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Periodistas de Xalapa piden justicia por asesinato del reportero Julio Valdivia

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Periodistas en Xalapa protestaron para exigir justicia por el asesinato del reportero Julio Valdivia Rodríguez ocurrido este miércoles en el municipio de Tezonapa.

Con pancartas y fotografías del reportero, reclamaron que sigan ocurriendo asesinatos a colegas reporteros.

Periodistas de Xalapa piden justicia

Periodistas de Xalapa piden justicia por asesinato del reportero Julio Valdivia 3

«Mientras no exijamos a la Fiscalía resultados, la impunidad va a generar más violencia y continuarán los casos» dijo la periodista Norma Trujillo Álvarez.

De 2010 a la fecha suman 24 asesinatos de periodistas en Veracruz y 6 desapariciones. Ante este escenario, acusaron que ha fallado la protección en Veracruz, pues no hay una política pública que realmente esté funcionando para garantizar el libre ejercicio periodístico.

Por: Héctor Juanz / Noreste 

Periodistas de Xalapa piden justicia por asesinato del reportero Julio Valdivia

Foto: Héctor Juanz / Noreste

 

 

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Xalapa

Plantea diputada prisión para servidor público que difunda elementos de delitos

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• La medida aplicaría para cualquier servidor público que, de forma indebida, revele o difunda imágenes, videos o grabaciones, así como información de una carpeta de investigación.

• Las sanciones incrementarían una tercera parte si se tratare de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de decreto que adicionaría un párrafo al Código Penal estatal cuyo objetivo es sancionar las conductas que realicen cualquier persona servidora pública que, de manera indebida, revele o difundan imágenes, videos o grabaciones, así como archivos o información de una carpeta de investigación.

De acuerdo a la propuesta, se adicionaría el artículo 348 sexies para establecer que la persona servidora pública que, de forma indebida, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información, documentos de lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Estas sanciones incrementarían en una tercera parte, si la información que se difunda tiene el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares, se tratare de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o sea de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.

La legisladora, presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género en el Congreso local, recordó que el 9 de febrero de 2020 una mujer, de nombre Ingrid Escamilla, fue asesinada dentro de su casa en la colonia Vallejo, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México. Érick Francisco, su pareja, fue detenido por ser el presunto feminicida. “Policías llegaron al domicilio donde se había reportado el crimen y hallaron en el piso el cuerpo desollado de la joven”.

Destacó que al realizarse el reporte de los hechos las imágenes de la víctima de feminicidio fueron filtradas y difundidas en redes sociales y por algunos medios de comunicación. “Esto causó un gran enojo para muchas mujeres, quienes exigieron garantizar que estas acciones no ocurran más”, abundó.

Asimismo, puntualizó que la filtración de información por parte de personas servidoras públicas y la consecuente lesión a los derechos de las víctimas es un hecho ampliamente documentado y señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia, sobre la falta de investigación y filtración en los casos de posible feminicidio.

Subrayó que actualmente solo entidades como Colima, Oaxaca, la Ciudad de México y el Estado de México han tipificado esa conducta delictiva en su legislación local; en tanto que en los estados de Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, se encuentran en estudio las iniciativas para sancionar dichas conductas delictivas en sus respectivos Congresos.

La legisladora Ivonne Trujillo dijo que al sancionar y evitar las filtraciones se busca preservar la dignidad de las víctimas y sus familiares; disminuir el daño que sufren las víctimas, al evitar que sean re victimizadas; erradicar la normalización de la violencia ejercida contra todas las personas, pero principalmente contra mujeres, niñas o adolescentes, y sancionar a los servidores públicos que incurran en estas prácticas.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

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Xalapa

Proponen nuevos plazos para prescripción de delitos

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• La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi busca reformar el Código Penal del estado para proteger a niñas, niños y adolescentes.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi propuso, mediante una Iniciativa con Proyecto de Decreto, que los delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad cuenten con un periodo de prescripción de 30 años contados a partir de que la víctima cumpla 18 años de edad.

Al presidir la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora puso a consideración del Pleno la Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de prescripción de los delitos contra el libre y sano desarrollo de la personalidad.

De acuerdo con su exposición, dicha propuesta tiene la finalidad de sustituir la figura de la imprescriptibilidad y en su lugar establecer plazos concretos en materia de prescripción en delitos tales como pederastia, corrupción de menores, pornografía, abuso sexual y violación a la intimidad sexual cometidos contra niñas y niños y que representan una expresión de violencia contra un grupo social vulnerable.

Estos delitos “conllevan en su ejecución material un ataque o una exposición peligrosa de su desarrollo biológico-sexual, con graves impactos en el desarrollo de su esfera psicológica, con manifestaciones y consecuencias tanto de forma inmediata como en años posteriores a la agresión”.

La Diputada consideró que presentar una denuncia formal y someterse a todas las implicaciones del proceso penal requiere de una decisión difícil de tomar, dadas las consecuencias que ello implica en todos los aspectos de la vida integral de las personas.

Con la adhesión de las diputadas Montserrat Ortega Ruiz y Libni Adaelsi Sánchez Núñez y de los grupos legislativos de Morena y PRI-PVEM, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

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Xalapa

Laguna El Farallón sería declarada Área Natural Protegida

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• Llama la diputada María Esther López Callejas a atender y restaurar el equilibrio ecológico de este ecosistema.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada María Esther López Callejas propuso a esta Soberanía exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatal, para que, de acuerdo con sus respectivas atribuciones, realicen las gestiones necesarias e instruyan a quienes corresponda, a efecto de que la laguna El Farallón sea declarada Área Natural Protegida (ANP).

Al participar en la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora consideró imperativo que la laguna El Farallón reciba esta categorización bajo la tutela del Ayuntamiento de Actopan, municipio que –añadió- posee las características físicas, ambientales, sociales y de biodiversidad para tutelar este ecosistema estratégico, con capacidad administrativa y voluntad política para su creación y sostenibilidad en el tiempo.

La Diputada habló de la condición de contaminación agravada que mantiene a la laguna en un estado ecotoxicológico que rompe ciclos biológicos y biogeoquímicos dañando fauna y flora locales, ya que –señaló- en ese cuerpo de agua descargan residuos tóxicos provenientes de mineras, agroquímicos provenientes de la práctica agrícola colindante, extracción de su contenido para abastecer a los ranchos aledaños y la actividad de acuacultura particular de la zona.

Destacó que las ANP proporcionan agua para consumo humano, mitigan los efectos del Cambio Climático, aportan importantes elementos para la polinización y previenen la erosión, contribuyen al bienestar y la salud de la población y preservan servicios ecosistémicos claves para el desarrollo de la vida, entre otros beneficios.

Ante esta realidad, la legisladora ponderó como urgente establecer mediante un Plan de Manejo Estratégico de Recuperación Inmediata, los criterios para la conservación, la restauración de la biodiversidad y de los servicios ambientales que esta laguna provee.

A este exhorto se adhirieron los grupos legislativos de Morena y PRI-PVEM, el diputado Gonzalo Guízar Valladares y la diputada María de Jesús Martínez Díaz.

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