- /

Linda Díaz | Ciudad de México. | 05 Nov 2026 - 09:26hrs

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que la definición de eventuales sanciones administrativas o penales derivadas de las investigaciones por presunta corrupción en contrataciones electorales quedará estrictamente supeditada a los dictámenes y hallazgos que emitan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La jefa del Ejecutivo Federal explicó que el Gobierno de México no actúa mediante juicios sumarios ni decisiones unilaterales, por lo que las indagatorias en torno a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y el grupo empresarial encabezado por los hermanos Hernández Casillas se encuentran canalizadas a través de las dependencias e instancias fiscalizadoras que por ley cuentan con las atribuciones correspondientes.

En este sentido, la mandataria detalló que el trabajo que actualmente se desarrolla desde la administración central se focaliza en el rastreo técnico y la fiscalización analítica encabezada por la UIF, la cual toma como insumo fundamental los hallazgos y pliegos de observaciones emitidos previamente por la ASF a partir de las revisiones practicadas a las cuentas públicas y convenios de proveeduría del órgano electoral.

Sheinbaum Pardo fue clara al señalar la ruta institucional a seguir en caso de que las auditorías financieras e investigaciones documentales confirmen la existencia de conductas delictivas o desvíos de recursos. Precisó que, de resultar procedente tras integrar los expedientes probatorios, la propia Unidad de Inteligencia Financiera formalizará la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la República para que se inicien los procesos judiciales respectivos.

De esta manera, la administración federal ratificó su postura de respeto a la autonomía de los órganos fiscalizadores y del sistema de procuración de justicia en el país. El Gobierno de México enfatizó que se mantendrá al tanto de la evolución de estas diligencias, garantizando que todo el material probatorio recabado sea procesado con la máxima transparencia y apego a la legalidad para deslindar responsabilidades.