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Noreste | Orizaba | 14 Oct 2026 - 16:42hrs

Ciudadanos y abogados que acuden al Juzgado Décimo Quinto de Orizaba han levantado la voz para denunciar que, aunque se han dado cambios en la titularidad del juzgado, las prácticas cuestionadas no han desaparecido. Por el contrario, señalan que al cambiar a los jueces pero dejar en su lugar a los mismos auxiliares de sala, secretarias y operadores, se perpetúan vicios que afectan la transparencia y la justicia en esta región del estado.

 Los antecedentes: las denuncias contra el juez anterior

Anteriormente, durante la administración del entonces titular del juzgado, Juez Germán Jiménez Oceguera, surgieron múltiples señalamientos de que las audiencias estaban siendo programadas, conducidas y resueltas de manera parcial. Los denunciantes sostienen que existía un esquema en el que el trato favorable en las audiencias tenía un costo, con personas que intermediaban entre los justiciables y quienes tomaban las decisiones al interior del recinto judicial.

"Se decía que si querías que tu audiencia saliera bien, tenías que hablar con ciertas personas antes de entrar al juzgado. No era sobre la ley, era sobre con quién hablabas y cuánto ponías sobre la mesa", relata un abogado que ha llevado casos en este juzgado.

El problema persiste: se va el juez, pero se queda su operadora

Tras la salida del Juez Jiménez Oceguera, muchas personas esperaban que las prácticas irregulares terminaran. Sin embargo, la denuncia señala que su operadora directa, la Lic. Ana Ivette Murueta López, se mantuvo en el cargo y, según los señalamientos, ha continuado con las mismas prácticas que se le atribuían al juzgado antes del cambio de titular.

Los afectados señalan que ella sería el enlace clave: la persona que indica a los usuarios que "hay que arreglar las cosas", que sugiere montos económicos a cambio de agilizar procesos, otorgar fechas favorables o influir en el desarrollo de las audiencias.

El verdadero nudo del problema: los auxiliares que nunca se van

La denuncia expone una falla estructural del sistema: cuando las autoridades detectan irregularidades, suelen cambiar al juez titular, pero dejan intacto al personal de confianza que realmente opera el día a día del juzgado. Son las secretarias, los actuarios y los auxiliares de sala quienes manejan las agendas, reciben a las personas, preparan las audiencias y mantienen el contacto directo con quienes tienen procesos en marcha.

"Cambian el nombre en la puerta, pero la misma gente sigue adentro. Y esa gente es la que realmente mueve los expedientes, pone las fechas y te dice si tu caso avanza o se queda detenido. Si no los atiendes como ellos esperan, tu expediente se pierde, se atrasa o 'simplemente no aparece'", señala una persona que tiene un juicio familiar en este juzgado.

"Si quieres que tu caso avance, hay que cooperar"

Los señalamientos coinciden en que el esquema funciona de manera sutil pero constante. A quienes acuden con procesos civiles, familiares o mercantiles, se les hace saber que el trámite puede avanzar con mayor rapidez si hay una "colaboración" o "apoyo voluntario". Quienes se niegan, reportan que sus audiencias se posponen indefinidamente, sus documentos tardan días en ser firmados o reciben respuestas incompletas.

El temor a represalias hace que muchos no se atrevan a presentar denuncias formales, pues saben que sus procesos quedarán en manos de las mismas personas que señalan como responsables.

Llamado a la gobernadora: no solo mover jueces, sino supervisar desde adentro

Ante esta situación, los ciudadanos y abogados que han sido afectados hacen un llamado directo a la Gobernadora del Estado, Rocío Nahle García, para que su administración no se limite a realizar cambios de titulares cuando surjan denuncias públicas, sino que ordene supervisiones integrales y sorpresivas al interior de los juzgados, donde verdaderamente se gestiona el día a día de la justicia.

"No basta con cambiar al juez principal si quienes operan el sistema siguen siendo los mismos. Ahí es donde verdaderamente se mueve la corrupción: en las agendas, en los expedientes, en las citas, en las audiencias. Si no revisan a los auxiliares de sala, las secretarias y los actuarios, nada va a cambiar", expresaron de manera conjunta varios denunciantes.

¿Hacia una justicia transparente?

La petición es clara: que el Poder Judicial del Estado implemente mecanismos de monitoreo ciudadano, canales de denuncia anónima y rotación periódica del personal administrativo de los juzgados, para evitar que grupos de poder se enquisten por años en las oficinas judiciales y terminen imponiendo sus propias reglas.

La ciudadanía confía en que las autoridades competentes investiguen estos señalamientos con seriedad, porque una justicia que se vende no es justicia, y un sistema que no se revisa a sí mismo no puede garantizar la ley para todos por igual.

Nota: Las afirmaciones contenidas en este reportaje corresponden a denuncias ciudadanas. Se invita a las autoridades competentes a investigar los hechos señalados. La existencia de señalamientos no constituye, por sí misma, prueba fehaciente de culpabilidad.