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Noreste | Xalapa, Ver. | 28 Abr 2026 - 11:09hrs

En Xalapa, el proceso judicial por el desalojo de pensionados ocurrido el 23 de diciembre de 2015 continúa sin avances sustanciales y sin castigo para los responsables, a más de diez años de los hechos.

El abogado Juan José Llanes Gil del Ángel, quien asesora a afectados del Instituto de Pensiones del Estado, explicó que el expediente permanece en espera de resolución luego de que un juez rechazara otorgar la suspensión condicional del proceso a Rolando “N”; dicha determinación fue recurrida.

Señaló que uno de los imputados intentó dar por concluido el caso mediante un acuerdo que contemplaba el pago de 15 mil pesos y una disculpa pública, lo que fue desestimado por las víctimas al considerarlo insuficiente frente a la magnitud de los hechos.

Pese a años de exigencia hacia las autoridades ministeriales, únicamente tres exservidores públicos han sido llevados ante la justicia, sin que hasta ahora exista alguna sanción.

El origen del conflicto se ubica en el gobierno de Javier Duarte, cuando desde 2013 comenzaron irregularidades en el pago de pensiones, afectando a miles de personas, en su mayoría adultos mayores.

Integrantes de la Copipev se movilizaron para exigir el cumplimiento de pagos; sin embargo, el 23 de diciembre de 2015 fueron desalojados mediante un operativo policiaco con uso de la fuerza en el centro de la ciudad.

Informes posteriores documentaron personas lesionadas y agresiones contra periodistas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó al menos 200 personas afectadas, mientras que la Fiscalía reconoció solo 30 víctimas.

Ese mismo día, el entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, aceptó haber instruido el operativo.

En 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz emitió la recomendación 16/2016, y posteriormente la CNDH integró el caso en la recomendación 32/2018, ambas por violaciones a derechos humanos.

Actualmente, el litigio sigue abierto. Las víctimas insisten en que la reparación debe apegarse a la Ley General de Víctimas, contemplando medidas integrales como restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición, aspectos que no han sido cumplidos.

Aunque parte de los afectados ha fallecido, el proceso continúa a través de familiares, en medio del desgaste acumulado por años de litigio.

A más de una década, el caso permanece sin sentencia, sin responsables sancionados y sin una reparación integral para los jubilados.