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Con información de Reforma | México. | 25 Sep 2024 - 08:04hrs

Pasadas las 6:00 horas de este miércoles, y tras ocho horas de debate en el Senado de la República, Morena sumó con sus aliados del PT y PVEM 86 votos para aprobar en lo general la reforma con la que la Guardia Nacional pasa a Sedena.

La Oposición no quitó el dedo del renglón e insistió en que la reforma a 12 artículos de la Constitución desembocaría en la militarización de la República, pero Morena lo negó una y otra vez.

Antes de que solicite licencia para asumir la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch subió por primera vez a la tribuna para alegar en favor de la «continuidad» que necesita la Guardia Nacional.

«No hemos dejado madurar a las instituciones de seguridad. Llevamos muchos sexenios cambiando de instituciones de seguridad pública», argumentó el «super policía», como lo llamó la priista Carolina Viggiano.

Y a tono con sus correligionarios, Harfuch aseguró que no existirá «militarización alguna».

El todavía panista Miguel Ángel Yunes Márquez rechazó que existan riesgos de militarización y aseguró que jamás se había insinuado en el horizonte una dictadura militar.

Yunes Márquez elogió la capacidad de García Harfuch.

«Un compañero nuestro que tiene conocimientos más que probados en materia de seguridad pública», expresó.

El debate provocó un acalorado choque entre los ex Gobernadores Miguel Riquelme y Javier Corral, de Coahuila y Chihuahua respectivamente.

Riquelme acusó a Corral de haber exigido que la Guardia Nacional se retirara del estado que gobernaba.

«Usted politizó a la Guardia Nacional», le espetó desde su escaño el coahuilense.

«Yo nunca denosté ni retiré la Guardia. Yo pedí que no retiraran de Chihuahua la Guardia», reviró el chihuahuense.

«Riquelme es de los Gobernadores que controló con dinero las cifras de seguridad pública. Si hay algún estado que debe ser auditado es el Gobierno de Riquelme», machacó.

Mayuli Latifa, de la bancada del PAN, presentó un audio con la voz de Corral con el que éste se manifestaba en contra de que las Fuerzas Armadas se ocuparan de las tareas de seguridad pública.

Tras sostener que López Obrador había pactado con los criminales e instalado una «mafiocracia», la también panista Lilly Téllez exigió a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, terminar con «el pacto criminal con el narcoestado».

El jefe de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que el movimiento naranja había sido la única fuerza política de este país que sistemáticamente se opuso a la militarización.

«Le hemos dicho al pueblo que existe un camino diferente a la militarización, una alternativa civil para la nación», manifestó.

El controvertido senador Daniel Barreda, que el día en que se votó la reforma al Poder Judicial no asistió a la sesión, votó en contra.

El jefe de la bancada del PRI, Manuel Añorve, dijo que «para poner orden, el Gobierno tenía que reconocer el problema de la inseguridad. Hagamos un repaso de estos cinco años y obviamente hay un fracaso en materia de seguridad».

«No podemos seguir culpando al pasado», sentenció la morenista Ana Lilia Rivera, la última oradora.

La tlaxcalteca se puso a cantar… «Yo vengo a ofrecer mi corazón…».

En una tercera ronda de discusión, el senador Luis Donaldo Colosio afirmó que México no requiere más militares sino más justicia.

«Cuando se militariza la vida pública de una Nación la democracia languidece», advirtió.

El senador morenista Adán Augusto López hizo un llamado a tomarle la palabra al senador Yunes.

Aseguró que la reforma no significa militarización sino dar una oportunidad de profesionalizar el trabajo policíaco en este país.

El dictamen avalado, además de la definición y función para la Guardia Nacional, estipula que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

Asimismo, indica que el Congreso tendrá la facultad para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.

El proyecto de decreto asienta que el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encargará de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional que proponga el Presidente de la República.