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José Sobrevilla-60% no quiere un gobierno de militares: INEGI

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Por José Sobrevilla

Hoy que en México se habla de un excesivo poder otorgado a los militares por el gobierno de la Cuarta Transformación, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, ENCUCI-2020 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Inegi, incluyó por primera vez la pregunta sobre la inclinación ciudadana hacia el gobierno de ‘un político fuerte’ o uno dirigido por militares. ¿En qué pensaban los especialistas de esta institución? Seguramente, de acuerdo con los números de las diversas encuestas, en la popularidad o aceptación registrada por el presidente y también a la importante presencia del Ejército en tareas como la construcción de obras y el control de puertos y aduanas, además de la seguridad interna y externa del país.

Además de esta presencia, hablamos entre otra, de Santa Lucía, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar; dos tramos del Tren Maya; la remodelación de 32 hospitales abandonados en sexenios pasados, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, y también la atención de esta enfermedad[1].

Si bien, el resultado de la ECUCI 2020 arrojó que el 41.5% de los entrevistados estuvieron “muy de acuerdo” y el 36% “algo de acuerdo” con el gobierno de un líder fuerte (aceptación global de 77.5%); o que es lo mismo, 8 de cada 10 mexicanos estaríamos a favor de un “líder político fuerte” que, sin decirlo se refieren al que encabeza López Obrador ¿Cuál otro? El restante 22.5% manifestó estar “algo en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”; sin embargo, también un 60% afirmó en esta encuesta no estar de acuerdo con que el gobierno del país sea encabezado por militares, mientras que el 40% restante respondió que sí los aprobaba.

De algún modo, esta lectura podría anticipar que para las elecciones que actualmente están en curso, sus resultados no golpearán significativamente las políticas implementadas desde Palacio Nacional; esto es, que estamos lejos de un voto de rechazo al gobierno actual y, aunque 60% no aprueba un gobierno de militares, 40% sí lleva esa posibilidad en su corazoncito y eso es mucha gente, casi la mitad del país. Esto valida que la liberación del General Cienfuegos de los cargos por vínculos con la delincuencia organizada en EU, así como los apoyos brindados a la población, Plan DNIII y otros, han ido marcando cierto liderazgo político.

Todo esto pese a que, en estas elecciones, señala la agencia Etellekt, (Tercer informe de violencia política en México), ha habido por lo menos 262 agresiones –delitos del fuero común– en contra de políticos con un saldo de 241 víctimas.  De otros delitos 25% de las víctimas han sido mujeres y, entre ellas, 65 han sido asesinatos políticos de los cuales 9 eran mujeres. También, fueron asesinados 20 aspirantes a puestos de elección, de los cuales 17 eran hombres y 3 mujeres.

Casi una tercera parte de los 65 políticos asesinados aspiraban a puestos de elección y, a la fecha, de las víctimas privadas ilegalmente de su libertad, el precandidato del PRI a la alcaldía de Mezquitic, en Jalisco” permanece secuestrado; así lo registra el informe que continuamente nos comparte Rubén Salazar Vázquez de Etellekt.

Como podemos ver, a pesar de la violencia política, la desorganización y posturas extremadamente parciales y desobligadas de los partidos políticos, las declaraciones fuertes del presidente de la república, nada parece mover la forma de entender y pensar la vida del país; lo que lleva a creer que ‘sea como sea’, tanto los sondeos como los mensajes del Inegi con sus encuestas, nada cambiará al final de las elecciones de este 2021.

No olvidar que la encuesta de cultura cívica del Inegi, ha tenido por objetivo identificar el conjunto de creencias, valores, actitudes y prácticas que estructuran y modelan las relaciones de las personas de 15 años y más con el poder público y, para esta muestra, dicen haber considerado 25 mil 113 viviendas del 17 de agosto al 18 de septiembre de 2020 en una cobertura geográfica nacional, urbana y estados divididos en seis regiones.

Lo curioso, es que entre otros resultados encontramos que, a nivel nacional, 87.7% de la población se siente muy orgulloso de ser mexicano, y solo 73% se siente identificado con el lugar donde vive; lo que muestra el ánimo que vive la gente en cuanto a su gobernabilidad, donde 84.7% de los encuestados han identificado que en su colonia o localidad han tenido problemas de infraestructura, seguridad y/o provisión de servicios educativos y de salud, siendo el de la falta de alumbrado y agua potable, baches, fugas de agua el de mayor frecuencia con 71.2 por ciento. Solo por mencionar algunos de los resultados.

Seguramente seguirán pensando los potenciales votantes que todo lo anterior se debe a la ‘herencia de los gobiernos neoliberales’, y tal vez tengan la razón, pero… entonces, ¿la Cuarta Transformación se va por la libre?


[1] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-da-13-tareas-civiles-militares consultado el 07-04-2021

Esta es opinión personal del columnista

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Nombra Congreso a seis integrantes del Consejo Estatal Ciudadano

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• Avala el Pleno, con 44 votos, el dictamen de la Comisión Permanente de Gobernación.

Con el propósito de garantizar debidamente el cumplimiento de la Ley 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Pleno de la LXVI Legislatura aprobó, con 44 votos a favor, el dictamen de la Comisión Permanente de Gobernación con lo que fueron emitidos los nombramientos de seis Personas Consejeras Ciudadanas, integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, órgano del mecanismo estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas.

De esta manera, quedó establecido el nombre de la persona, representación y el periodo del cargo. Nallely Guarneros Zarandona, familiar de Persona Desaparecida de la Región Centro, por un periodo de un año; Ramón López Anaya, familiar de persona desaparecida de la Zona Norte, por un lapso de dos años, y Patricia Eugenia Zamudio Grave, especialista en la Protección y Defensa de los Derechos Humanos, por dos años.

También, Julio César González Ortiz, especialista en Materia Forense, por tres años; Pedro Gilberto Lobato Cruz, representante de Organización de la Sociedad Civil de Derechos Humanos, por tres años, y Adriana Rosas Morales, representante de Organización de la Sociedad Civil de Derechos Humanos, por dos años.

El dictamen refiere que el Artículo 44 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas dispone que el Consejo Estatal Ciudadano integrará de entre sus miembros un Comité para la evaluación y seguimiento de las acciones emprendidas por la Comisión Estatal de Búsqueda, que tendrá entre sus atribuciones solicitar a ésta información relacionada con los procedimientos de búsqueda y localización; conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad, convenios, lineamientos, programas y reglamentos que emita la Comisión.

Además, dar seguimiento a la implementación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el ámbito estatal; contribuir, de acuerdo con lo establecido en la ley y los reglamentos, a la participación directa de los familiares en el ejercicio de sus atribuciones, y las demás que determine el Consejo Estatal Ciudadano.

De acuerdo con la convocatoria, publicada el 14 de marzo y que recibió propuestas hasta el 22 de abril, la Comisión de Gobernación realizó las entrevistas con las y los aspirantes el 27 de abril en la sala de sesiones Venustiano Carranza.

Posterior a la aprobación del dictamen, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Cecilia Guevara, designó a la Comisión de Cortesía, integrada por las diputadas Margarita Corro Mendoza, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Anilú Ingram Vallines y Maribel Ramírez Topete, así como por los diputados Paul Martínez Marie, Genaro Ibáñez Martínez y Juan Enrique Santos Mendoza, para recibir y conducir al Recinto Oficial de Sesiones a cinco de las seis personas, para la toma de protesta de ley.

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Mayor visibilización de citricultores, pide Diputada

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• Expresa reconocimiento Adriana Esther Martínez con motivo del 30 de mayo, Día Estatal de la Citricultura.

Ante la proximidad del 30 de mayo, Día Estatal de la Citricultura, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez expresó su reconocimiento a quienes viven de esta industria y refirió las dificultades que aún padecen y la necesidad de visibilizar su contribución al desarrollo y progreso de Veracruz y México.

Destacó que la citricultura representa el 2.78 por ciento del Producto Interno Bruto Agrícola Nacional. En Veracruz –añadió-, naranjas, limón persa, lima, mandarina y toronja son de los cítricos que más se producen y consumen.

La representante del Distrito VII, de Martínez de la Torre, ponderó la producción de naranja, que, dijo, registra dos mil toneladas, lo que equivale a una aportación de cuatro de cada diez pesos derivados de la venta de este cítrico. Además, Veracruz es líder en cosecha de toronja, en la que sus 26 municipios productores generan casi 329 millones de pesos.

Adriana Esther Martínez reconoció que, aun con estos resultados satisfactorios, el campo enfrenta diversos retos que no son ajenos a la citricultura, además de otros como el Cambio Climático, las plagas, la pandemia por Covid-19 y la competencia desleal de productores de otras entidades.

Ante esto, reconoció en las y los representantes populares facilitadores de oportunidades en aras de prevenir, atender, solucionar y erradicar las adversidades que ponen en riesgo el bienestar de la población y de sus sectores productivos. Para lo cual, propuso incrementar y mejorar la tecnificación, las acciones de sanidad y las estrategias que garanticen la comercialización y la competitividad.

“El ejemplo de quienes se dedican a cultivar, desde temprana hora y sin importar la duración de su jornada ni los extremosos climas, es fuente de inspiración que obliga a centrar toda clase de esfuerzos sociales e institucionales en su beneficio. No hay tiempo que perder y sí mucho por hacer”, concluyó la Diputada.

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Reforma, permitiría que trabajo legislativo sea accesible para personas con discapacidad

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• La diputada Illya Dolores Escobar Martínez presenta iniciativa que reformaría el artículo 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.

Para acatar el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos de Veracruz y en especial para abatir la deuda histórica con las personas con discapacidad, la diputada Illya Dolores Escobar Martínez presentó una iniciativa de adicionaría un párrafo al artículo 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, con la finalidad de establecer que las sesiones de este Congreso y la difusión de información oficial deberá contar con disposiciones enfocadas a este sector.

De acuerdo con la propuesta de la diputada, las sesiones presenciales y remotas, así como la comunicación y difusión oficial del Poder Legislativo contarán con los ajustes razonables, que incluirá: intérprete de Lengua de Señas Mexicanas, visualización de textos, Sistema Braille, comunicación táctil, macrotipos, dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, sistemas auditivos, lenguaje sencillo, medios de voz digitalizada y otros modos.

También, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información, las comunicaciones de fácil acceso para garantizar el derecho a la información de las personas con alguna discapacidad, priorizando en todo momento un lenguaje incluyente y no sexista.

En su participación en la tercera sesión ordinaria, la Diputada dijo que esta propuesta nace de la mesa de trabajo que realizó en las instalaciones de este Palacio Legislativo el pasado 11 de mayo con organizaciones de la sociedad civil que colaboran con el tema de discapacidad, así como expertas y expertos en la materia.

Entre los datos presentados, la legisladora precisó que el estado de Veracruz, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que hay una población con discapacidad de 468 mil 990 personas, que corresponden al 5.8 por ciento del total de la población; de las cuales 47 por ciento son hombres y el 53 por ciento, mujeres.

Agregó que el grueso de esta población está en un rango etario de 60 a 84 años con 202 mil 584 personas, seguido de 134 mil 435 personas con edad de entre los 30 y 29 años.

Por otra parte, la secretaria de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género recordó que la Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad dispone en su artículo 29 que, “las autoridades estatales y municipales realizarán las acciones pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidas las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.

A la iniciativa se adhirieron los grupos legislativos de Morena y del PAN, los diputados José Luis Tehuintle Xocua, Ramón Díaz Ávila y Juan Enrique Santos Mendoza, así como las diputadas Tania María Cruz Mejía, Anilú Ingram Vallines, Maribel Ramírez Topete, Ruth Callejas Roldán y Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre. Para su estudio y dictamen fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

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