Por José Sobrevilla
Liliana Saúl Rodríguez, periodista de larga experiencia se congratulaba recientemente en Facebook, junto con Luisa García Téllez de haber ganado el Trace Prize for Investigative Reporting 2022 por la investigación “A dónde va mi pensión”, señalando que el equipo periodístico estuvo conformado por más de 30 personas entre periodistas, programadores y diseñadores. Ellas forman parte del equipo del Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado, OCCRP, que abarca seis continentes, e incluye editores, investigadores, ingenieros de datos, especialistas en seguridad, administradores y tecnólogos, “cada uno con áreas específicas de experiencia profunda”, dice en su página web.
La OCCRP la fundaron en 2006 los periodistas veteranos Drew Sullivan y Paul Radu; el primero se desempeñaba como editor del Center for Investigative Reporting (CIN), una organización de noticias sin fines de lucro con sede en Emeryville, California; y Paul Radu trabajaba con uno de los primeros centros rumanos y ambos se especializaban en crimen organizado y corrupción. Hoy sus trabajos son difundidos a través de medios locales, inglés y ruso, a través de su sitio web. “En 2017, NGO Advisor la clasificó en el puesto 69 del mundo en su lista anual de las 500 mejores organizaciones no gubernamentales (ONG)”.
En la investigación que les hizo merecedores del premio mencionado, señalan que los fondos de pensiones son administrados en cuentas individuales, en su gran mayoría por firmas privadas. Ellas reciben una comisión por rentabilizar el dinero a través de sus decisiones de inversión. Se trata de un mecanismo cuya diseminación por la Latinoamérica comenzó en Chile hace 40 años. En Chile, Perú, Colombia, El Salvador y República Dominicana, a esas firmas privadas, se les conoce como AFP; en Uruguay como AFAP; en México son las Afore; y OPC en Costa Rica. Solo en Panamá las cuentas individuales son administradas por el Estado”.
Señalan en su reportaje que en algunos casos el dinero de las pensiones ha estado llegando a financiar empresas que los trabajadores, de haberlo podido decidir, no lo habrían hecho; “pues se trata de infractores ambientales, infractores laborales y empresas investigadas por corrupción; y devela -entre otras cosas- el rol de los trabajadores como financistas forzosos de sus gobiernos”.
Revelan que dos países han coincidido en el bloqueo de la información sobre el destino de las pensiones; ya que ni en Uruguay ni en México los afiliados a las administradoras de pensiones pueden conocer en qué compañías son invertidos sus fondos de jubilación ni qué tipo de instrumento financiero fue el que le compraron a la compañía de su interés. “El Banco Central de Uruguay respondió a un primer pedido de información para esta investigación, señalando que la Superintendencia de Servicios Financieros no dispone de información elaborada respecto a los portafolios de las AFAP con el grado de detalle requerido en su solicitud”.
Pero ante una insistencia, su argumento varió: “(…) la información requerida se encuentra clasificada confidencial”. Al cierre de esta edición, la Unidad de Acceso a la Información Pública tenía abierto un expediente al respecto, y le había solicitado explicaciones al regulador de pensiones en Uruguay, reportó Sudestada.
En la web diseñada para dar a conocer este trabajo (https://adondevamipension.org), las periodistas mexicanas han señalado que, en el caso de nuestro país, no se puede conocer en qué empresas se invierte el dinero de las pensiones, ni siquiera con un periodo de rezago, como sí sucede en Chile o Perú. El camino legal recorrido como parte de ‘A dónde va mi pensión’ ha sido arduo y ha tomado más de un año y medio, aseguraron.
“Diversas solicitudes de información fueron presentadas desde 2019, pero hasta la fecha no fue brindada la información requerida”; y agregan que “la misma que está a un clic de distancia en las páginas web de los reguladores de pensiones de Costa Rica, Chile, Colombia o Perú. En México esta data es considerada confidencial y ha sido negada con el argumento de que podría incluso ‘desestabilizar’ a los mercados financieros”.
Establecen que al día de hoy están en curso dos amparos (protecciones legales) en contra de las respuestas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) que niegan la información. Y es que, aunque esté demostrado a nivel internacional que no causa ningún daño financiero el dar a conocer esta información, en México las autoridades y las mismas Afores −agrupadas en la Amafore, Asociación Mexicana de Afores− se resisten a revelarla, según constató ‘A dónde va mi pensión’.
Después de más de un año de espera, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó a la CONSAR entregar información relacionada con las carteras o portafolios de inversión de cada una de las diez Afore. Sin embargo, esto no ocurrió pues la CONSAR se amparó contra la decisión del INAI, al considerar que está impedida por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) a compartir la información. Argumentan que esta es reservada y confidencial y que, de hacerse pública, se podría afectar a los portafolios de inversión y en general, a la competencia que hay entre las Afores. Los amparos aún están pendientes de resolverse en los próximos meses.
Octavio Ballinas, vicepresidente financiero de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) le argumentó a los investigadores de ‘A dónde va mi pensión’ que toda la información que entregan las Afores se encuentra bajo el marco del artículo 91 de la Ley del SAR, que implica que las Afores mantienen su información como confidencial. “Eso está normado por la ley del SAR, no lo digo yo”.
—Y en aras de la transparencia, en su opinión ¿no cree que sería benéfico (abrir la información)? Le cuestionaron.
—Habría que cambiar la Ley del SAR. Ahí ya estás hablando de meterte a la vida interna de las empresas. Es como si le pidieras la minuta del consejo de administración de Televisa −concluyó el funcionario−.
Esta es la situación en el país que, en 24 años, ha logrado sumar fondos de jubilación casi tan voluminosos como Chile en 40 años del sistema.
Las administradoras privadas de Chile y México manejan los fondos de pensiones más voluminosos de la región, sin embargo, las administradoras en estos países no son las que generan mayores rentabilidades para sus afiliados. En Chile, por ejemplo, los fondos administrados equivalen a más del 80% del Producto Interno Bruto, PBI; pero en México no alcanzan el 20 por ciento. Y de los ocho países, México tiene el mayor número de afiliados. En República Dominicana, Colombia, El Salvador, México y Perú, el número de afiliados creció más del 50% entre 2010 y 2019 (Mi pensión Data. Lucero Ascarza).
¿Por qué es importante esta investigación?
Porque el lector interesado podrá saber qué empresas y gobiernos se han beneficiado de nuestros fondos de jubilación; ya que cerca de 300 mil millones de dólares ha sido lo que acumularon los trabajadores de Chile, Perú, Colombia, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana hasta antes de la pandemia; y porque también se podrá conocer a qué entidades y empresas se financió a lo largo del periodo 2010-2019.
“A pesar de insistir por transparencia, los reguladores de pensiones de México y Uruguay no estuvieron dispuestos a informar dónde ha sido invertido el dinero de los trabajadores, por considerarlo información confidencial. La entidad competente en Panamá tampoco brindó la data solicitada”.
Por ejemplo, Sin saberlo, los fondos de pensiones de trabajadores de Chile, Colombia, Perú y Costa Rica terminan en inversiones que violan derechos humanos. ¿La responsable? La administradora de fondos más grande a nivel global, cuyo poder rápidamente avanza entre las pensiones latinoamericanas. BlackRock, la administradora de activos más grande del mundo, no suele ser conocida entre la mayoría de la población; sin embargo, tiene un efecto creciente en cómo se invierte el dinero de las pensiones en América Latina.
Cada vez más administradoras privadas de pensiones incluyen a BlackRock en sus portafolios de inversión, a través de sus instrumentos financieros como los Exchange Trade Funds (ETF) y fondos de renta fija, según un análisis regional realizado para la investigación ‘A dónde va mi pensión’. BlackRock llama a sus ETFs “iShares”, es su marca registrada. En países como México es imposible conocer el tamaño de las inversiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en los iShares, pues es considerada información confidencial o no facilitada a los clientes por las administradoras ni por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
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Esta es opinión personal del columnista
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