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Con información de Milenio | Ciudad de México. | 30 Jul 2024 - 20:32hrs

Las organizaciones ciudadanas Fundar-Centro de Análisis e Investigación, Artículo 19 y el Observatorio de Designaciones Públicas advirtieron que trasladar las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la Secretaría de la Función Pública (SFP) es un retroceso a lo conquistado en los últimos 20 años en materia de transparencia y rendición de cuentas.

En un comunicado, luego de que comenzó a circular una propuesta de dictamen legislativo para desaparecer órganos constitucionalmente autónomos, las organizaciones no gubernamentales exigieron al Congreso de la Unión implementar mecanismos para garantizar el derecho humano a la participación activa en la discusión de la iniciativa de reforma constitucional.

Criticaron que haya comenzado a circular un dictamen en la materia “sin que exista la oportunidad de analizar a fondo sus implicaciones en la garantía del derecho a la información”.

Fundar, Artículo 19 y el Observatorio de Designaciones Públicas consideraron que haber filtrado dicho dictamen “es sumamente grave, ya que la discusión anticipada del dictamen contraviene principios del parlamento abierto” y advirtieron que acelerar la discusión del documento obstaculizaría cualquier mecanismo de diálogo y de participación ciudadana efectiva

Añadieron que es necesario un ejercicio efectivo que permita participar a todas las personas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas interesadas para ejercer un mejor control democrático y asegurar el derecho a saber del pueblo de México.

Además, alertaron que “el hecho de que se proponga que la Secretaría de la Función Pública asuma las funciones que actualmente realiza el INAI es contrario a los avances registrados en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas construidos a lo largo de los últimos 20 años, además de que no forman parte de su mandato”.

Las organizaciones explicaron que “no significa que no sea necesaria una reforma legislativa en materia de acceso a la información: pero la que es urgente es una que fortalezca el trabajo del órgano autónomo, sobre todo, ante la práctica cada vez más recurrente que han asumido las instituciones de no entregar la información o declararla como reservada”.

Por ello, manifestaron que “es indispensable que, más allá de promover la eliminación de los controles democráticos, se apueste por mecanismos rigurosos que aseguren los mejores perfiles, independientes y con la experiencia necesaria para que realmente cumplan con la función por la cual fueron creados, que es la protección y defensa de los derechos humanos sin injerencias por parte de otros poderes”.

Los grupos de activistas aseguraron que el nuevo andamiaje legal que eventualmente se construya debe ser resultado de un proceso amplio de deliberación ciudadana, bajo la premisa de la mayor protección a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.