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José Sobrevilla – Quintana Roo. Cuando la justicia no es justa

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Por José Sobrevilla

Un caso ya tratado en esta columna ha sido el de los ejidatarios de Pino Suárez, Tulum, Quintana, Roo, conflicto que se ha prolongado casi 50 años y que se mueve entre la corrupción y los intereses muy marcados, donde los jueces que deberían impartir justicia (Tribunal Superior Agrario), han desatendido varios aspectos de la demanda. Esta ocasión denuncian que el recurso de revisión realizado por la autoridad judicial, ha sido resuelto con total desapego al derecho, ya que entre otras cosas, fue dictada en contra de lo dispuesto en el artículo 27 fracción VIII, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero, ¿qué dice dicho ordenamiento legal?

Respecto a “La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria”, y aquí es donde entra la Fracción VIII que es donde hace las declaraciones de nulidad, y el cual el equipo legal de los ejidatarios ha considerado aplicables las fracciones “b” y “c”, y que señalan:

b.- “Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y núcleos de población”.

c.- “Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de población.

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas.

IX.- La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos, materia de la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de los terrenos”[1].

Además, explican los abogados de los Ejidatarios, esta resolución de los jueces es contraria a las actuaciones judiciales, por lo que se actualiza el supuesto delictivo previsto en la fracción VI; esto es, “Las leyes de la Federación y de las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente.

El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base.

El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular ─continúa la ley─ por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.

El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada[1].

Por todo lo anterior, los ejidatarios del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, municipio de Tulum, Quintana Roo, Joel Tovar Arcos, María Isabel Caro Cetina, Columba Archundia Garrido, Rodolfo Sosa Escobar, Lea Tun Cahuich, Juan Tun Mis y Germán Mondragón Correa, anuncian la preparación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, FGR, en contra de los Magistrados del Tribunal Superior Agrario, Maribel Concepción Méndez de Lara, Alfonso Pérez Gasca, Claudia Dinorah Velázquez González y Carmen Laura López Almaraz.

Señalan además, haber dejado de estudiar los conceptos de agravio Octavo y Décimo Cuarto, que hicieron valer, lo cual los colocó en el supuesto delictivo previsto en la fracción VII, omisión hecha deliberadamente para no tener que darle la razón al núcleo agrario. Por lo que, en vista de lo anterior, y en el caso de darse indicios de enriquecimiento ilícito, solicitarán que se le de vista a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, para que realice la investigación correspondiente.

También externaron, que “el amparo directo 545/2021 le ha sido turnado al magistrado Leonel Jesús Hidalgo para que elabore el proyecto de resolución por lo que le piden sea apegado a derecho y no vaya a colocarse en el supuesto delictivo del artículo 225 fracciones VI y VII, del Código Penal Federal”.

Que dice: “Fracción VI, dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio u omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos dispuestos en la ley; VII.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidas”[2].

Está es opinión personal del columnista.

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[1] http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/27.pdf

[2] https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/libro-segundo/titulo-decimoprimero/capitulo-i/ Consultado el 01.03.2022


[1] http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/27.pdf Consultado el 01.03.2022

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Carlos Jesús R. – Desprotegidos por AMLO siguen cayendo comunicadores 

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POR SI ACASO…

*Matan a periodista y su hija, mientras la esposa esta grave

*Van 12 reporteros ejecutados durante este fallido gobierno

NO LE faltaba razón al Parlamento Europeo cuando, en Marzo de este año, pidió al Gobierno mexicano que garantizara la protección y creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos, en una resolución aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. Aquel jueves 10, la Cámara Europea destacó que “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”, y en ese tenor enumeró a los comunicadores asesinados, siete hasta ese entonces, aunque de ese tiempo a la fecha el incremento ha sido más que preocupante sin que las autoridades hagan nada, por el contrario, pese a la ejecución de periodistas, defensores de derechos, sacerdotes, mujeres y niños, por solo mencionar algunos sectores, se sigue insistiendo en la fallida estrategia de “abrazos no balazos”, algo que solo beneficia a los recorridos de AMLO a lo largo y ancho del País sin mayores preocupaciones, pero perjudica severamente al pueblo por la pérdidas de padres, madres, hijos, hermanos, ministros de cultos religiosos y hasta reporteros. Los eurodiputados dejaron en claro aquella ocasión que la situación en México se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de Julio de 2018, cuando según fuentes oficiales, al menos 47 periodistas habian sido asesinados desde entonces. A ello se suma, advierte el texto del PE, un problema endémico de impunidad, ya que alrededor del 95 por ciento de los asesinatos de periodistas permanecen impunes.

PUES BIEN, la mañana de este miércoles se suscitó una nueva agresión contra un comunicador. Se trataría del doceavo crimen en contra del periodista Antonio de la Cruz, reportero del Expreso de Tamaulipas, quien fue asesinado a balazos cuando salía de su domicilio en la calle Puerta de la Luna, del fraccionamiento Puerta de Tamatán en Ciudad Victoria, resultando muerta, también, durante la agresión la hija del comunicador de nombre Cynthia, mientras que la esposa de Antonio de la Cruz se reporta como grave. Ha sido grupo editorial Expreso-La Razón quien informó del homicidio y exigió “a las autoridades de todos los niveles que se haga justicia”. De la Cruz, fue reportero en varios medios de la capital tamaulipeca y se desarrolló por más de tres lustros en el periódico Expreso, y con su alevoso crimen se convierte en el doceavo comunicador ultimado en lo que va del año. El ahora occiso cubría temas de nota roja, agropecuarios y de medio ambiente, y mantenía una crítica firme al gobierno en su cuenta de Twitter. El diputado del Partido Movimiento Ciudadano y ex panista Enrique Cárdenas, se apresuró a hacer un señalamiento, desde el congreso local, contra la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. “Ésta es una acción en donde los principales sospechosos son los del gobierno del estado”, mientras que por su parte, el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca envió un mensaje de solidaridad y condenó el homicidio del periodista. “Mis condolencias a familiares, amigos y colegas del periodista @tonypresss. Desde el @gobtam condenamos enérgicamente su asesinato, he solicitado al titular de la @FGJ_Tam el compromiso de esclarecer los hechos y que este cobarde crimen no quede impune”.

Y AUNQUE el Gobierno Federal en un afán de encubrirse afirma que son 7 los periodistas asesinados –como si 4 o 10 redujera culpas-, en realidad son 12 crímenes con el perpetrado este miércoles en Tamaulipas. Se trata de: 

José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero, en el Puerto de Veracruz; Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero, en Tijuana, BC; Lourdes Maldonado López, el 23 de enero, en Tijuana, BC; Roberto Toledo, el 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán; Heber Fernando López Vásquez, el 10 de febrero, en Salina Cruz, Oaxaca; Jorge Luis Camero Zazueta, el 24 de febrero, en Empalme, Sonora; Juan Carlos Muñiz Hernández, el 4 de marzo, en Fresnillo, Zacatecas; Armando Linares López, el 16 de marzo, en Zitácuaro, Michoacán; Luis Enrique Ramírez Ramos, en Culiacán, Sinaloa, el 5 de mayo; Yessenia Mollinedo Falconi y Johana García Olivera, en Cosoleacaque, Veracruz, el 9 de mayo, y ahora Antonio de la Cruz, su hijita Cynthia y lesionada gravemente su esposa, en un ataque cobarde y con toda la saña del mundo. 

LO DIJO en su momento el Parlamento Europeo cuando expresó que “observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor”, y alude, en concreto, a la retórica populista del presidente López Obrador en sus conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas. En ese contexto, los eurodiputados advierten que “la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes”, por lo que pidió a las autoridades que se abstengan de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y también a los defensores de los derechos humanos. A ese respecto, recuerdan que desde diciembre de 2018 al menos 68 activistas de derechos humanos han sido asesinados en el país. Aquella Cámara también apuntó la existencia de “claros indicios” de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de piratería telefónica destinadas a luchar contra el terrorismo y los cárteles, incluido el programa espía Pegasus, contra periodistas y defensores de los derechos humanos.

Y ES que el Presidente Andrés Manuel López Obrador podrá argumentar lo que le venga en gana, incluso “campañas negras” de sus adversarios los conservadores y seguir engañando a la población que compra con migajas, pero lo cierto es que delitos de alto impacto como el homicidio doloso, extorsión, lesiones dolosas, el robo en general y la violación, se han incrementado en lo que va de la administración Federal en comparación con datos del gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que los asesinatos duplican ya las cifras del periodo de Felipe Calderón Hinojosa. Y no se trata de inventos; basta que el mandatario nacional revise los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre diciembre de 2018, fecha del inicio de gobierno de López Obrador, y mayo de este año, para que se percate que a nivel nacional se contabilizan 99 mil 784 carpetas de investigación por homicidios dolosos (a Mayo sin contar el mes de Junio), lo cual representa un 66.4 por ciento más que los 59 mil 938 casos registrados en el mismo periodo, pero durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (diciembre del 2012 a mayo del 2016), mientras que al comparar las cifras de asesinatos con el mismo periodo del gobierno de Felipe Calderón (diciembre de 2006 a mayo de 2010), el porcentaje se eleva en un 105.4 por ciento, pues en dicha administración, para entonces se contabilizan 48 mil 580 carpetas de investigación por el delito de homicidio culposo. Y un caso similar se da en extorsiones, feminicidios, desapariciones forzadas y masacres, mientras AMLO defiende su fallida política de abrazos no balazos, sabedor de que a él lo protegen las fuerzas armadas y, hasta un pacto no escrito de no agresión con la delincuencia. Asi de fácil. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

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Miguel Ángel Cristiani – La no inauguración de Dos Bocas

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Solo será de una primera etapa de operaciones de prueba

Solo la fachada del proyecto más caro y menos rentable

Costará más del doble de lo presupuestado originalmente

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Que dice mi mamá que siempre no, resulta que este viernes no se llevará a cabo la inauguración de la famosa refinería de Dos Bocas “Olmeca” en el vecino estado de Tabasco, sino que como todavía no está lista y terminada, lo que habrá será solo de una “primera etapa de pruebas” del complejo refinador, que tendrá 17 plantas y que esperan que para el 2023 esté en producción.

Así entonces, el presidente López Obrador va a inaugurar la fachada del proyecto más caro y menos rentable del que se tenga memoria: la refinería de Dos Bocas que costará más del doble de lo presupuestado originalmente: más de 15 mil millones de dólares, es decir unos 300 mil millones de pesos.

El presidente Andrés Manuel López ha dicho que procesará los 340,000 barriles diarios de crudo prometidos para la producción de combustibles 6 meses después de esto; no obstante, la Secretaría de Energía (Sener) a cargo de la -no veracruzana- Rocío Nahle, proyectó que esto se alcanzará hasta 2026.

De acuerdo con el análisis costo-beneficio correspondiente a la “Construcción del Ramal Ferroviario Estación Ing. Roberto Ayala-Dos Bocas, en el estado de Tabasco”, la Sener que encabeza Rocío Nahle estima que en 2023 la refinería recibirá para su producción 240,000 barriles diarios de crudo y llegará a 267,000 barriles en 2025.

Y hacia 2026, alcanzará los 340,000 barriles diarios, lo que implicaría una utilización de 80% de la obra, señala el documento.

“Tenemos que el inicio de operaciones de la refinería Dos Bocas, en 2023 la producción será de 240,000 barriles diarios, alcanzando el máximo de capacidad de producción en 2026 con 340,000 barriles diarios”.

También el presidente López Obrador ha mencionado que el próximo año se dejarán de comprar gasolinas en el extranjero, pero las mismas estimaciones de la Sener sugieren que habrá un desfase entre oferta y demanda local que se continuará acentuando al menos hasta 2026.

De esta forma, para gasolina y para diésel, la diferencia entre oferta y demanda requerirá cubrirse todavía con importaciones.

Pero tampoco se ha dicho nada sobre el que bajarán los precios de la gasolina, ahora que ya no se tenga que importar y se produzca en nuestro país.

Presidencia admitió por primera vez que la refinería Olmeca costará hasta 12,000 millones de dólares, 50% por encima de los 8,000 millones de dólares comprometidos. “Sí, hubo un aumento, pero no de 18,000 millones, pues como un 20-30% (…) O sea, va salir como 11-12 (mil millones), incluyendo IVA (Impuesto al Valor Agregado). Se ajusta a lo que autorizó el consejo de Pemex”, aseguró el primer mandatario en su conferencia matutina del viernes pasado.

Tampoco se ha vuelto a mencionar

nada sobre lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró inconsistencias y posibles daños al erario por un monto de 59.2 millones de pesos en las obras para la construcción de la refinería Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco, reveló el último Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2020.

Las anomalías detectadas por la ASF en el gasto ejercido en Dos Bocas, de pesos, es producto de inconsistencias entre los volúmenes de obra estimados contra los realmente ejecutados; pagos indebidos en las categorías de profesionistas senior y junior, sin acreditar la especialidad de las personas contratadas; pagos en exceso por concepto de desmonte en zonas de selva; diferencias de los volúmenes pagados en material de construcción contra las cantidades consideradas en la integración de las matrices de 14 productos diferentes a precios unitarios, y adjudicación de contratos por invitación y por asignación directa, en perjuicio de la celebración de concursos y licitaciones abiertas.

Luego entonces, este viernes habrá inauguración de la refinería, pero no producción de gasolina.

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José Sobrevilla – #VacacionesDignasYa

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Por José Sobrevilla

¿Ha visto la imagen del mexicano con su sombrero y su zarape durmiendo junto a un cactus? Pue fíjese que no. El compatriota no es ningún holgazán, sino todo lo contrario. Por algo la mano de obra mexicana tanto en EU como en Canadá o en muchas partes del mundo es muy apreciada. Y también por ello, (algo que en esta administración ha sido muy mencionado), la lluvia de remesas que envían los connacionales que trabajan en EU han logrado mantener al país sin graves problemas económicos.

La reflexión viene a cuento porque el amigo periodista Jorge Meléndez Preciado apoyó en Facebook la propuesta de Rodrigo Cordera Thacker lanzada por changue.org, y dirigida a las de Diputados y senadores para que los trabajadores tengamos más días de vacacione pagadas. 

El planteamiento es simple:

​​¿Sabía usted que México es de los países del mundo donde tenemos menos días de vacaciones pagadas? 

Señala Cordera Thacker que estamos detrás de Brasil, Perú, Nicaragua (30 días); de Uruguay (20 días); o de El Salvador, Guatemala, Chile, Bolivia o Colombia (15 días); y que México ha sido el país de la OCDE donde más se trabaja al año, pero está en las últimas posiciones en materia de productividad laboral.

“Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”; por lo cual ¿Te parece que 6 días de descanso al año son razonables?; pues no, porque la Organización Internacional del Trabajo, OIT, recomienda al menos 18 días de vacaciones pagadas al año.

Narra el peticionario que “Hace unas semanas, un grupo de ciudadanas y ciudadanos, junto con la Senadora Patricia Mercado y el Diputado Federal Checo Barrera, impulsaron una iniciativa para garantizar este derecho social al descanso digno, para duplicar el número de días de vacaciones pagadas por Ley a partir del primer año, es decir 12 días iniciales”. 

Todo ello resulta contraproducente ya que con la llegada del actual presidente se planteó que los mexicanos trabajaran también los sábados como lo hace el propio presidente quien es raro que se tome algunos días de descanso. ¡Pese a ello Rodrigo Cordera y mi amigo Jorge Meléndez, piden a los lectores que se sumen para exigirle a las y los legisladores federales para que este derecho sea una realidad en México, para mejores condiciones laborales y de justicia social en el sector público y privado, para todas las personas trabajadoras.

Al respecto, La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1936 en su vigésima reunión; señala que, “después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las vacaciones anuales pagadas, cuestión que constituye el segundo punto del orden del día de la reunión, y después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha veinticuatro de junio de 1936, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el ‘Convenio sobre las vacaciones pagadas’: Artículo 1º 

1. SeráEl aplicado a todas las personas empleadas en las empresas y establecimientos siguientes, ya sean estos públicos o privados: (a) empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen, preparen para la venta, destruyan o demuelan productos, o en las cuales las materias sufran una transformación, incluidas las empresas de construcción de buques, y la producción, transformación y transmisión de electricidad o de cualquier clase de fuerza motriz…

(b) empresas que se dediquen exclusiva o principalmente a trabajos de construcción, reconstrucción, conservación, reparación, modificación o demolición de las obras siguientes: edificios, ferrocarriles, tranvías, aeropuertos, puertos, muelles, obras de protección contra la acción de los ríos y el mar, canales, instalaciones para la navegación interior, marítima o aérea, caminos, túneles, puentes, viaductos, cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos, instalaciones para riegos y drenajes, instalaciones de telecomunicación, instalaciones para la producción o distribución de fuerza eléctrica y de gas, oleoductos, instalaciones para la distribución de agua, y las empresas dedicadas a otros trabajos similares y a las obras de preparación y de cimentación que preceden a los trabajos antes mencionados…

Por ello, en México, debemos cambiar la manera en cómo evaluamos el trabajo. Dejar de darle tanta importancia al clásico número de horas de presencia (la famosa “hora nalga”) para evaluar la calidad con la que se labora; porque está comprobado que mejores condiciones laborales contribuyen a aumentar la calidad, la productividad y la competitividad laboral.

Un periodo mayor de descanso reduce los riesgos de accidentes hasta un 300% (cuyo costo puede llegar a ser millonario para las empresas), previene el estrés y agotamiento laboral (“burn out”). México está ubicado como el país en el que las personas trabajadoras sufren mayor estrés laboral (el 75% lo ha padecido al menos una vez, siendo México el primer lugar del mundo de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud). 

Concluyen que, “Contar con buenas condiciones laborales es clave para la estabilidad laboral y el aumento de la formalidad económica. Más vacaciones pagadas son una oportunidad para la reactivación económica y el fortalecimiento del turismo nacional. ¡Únete para llevar esta propuesta con nuestros legisladores! Firma ya y haz que el aumento de vacaciones pagadas en México sea una realidad. #VacacionesDignasYa

Esta es opinión personal del columnista

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