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Xalapa

Pese a agresión a policías municipales no se ha procedido por «ultrajes a la autoridad» en Xalapa: Hipólito Rodríguez

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Xalapa, Ver.- Aunque se han registrado agresiones a policías municipales cuando los presuntos delincuentes se resisten a ser detenidos, hasta ahora la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Xalapa no ha procedido contra alguna persona por el delito de ultrajes a la autoridad que recientemente aplica agravantes que pueden ameritar de 7 a 15 años de cárcel.

El presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero dijo que la Policía en esta capital antepone los derechos humanos, aunque señaló que los policías son agredidos en algunos casos por quienes son sometidos por transgredir la ley.

«Lo que no queremos es, por un lado, que no se violen derechos humanos, todo el mundo debe ser respetado y esa es la línea que tiene nuestra Policía. Hay un exhorto constante a que nuestra Policía respete los derechos humanos, pero también la ciudadanía debe entender que cuando hay violencia de parte del sujeto que está cometiendo alguna práctica irregular, el policía tiene que enfrentarlo cuidando que no haya daño a alguna persona» dijo este miércoles entrevistado en esta capital veracruzana.

Cuestionado sobre el supuesto abuso de autoridad señalado recientemente tras la detención de un sujeto en la colonia Revolución de Xalapa que presuntamente poseía droga, explicó que «el sujeto al que estaban deteniendo había sido sumamente agresivo con los cuerpos de seguridad».

Insistió en que los policías están capacitados para evitar el abuso de autoridad.

Por: Héctor Juanz

Xalapa

Por aumento de mortalidad en Xalapa se apresuró proyecto de nuevo panteón, pero quedará pendiente: Alcalde

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Xalapa, Ver.- El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, reiteró que es por el aumento de la mortalidad en Xalapa que su administración tuvo la intención de habilitar un nuevo espacio para un cementerio, en la congregación El Castillo.

Para ello el Ayuntamiento compró un predio a un ejidatario, sin embargo, hay una persona que lo reclama y esto aunado a que se hizo el proyecto al final de su administración hará que sea un pendiente más que dejará a Ricardo Ahued una vez que asuma la administración municipal en enero próximo.

«La mortalidad en nuestra región sigue y si no preparamos un nuevo panteón, ¿Dónde vamos a depositar a nuestros difuntos? Es un tema en el que el Ayuntamiento ha trabajado con mucha intensidad para garantizar que los espacios necesarios para cuidar este tema, estén ahí presentes».

Sobre el reclamo del predio donde se habilitará este nuevo panteón, dijo que la persona que lo reclama fue testigo de la compra y que hay documentos validados ante el Comisariado Ejidal: «Todo está en camino, lo que queremos es trabajar para bien de la comunidad».

Por tal motivo descartó que también se herede un conflicto legal al alcalde electo Ricardo Ahued Bardahuil, aunque sí le corresponderá acondicionar dicho espacio.

Por Héctor Juanz

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Xalapa

Plantea diputada prisión para servidor público que difunda elementos de delitos

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• La medida aplicaría para cualquier servidor público que, de forma indebida, revele o difunda imágenes, videos o grabaciones, así como información de una carpeta de investigación.

• Las sanciones incrementarían una tercera parte si se tratare de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de decreto que adicionaría un párrafo al Código Penal estatal cuyo objetivo es sancionar las conductas que realicen cualquier persona servidora pública que, de manera indebida, revele o difundan imágenes, videos o grabaciones, así como archivos o información de una carpeta de investigación.

De acuerdo a la propuesta, se adicionaría el artículo 348 sexies para establecer que la persona servidora pública que, de forma indebida, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información, documentos de lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Estas sanciones incrementarían en una tercera parte, si la información que se difunda tiene el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares, se tratare de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o sea de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.

La legisladora, presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género en el Congreso local, recordó que el 9 de febrero de 2020 una mujer, de nombre Ingrid Escamilla, fue asesinada dentro de su casa en la colonia Vallejo, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México. Érick Francisco, su pareja, fue detenido por ser el presunto feminicida. “Policías llegaron al domicilio donde se había reportado el crimen y hallaron en el piso el cuerpo desollado de la joven”.

Destacó que al realizarse el reporte de los hechos las imágenes de la víctima de feminicidio fueron filtradas y difundidas en redes sociales y por algunos medios de comunicación. “Esto causó un gran enojo para muchas mujeres, quienes exigieron garantizar que estas acciones no ocurran más”, abundó.

Asimismo, puntualizó que la filtración de información por parte de personas servidoras públicas y la consecuente lesión a los derechos de las víctimas es un hecho ampliamente documentado y señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia, sobre la falta de investigación y filtración en los casos de posible feminicidio.

Subrayó que actualmente solo entidades como Colima, Oaxaca, la Ciudad de México y el Estado de México han tipificado esa conducta delictiva en su legislación local; en tanto que en los estados de Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, se encuentran en estudio las iniciativas para sancionar dichas conductas delictivas en sus respectivos Congresos.

La legisladora Ivonne Trujillo dijo que al sancionar y evitar las filtraciones se busca preservar la dignidad de las víctimas y sus familiares; disminuir el daño que sufren las víctimas, al evitar que sean re victimizadas; erradicar la normalización de la violencia ejercida contra todas las personas, pero principalmente contra mujeres, niñas o adolescentes, y sancionar a los servidores públicos que incurran en estas prácticas.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

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Xalapa

Proponen nuevos plazos para prescripción de delitos

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• La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi busca reformar el Código Penal del estado para proteger a niñas, niños y adolescentes.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi propuso, mediante una Iniciativa con Proyecto de Decreto, que los delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad cuenten con un periodo de prescripción de 30 años contados a partir de que la víctima cumpla 18 años de edad.

Al presidir la Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora puso a consideración del Pleno la Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de prescripción de los delitos contra el libre y sano desarrollo de la personalidad.

De acuerdo con su exposición, dicha propuesta tiene la finalidad de sustituir la figura de la imprescriptibilidad y en su lugar establecer plazos concretos en materia de prescripción en delitos tales como pederastia, corrupción de menores, pornografía, abuso sexual y violación a la intimidad sexual cometidos contra niñas y niños y que representan una expresión de violencia contra un grupo social vulnerable.

Estos delitos “conllevan en su ejecución material un ataque o una exposición peligrosa de su desarrollo biológico-sexual, con graves impactos en el desarrollo de su esfera psicológica, con manifestaciones y consecuencias tanto de forma inmediata como en años posteriores a la agresión”.

La Diputada consideró que presentar una denuncia formal y someterse a todas las implicaciones del proceso penal requiere de una decisión difícil de tomar, dadas las consecuencias que ello implica en todos los aspectos de la vida integral de las personas.

Con la adhesión de las diputadas Montserrat Ortega Ruiz y Libni Adaelsi Sánchez Núñez y de los grupos legislativos de Morena y PRI-PVEM, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

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