Piden sancionar a funcionarios involucrados en chat Sierra XXX

El 21 de marzo, la defensora de derechos humanos de mujeres víctimas de violencia de género Sandra Domínguez Martínez, dio a conocer la existencia del grupo “Sierra XXX”, con más de 100 integrantes que compartían fotografías íntimas de mujeres indígenas y en el cual participaban funcionarios del estado de Oaxaca, entre ellos Donato Vargas, excandidato a diputado local por la región Mixe; Juan Eliel Hernández, líder de grupos de desplazados de la Sierra Norte; y Rolando Vásquez Pérez, alto funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Foto: Quadratin

Al contar Sandra Domínguez con dicha información, procedió a realizar la correspondiente denuncia. Ante ello, el ayuntamiento de Tamazulápam del Espíritu Santo, defendió a Rolando Vásquez Pérez, afirmando que en todo momento el funcionario “se ha conducido con cordura, legalidad, honorabilidad y respeto”.

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Rolando Vásquez Pérez renunció a su cargo en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y publicó en su cuenta de Facebook que las acusaciones en su contra eran falsas: “Tengo la conciencia tranquila y en paz de que no he cometido ni cometeré actos indebidos que denigren a la mujer no solo de la Región Mixe sino de todo México, y a las pruebas me remito”.

Días más tarde, Adolfo Regino Montes, titular del INPI, durante una visita de Andres Manuel Lóez Obrador, declaró sobre Vázquez Pérez: “Entiendo que son gente de Oaxaca, de la Sierra, son ciudadanos y como cualquier ciudadano tienen sus grupos de WhatsApp”, así como que el INPI trabaja para garantizar el acceso a los derechos de las mujeres.

Por su parte, Donato Vargas aseguró que fue agregado al chat sin su conocimiento, por lo que decidió salir del grupo. El corroboró la información. Fue El Universal el medio que publicó la denuncia de la coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, asimismo, entre las víctimas de violencia se encuentran abogadas, beneficiarias de programas y trabajadoras del organismo, quienes pidieron a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía del Estado que los hechos se investiguen a fondo.

Además, la activista envió una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidiendo que no haya impunidad. Por su parte, la Red Nacional Indígena (RNI) reprobó la creación de dicho grupo y exhortó a las autoridades a sancionar a los involucrados a través del sistema normativo indígena. Advirtió además que el silencio de las autoridades ante este tipo de situaciones denigrantes “se puede entender implícitamente como complicidad”.

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