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Noreste | Xalapa, Ver. | 24 Feb 2026 - 11:08hrs

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto al descubierto un esquema de opacidad financiera en el estado de Veracruz, al documentar irregularidades que superan los 2 mil 500 millones de pesos en la fiscalización de la Cuenta Pública 2024. El impacto de este posible quebranto se focaliza de manera alarmante en solo diez ayuntamientos, los cuales acumulan cerca de mil 500 millones de pesos sin solventar, encendiendo las alertas sobre el manejo de los recursos públicos a nivel local.

El informe técnico del organismo fiscalizador advierte que las administraciones municipales operaron en un vacío de transparencia, debido a que no se localizaron registros contables ni evidencia física que justifique el gasto de recursos críticos. Estas anomalías afectan directamente al Fondo de Infraestructura Social Municipal, al Fondo de Fortalecimiento Municipal y a las Participaciones Federales, partidas diseñadas para el desarrollo básico que hoy carecen de soporte documental que acredite su aplicación legal.

El monto más elevado corresponde a Ixtaczoquitlán, con 409 millones 512 mil pesos pendientes de aclaración, equivalente al total de la muestra revisada. La ASF precisó que no existe soporte documental que respalde el ejercicio del gasto durante 2024.

En Agua Dulce se determinó un probable daño patrimonial por 166 millones 212 mil pesos, cifra que representa el 100 por ciento de los recursos auditados, ante la ausencia de comprobantes y registros contables.

En Altotonga se reportaron 204 millones 906 mil pesos por solventar, mientras que en Medellín de Bravo la cifra asciende a 179 millones 927 mil pesos, en ambos casos por deficiencias en contabilidad, control presupuestal y documentación justificativa.

También se documentaron observaciones en Coatzacoalcos; Alto Lucero, con 60 millones de pesos; Papantla, con 56 millones; Las Choapas, con 46 millones, y Alvarado, con 25 millones de pesos.

La ASF emitió pliegos de observaciones y promociones de responsabilidad administrativa, por lo que los municipios deberán aclarar las irregularidades detectadas o reintegrar los recursos señalados. El informe concluye que las administraciones municipales incumplieron disposiciones en materia de contabilidad gubernamental, obra pública y manejo de recursos públicos.