso.
Aseguró que se presentó en la asamblea para dejar en claro que el encuentro era ilegal.
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«Yo, aferrarme a un espacio, en el que hay un dirigente que está herido, que quiere revancha, que quiere lastimar a sus adversarios, como lo hace común y cotidianamente, pues no voy a permitir entrar en ese proceso. Antes de irme, les dije, con el respeto debido, que qué pena me daba que se hubieran prestado a las artimañas de Alejandro Moreno”, expresó.