Alejandro Ávila | Manlio Fabio Altamirano | 27 Oct 2026 - 16:50hrs
La administración municipal de Manlio Fabio Altamirano enfrenta un nuevo escándalo institucional tras revelarse presuntos actos de intimidación, violencia física y vulneración a los derechos laborales de los trabajadores del Ayuntamiento, presuntamente encabezados por la presidenta municipal, Yuliana Neva Quirazco.
Ante la gravedad de los hechos, la ex servidora pública Elizabeth Morales Hernández, quien fungía como encargada del área de Ingresos en la Tesorería Municipal, confirmó que acudirá ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer las denuncias correspondientes por abuso de autoridad, agresiones físicas y violencia psicológica.
De acuerdo con las declaraciones de la afectada y testimonios recopilados en el sitio, los hechos se registraron dentro de las instalaciones del Palacio Municipal durante la jornada laboral; la alcaldesa habría ingresado al departamento de Tesorería exigiendo de manera categórica el retiro de Morales Hernández de su puesto de trabajo.
Testigos presenciales señalaron que, tras recibir un saludo por parte de la colaboradora, la edil reaccionó de forma hostil y procedió a agredirla verbal y físicamente, desalojándola del espacio institucional mediante empujones e insultos; asimismo, se reportó el despido inmediato de otra trabajadora, identificada como Diana Paola Morales, únicamente por haber presenciado la agresión.
A este incidente se suma una ola de inconformidades por parte de la plantilla laboral del Ayuntamiento, derivada de retenciones salariales arbitrarias que van del 20 al 50 por ciento de sus percepción quincenal, aplicadas sin notificación formal ni sustento legal.
Tras las protestas generadas por estas afectaciones patrimoniales, la alcaldesa, acompañada por el cuerpo jurídico del municipio, el tesorero y asesores externos, condicionó la continuidad laboral del personal a la aceptación de dichos descuentos, instruyendo el cese de funciones de quienes manifestaron su desacuerdo.
Representantes de los trabajadores afectados hicieron un llamado urgente al Gobierno del Estado de Veracruz y a las instancias de procuración de justicia para que intervengan y se investiguen las irregularidades administrativas y las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en el municipio.
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