Noreste | Poza Rica, Ver. | 27 Jun 2025 - 08:23hrs
Los principales señalados por su omisión, negligencia y complicidad en este desastre ambiental son Sara Lilia Neri Trejo, titular de la Coordinación de Gestión de Derechos de Uso de Suelo (CGDUOS) en Poza Rica, y Antonio Martínez Cantú, jefe del Departamento de CGDUOS del APPRA (Área de Patrimonio de Pemex).
Ambos funcionarios tienen a su cargo la responsabilidad directa de gestionar los derechos de uso de suelo por donde pasan ductos y otras instalaciones petroleras, así como de tramitar los pagos por afectaciones a propietarios de tierras contaminadas por derrames. Sin embargo, habitantes de las comunidades afectadas denuncian que ni han sido atendidos, ni han recibido indemnizaciones justas, y en muchos casos ni siquiera se han iniciado los procedimientos legales y administrativos correspondientes.
El daño no solo es económico y la situación es crítica: No solo está en juego el patrimonio de cientos de familias, sino también la salud pública y el equilibrio ambiental; los suelos están contaminados, los cuerpos de agua han sido invadidos por hidrocarburos y la biodiversidad local ha sido severamente afectada. Expertos en medio ambiente califican esta situación como “un ecocidio progresivo que Pemex ha pretendido esconder con silencio institucional”.
Uno de los casos más graves es el reciente derrame por ruptura de un ducto en Venustiano Carranza, Puebla, que ha tenido repercusiones directas en Poza Rica, Veracruz, una de las ciudades más importantes del estado, lleva días sin agua, debido a la contaminación en el sistema de abastecimiento, ya que el riesgo sanitario es inminente, así lo han dado a conocer autoridades del Organismo de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), es por ello que se han visto en la necesidad de suspender el bombeo desde el área de captación.
Ante esta situación periodistas, organizaciones civiles y hasta la paraestatal, han intentado tener comunicación con Neri Trejo y Martínez Cantú, pero ambos funcionarios han sido evasivos, sin emitir comunicados, ni asumir responsabilidad alguna, incluso cuando los reportes técnicos de afectaciones ya han sido documentados por peritos ambientales.
Ambas personalidades en lugar de actuar con trasparencia y responsabilidad, esperan que únicamente la GDUOS y el APPRA estén sirviendo como muro de contención para evitar que la población acceda a justicia ambiental, dejando a cientos de familias en el abandono y con la preocupación de alguna infección o algo mayor como consecuencia del hidrocarburo derramado en la corriente del Río Cazones.
Este caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de impunidad, negligencia y falta de rendición de cuentas en torno a Pemex y sus operaciones en Veracruz, que nuevamente deja en jaque la millonaria inversión que desvían para poder reparar este tipo de fugas.
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