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Linda Díaz | Ciudad de México. | 01 Oct 2026 - 08:40hrs

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó los alcances del paquete de reformas enviado al Congreso de la Unión para modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La mandataria enfatizó que el objetivo central de esta iniciativa radica en tipificar y sancionar el uso no autorizado de identidades de funcionarios e instituciones públicas mediante Inteligencia Artificial (IA) u otros soportes tecnológicos para perpetrar ciberdelitos.

Durante su habitual conferencia matutina en la Ciudad de México, la titular del Ejecutivo federal salió al paso de las especulaciones sobre un presunto intento de censura o persecución partidista.

La Jefa del Estado mexicano precisó que las modificaciones legales están diseñadas para combatir esquemas de estafa financiera y suplantación digital, desvinculando categóricamente el articulado de cualquier intención de índole política o electoral.

Como ejemplo del tipo de conductas que se busca castigar, Sheinbaum Pardo expuso los casos donde se generan videos apócrifos mediante tecnología deepfake utilizando la imagen de titulares de dependencias, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En este tipo de materiales falsificados, se manipula la voz y apariencia del servidor público para convocar a la ciudadanía a depositar dinero en cuentas bancarias fraudulentas bajo la promesa de falsas inversiones.

La iniciativa busca actualizar el marco legal vigente ante el acelerado avance de las herramientas digitales, proporcionando a las autoridades ministeriales las herramientas jurídicas necesarias para perseguir a las redes criminales que explotan la confianza de las instituciones gubernamentales para despojar de su patrimonio a la población.

Con esta aclaración, la administración federal busca brindar certeza jurídica sobre el espíritu del proyecto de ley, asegurando que la libertad de expresión, la sátira política y la crítica ciudadana no serán vulneradas, centrando la acción punitiva del Estado de manera exclusiva en las conductas constitutivas de fraude y usurpación de identidad.