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Miguel Ángel Cristiani – Coronel Brizio la mejor opción

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·       La Universidad Veracruzana necesita certidumbre

·       Revisar el modelo educativo, haciéndolo multimodal

·       Implementar el del uso de las tecnologías de la información

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Después de escuchar al doctor Héctor Coronel Brizio, actual Director General de Servicios Escolares en la plática que tuvo con los integrantes del Grupo de los Diez, podemos considerarlo como la mejor opción que tiene la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, para nombrar al próximo Rector de la Máxima Casa de Estudios.

Desde la forma de expresarse, el modo de pensar, la manera en que habla del presente y futuro, lo explica todo como un maestro que domina la clase que está impartiendo, pareciera que estamos conversando con el próximo Rector de la UV.

Despacio, sin prisas, Héctor Francisco Coronel Brizio nos comparte su visión actual y futura de lo que se debe hacer en la máxima Casa de Cultura de Veracruz, para que vuelva a tener el prestigio que tuvo en antaño.

Podríamos resumir que la Universidad Veracruzana necesita certidumbre, hacia dónde va la universidad en estos nuevos tiempos. Esa es una pregunta fundamental que pueden tener los estudiantes, los maestros, los investigadores, padres de familia, funcionarios, todo mundo, puede preguntarse eso.

¿Por qué razón? Porque las condiciones han cambiado radicalmente, antes de la pandemia había una estructura funcional, que tiene que ser repensada actualmente, esto implicaría revisar nuestro modelo educativo, haciéndolo flexible multimodal.

Tenemos diversos programas educativos en la Universidad Veracruzana, que tienen distintos requerimientos, entonces necesitamos saber que cursos podemos otorgar, impartir, en qué modalidad, cuales serían presenciales, cuáles no son necesariamente presenciales, que parte pueden ser presenciales. Todo eso implica, ligar todas esas consideraciones a un modelo que esté asociado directamente a los programas educativos de la Universidad.

En segunda instancia, en beneficio tanto de estudiantes como del personal académico, investigadores principalmente, requerimos transitar a una universidad digital, es decir, trámites y servicios que puedan ser realizados de manera expedita y a través de los sistemas que estén consolidados y perfectamente integrados unos con otros, estamos viendo que ya tenemos la tendencia a tener documentos digitalizados -para el caso de los estudiantes- todos sus trámites escolares podrían realizarse de esa manera, en beneficio de todas las regiones de la Universidad, así mismo para los académicos o investigadores que requieran realizar algún tipo de trámite, para eso necesitamos una integración de los servicios.

Otra cuestión importante que tenemos que ver, es recordar que la función primordial y la razón de ser son nuestros estudiantes, a raíz de la pandemia, hemos tenido un comportamiento especial, en el sentido de que muchos jóvenes optaron por darse de baja en algunas materias, en un semestre incluso, cuando observamos las causas observamos que son asuntos que han impactado a las familias de los estudiantes, entonces tenemos que hacer una revisión al estatuto de los alumnos, para disminuir las bajas definitivas, que por razones del estatuto, los jóvenes pierden la oportunidad de continuar sus estudios y desde luego tratar de incidir en los índices de deserción natural que hay en los diversos programas educativos.

Es posible disminuir el número de casos de jóvenes que quedan sin derecho a la inscripción, porque la Universidad Veracruzana no rechaza a nadie, tiene instrumentos de evaluación imparcial, que es que los jóvenes acceden o no a esos lugares, todos son valiosos, la universidad aprecia a todos los jóvenes que se acercan a ella y desde luego que sí es posible abatirlo, mediante los esquemas híbridos de que hablábamos anteriormente, para incrementarlo.

Otro tema importante que se trató es el del uso de las tecnologías de la información, para poder resolver el problema del futuro de la educación en la Universidad Veracruzana, tenemos que identificar formas apoyadas en estos mecanismos para poder dar los servicios. No es un proyecto demagógico, tiene como ejes a las funciones sustantivas de la Universidad, docencia, investigación, difusión cultural y extensión de los servicios.

La problemática concreta que tenemos que atender es ¿cómo lograr que la Universidad siga cumpliendo estas funciones sustantivas en las condiciones actuales y futuras? La única manera que podremos lograrlo -insisto- es revisando la forma en que estamos impartiendo la enseñanza, tanto en licenciatura como en postgrado, la forma en que estamos utilizando esas tecnologías de la información y de comunicación y la forma en que nuestros maestros e investigadores están interactuando con los alumnos.

Y eso solamente lo vamos a poder atender, cuando tengamos sistemas de información realmente integrales, que se hablen entre sí, y que sean en beneficio tanto de los alumnos como de los maestros, una gran parte de la gestión académica y administrativa tiene que hacerse de manera segmentada, por eso hay que tener esto presente para resolverlo.

Finalmente nos comentó que considera que es un buen momento para buscar la Rectoría de la Universidad Veracruzana, para poder hacer ciencia en la administración de la Máxima Casa de Estudios de nuestro Estado. Finalmente nos expresó que todo sea por una Universidad, con Arte, Con Ciencia y con Luz, como es el lema de la institución.

Héctor Coronel Brizio es licenciado en Estadística en la Universidad Veracruzana, con postgrados de Maestro en Estadística e Investigación de Operaciones por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Es Doctor en Filosofía por el Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Simón Fraser de la Columbia Británica en Vancouver, Canadá. En el sector educativo, se ha desempeñado como Subdirector de Educación Universitaria y Director General de Evaluación y Control Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz.

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José Sobrevilla- Repuesta rápida para medioambientales

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Por José Sobrevilla

En México, durante 2020, fueron asesinados 18 ambientalistas y se registraron 90 agresiones, de las cuales ocho estaban relacionadas con el Tren Maya, documentó el año pasado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (CEMDA). Las agresiones se perpetraron en 65 ataques distintos; además del Tren Maya, tres fueron por el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla, Estado de México; tres por la construcción del Puente Vehicular Xochimilco, en Ciudad de México y tres más por diferentes carreteras en varios estados. En total, el estudio arrojó que, en 26 de las agresiones (40% de los casos) el posible agresor habría sido un agente del Estado[1].

No es un tema para soslayar porque en 2020, en todo el mundo, 227 ambientalistas y defensores de la tierra fueron asesinados; algunos en sus casas, otros en diferentes lugares, según un reporte que publicó la organización de derechos ambientales Global Witness, donde Colombia fue el país, por segundo año, que tuvo el mayor número de homicidios de este tipo. Los temas recurrentes siempre han sido: crisis climática, incendios forestales, sequías, inundaciones, intereses comerciales, hidroeléctricas, explotación de recursos, minería, agroindustria a gran escala[2].

Sin embargo, en su boletín del 22 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, anunció la creación, o más bien la modernización, de un mecanismo de repuesta rápida para proteger a los defensores medioambientales, donde 46 países de la Comisión Económica para Europa de la ONU habían aprobado el mecanismo, lo que supone un paso importante en la defensa del derecho universal a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y “representa una importante contribución que ayudará a avanzar su llamamiento a la acción en favor de los Derechos Humanos” ha dicho Antonio Guterres, Secretario General de dicha institución mundial.

El acuerdo, que delegará la creación del nuevo mecanismo a las Naciones Unidas o a otro organismo internacional, será la primera herramienta acordada internacionalmente para la protección de los defensores del medio ambiente, significando un importante paso en la defensa del derecho universal a un medio ambiente sostenible, tal y como lo reconoció el Consejo de Derechos Humanos a principios de este mes.

Tras reconocer que los efectos devastadores del cambio climático siguen asolando el mundo, Guterres habría señalado que, el Convenio de Aarhus había entrado en vigor hace veinte años tendiendo un puente entre los derechos humanos y los medioambientales, continuaba en su propósito fundamental que era permitir a las personas proteger su bienestar y el de las generaciones futuras.

El Convenio de Aarhus garantiza a las personas que ejerzan sus derechos de conformidad con las disposiciones de la Convención y que no se les penalizará, perseguirá o acosará de ninguna manera por su participación en ese tipo de actividades. Esta es una “histórica decisión”, ha dicho Olga Algayerova, máxima responsable de la Comisión, agregando que –con ello– se manda “una clara señal” de que los defensores medioambientales no quedarán desprotegidos.

El mecanismo establecerá la figura de un relator especial –o experto independiente en derechos– quien responderá rápidamente a las presuntas violaciones y tomará medidas para proteger a los medioambientalistas –en virtud del Convenio– que estén bajo inminente amenaza de penalización, persecución o acoso por tratar de ejercer sus derechos. Dado que el factor tiempo es esencial para garantizar la seguridad de estos defensores, cualquier persona, miembro de la secretaría o parte del Convenio de Aarhus, podrá presentar una denuncia confidencial al relator especial, aunque no se hayan agotado otros recursos legales. 

El Convenio de Aarhus se estructura en torno a tres pilares que se corresponden con tres derechos ciudadanos: el acceso a la información en materia de medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental. Como le decía, no es nuevo, únicamente ha sido retomado, ya que fue firmado el 25 de junio de 1998 en la ciudad danesa de Aarhus, entrando en vigor el 30 de octubre de 2001.

En su versión actual, el Convenio recoge un mecanismo de control del cumplimiento bastante novedoso en el Derecho internacional, que permite a los ciudadanos denunciar incumplimientos del tratado, cuando en el Derecho internacional normalmente solo los Estados tenían esa capacidad. Así, el artículo 15 regula el llamado “Comité de Cumplimiento”, cuya actuación puede instarse mediante tres procedimientos: Una de las partes puede denunciar el posible incumplimiento de la otra y, a través de los informes de los Estados miembros el Secretariado del Convenio podrá apreciarse un probable incumplimiento.

De este modo, un miembro del público (Organizaciones no Gubernamentales, por ejemplo) podrá hacer llegar al comité una comunicación relativa al cumplimiento de una parte y, una vez iniciado el procedimiento, el “Comité de Cumplimiento”, integrado por expertos legales internacionales, podrá examinar los casos y realizar las recomendaciones al plenario de la Conferencia de las Partes. Hasta 2014 se habían interpuesto ante el Comité de Cumplimiento del Convenio, 96 comunicaciones del público[3].​

Aunque es fundamental que los defensores del medio ambiente ejerzan con confianza sus derechos, se han registrado casos en los que, por el contrario, se enfrentan a ser despedidos, a fuertes multas, a la criminalización, a la detención, a la violencia e incluso a la muerte; ante ello, desde enero de 2017 se han visto registrando incidentes de persecución, penalización y acoso a defensores del medio ambiente en 16 países Partes de la Convención de Aarhus.

No obstante, asegura el analista Fidel García Granados que, además de que la efectividad de tal mecanismo ha sido constantemente debatida, sobre todo a partir del último cuarto del siglo pasado, “este sistema de tutela de los derechos ambientales sólo ha postergado el reconocimiento de la potestad jurídica para actuar, de manera autónoma, en su defensa. En el contexto sociopolítico actual, no es dable pretextar la complejidad procesal de la tutela de los derechos ambientales, para prolongar la permanencia de las limitadas e insuficientes vías actuales de protección o para justificar la creación de nuevas instituciones que, lejos de abonar al reconocimiento pleno de los derechos ambientales, gestadas a partir de una visión providencialista de los derechos humanos y de su tutela, no van más allá de su simple declaración formal”[4].  Elabore usted sus conclusiones.

Esta es una opinión personal del columnista


[1] https://www.eleconomista.com.mx/politica/18-ambientalistas-fueron-asesinados-en-Mexico-en-2020-20210413-0083.html Consultado el 22 de octubre 2021

[2] https://www.france24.com/es/medio-ambiente/20210913-defensores-medio-ambiente-asesinados-global-witness Consultado el 22 de octubre 2021

[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Aarhus Consultado el 22 de octubre 2021

[4] http://epikeia.leon.uia.mx/old/numeros/10/epikeia10-tutela_efectiva_de_derechos.pdf Consultado el 22 de octubre 2021

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Héctor Parra Rodríguez-Gobierno fascista el de AMLO

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Héctor Parra Rodríguez 

Claudio y Claudia, el pasado fin de semana crean polémica en redes sociales, calificándose de fascistas uno al otro, aunque Claudia fue quien inició el debate a razón de una publicación de Claudio quien promueve la creación de una “lista negra” de nombres de aquellos que forman parte de la 4T (para las elecciones federales del 2024), publicación que fue calificada como fascista por parte de Claudia. Pero, realmente ¿quién practica el fascismo? 

Me refiero a Claudio X González Guajardo y a Claudia Sheimbaum Pardo. 

El fascismo está definido como un movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista fundado en Italia por Benito Mussolini después de la primera guerra mundial.  

Ahora bien ¿Cuál es la idea del fascismo? El fascismo es una ideología política y cultural fundamentada en un proyecto de unidad monolítica denominado corporativismo, por ello exalta la idea de nación frente a la del individuo o clase; suprime la discrepancia política en beneficio de un partido único y los localismos en beneficio del centralismo. Vamos, esa actitud autoritaria y antidemocrática social y políticamente se considera relacionada con el fascismo ¿Algún parecido a la forma de gobernar de Manuel López Obrador? 

Claudio hace la propuesta de crear una “lista negra” de personas que apoyaron el movimiento de izquierda en las pasadas elecciones. El llamado aumentó el debate en redes por las publicaciones de Claudia Sheinbaum, quien “armó su hilo twittero”; luego se incorporaron políticos como Margarita Zavala, actual diputada federal. 

Aprovechando el manejo oficialista de algunos medios de comunicación, Claudia Sheinbaum cuestionaría en entrevista la intención detrás de este llamado. Entre otras cosas dijo: “¿Quién hace listas?, aludiendo al macartismo, el nazismo, ellos son los que hacían listas ¿Para qué quiere hacer una lista?, esto es la derecha en nuestro país, los que quieren hacer listas. Nosotros lo que abrimos es el debate pero no hacemos listas de absolutamente nadie, sino sencillamente hay crítica de parte de todos los que pertenecemos a la cuarta transformación, debate pero hay absoluto respeto a la democracia, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de manifestación, a la libertad en las elecciones. Entonces, este tuit de este personaje es fascista y de una vez digo que yo estoy en la lista de la cuarta transformación” ¿Quiénes gobiernan? Los de la 4T, por lo tanto, es fácil deducir quiénes pueden practicar la doctrina del fascismo. 

Sobre la crítica de Claudia, González Guajardo le respondió a través de su cuenta de Twitter cuestionando atinadamente las constantes críticas del presidente de México, Manuel López Obrador; escribió lo siguiente: “Sra., con respeto le recuerdo quien es el hombre de las listas. ¿Cuántas veces ha utilizado @lopezobrador_el púlpito presidencial para señalar, amenazar, denostar, calumniar…? Lo ha hecho con personas, OSC’s, empresas y hasta universidades públicas @UNAM_MX ¿Miento?”. Respuesta atinada y contundente de Claudio para Claudia. 

Margarita Zavala, “le entraría al quite” y retomó las declaraciones de la señora Claudia Sheinbaum, escribió: “asómese a la Cámara de Diputados para que vea que, de lo que usted llamada 4T no conocen el debate ni la reflexión, ni tienen respeto a la libertad de expresión. Y para listas fascistas, las que salen de periodistas en la mañanera”. Ni cómo defender a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. 

Y seguiría la polémica twittera. Claudia respondió en “un hilo”, asegurando que la actual gestión federal no mete periodistas a la cárcel, no paga campañas millonarias de difamación, no espía a sus adversarios ni excluye a las mujeres de sus tomas de decisiones y tampoco interviene para hacer fraude en las elecciones”. 

Seguramente ni la misma Sheimbaum creyó las mentiras de sus twitts. Escribió: “Una cosa es hacer público un debate y otra muy diferente es hacer listas con amenazas implícitas, características del fascismo. En la 4T hay libertad de expresión (¿Qué?). No se mete a periodistas a la cárcel. Hay libertad de manifestación y reunión”. Seguramente olvidó lo que sucedió en Dos Bocas. 

Todo empezó por la publicación en Twitter de Claudio el pasado 22 de octubre, provocó las naturales reacciones de morenistas. Y, al debate también se sumaron algunos periodistas e intelectuales del país. Beltrán del Rio, publicó la imagen de López Obrador, con una de sus tantas listas que acostumbra publicar en las mañaneras para denostar, descalificar, acusar, a sus opositores ¡Eso es fascismo puro de AMLO! ¿Cómo defender a la señora Sheimbaum? ¡Imposible! 

Claudio X publicó en Twitter: “La llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor”. La publicación enfureció a Claudia y empezó el debate twittero que terminó perdiendo. 

Lo que todo interesado en el polémico tema, Claudio lo hizo público en otra publicación: “En términos de votos absolutos, a nivel nacional, la oposición, es decir, la Coalición Va por México más Movimiento Ciudadano, tuvieron cerca de dos millones de votos más que Morena y sus aliados. Es decir, en voto total, el 6 de junio, la oposición venció al oficialismo” ¿Cierto o falso? ¡Cierto! Hechos que molestan al fascista de AMLO. 

Entre millones de mexicanos, Claudio X González ha insistido en la necesidad de conformar una gran coalición para 2024, en la que se sume a Movimiento Ciudadano, partido que no se ha sumado en la alianza legislativa y política del PAN, PRI y PRD. 

A pesar de la distancia que nos separa de las elecciones del 2024, muchos actores políticos con influencia han adelantado los movimientos del “ajedrez político” y todo a razón de la ilegal y cínica campaña que ha iniciado el propio presidente de la República, para posesionar a su partido y aspirantes a sucederlo. No le falta razón a Claudio X González, es necesario formar la alianza partidista; pero, necesariamente le falta incluir a la sociedad civil, sin ella imposible que ganen la próxima elección para echar de Palacio Nacional al “Plutarco Elías Calles” de la 4T. 

Esta es una opinión personal del columnista

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Ángel Álvaro Peña- Los bienes incautados son de los mexicanos

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Por Ángel Álvaro Peña

La población debe decidir el destino de los bienes incautados para que haya mayor equidad en la distribución de dinero que de una u otra manera le fue arrebatado por los malos gobernantes.

Ya sea que se vendan esos inmuebles o bienes, o se trasladen a otras instancias sociales, debería ser el pueblo quien señale su destino. Desde luego que esto nunca había sucedido y haría falta una legislación al respecto.

Anteriormente las pocas incautaciones a los delincuentes eran regalos para los familiares, amigos, compadres, novias, etc. La actualización de las leyes se ha detenido por una negativa sistemática de un grupo de legisladores que se opone a todo, de tal suerte que la lentitud de los diputados y senadores impide poner al día las leyes.

Los tiempos de los legisladores van a la saga de otras instancias políticas del país a causa de una oposición que sufre por no poder regresar el tiempo y, en su nostalgia por el pasado, se muestra reacia a vivir el presente. Ante esta realidad, deben ponerse a discusión los destinos de los bienes que le son asegurados a los delincuentes de cuello blanco, a los narcos, a los delincuentes comunes, etcétera.

Un caso típico es el del rancho de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, capturado en abril de 2017 con apoyo de las autoridades de Guatemala, llamado Las Mesas, una de sus propiedades expropiadas, cuyo destino se decidió desde junio de este año, para formar parte del patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El rancho está ubicado en Valle de Bravo, Estado de México, y los diputados locales aprobaron el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, el cual autoriza al gobierno estatal la enajenación a título gratuito del 66 por ciento de la superficie del rancho, de 922 mil 319.30 metros cuadrados, a favor del gobierno federal, con destino a la Sedena, para el desarrollo de actividades que le son propias.

El rancho cuenta con caballerizas, cabañas, un lienzo charro y espacios de alojamiento de lujo, según un avalúo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, la propiedad rebasaba los 200 millones de pesos.

Aquí debe hacerse un alto en cuanto al destino de esta propiedad porque los veracruzanos aseguran que el dinero mal habido o legítimo les fue arrebatado; es decir, los beneficios de su venta, comodato, cesión, préstamos o lo que sea, deben arrojar un regreso del dinero a las arcas de la entidad.

Por otro lado está la postura del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien, en su afán por quedar bien con el presidente de la república, ordenó al Congreso local de su estado, donde no se mueve una hoja sin la voluntad del gobernador, que ese terreno fuera donado a la Secretaría de la Defensa Nacional, ocasionando una inconformidad que se acumula entre los veracruzanos contra las decisiones unilaterales de su virrey.

Sin embargo, trascendió que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, solicitó al mandatario estatal la donación del inmueble denominado “El Eterno” o “Las Mesas”.

De acuerdo con lo aprobado por el Pleno del Congreso de Veracruz, en caso de que no se cumpliera con la finalidad establecida, la enajenación se entenderá por revocada y sin necesidad de declaración judicial, revertiéndose al patrimonio del gobierno de Veracruz.

«El predio es producto de los malos manejos, desvío, robo y peculado de los caudales públicos y de la corrupción de una administración pública anterior que no merece repetirse jamás, ya que los delitos graves que causó a la hacienda pública estatal ofenden y agravian a todas las veracruzanas y veracruzanos”, comentó la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, diputada Rosalinda Galindo Silva.

Después de que Javier Duarte recibiera sentencia de nueve años de prisión, un juez ordenó que se le devolvieran la mayoría de los bienes decomisados, excepto la parte del rancho Las Mesas que le aseguraron, la cual continuó siendo propiedad del gobierno estatal; sin embargo, el 31 de marzo del presente año el gobernador de Veracruz solicitó que fuera aprobada dicha donación, pues argumentó que la Sedena es una dependencia cuya misión es defender la integridad, independencia y la soberanía de la nación.

Aquí se combinan varias percepciones sobre la donación, la primera es que el gobernador sugirió al Congreso local donar ese terreno a la Sedena; la otra, que no choca, sino que se complementa es el hecho de que los militares necesitan este extenso predio para realizar sus actividades.

Las donaciones y canonjías que ha recibido paulatinamente el Ejército mexicano y la Marina crean una presión social contra los propietarios de terrenos y espacios que requieren dichas dependencias. Nadie desconoce su papel protagónico en el desarrollo de México ni su valentía en la noble tarea de salvaguardar la integridad de afectados por los fenómenos naturales, pero debe tomarse en cuenta que las propiedades de los ciudadanos son sagradas y nadie puede presionar para que se venda, done, enajene o se preste ni un centímetro del territorio nacional a las fuerzas armadas, a menos que estemos en tiempos de guerra.

El destino de bienes que se consideraban perdidos para el gobierno y la población debe ser puesto a debate, discusión o consulta para hacer lo que el pueblo desee y valore lo que es más necesario ante una realidad saturada de emergencias donde la población requiere cada día más espacios.

PEGA Y CORRE. – La intolerancia de los detractores que amenaza con castigos para cuando vuelvan al poder anuncia represión y un retroceso de 500 años, nostalgia por los viejos tiempos de autoritarismo y segregación. No cabe duda, los conservadores quieren hacer perdurar en naftalina el pasado… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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Contacto: angelalvarop@hotmail.com

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