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José Sobrevilla – Delincuencia organizada y Estado: “Negocios de sombras”

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Por José Sobrevilla

La academia, hoy tan vapuleada y exhibida justa o injustamente como fuente de corrupción, históricamente ha rendido importantes frutos para el análisis y la comprensión de los fenómenos sociales que forman parte de la realidad de un país como el que vivimos actualmente; y –sin duda– uno de sus exponentes ha sido Carlos Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología social, CIESAS; doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con líneas de investigación en corrupción asociada al tráfico de drogas y delincuencia organizada.

Del tema, el autor ha publicado y coordinado diversos libros e impartido conferencias en diversas Universidades como la de Londres, Reino Unido; el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina; el Centro de Historia Global en la Universidad de Warwick, Reino Unido también; la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador; la Universidad de Oslo; la de Bergen; en el Institute of International Relations Clingendael de Holanda; y otras instituciones universitarias de Pittsburgh, Massachusetts, Brown, Connecticut, Connecticut College y Holly Cross College, en Estados Unidos; así como también en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, por mencionar algunas.  

El 28 de septiembre (2021), el colega periodista Raúl Fraga avisó a este corresponsal que nuestro amigo Carlos Antonio Flores Pérez a quien ya habíamos entrevistado en otras ocasiones, presentaría (al siguiente día) su más reciente libro “Negocios de sombras. Red de poder hegemónica, contrabando, tráfico de drogas y lavado de dinero en Nuevo León” (CIESAS/La Casa Chata) y que lo acompañaría en la presentación el especialista Dr. Luis Astorga y el también amigo doctor Edgardo Buscaglia. Esta interesante presentación, vía zoom, fue organizada por el CIESAS y, por demás, los datos aportados fueron tan interesantes que solicitamos nuevamente la entrevista con el doctor Carlos Flores, y durante la cual nos comentó que hacer este libro le llevó cinco años.

– ¿Cinco años, Carlos?

– Sí, porque es muy detallado andar buscando en archivos, hemerotecas, además que, de tanta información que hay disponible en esas fuentes, se tiene que rastrear con cuidado, lo que sirve, lo que no, vinculando, ir hilando muy fino cada uno de los datos.

– ¿Cómo nació la idea de escribirlo?

Yo había escrito uno previo sobre Tamaulipas (Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el Estado de Tamaulipas (2013, CIESAS), entonces las referencias de actores de Nuevo León eran muchas y, un interés fundamental era cómo se continuaba la operación de esos personajes y sus contrapartes neoleonesas. En principio, la pregunta fue ¿por qué Nuevo León?, si uno asume que es un Estado de gran desarrollo económico que difícilmente se pensaría que tendrían actores que tuvieran necesidad de involucrarse en este tipo de actividades; pero no, a lo largo de la historia contemporánea siempre ha sido binomio inseparable.

En un principio, en el caso de Tamaulipas, había identificado actores de poder político; lo interesante aquí era encontrar actores de poder económico de acuerdo con lo que la evidencia mostraba. “Esta es una investigación académica. Yo doy indicios en función a lo que me encuentro en los archivos, en las fuentes abiertas, sin otra pretensión, pero el asunto es que muchos de esos datos parecen convalidar todo ese tipo de relaciones”.

– ¿Cómo describirías la “Red hegemónica” que mencionas en “Negocios de sombras”?

– Son actores de acuerdo con otras teorías del estado, diferentes a las más tradicionales; me basé mucho en la que concibe al estado no como la construcción ideal de un contrato social en su expresión empírica real, sino en la que se ha ido articulando como monopolio de violencia, pero que no necesariamente fue legítima en su inicio, sino que la han desarrollado actores violentos buscando ante todo beneficiar a sus propios intereses y los de sus asociados económicos.

Lo que defino como “redes hegemónicas” es este tipo de actores que mezclados a procesos o momentos históricos de amplia redistribución de recursos sociales disponibles (económicos, políticos), logran configurar circuitos institucionales que están generándose por parte del Estado a favor de sus propios intereses y de sus socios, que algunas veces no solo son legales sino ilegales y garantizan impunidad llegando a permitir un patrón de acumulación económico, alternativo, paralelo, donde confluyen recursos de curso legal como ilegal brindando mayor preeminencia en términos tanto políticos como económicos.

– ¿Qué hallazgos informativos fueron los que más te impactaron?

La presencia de actores políticos de primer nivel, porque en el imaginario que se da en la perspectiva política actual, de actores institucionales, que en todo momento están interesados en combatir la delincuencia, en hacer cumplir el estado de derecho, lo que vemos, por lo contrario, es una imbricación, una simbiosis muy añeja, que arranca –en el caso mexicano– desde los tiempos de la posrevolución y se extiende hasta la etapa más cercana de nuestros años.

Y al mismo tiempo ver cómo, sin generalizar, no digo que todo el empresariado esté en este tipo de actividades, algunos actores de orden empresarial, que uno pensaría ‘no tienen ninguna necesidad de involucrarse en este tipo de actividades’, pues de acuerdo con la información que aparece en fondos documentales como los de la Dirección Federal de Seguridad, con evidencia de las propias notas de prensa de la época, aparecen vinculados en contrabandos; entonces esta imagen combina actividades legales con ilegales…

– De acuerdo a tu libro “Ningún presidente de la República ha sido ajeno a la influencia de la delincuencia construida desde el poder político-económico” ¿De Nuevo León a México? 

– Hay diferencias, matices. Es difícil suponer –por ejemplo– que para el nivel de información que tiene un Presidente, no tuviera conocimiento de los casos, lo que no significa que hubiera un involucramiento directo, aunque en algunos casos, los circuitos cercanos en las familias presidenciales o directamente de ellas, parecen evidenciar que hubiera vínculos semejantes.

No es propiamente que salga de Nuevo León al resto del país. Yo creo que ahí, en esas cuestiones de simbiosis, vemos una confluencia de actores. En la red que estamos analizando, los hay que son locales, pero que su papel no podría haberse desarrollado con la notoriedad, la fuerza con que lo hicieron, sino fuera por la cooperación y apoyo de los figurantes federales.

Tampoco se trata de un problema de Nuevo León que abarca, digamos, después a una estructura de poder central que fuera impoluto, incorruptible, no. Más bien, en la lógica en que se va articulando la red de poder, había actores federales que brindaban protección a actores en los estados, a través de instituciones de representación federal y los propios locales.   

No se trata de las imágenes que generalmente vemos en los espacios de comunicación social de muchas instituciones de seguridad; por ejemplo, que nos hablan de organigramas claros con relativamente pocos personajes; en realidad uno va viendo la complejidad con independencia del tipo de grado de responsabilidad que puedan tener eventualmente; cuando uno ve la cantidad de actores que están formando parte de estas redes, son macro redes de actores.

En este caso, de los personajes de relevancia que pude detectar en mi investigación, fueron 876; aunque no todos tuvieron el mismo grado de participación, pero sí son actores de interés y, por la forma en que se desarrollan en el texto, se verá que no fueron incluidos de manera fortuita.

– Esos personajes, sin duda hoy siguen siendo fuertes ¿No?

– Una de las características de esas redes de poder es su carácter dinástico; perduran al paso del tiempo por la posibilidad de que, quien esté ocupando una posición de influencia, pueda nombrar subordinados que estén garantizando esos mismos intereses, no en todos y cada uno de los rincones de las instituciones, pero sí nombrar a personajes en posiciones clave. Aunque cambien de operadores delictivos, esencialmente se siguen enriqueciendo de actividades ilícitas.

Por otra parte, cuando hay condiciones que, sin ser garantía, favorecen, como Consejos de Administración de empresas que de manera frecuente aparecen ligadas a actividades delictivas, y que su misma reiteración demuestra que no se han tomado las medidas necesarias por parte de esas empresas para evitar su comisión; lo que nos habla de dos posibles escenarios; uno que es negligencia, y otro, participación directa en el ilícito.

– De acuerdo con la experiencia de esta investigación ¿Cómo se podría romper con la política de “abrazos y no balazos” para un combate serio de la violencia delictiva en México?

– Uno de los puntos que yo consideraría muy necesarios es buscar esquemas de coordinación mucho más consistentes. No me refiero únicamente a las reuniones periódicas que puedan tener titulares de dependencias; me refiero más a una coordinación operativa con una lógica como de ‘grupos de tarea’. Esto ha funcionado en otros países.

Tú tienes la disposición de formar un grupo de tarea para desarticular cierta red criminal regional, por ejemplo; entonces los órganos de inteligencia deben tener una representación ahí que sea capaz de jalar recursos, la información de su dependencia, y ponerlos directamente en marcha para esta investigación. Lo mismo sucede con Inteligencia militar, naval, Inteligencia Financiera y, sobre todo, la Fiscalía, porque lo fundamental es la aplicación del derecho. Ese sería un mecanismo necesario.

Esta obra, Negocios de Sombras, de Carlos Flores es importante porque revela la red de actores que van desde políticos, militares, y empresarios que empezaron implicándose en el contrabando, hasta llegar al tráfico de drogas. Ahí aparecen personajes como Juan Nepomuceno Guerra, tío de Juan García Ábrego –fundador y jefe del Cártel del Golfo, respectivamente– quien fuera uno de los financieros de la campaña de Miguel Alemán Velasco, de acuerdo con las fichas consultadas en el Archivo General de la Nación por el autor.

También se refiere al General Bonifacio Salinas Leal, quien cargó con la fama de brindar protección de grupos de contrabandistas y su impunidad fue gracias a que era amigo personal de Miguel Alemán. Bonifacio Salinas Leal, dice el investigador, “era el dueño real de “Molinas Azteca”, lo que más tarde se convirtió en MASECA, otra concesión otorgada desde el poder en el sexenio de Alemán, que terminó beneficiando –hasta la fecha– a la familia Hank González, dueños de Banorte y socios importantes de la empresa que durante el Gobierno de Carlos Salinas dirigió el señor Roberto González Barrera, “El Maseco”[1].

– ¿Dónde puede conseguirse este libro?

– Directamente en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS de la UNAM. En la página web (https://ciesas.edu.mx/) hay un apartado que dice “Librería” donde se puede obtener en versión electrónica (antes $126.00, hoy $100.80); y, respecto a la versión impresa, se puede escribir al correo que es ventas@ciesas.edu.mx que, ahorita por la “pandemia”, la librería de nuestra institución se encuentra cerrada, pero el envío es gratuito a toda la república.

(Fin de la primera parte)


[1] Ricardo Ravelo, “El crimen, inexplicable sin el poder político” https://www.sinembargo.mx/12-03-2021/3950077 Consultado el 04.10.2021

Esta es opinión personal del columnista

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Miguel Ángel Cristiani – La graciosa huida de Salud

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Finalmente renunció Roberto Ramos Alor a la secretaría

Luego que se encontraron 884 mil 822 medicamentos con caducidad

Entregó diversos contratos por 13 millones de pesos a una empresa

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Habría que poner en términos taurinos la renuncia del Secretario de Salud Roberto Ramos Alor, diciendo que no fue una “apasionada entrega” sino más bien una “graciosa huida.”

Lo cierto es que la renuncia, que aunque se dijo que él la presentó por iniciativa propia, no se sabe si la presentó después de que se la pidieron.

La salida de la importante Secretaría de Salud del Estado -tampoco se dijo si renuncia también al cargo de la Secretaría de Salud Federal- se da luego de la polémica que surgió cuando se reveló la existencia de 884 mil 822 medicamentos oncológico almacenados en bodegas de la capital del estado de Veracruz, que están próximos a caducar, aunque hay niños y niñas enfermos de cáncer que no tienen los medicamentos para su atención médica.

La renuncia de Ramos Alor se dio -igual que sucedió con la ex Secretaria de Turismo Xóchitl Arbesú Lago- luego de una reunión con el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.

Igual que ocurrió con Xóchitl Arbesú Lago, su salida del gabinete estatal fue anunciada por el gobernador en las redes sociales, igual que ahora con Ramos Alor simplemente se comentó que era por motivos de salud, sin dar mayores detalles de transparencia.

«El día de hoy he decidido aceptar la renuncia de nuestro querido amigo y correligionario Dr. Roberto Ramos Alor, a quien agradezco haberse entregado a los grandes principios humanistas del galeno, atender la salud y la vida de los demás, incluso a costa de la propia», informó.

«Por lo mismo he decidió nombrar como encargado de despacho de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz al Dr. Gerardo Díaz Morales».

Comentando con trabajadores del sector salud, nos informaron que el nuevo titular Díaz Morales es médico jubilado del IMSS, que fue director de Prestaciones Médicas. Habrá que darle el beneficio de la duda, para ver si ahora sí, se van a atender los problemas del sector salud.

Aunque hay escepticismo al respecto, ya que nos dicen los mismos trabajadores del sector que “todos los secretarios han sido ratas, pero éstos los superaron”.

En particular sobre Ramos Alor pesan señalamientos por asignar contratos mediante adjudicación directa, a una empresa a la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar por presuntos actos de corrupción. A la empresa Sincronía Médica Aplicada S.A. de C.V. entregó diversos contratos por 13 millones de pesos.

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) emitió el 11 de mayo pasado un comunicado en el que notificó que, en el almacén central de abasto de Xalapa, capital del estado, se encontraron 884 mil 822 piezas de medicamentos con caducidad menor a nueve meses.

Al respecto, señaló que realizaría gestiones para revisar la caducidad de cada uno de los fármacos hallados para implementar ajustes para aprovecharlos, ya que son de alto costo.

Esto provocó reproches de distintos actores. La senadora Yunista, Indira Rosales San Román del PAN, solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que por este caso, se inicie una queja de oficio.

Así las cosas, antes de que llegue una nueva recomendación de la CNDH -porque la local no figura para nada- se decidió que lo mejor era emprender la graciosa huida.

Luego del cambio del secretario de Salud, la pregunta que queda flotando en el aire, según Pancho López el filósofo ateniense xalapeño es ¿quién o quienes serán los siguientes funcionarios del gabinete que deberán de renunciar “por motivos de salud”?

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Javier Roldán – Corrupción en Salud

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La insoslayable brevedad  

Por Javier Roldán Dávila  

Por cierto, correligionario (bien escrito) implica compartir doctrina$  

Como es usual en México, el doctor Roberto Ramos Alor, renuncia a la Secretaría de Salud de Veracruz, como salvoconducto para librar cualquier responsabilidad sobre los presuntos actos de corrupción, que han sido denunciados por varios medios de comunicación. 

Justamente ayer, el diario NOTIVER cabeceó su edición con un lacónico ‘PFIZER GATE’, en la nota se precisa que viene una auditoría de la Federación por anomalías en el proceso de vacunación, no obstante, ya se habían documentado adjudicaciones amañadas en favor de empresas irregulares como el Corporativo Kosmos, ligado a los ‘Pandora Papers’. 

De que tamaño sería la repercusión del periodicazo en el centro nervioso de la 4T, que ayer mismo el excéntrico médico, presentó su dimisión a Cuitláhuac García que, para no variar, escribió un galimatías en su cuenta de Twitter: 

“El día de hoy he decidido aceptar la renuncia de nuestro querido amigo y correlegionario Dr. Roberto Ramos Alor, a quien agradezco haberse entregado a los grandes principios humanistas del galeno, atender la salud y la vida de los demás, incluso a costa de la propia”. 

Sobre esto último, habrá que preguntar a los padres de los niños con cáncer, si la demostrada falta de quimioterapias, se corresponde con la parte que asegura que Ramos honró el principio de “atender la salud y la vida de los demás, incluso a costa de la propia”. 

Más allá del disparate, lo destacable del caso es que, a tres años y medio de gobierno, al góber sabadaba ya no le funciona aquello de culpar a Duarte o Yunes y que, ante la presión de la Federación, tendrá que afrontar todas las tropelías que se han cometido en su periodo. 

Inevitable no caer en el lugar común, pero lo de la Secretaría de Salud, es la punta del iceberg, por lo tanto, más les vale a los hoy empoderados y envalentonados funcionarios, reflexionar sobre el futuro, porque como dijimos ayer, la ‘plenitud del pinche poder’ no es para siempre. Mientras tanto, los próximos carniceros, ya fueron a comprar la chaira. 

Posdata llena de curiosidad: lo de ‘correlegionario’ ¿no será un imperativo ¡córrele!?

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Héctor Parra – Desfachatez y mentiras oficiales

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TRAS LA VERDAD 

En México, gracias al gobierno de la “transformación” (deformación y desinformación), vivimos tiempos de incertidumbre, desfachatez y mentiras oficiales y no pasa nada. 

En la semana que termina se vivieron dos sucesos lamentables emanados de los ministros de la SCJN y del presidente de la República, Andrés López Obrador. 

Unos dicen no, el otro dice sí; poniendo en ridículo la sentencia de la Corte, a punto de cometer el delito de desacato. 

Los ministros se fueron de bruces, pretendiendo interpretar los insanos deseos del presidente de la República, dado que ya lo habían hecho con anterioridad y ambas autoridades quedaron felices. Me refiero a las obras del AIFA, el presidente se negó a dar información de la misma y los ministros le concedieron la gracia de “decretar” la obra con la naturaleza de “seguridad nacional”. 

Presidente y ministros quedaron felices. Los mexicanos no pudieron obtener información ni con la orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Bajo este criterio las autoridades federales volvieron a negar toda la información relativa a la compra de las vacunas para combatir la pandemia ocasionada por el Covid-19. Dos impugnaciones tuvieron que llegar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los solícitos y sumisos ministros volvieron a repetir la fórmula, negar toda información relacionada con los contratos y las vacunas por considerar que se trata de un tema de “seguridad nacional”. 

Así las cosas, el Pleno de la SCJN resolvió dos recursos de revisión en materia de “seguridad nacional” previstos en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 (RRSN 6/2021) y los comprobantes de pago respectivos (RRSN 3/2021). En el primero de ellos, dijeron los ministros, que la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la “seguridad nacional”, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país.  

Así que, los atentos ministros, debieron clasificar como reservada toda la información por un periodo de 5 años, sin que ello impida divulgar una versión pública en la que se puedan apreciar aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial (datos personales y secreto comercial). Los obsequiosos ministros no tenían la menor idea de lo que les esperaba con la bipolaridad del presidente de la República.

Luego los ministros resolvieron el segundo recurso. Determinaron que los comprobantes de pago respectivos deben ser clasificados como información reservada por un periodo de 5 años, pues su divulgación puede poner en riesgo la “seguridad nacional” por la misma razón precisada en sus falaces argumentos. 

Así de simplona la desfachatez de los ministros. El recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 6/2021, fue promovido por quien trabaja al lado de la oficina de AMLO, nada menos que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en contra de la resolución dictada en el recurso de revisión RRA 1899/21, dictada por el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 19 de mayo de 2021. 

El Consejero se oponía a que se diera la información; en el segundo expediente fue lo mismo, otro recurso de revisión en materia de “seguridad nacional” previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expediente 3/2021, también promovido por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en contra de la resolución dictada en el recurso de revisión administrativa 2391/21, dictada por el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 5 de mayo de 2021. 

Hasta aquí todo parecía miel sobre hojuelas, los ministros habían dado gusto al presidente de la República ¡Que nadie se entere de los contratos, de las cuantías y demás datos, relativos a las vacunas que han inoculado a la mayoría de los mexicanos! 

Pero ¡Oh! Craso error de los ministros. No le agradó al presidente. 

El presidente de la República, contrario a lo ordenado en otros casos, esta vez, en conferencia mañanera aceptó dar toda la información de los contratos. Las mentiras y la bipolaridad presidencial. 

Dijo el voluble presidente: “Sobre la resolución de la Corte, pues, aunque sea legal y nos piden a nosotros información, no la vamos a negar” ¡Ya la pidieron! 

¿Bien por el presidente? Pero, resulta que hay una sentencia de la SCJN y está a punto de incumplirla, lo cual significa incurrir en el delito de desacato. Más parece un juego perverso. 

Insistiría AMLO: “…todo, no tenemos nada que ocultar”; “aunque legalmente la Corte haya resuelto, nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información, o sea, son vacunas que se compraron con farmacéuticas y se entrega todo”; “tenemos que hacer (pública) en nuestro informe a la Auditoría Superior de la Federación, sin problema, es una decisión de la Corte, pero vamos a respetar todo, no podemos decir no, pero entregamos todo, todo, todo, si es lo que estoy pidiendo, que haya transparencia completa”.

¿Quién entiende el trabalenguas y mentiras de López Obrador? Dice: “Es una decisión de la Corte, pero vamos a respetar todo” ¿Respetará la sentencia? Luego agregó: “pero entregaremos todo, todo, todo… que haya transparencia completa” ¿Qué va a respetar el presidente ¿La sentencia o dará la información a que está obligado? 

Conclusión. Si perversamente el pleno de la Suprema Corte reservó por cinco años los contratos y comprobantes de pago que realizó el gobierno federal para la compra de vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Cansino contra COVID-19 ¿AMLO dará o no dará la información? 

Si da la información, incurre en el enésimo delito de desacato por violar la sentencia de la Corte. No importa que el INAI haya resuelto que debe dar la información ¡Los ministros dijeron que No! ¿Otro más de los engaños de AMLO? 

Los obsequiosos ministros tratando de cubrir la suciedad del presidente. Estaremos pendientes cualquiera que sea el resultado. 

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

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