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José Ignacio Rasso – La Mesa Puesta

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Por José Ignacio Rasso

Morena debe madurar como partido gobernante, dejar de culpar al pasado y asumirse responsable del México que heredará al siguiente Gobierno. Entiendo sus intenciones de perpetuarse en el poder siguiendo el ADN priísta que corre por sus venas. Pero más allá de sus anhelos y más allá de los avances territoriales que lograron en las pasadas elecciones. Los resultados en la Ciudad de México, el buen desempeño y aprobación del INE, encendieron las alarmas en Palacio Nacional. Son vulnerables.

Sumado al mal desenlace electoral en la capital y en las principales zonas urbanas del país, está el debilitamiento de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Las dos cartas más fuertes para suceder al presidente en el 2024. Dicha vulnerabilidad y disputa al interior de Morena nos dejan un mensaje claro: Hay competencia y la carrera está abierta. Un escenario que no tenían contemplado.

Hace tres años, después de las elecciones del 2018 López Obrador contaba con todo el poder y no sentía riesgo alguno. Concentrar las decisiones en su envestidura le daban el control y tranquilidad que necesitaba. Debilitar a los órganos autónomos, desaparecer a los fideicomisos, desacreditar el trabajo de periodistas, activistas y ONGs aumentaban la cuota de control y el manejo de los hilos en cada decisión. Fortaleció y militarizó al país dejando minas explosivas enterradas en el equilibrio social. Arropó el posible descontento de su base mediante programas sociales asistencialistas y clientelares. El plan estaba definido. Necesitaba lealtad ciega.

La Pandemia, la violencia, los malos resultados económicos, el discurso de odio y su forma de gobierno bajo los efectos del resentimiento ponen en riesgo la continuación de su autollamada cuarta transformación. Le han dado la espalda a las clases medias, a los colectivos progresistas y a la inversión extranjera.

Los que defendemos la democracia sabemos que el debilitamiento de las instituciones, la concentración del poder, la destrucción del tejido social, la polarización y el desmantelamiento de la sociedad civil organizada, son hechos que se endosan al gobierno que llegue en el 2024. Todo se hereda.

Lo que aquí se trata de exponer, es el riesgo de dejar la mesa puesta a gobiernos populistas de extrema derecha o de extrema izquierda, sin controles, sin contrapesos. Dejar el control absoluto en manos de una sola persona, una sociedad dividida y una economía tambaleante.

Morena y el presidente deben madurar en su visión política. Buscar la colaboración y el consenso. Dejar atrás el constante delirio de adversarios y molinos de viento. Rectificar el camino, gobernar para todos, detener la destrucción institucional y bajarse de la constante contienda electoral.

Si no lo hacen por gusto y convicción, por lo menos que lo hagan por el pragmatismo estratégico del que tanto beneficio han cosechado.

@JoseiRasso

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Gilberto Haaz Diez – El Affaire olímpico

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*Y cuando despertaron, caían pocas medallas. Camelot. 

Por Gilberto Haaz Diez

Una buena parte del país se rasgó las vestiduras en las redes sociales, y uno que otro noticiero nacional porque, sucede que las atletas olímpicas de Softbol alguien aseguraba que habían dejado sus uniformes oficiales en el hotel, abandonados, como se abandonan los zapatos viejos, diría Joaquín Sabina, porque venían muy cargadas en las maletas. De apátridas no las bajaron muchos nacionalistas chafas y culeids. Las aerolíneas ya sabemos que tienen un peso permitido por maleta, algunas te dejan llevar 25 kilos y otras un poco más. Si necesitas más maletas, hay que pagar, que para eso se inventó ese negocio. Todos hemos sido víctimas, cuando viajamos, de pasarse alguna vez en peso de maleta, y ahí lo tenéis a uno sacando los calzones y zapatos y los tiliches, para pasarlos a otra maleta o llevarlos en la mano. Eso solo me ocurrió una vez, ya luego me compré mi pesa portátil o la pido prestada en los hoteles y checo mi capacidad. Eso no tendría la mayor importancia, diría Arturo de Córdova. El nacionalismo brotó, porque la mayoría de las jugadoras son americanas nacidas de mexicanos, y Ciro Gómez Leyva tuvo que sacar los datos de lo que nos depositan año con año, unos 40 mil millones de dólares, en trasferencias bancarias de gente que allá trabaja, padres o tíos de estas muchachas, y eso hay que agradecerlo siempre, porque en esta pandemia, sin ese dinero que llegó de Estados Unidos, quien sabe dónde andaríamos. 

Lo que hay que discutir en estas olimpiadas, es qué dirá Ana Guevara, la mujer grilla de la 4T al frente del deporte, de los pocos y malos resultados que llegan sin medallas. Eso debe explicar, no andar vetando a figuras como Paola Espinosa, la campeona clavadista que se quedó en la orilla del rio, después de haber competido en cuatro olimpiadas. 

Ana Guevara, es una especie de funcionaria similar a Sanjuana Martínez, la directora de Notimex, que llegaron antorchadas de grandes títulos, Ana Guevara en olímpicos y competiciones mundiales, y la periodista como una buena periodista, pero chafísima directora y compañera de los reporteros. Las dos hacen agua. 

Ana Guevara puede tener varias salidas. 

Una: Echarle la culpa a los neoliberales, que le heredaron eso, o al Covid, que la pandemia no permitió entrenar bien. 

Dos: Renunciar con dignidad, al regreso, y dejar que entre allí alguien que no vaya a grillar, aunque siempre hay grilla. 

Tres: Decir que, cuando vaticinó que México llegaría con 10 medallas olímpicas, decir que ella tenía otros datos. 

Con eso. 

EL SUFRIMIENTO OLIMPICO 

Netflix puso como reestreno, un documental que ya llevaba varios años de ser visto, uno o dos. Es la triste historia sobre las gimnastas víctimas de los abusos del doctor Larry Nassar de la Federación de Gimnasia de EE. UU., y los periodistas que destaparon su cultura tóxica. Con la gimnasta Maggie Nichols, la medallista olímpica Jamie Dantzscher y la exgimnasta Rachael Denhollander. También aparece la chiquilla que se convirtió en una revelación mundial y apenas hace dos días, cansada de la presión mental, dijo al mundo que ya no aguantaba, la estrella de la gimnasia Simone Biles, ahora de 24 años de edad y que aparece en ese documental del médico depredador. Nassar se declaró culpable de cargos federales de pornografía infantil y fue sentenciado a 60 años en prisión en diciembre de 2017. Además se declaró culpable de siete cargos de conducta sexual criminal en el condado de Michigan y fue sentenciado a entre 40 y 175 años de prisión hace dos semanas. Vale la pena recordar esa historia, sobre todo ayer que diario El Mundo de España, escribió una bella nota de esa chica de color, que se convirtió en la número uno del mundo.  

www.gilbertohaazdiez.com 

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Héctor Parra – Adiós al Fonden, más dinero para AMLO

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TRAS LA VERDAD

Termina la vida jurídica y administrativa del Fondo de Desastres Naturales, del Fondo de Prevención de Desastres y Naturales y otros. Aunque el gobierno de AMLO ya disponía de los miles de millones de los fondos de los Fideicomisos. 

Para el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2020, Andrés Manuel dispuso discrecionalmente de 8 mil, 927, millones, 743 mil, 813 de pesos. Para este ejercicio fiscal se sumó otra cantidad semejante. Cerca de 20 mil millones de pesos se embolsó el presidente de la República de los dos últimos años. Sin límites su ambición por el control del dinero público, como en los mejores tiempos del arrasador presidencialismo. 

El día 27 este mes de julio, se declaró oficialmente la muerte de los Fideicomisos, acorde al Acuerdo que declaró la abrogación de algunos Fideicomisos. La Secretaría de Gobernación coordinaba el dinero y los trabajos de esos Fideicomisos. En lo subsecuente queda a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la operación de apoyos a la población, a los gobiernos estatales y municipales sobre los “desastres naturales”, sin presupuesto alguno que sustente la operación. 

El Poder Ejecutivo Federal, emitió reglas de operación en los años de 2010 y 2017, publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Si bien bastante burocráticas para acceder a esos recursos, al menos existía orden en el manejo de las finanzas que, según AMLO, eran manejadas fraudulentamente, acusación que nunca demostró. Resulta claro que el presidente solo quería engullir esos recursos públicos, los esbirros de su partido en la Legislatura Federal, lo aprobaron. 

El Acuerdo que abroga los Fideicomisos, traslada la responsabilidad de atender los desastres naturales a la Secretaría de Seguridad Pública, debilitando más a Olga Sánchez Cordero. Para que se entretenga Rosa Icela Rodríguez, a quien le cercenaron la Guardia Nacional. 

Acuerdo del “mañoso” del presidente. No hay reglas de operación, tampoco hay dinero a la vista. Así que, cualquier gobernador o presidente municipal que pretenda acceder a recursos públicos en apoyo de la población o para atender la infraestructura dañada por algún desastre natural, quedará en manos del gobierno federal (AMLO) para la obtención de cualquier apoyo; discrecionalmente, sin reglas de operación, él podrá decidir e imponer cualquier modalidad para acceder a los apoyos. El dinero se lo “tragó” la partida secreta de la presidencia. 

Así las cosas, en el primer párrafo del Acuerdo presidencial determinó que, en lo sucesivo corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana conducir y ejecutar en el ámbito federal las políticas y programas de protección civil en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre. “Todo un desastre maquinado”. 

El mismo Acuerdo refiere en su párrafo tercero, que en términos del artículo Quinto del Decreto que adecuó diversas disposiciones, reformaron el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que el ejercicio de los recursos para llevar a cabo acciones preventivas o ejecutar programas y proyectos para atender los daños ocasionados por fenómenos naturales se sujetará a las disposiciones que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a las disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que dichos recursos “podrán” (facultativo y caprichoso) destinarse a cubrir los gastos que se hayan devengado conforme a los fines antes referidos ¿Qué significa el galimatías? ¡Que discrecionalmente apoyarán a quien decida AMLO! No hay reglas de operación. El gobierno federal se quedó con el dinero de los Fideicomisos que operaban por medio de reglas claras la aplicación de los dineros. 

En el párrafo quinto del Acuerdo, si bien continuaban existiendo “formal y legalmente los Fideicomisos”, prohibieron hacer uso de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos, ni un peso para ser operado por los entes jurídicos referidos. La excepción: solo autorizaron gastos para la operación de la extinción y cubrir obligaciones pendientes. 

Al presidente no le alcanza el presupuesto para la compra oportuna de los medicamentos para la población, derecho humano inalienable e imprescriptible. Pero sí tiene recursos públicos para obsequiar al enemigo de la democracia, régimen comunista de Cuba, alimentos, medicinas, vacunas; y a los gobiernos centroamericanos 90 millones de dólares (1800 millones de pesos aproximadamente) sin condición alguna de rendición de cuentas. 

Toda entidad pública que erogue dinero del erario debe justificar plenamente el uso legal del recurso; pero, AMLO se da el lujo de obsequiar dinero público sin necesidad de comprobar el destino de los impuestos de los contribuyentes mexicanos ¿Corrupción? No, son donaciones a países extranjeros. 

El remate de los abusos. En el último párrafo reconocen la inexistencia de reglas para la operación de los recursos que ahora están en la “panza” del Ejecutivo. Dice: “a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita disposiciones específicas que establezcan y regulen los mecanismos presupuestarios que permitan el adecuado ejercicio de los recursos antes referidos, y para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana establezca el marco normativo para la conducción y ejecución de las políticas y programas para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situación de desastre”. Vaya manera irresponsable de gastar el dinero, sin reglas ¿Qué hará la Entidad Superior de Fiscalización? 

Los “demócratas” del socialismo de la 4T abusan discrecionalmente de los recursos públicos a plenitud. No fijaron plazo para la emisión d “reglas operativas”; a ver cuándo se les antoja crear el marco normativo. 

Mientras el presidente reiteró, en la tierra del “Chapo Guzmán”, que no se arrepiente de haber dejado en libertad al hijo del “Chapo”, so pretexto de haber evitado la muerte de más de 200 personas ¿Por qué no pensó lo mismo cuando provocó la muerte de 137 personas en Tlahuelilpan, Hidalgo? A estos inhumanamente los dejó morir frente al grueso de las Fuerzas Armadas. Merece ser sometido a la justicia penal. Así quiere ganar su consulta popular. AMLO: ¡No al fraude de consulta! 

Por Héctor Parra Rodríguez 

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José Sobrevilla – Este 1º de agosto, ‘Juicio a expresidentes’

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Por José Sobrevilla

Para la consulta de este primero de agosto acerca de, si los ciudadanos estamos de acuerdo o no en llevar a juicio a los ex presidentes por actos de corrupción (aunque de acuerdo a la ley muchos delitos hayan prescrito), la pregunta planteada por el Instituto Nacional Electoral, INE, ha sido por demás confusa y enfocada al “no entendimiento” de la gran mayoría de la gente. Aunque en realidad no la redactó el INE sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Juzgue usted; “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

“¿Llevar a cabo las acciones pertinentes?” para “emprender un proceso de esclarecimiento”, por “las decisiones políticas” realizadas por “los actores políticos”, “encaminadas a garantizar” … en este galimatías se esconde el “sí” o “no”; y es por esta redacción que los detractores han llegado a argumentar que “la ley no se somete a consulta”, o se aplica o no. Sin embargo, coincido con los amigos del Grupo Intélite (que dirige Rodolfo Sandoval Monroy), en que este “será el primer ejercicio de democracia participativa”, que tendrá sustento legal y judicial a nivel federal al ser organizado por el INE; aunque por el requerimiento de al menos 40% de participación ciudadana (de la lista nominal) pueda terminar limitando el alcance de sus efectos legales.

El 27 de julio, esta empresa de monitoreo hizo llegar a este corresponsal un interesante reporte acerca de la “Consulta Popular”, en el cual realiza un valioso recuento, desde 2012, de cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el Decreto de Reforma a la fracción VII (art. 35 de la Constitución) donde es incorporada la Consulta Popular (CP) como derecho fundamental. Dos años después, 2014, en el mismo DOF, se publicaba el Decreto por el que era creada la Ley Federal de Consulta Popular, que se materializó como “mecanismo de participación ciudadana de ‘democracia semidirecta’”.

Ese mismo año, 2014, el INE recibía cuatro solicitudes de consulta popular sobre diversos temas para verificar apoyo ciudadano; posteriormente fue enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, para evaluar su constitucionalidad (23 septiembre), misma que fue rechazada (29 de octubre) por la procedencia de las solicitudes de CP al argumentar “inconstitucionalidad” por tratar “temas prohibidos”.

Ya en 2019, el 20 de diciembre, en el Diario Oficial fue publicada la reforma constitucional sobre revocación de mandato que también terminaría modificando las condiciones de la consulta popular. Año en que Gobernación impulsó –además– un ejercicio consultivo regional en Morelos, Puebla y Tlaxcala para evaluar la continuidad de un proyecto energético (23 de febrero), así como la consulta para evaluar la construcción de una planta cervecera, Constellation Brands, en Mexicali, Baja California, (22 de marzo) donde se canceló una inversión de 1,500 millones de dólares; así como, el 30 de mayo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas realizaba asambleas consultivas regionales para evaluar los polos de desarrollo de la construcción del Corredor Transístmico.

También, la secretaría de Gobernación había organizado un ejercicio de consulta regional en el Estado de México, del 25 al 28 de octubre de 2018, donde se evaluaría la continuidad de la construcción del Aeropuerto Internacional en Texcoco, la cual fue organizada por un consejo ciudadano conformado por académicos y organizaciones, entre ellas la Fundación Arturo Rosenblueth. También, el 11 de mayo de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado públicamente la posibilidad de que fueran juzgados cinco expresidentes anteriores a él.

Ya en 2020, el 15 de septiembre, el habitante de Palacio Nacional llevaba a cabo la consulta para juzgar a expresidentes como iniciativa propia ante el Senado, para comenzar con el proceso consultivo. El Senado había avalado ya la trascendencia de la consulta popular y turnado a la SCJN (el 7 octubre del mismo año), la pregunta para que –de la misma Consulta Popular impulsada por el Ejecutivo– se avalara su constitucionalidad el día 20 del mismo mes, que terminó siendo modificada para “evitar contradicciones constitucionales” quedando así de confusa como le mencionaba en el primer párrafo: fue así que el INE realizaría el reajuste a su presupuesto tras la reducción de 870 millones de pesos del mismo ordenado por la Cámara de Diputados[1] el 07 de diciembre 2020.

Este año, el 22 de junio de 2021, el presidente advertiría que el INE no había ahorrado para el ejercicio consultivo de este primero de agosto y, por ello, acusaba la ‘falta de presupuesto específico para este fin’; esto hizo que (demasiado tarde), el INE comenzara la preparación para la organización de la Consulta Popular el 28 de junio; así, este 15 de julio, el Instituto Nacional Electoral comenzaría la jornada nacional de información sobre la Consulta que se llevará a cabo este 1º de agosto 2021, con insuficientes quince días.

Es por ello que Human Rights Watch en América habría calificado como un “circo político” a la Consulta Popular 2021 el 19 julio, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, manifestara que AMLO debería “abstenerse” de difundir propaganda sobre la Consulta.

Con estos antecedentes, los analistas de grupo Intélite han vaticinado que será difícil el cumplimiento de participación requerida del 40% para hacer vinculante la Consulta Popular; y que la discusión política y la diversidad de visiones en torno a esta, harán del ejercicio un factor que sólo abonará al discurso anticorrupción del Gobierno Federal y a las posturas contrarias de la oposición (como son las críticas en el manejo de presupuesto del INE, y el populismo punitivo). “Aunque este ejercicio terminará siendo un precedente para la consolidación de estos mecanismos participativos; y las dudas en su utilidad y alcance obligarían a que se retome y modifique en el Legislativo y el Judicial”.

Consideraciones

En un primer escenario, se vislumbra que no sean cumplidos dos de los tres estándares requeridos para la Consulta, #1 apertura a la información –pregunta confusa–; #2 involucramiento de la sociedad –baja participación– y #3 Condiciones legales –cumplidas–; por lo que el ejercicio de este primero de agosto podría llevar a un retroceso en la consolidación de estos mecanismos de participación, debido a que México está en una democracia representativa “altamente polarizada”.

Lo anterior podría traer como “Impacto Económico” que aumentaran las quejas sobre el gasto para la realización de la Consulta Popular (91,000 mesas de votación, 890 millones de pesos)[2], así como la insuficiencia presupuestal que se exacerbe más debido al poco éxito que llegara a tener el ejercicio. El INE realizará la CP con 610 mdp menos de lo presupuestado originalmente, según ha dado a conocer el 2 de junio pasado.

El “Impacto Político” que podría traer, sería que las discusiones respecto a la Consulta podrían centrarse en la ilegitimidad del ejercicio y en el proceso de ejecución: Se mantiene la diversidad de opiniones, pero predominarán las que se opongan; por lo que se desprestigiaría a la Consulta para los siguientes intentos, como la “Revocación de mandato” del próximo 2022.

“Impacto Jurídico”: La SCJN se vería obligada a procurar la progresividad en el aseguramiento de próximas Consultas: El ejercicio se verá como un precedente para su mejora en las Consultas Populares, pero con escepticismo en su recepción social. En cuanto al “Impacto Social”, podría profundizarse el alejamiento de la sociedad con respecto la democracia participativa: Desde 2018 México ha disminuido 6% el Índice de Democracia Participativa, con el ejercicio infructífero de 2021, la tendencia a la baja se mantiene. Asimismo, por la discusión presupuestal de la CP; en el análisis de Intélite la percepción de corrupción empeorará.

Otro interesante escenario es que la Consulta Popular pueda tener un impacto positivo, pero mostrará que es necesario robustecer la vía participativa (reglas más claras y fortalecimiento presupuestal), por ello se buscaría legislar sobre el asunto en el ambiente propicio (alto porcentaje de participación, aunque menor al 40%), debido a que México está en una transición hacia la democracia semidirecta.

En este escenario, el “Impacto Económico” implicaría el debate sobre el presupuesto asignado, que se mantendría vigente: Se buscaría destinar mayores espacios y recursos a este tipo de ejercicios democráticos, ya que juntarían los intereses del INE respecto a mayor presupuesto y los reclamos de la oposición respecto al presupuesto de este Instituto.

El “Impacto Político” destacaría el ejercicio por el papel de la ciudadanía e instituciones, pese a que no se alcance el porcentaje de participación requerido, se impulsará un discurso que atribuya al éxito del voto popular y al INE. Derivado de ello, la CP de revocación de mandato de 2022 comenzará a perfilarse con relación al éxito parcial de este ejercicio.

“Impacto Jurídico”: El resultado podría poner en marcha el sistema de procuración de justicia para víctimas y, el resultado justificaría la salida político-jurídica de Comisiones de la Verdad como ejercicio restaurativo para las víctimas.

En cuanto al “Impacto Social”, podría observarse un acercamiento ligero de la sociedad hacia las consultas y elecciones; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, ENCUCI 2020, el 69.2% de la población estaba –ese año– “muy de acuerdo” con un gobierno democrático, por lo que esta cifra podría incrementarse.

Independiente de todo, los movimientos a favor y en contra del juicio a los expresidentes en estos breves momentos que se dieron para su difusión, se ha mantenido públicamente un debate y, así como existe un profundo rechazo, argumentando en muchas otras cosas –vía memes– que “es una consulta IDIOTA, ideada por un IDIOTA, y que votarán puros IDIOTAS”, también ha habido manifestaciones a favor de la misma. (Texto elaborado a partir del Reporte Intélite[3] con la autorización de Rodolfo Sandoval, su director general).


[1] Con ello, el presupuesto de la autoridad electoral pasó de 20 mil 463 millones de pesos solicitados en el anteproyecto a 19 mil 593 millones de pesos. https://centralelectoral.ine.mx/2020/12/07/ajusta-ine-presupuesto-para-2021-tras-reduccion-ordenada-por-la-camara-de-diputados/ consultado el 30.07.2021

[2] https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-costos-de-la-Consulta-Popular-20210628-0132.html Consultado el 30.07.2021

[3] https://publicaciones.intelite.mx/reportes-especiales consultado el 29 de julio 2021

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