Ciudad de México.- La Consejería Jurídica de la Presidencia impugnará la suspensión del Plan B de la Reforma Electoral, promovida por el ministro Javier Laynez Potisek.
El 24 de marzo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite una controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Bajo el argumento de que no se permitirá que “se violente” la Constitución ni el orden jurídico mexicano el Ejecutivo federal solicitará al Pleno de la Suprema Corte revocar el acuerdo que admitió a trámite la controversia y la medida suspensiva.
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«La Constitución solo faculta a la Suprema Corte de Justicia para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral; esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”, expuso.
De acuerdo con Presidencia, los propios criterios de la SCJN refieren que las medidas cautelares de esta naturaleza solo pueden otorgarse respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros inciertos.
Ministro Laynez Potisek Foto: Uno Tv
«Resulta preocupante que el ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así, pues, incluso, no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino solo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto”, apuntó.
Acusó además que “no es común” que un viernes por la noche, y sin notificar formalmente a las autoridades, la Suprema Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante.
Exhortó así a los ministros a actuar dentro de las atribuciones que le corresponden, sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes.
Ciudad de México.– Google México informó que este jueves desalojó sus oficinas, ubicadas en el número 445 de Montes Urales debido a una “potencial situación de emergencia”.
Por medio de un comunicado, la empresa tecnológica detalló que colabora con las autoridades para esclarecer los hechos.
Aseguró que su prioridad es la seguridad de los empleados y de las personas que se encuentran en la zona.
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«Agradecemos la cooperación de las autoridades y continuaremos trabajando con ellas para garantizar la seguridad de nuestros empleados y la comunidad circundante”, manifestó.
Se trató de una amenaza de bomba, por lo que se desplegó a personal de Protección Civil, policías y elementos de la Guardia Nacional.
Por la tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que tras un rastreo minucioso en las inmediaciones y al interior del edificio, no se localizó ningún objeto sospechoso.
Confirmamos que fuimos notificados por las autoridades locales de una potencial situación de emergencia en nuestra oficina en Montes Urales 445. Como medida de precaución, evacuamos la oficina y actualmente estamos trabajando con las autoridades para analizar la situación. (1/3)
Ciudad de México.- Un juez vinculó a proceso a Sergio ‘N’, el sujeto acusado por arrojar a un perro a un cazo con aceite hirviendo en Tecámac, por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal.
El juzgador impuso la medida de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en el penal de Chiconautla, en el Estado de México.
Además, la Fiscalía mexiquense obtuvo una segunda orden de aprehensión contra el sujeto por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en su contra, debido a que el día de los hechos agredió verbalmente a un carnicero, lo amagó con un arma blanca y con un arma de fuego.
El domingo 28 de mayo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México recibió denuncia por parte de un sujeto de identidad reservada, en la que refirió que Sergio “N” ingresó a su carnicería ubicada en el poblado de San Pablo Tacalco, municipio de Tecámac, lo agredió verbalmente, lo amagó con un instrumento punzocortante.
Al momento de salir del establecimiento, el señalado a un perro que se encontraban en el comercio y lo arrojó dentro de un cazo con aceite hirviendo, lo que le ocasionó la muerte.
Ciudad de México.– Un tribunal federal ratificó el amparo que se le había otorgado a Emilio Lozoya tras la impugnación que presentó debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó entregarle copias de la carpeta de investigación por el Caso Odebrecht.
La resolución ordena que se deje sin efectos la determinación del 21 de junio de 2022 en donde se negó al exfuncionario el acceso a dichos documentos.
La sentencia fue dictada por unanimidad por parte del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México.
De acuerdo con Milenio, el expediente indica que el amparo fue promovido por Alejandro Rojas Pruneda, defensa de Lozoya, quien interpuso el recurso después de que le fuera negado el acceso de las copias solicitadas.
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Además del juicio por el caso Odebrecht, Lozoya enfrenta un segundo juicio por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (Ahmsa), a cambio de sobornos.
La compra de Agronitrogenados -una planta que llevaba 14 años abandonada- costó al Gobierno en 2013 cerca de 650 millones de dólares en total, según datos de la Auditoría Superior de la Federación.
Por ambos casos, la Fiscalía mexicana pedía una condena de 54 años de prisión para el exfuncionario que encabezó a Pemex en la pasada Administración. Sin embargo, la defensa legal de Lozoya busca evitar que Pemex sea considerado como afectado y pueda evadir esta responsabilidad.
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Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos ante la Justicia mexicana, ambos por corrupción y es el principal implicado del escándalo de sobornos de Odebrecht en México.