Isaac Carballo Paredes | Poza Rica, Ver. | 29 Ago 2025 - 11:58hrs
Integrantes de la Red UV por la Legalidad se pronunciaron este viernes en contra de lo que llamaron la imposición de un “rector espurio” en la Universidad Veracruzana, al referirse a la prórroga otorgada ilegítimamente Martín Aguilar. Sendy Meléndez, Raúl Arias Lovillo y Miguel Casillas advirtieron que la medida es ilegal y se encuentra fuera de lo que establecen la Ley Orgánica y la Ley de Autonomía de la institución.
En su posicionamiento, explicaron que la Junta de Gobierno no tiene atribuciones para otorgar una prórroga a un rector, pues su única facultad es designarlo tras la publicación de una convocatoria, como lo indica el artículo 4° de la Ley de Autonomía. Agregaron que tampoco el rector tiene derecho a solicitar la ampliación de su periodo, según el artículo 38 de la Ley Orgánica, por lo que cualquier procedimiento distinto al señalado en la normatividad constituye una violación a la legislación universitaria.
Destacaron que la Junta de Gobierno interpretó leyes sobre las cuales no tiene competencia, ya que estas fueron expedidas por el Congreso local, lo que significó suplantar a los legisladores y la soberanía que representan. Aseguraron que las leyes que rigen a la máxima casa de estudios no contemplan un procedimiento para la prórroga de rectorías, de modo que “el método utilizado por la Junta fue inventado” y con ello se violentó el derecho de la comunidad universitaria a participar y analizar propuestas diversas para la vida institucional.
Los integrantes de la Red UV señalaron que este proceso responde a intereses políticos y económicos de un grupo que se niega a dejar sus privilegios. “No vamos a ser un parapeto político”, afirmaron, al denunciar que la universidad está siendo utilizada para fines partidistas. Agregaron que incluso se han registrado amenazas hacia profesores con la no renovación de contratos y hacia estudiantes, lo que genera un clima de incertidumbre dentro de la institución.
Reiteraron que desconocen a Martín Aguilar como rector legal y lo calificaron como un “rector espurio”. Insistieron en que a partir del 1 de septiembre cualquier documento que firme carecerá de validez jurídica, al haberse violado de manera sistemática la normatividad universitaria. Por ello, solicitaron la destitución del rector y de los integrantes de la Junta de Gobierno, recordando que la legislación establece claramente que la renovación de la rectoría debe realizarse cada cuatro años mediante una convocatoria abierta y un proceso transparente.
Lo más leido
