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José Sobrevilla-México ante el Covid-19: informe de la OMS

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Por José Sobrevilla

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el estudio encargado a principios de diciembre de 2020 al Institute for Global Health Sciences que dirige Jaime Sepúlveda (exdirector del Instituto Nacional de Salud Pública y fundador del CONASIDA, hoy Director Ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California, San Francisco), y que titularon “La respuesta de México al Covid-19: Estudio de caso”, donde muchos medios han destacado que alrededor de 190 mil muertes por todas las causas en 2020 se habrían evitado si se hubiera tenido “un desempeño promedio”.

Contundente, el documento señala que una buena gobernanza, fortaleza institucional y liderazgo eficaz hubieran implicado la formulación y aplicación de políticas en beneficio del público como las realizadas por países como Nueva Zelanda y Noruega, quienes han tenido un buen desempeño durante la pandemia; a la inversa, “un liderazgo deficiente e instituciones debilitadas son, obviamente, una mala combinación; desafortunadamente, México es un ejemplo de ello; pero incluso en lugares con instituciones sólidas, como Estados Unidos, un mal liderazgo tuvo consecuencias desastrosas en 2020”[1].

Jaime Sepúlveda, en el prefacio de la investigación, explica que los ciudadanos tienen derecho a ser informados verazmente por las autoridades sobre la magnitud de la amenaza y las mejores formas de protegerse de ella; actitudes frente al uso de mascarillas o la vacilación ante las vacunas, por ejemplo, dependen en gran medida de la calidad del liderazgo y ejecución políticos, así como de la claridad y coherencia de las comunicaciones.

“Minimizar la gravedad de la afección, desalentar el uso de mascarillas, priorizar la economía sobre salvar vidas y negarse a unir fuerzas con oponentes políticos para desplegar una respuesta coherente, han interferido también activamente en la implementación de políticas sanitarias sólidas por razones políticas. Las consecuencias en términos de vidas humanas han sido devastadoras. Por lo tanto, es necesario instituir algún nivel de responsabilidad política por un liderazgo y un desempeño deficientes”.

Más del 10% de la población mundial –se estima hasta ahora– ha sido infectada por el nuevo coronavirus, sin embargo, en muchos lugares de Europa, Estados Unidos, Brasil y México, esta proporción podría ser mucho mayor. Hoy por hoy, con más de 10 000 muertes por semana, el COVID-19 es la tercera causa de muerte a nivel mundial; en México es la principal. Las proyecciones estiman que para julio próximo, habrán fallecido cuatro millones de personas por COVID-19 en todo el mundo.

Recientemente dado a conocer, en sus 131 páginas, este documento asegura que la respuesta fiscal de México ante la pandemia ha sido una de las más pequeñas del mundo y mucho más baja que la respuesta de la mayoría de las economías de ingresos medios y altos. “Ninguno de los países con medidas de apoyo fiscal más bajas (Ucrania, Vietnam, Egipto, Guinea Ecuatorial y Guinea) se ha visto tan afectado por la pandemia como México”.

Esta limitada respuesta fiscal de México, 0.2% del PIB para gastos de salud y el 0.5% del PIB para apoyar a hogares y empresas, no debería sorprendernos, dice el texto; porque la administración actual se ha comprometido con una postura fiscal conservadora y, en general, no está dispuesta a acumular nueva deuda ni siquiera para financiar los proyectos emblemáticos de infraestructura de la presidencia.

El enfoque convencional, especialmente entre las economías más desarrolladas, ha sido mitigar el riesgo de una recesión más severa brindando apoyo fiscal directo a las empresas para mantenerlas a flote y evitar despidos permanentes de trabajadores, y brindando protección a los ingresos de las personas por encima de lo establecido legalmente por las medidas de protección social. “Con un 65.6%, la relación deuda/PIB es relativamente baja y la prudencia fiscal puede generar daños económicos duraderos que colocarían a México en el camino de una economía débil y una recuperación económica prolongada”, sentencia el documento.

En lo que se refiere al sistema de vacunación, el informe detalla que el presidente de México ha dado instrucciones para privilegiar comunidades rurales pobres del país; sin embargo, dado que el COVID-19 es predominantemente prevalente en grandes áreas urbanas, dicho mandato no tiene sentido epidemiológico, ha dicho el Washington Post.

Otra medida muy criticada ha sido la vacunación anticipada de maestros en estados que tienen baja transmisión del virus (Latinus); en general, la percepción de que las prioridades de vacunación están parcialmente orientadas por razones políticas prevalece en la prensa y los medios mexicanos, refiere el estudio, añadiendo que es relevante mencionar que el país celebrará elecciones el próximo mes de junio (El País).

Todas las vacunas en México, históricamente han sido administradas por trabajadores de la salud; sin embargo, para la vacunación del COVID-19, el presidente López Obrador ordenó que las vacunas sean administradas por las brigadas Correcaminos, comandadas por los “servidores de la nación”, una estructura integrada por 23 000 seguidores políticos de MORENA, el partido político en el poder. El hecho de que los servidores de la nación fueran vacunados antes que la población de adultos mayores generó gran descontento, ha referido El Financiero.

Respecto a otros países, México se ha quedado rezagado con sólo 2.4 dosis administradas por cada 100 personas hasta el 9 de marzo de 2021. En contraste, Chile ha logrado administrar 26.6 dosis por cada 100 habitantes en tan sólo 35 días.

Conclusiones:

  1. Las deficiencias en el modelo de manejo de la emergencia llevaron a una falta de precaución al tratar con un virus desconocido, fallas en la incorporación de evidencia científica relevante y una incapacidad para reconocer errores y corregir las políticas una vez que los supuestos iniciales resultaron inválidos.
  2. Las autoridades nacionales no cumplieron con sus funciones de rectoría durante la emergencia y no asumieron la responsabilidad política de coordinar una respuesta nacional coherente y unificada.
  3. La falta de una comunicación clara, prudente y correcta sobre el nivel real de riesgo y acerca de cómo actuar al contraer la enfermedad ha contribuido al impacto devastador de la pandemia en México. Las autoridades no han transmitido un mensaje correcto y coherente ni han reforzado las medidas de salud pública a través de su propio comportamiento.
  4. Las consideraciones financieras ejercieron una influencia desproporcionada sobre las estrategias para manejar la pandemia, a expensas de las medidas de salud pública necesarias y del apoyo a los grupos sociales vulnerables más afectados por la pandemia.
  5. La adherencia sostenida a una política de pruebas excesivamente restrictiva socavó la capacidad de detectar brotes, diagnosticar pacientes, controlar la transmisión y estimar adecuadamente la carga de COVID-19 en el país.
  6. Los sistemas de vigilancia epidemiológica han subestimado fuertemente la carga de COVID-19. Los retrasos en los sistemas de información sanitaria han inhibido la toma de decisiones basada en datos epidemiológicos precisos y oportunos.
  7. El sistema de salud se encontraba en una situación precaria debido a la falta de inversión crónica, los recientes recortes por austeridad y reformas inoportunas y mal concebidas.
  8. Los esfuerzos para ampliar la capacidad de los hospitales y las Unidades de Cuidados Intensivos se vieron parcialmente socavados por la ausencia de un enfoque integral en la prestación de servicios de salud y la falta de control sobre la transmisión viral. Las autoridades no prepararon ni abastecieron adecuadamente el sistema de salud para hacer frente a la emergencia, lo que puso en riesgo a los trabajadores de la salud y contribuyó a altas tasas de mortalidad.
  9. Grandes desigualdades en el acceso y la calidad de los servicios de salud y otras desigualdades sociales crearon vulnerabilidades estructurales a una elevada carga de enfermedad y se han profundizado durante la pandemia. Altas tasas de condiciones preexistentes –como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas– expusieron aún más a grupos sociales amplios al COVID-19 grave y han contribuido a una alta mortalidad.
  10. El plan de vacunación sigue siendo insuficientemente detallado y transparente. Es motivo de preocupación que las prioridades y decisiones de vacunación sean sometidas a consideraciones partidistas y electorales.

Cabe destacar que cada uno de los 10 puntos de las anteriores conclusiones, incluye una serie de recomendaciones de cómo debe abordarse por parte del gobierno para enmendar estos errores, pero como es ya costumbre en este tipo de trabajos emitidos por organismos extranjeros, seguramente será desestimado por la presidencia y atribuido a “la mano” o influencia de los “conservadores” que quieren afectar la consumación de la Cuarta Transformación; situaciones que han puesto al país en tela de juicio.

Este texto ha sido elaborado totalmente con fragmentos que este corresponsal consideró importantes para el conocimiento de sus lectores, y si quieren conocer el informe completo coloque en el buscador “La respuesta de México al Covid-19: Estudio de caso”, y le aparecerá el PDF.


[1]https://globalhealthsciences.ucsf.edu/sites/globalhealthsciences.ucsf.edu/files/la_respuesta_de_mexico_al_covid_esp.pdf consultado el 13-04-2021

Esta es opinión personal del columnista

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Nombra Congreso a seis integrantes del Consejo Estatal Ciudadano

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• Avala el Pleno, con 44 votos, el dictamen de la Comisión Permanente de Gobernación.

Con el propósito de garantizar debidamente el cumplimiento de la Ley 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Pleno de la LXVI Legislatura aprobó, con 44 votos a favor, el dictamen de la Comisión Permanente de Gobernación con lo que fueron emitidos los nombramientos de seis Personas Consejeras Ciudadanas, integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, órgano del mecanismo estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas.

De esta manera, quedó establecido el nombre de la persona, representación y el periodo del cargo. Nallely Guarneros Zarandona, familiar de Persona Desaparecida de la Región Centro, por un periodo de un año; Ramón López Anaya, familiar de persona desaparecida de la Zona Norte, por un lapso de dos años, y Patricia Eugenia Zamudio Grave, especialista en la Protección y Defensa de los Derechos Humanos, por dos años.

También, Julio César González Ortiz, especialista en Materia Forense, por tres años; Pedro Gilberto Lobato Cruz, representante de Organización de la Sociedad Civil de Derechos Humanos, por tres años, y Adriana Rosas Morales, representante de Organización de la Sociedad Civil de Derechos Humanos, por dos años.

El dictamen refiere que el Artículo 44 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas dispone que el Consejo Estatal Ciudadano integrará de entre sus miembros un Comité para la evaluación y seguimiento de las acciones emprendidas por la Comisión Estatal de Búsqueda, que tendrá entre sus atribuciones solicitar a ésta información relacionada con los procedimientos de búsqueda y localización; conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad, convenios, lineamientos, programas y reglamentos que emita la Comisión.

Además, dar seguimiento a la implementación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el ámbito estatal; contribuir, de acuerdo con lo establecido en la ley y los reglamentos, a la participación directa de los familiares en el ejercicio de sus atribuciones, y las demás que determine el Consejo Estatal Ciudadano.

De acuerdo con la convocatoria, publicada el 14 de marzo y que recibió propuestas hasta el 22 de abril, la Comisión de Gobernación realizó las entrevistas con las y los aspirantes el 27 de abril en la sala de sesiones Venustiano Carranza.

Posterior a la aprobación del dictamen, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Cecilia Guevara, designó a la Comisión de Cortesía, integrada por las diputadas Margarita Corro Mendoza, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Anilú Ingram Vallines y Maribel Ramírez Topete, así como por los diputados Paul Martínez Marie, Genaro Ibáñez Martínez y Juan Enrique Santos Mendoza, para recibir y conducir al Recinto Oficial de Sesiones a cinco de las seis personas, para la toma de protesta de ley.

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Mayor visibilización de citricultores, pide Diputada

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• Expresa reconocimiento Adriana Esther Martínez con motivo del 30 de mayo, Día Estatal de la Citricultura.

Ante la proximidad del 30 de mayo, Día Estatal de la Citricultura, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez expresó su reconocimiento a quienes viven de esta industria y refirió las dificultades que aún padecen y la necesidad de visibilizar su contribución al desarrollo y progreso de Veracruz y México.

Destacó que la citricultura representa el 2.78 por ciento del Producto Interno Bruto Agrícola Nacional. En Veracruz –añadió-, naranjas, limón persa, lima, mandarina y toronja son de los cítricos que más se producen y consumen.

La representante del Distrito VII, de Martínez de la Torre, ponderó la producción de naranja, que, dijo, registra dos mil toneladas, lo que equivale a una aportación de cuatro de cada diez pesos derivados de la venta de este cítrico. Además, Veracruz es líder en cosecha de toronja, en la que sus 26 municipios productores generan casi 329 millones de pesos.

Adriana Esther Martínez reconoció que, aun con estos resultados satisfactorios, el campo enfrenta diversos retos que no son ajenos a la citricultura, además de otros como el Cambio Climático, las plagas, la pandemia por Covid-19 y la competencia desleal de productores de otras entidades.

Ante esto, reconoció en las y los representantes populares facilitadores de oportunidades en aras de prevenir, atender, solucionar y erradicar las adversidades que ponen en riesgo el bienestar de la población y de sus sectores productivos. Para lo cual, propuso incrementar y mejorar la tecnificación, las acciones de sanidad y las estrategias que garanticen la comercialización y la competitividad.

“El ejemplo de quienes se dedican a cultivar, desde temprana hora y sin importar la duración de su jornada ni los extremosos climas, es fuente de inspiración que obliga a centrar toda clase de esfuerzos sociales e institucionales en su beneficio. No hay tiempo que perder y sí mucho por hacer”, concluyó la Diputada.

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Reforma, permitiría que trabajo legislativo sea accesible para personas con discapacidad

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• La diputada Illya Dolores Escobar Martínez presenta iniciativa que reformaría el artículo 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.

Para acatar el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos de Veracruz y en especial para abatir la deuda histórica con las personas con discapacidad, la diputada Illya Dolores Escobar Martínez presentó una iniciativa de adicionaría un párrafo al artículo 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, con la finalidad de establecer que las sesiones de este Congreso y la difusión de información oficial deberá contar con disposiciones enfocadas a este sector.

De acuerdo con la propuesta de la diputada, las sesiones presenciales y remotas, así como la comunicación y difusión oficial del Poder Legislativo contarán con los ajustes razonables, que incluirá: intérprete de Lengua de Señas Mexicanas, visualización de textos, Sistema Braille, comunicación táctil, macrotipos, dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, sistemas auditivos, lenguaje sencillo, medios de voz digitalizada y otros modos.

También, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información, las comunicaciones de fácil acceso para garantizar el derecho a la información de las personas con alguna discapacidad, priorizando en todo momento un lenguaje incluyente y no sexista.

En su participación en la tercera sesión ordinaria, la Diputada dijo que esta propuesta nace de la mesa de trabajo que realizó en las instalaciones de este Palacio Legislativo el pasado 11 de mayo con organizaciones de la sociedad civil que colaboran con el tema de discapacidad, así como expertas y expertos en la materia.

Entre los datos presentados, la legisladora precisó que el estado de Veracruz, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que hay una población con discapacidad de 468 mil 990 personas, que corresponden al 5.8 por ciento del total de la población; de las cuales 47 por ciento son hombres y el 53 por ciento, mujeres.

Agregó que el grueso de esta población está en un rango etario de 60 a 84 años con 202 mil 584 personas, seguido de 134 mil 435 personas con edad de entre los 30 y 29 años.

Por otra parte, la secretaria de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género recordó que la Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad dispone en su artículo 29 que, “las autoridades estatales y municipales realizarán las acciones pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidas las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.

A la iniciativa se adhirieron los grupos legislativos de Morena y del PAN, los diputados José Luis Tehuintle Xocua, Ramón Díaz Ávila y Juan Enrique Santos Mendoza, así como las diputadas Tania María Cruz Mejía, Anilú Ingram Vallines, Maribel Ramírez Topete, Ruth Callejas Roldán y Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre. Para su estudio y dictamen fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

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