Noreste | Amatlán | 01 Mar 2026 - 15:55hrs
A casi cinco años de la muerte de dos primos menores de edad en el municipio de Amatlán de los Reyes, autoridades cumplimentaron órdenes de aprehensión contra dos exelementos de la desaparecida Fuerza Civil de Veracruz, señalados como probables responsables de homicidio doloso calificado.
Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2021 en la comunidad de La Patrona, donde Jonathan Herrera Aguilar, de 13 años, y Eduardo Jiménez Aguilar, de 15, perdieron la vida durante un operativo policial. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, ambos adolescentes se encontraban en el patio de un domicilio cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego.
En su momento, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que las muertes se registraron en medio de un supuesto enfrentamiento. Sin embargo, familiares rechazaron esa versión desde el inicio. Días después, el entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reconoció públicamente que los menores no estaban vinculados con actividades delictivas.
Las indagatorias posteriores apuntan a que los ahora imputados —identificados como Eder “N” y Miguel “N”— habrían alterado el Informe Policial Homologado (IPH) para sostener la hipótesis de un enfrentamiento. Según fuentes ministeriales, el reporte original alertaba únicamente sobre la presencia de personas armadas en la zona, sin precisar la identidad de algún objetivo específico.
La Fiscalía sostiene que los adolescentes no portaban armas ni representaban una amenaza al momento de la intervención policial. También se investiga la posible simulación de hechos para justificar el uso de la fuerza letal.
El caso generó amplia indignación social en Amatlán de los Reyes y motivó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que abrió expediente por presuntas violaciones graves a derechos fundamentales.
Los exagentes ya fueron presentados ante un juez de control, quien definirá el 6 de marzo si son vinculados a proceso penal. De ser así, enfrentarían juicio por un delito considerado grave dentro del sistema de justicia penal acusatorio.
Familiares de las víctimas han reiterado su exigencia de justicia y reparación integral del daño, al considerar que la muerte de los adolescentes marcó de manera irreversible a sus comunidades y evidenció posibles excesos en operativos de seguridad pública.
La Fiscalía General del Estado no ha descartado que continúen las investigaciones para determinar si existen más servidores públicos involucrados en los hechos.
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