Con información de López-Dóriga Digital | México. | 19 Sep 2024 - 21:29hrs
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general la reforma constitucional a la Guardia Nacional.
La iniciativa se aprobó con 362 votos a favor, 133 en contra y ninguna abstención, con lo que alcanzó la mayoría calificada. Así, inició su discusión en lo particular.
La iniciativa de López Obrador busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con más de 120 mil elementos que López Obrador creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.
Con ello, la Sedena va a “ejecutar la estrategia de seguridad pública”, indicó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena.
“Por otra parte, faculta al Congreso para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública”, expuso al comienzo de la discusión.
Legisladores de oposición advirtieron de una “militarización” de todos los ámbitos del país con esta reforma constitucional porque modifica el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857.
Asimismo, cambia el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.
Las tareas de las Fuerzas Armadas crecieron con López Obrador, quien asignó a los militares tareas de seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos y la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional en 2023 una reforma legal del presidente para militarizar la Guardia Nacional porque “las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles”.
Pero desde el 1 de septiembre, Morena y partidos aliados tienen el control de más de dos tercios del Congreso, la mayoría necesaria para modificar la Carta Magna.
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