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Linda Díaz | Ciudad de México. | 15 Oct 2026 - 09:02hrs

Asumiendo una deuda histórica con las víctimas de la represión estatal y las familias que durante décadas han buscado a sus seres queridos, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó el compromiso inquebrantable de su administración para esclarecer las desapariciones forzadas perpetradas contra opositores políticos durante el periodo conocido como la "Guerra Sucia".

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal detalló que la estrategia gubernamental se cimenta sobre tres ejes rectores fundamentales: el reconocimiento explícito de la responsabilidad del Estado mexicano, la garantía irrestricta de verdad y justicia, y la continuación de las indagatorias científicas y ministeriales orientadas a dar con el paradero de las víctimas.

La titular del Ejecutivo federal subrayó que el punto de partida indispensable para sanar este profundo agravio nacional radica en asumir la verdad histórica sin ambigüedades, señalando directamente la participación institucional en operativos de persecución política.

"Lo primero es el reconocimiento como tal del Estado mexicano, que no se ha reconocido la desaparición forzada ordenada desde las más altas esferas", enfatizó Sheinbaum Pardo, marcando un parteaguas institucional frente a las políticas de simulación e impunidad que caracterizaron a los regímenes del pasado.

Este posicionamiento oficial busca respaldar los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.

Colectivos de familiares de desaparecidos, académicos y activistas han recibido con expectativa esta directriz, la cual contempla la apertura de archivos castrenses y civiles, el acceso a bases de datos forenses y la colaboración estrecha con fiscalías especializadas para deslindar responsabilidades penales y administrativas contra quienes participaron o autorizaron estos crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, la estrategia gubernamental prevé dignificar la memoria de los luchadores sociales y opositores que fueron silenciados por disentir del régimen en turno, implementando actos de desagravio público y memoriales que reivindiquen sus causas.

Para el actual gobierno, la justicia transicional no se limita a un ejercicio de revisión archivística, sino a una transformación estructural que garantice la no repetición de prácticas autoritarias y consolide un Estado democrático basado en el respeto absoluto a los derechos humanos y las garantías individuales.

Finalmente, la presidencia de la República reiteró que las investigaciones ministeriales no se detendrán hasta agotar todas las líneas de búsqueda disponibles en fosas clandestinas, instalaciones militares y archivos penitenciarios.

Con este esfuerzo institucional, el Estado mexicano busca cerrar una de las heridas más dolorosas de su historia contemporánea, devolviendo la paz y la certidumbre jurídica a los familiares que por más de medio siglo han exigido justicia sin descanso.