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Linda Díaz | Ciudad de México. | 10 Nov 2026 - 08:49hrs

En el marco de los informes periódicos ofrecidos por las autoridades del Gabinete de Seguridad Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer un avance determinante en las investigaciones ministeriales relacionadas con el homicidio del expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. El funcionario federal confirmó que, a la fecha, las fuerzas de seguridad han logrado la aprehensión formal de 34 personas presuntamente implicadas en las diversas etapas de planeación, ejecución material y posterior encubrimiento del crimen que conmocionó a la entidad.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el encargado de la seguridad interior del país detalló la complejidad de la estructura delictiva que intervino en el atentado, ponderando que las acciones operativas no se limitaron a la captura de los agresores materiales. Harfuch subrayó que el trabajo coordinado entre las instituciones de inteligencia federales y la fiscalía estatal permitió ubicar e imputar a los autores intelectuales, a los encargados de la logística operativa, a los responsables del reclutamiento de los ejecutores y a los facilitadores que hicieron posible el despliegue del ataque en el municipio michoacano.

Uno de los revelaciones más relevantes expuestas por el funcionario público se centra en la identificación de infiltraciones dentro del entorno directo de la víctima. "Entre las personas detenidas se encuentran desde los autores intelectuales, integrantes de la estructura que participó en la ejecución del ataque, responsables de reclutamiento de sus participantes, operadores logísticos y personas del círculo cercano al presidente municipal, Carlos Manzo, que proporcionaron información para que pudiera ocurrir el asesinato", precisó detalladamente el titular de la SSPC al desglosar los alcances de la investigación.

Las labores de gabinete y campo han involucrado el despliegue táctico de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General de la República. La suma de esfuerzos interinstitucionales ha hecho posible reconstruir la red de complicidades que facilitó el seguimiento diario del edil, identificando los vacíos de seguridad y los momentos vulnerables de su agenda pública que fueron aprovechados por el grupo criminal para concretar la agresión armada.

Finalmente, el Gobierno Federal enfatizó que las indagatorias sobre el caso permanecen abiertas y que no se descartan nuevas intervenciones judiciales a medida que avancen los procesos de vinculación de los 34 imputados. Las autoridades reiteraron su compromiso irrestricto de actuar con todo el peso de la ley contra los responsables de este crimen de alto impacto, asegurando que la impunidad no tendrá cabida en los procesos de pacificación que se desarrollan en el estado de Michoacán y en el resto del territorio nacional.