07 Oct 2026

Hay temas que, de pronto, dejan de ser un asunto exclusivamente universitario y se convierten en un problema de interés público. Y el de las pensiones de las universidades públicas estatales acaba de recibir un fuerte reflector desde Palacio Nacional.

Este martes, durante la llamada Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se está revisando el sistema de pensiones de las universidades públicas estatales, porque en algunos casos existen pensiones que calificó como “muy, muy, muy excesivas”.

La Presidenta habló incluso de personas que reciben doble pensión y de casos en los que los trabajadores no realizaron aportaciones. Explicó que el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, ya dialoga con rectores, rectoras, académicos y sindicatos para encontrar mecanismos que permitan que estos sistemas sean sustentables y justos.

Y justamente cuando se habla de pensiones universitarias, resulta inevitable voltear hacia la Universidad Veracruzana.

No porque exista una resolución que determine alguna irregularidad en el sistema de jubilaciones de la UV, sino porque desde hace algunas semanas circula públicamente una versión particularmente delicada sobre el futuro del rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez.

El pasado 8 de septiembre, el investigador universitario Rafael Vela Martínez declaró que Aguilar Sánchez podría dejar la Rectoría antes de concluir el periodo para el que fue ratificado y que la razón estaría relacionada con la posibilidad de jubilarse con un ingreso cercano a 160 mil pesos mensuales.

La versión fue suficientemente fuerte como para que la propia Universidad Veracruzana saliera a desmentir que el rector fuera a renunciar. La institución sostuvo que continuaba la ruta establecida para el periodo 2025-2029 y que el informe de labores sería un ejercicio de rendición de cuentas, no el anuncio de una salida anticipada.

Y aquí está precisamente el punto que interesa.

La UV tiene oficialmente a Martín Aguilar como rector para la administración 2025-2029. La Junta de Gobierno ratificó su permanencia del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029.

Incluso la propia Junta de Gobierno aclaró en 2025 que jurídicamente no se trataba de una “reelección”, sino de una prórroga prevista por la legislación universitaria.

Por eso la pregunta que ahora resulta pertinente no es afirmar que el rector vaya a renunciar. No existe, hasta ahora, una confirmación oficial de eso.

La pregunta es otra:

¿Qué ocurriría si el rector decidiera no concluir el periodo 2025-2029 y optara por jubilarse antes?

Y, sobre todo, ¿cuánto representaría para las finanzas de la Universidad Veracruzana una eventual jubilación de ese nivel?

Porque si la Presidenta de México está hablando precisamente de revisar los esquemas de pensiones universitarias, de casos de montos excesivos, dobles pensiones y trabajadores que no aportaron, sería perfectamente legítimo conocer cómo funciona el régimen de jubilaciones de la UV.

¿Cuántos trabajadores jubilados tiene actualmente la Universidad?

¿Cuánto se destina anualmente al pago de pensiones?

¿Cuál es la pensión más alta?

¿Con qué salario se determina?

¿Qué porcentaje corresponde a las aportaciones de los trabajadores y cuánto aporta la institución?

¿Existen casos de doble pensión?

Y una pregunta particularmente importante: ¿qué pensión correspondería al actual rector si decidiera jubilarse antes de concluir el periodo para el cual fue ratificado?

No se trata de cuestionar el derecho de nadie a jubilarse conforme a la ley y a sus derechos laborales.

Se trata de algo mucho más sencillo: saber cuánto cuesta.

Porque la Universidad Veracruzana no funciona con dinero privado. Su presupuesto se sostiene fundamentalmente con recursos públicos. Para 2026, la ficha oficial de transparencia reporta más de 3 mil 298 millones de pesos de subsidio federal y más de 3 mil 836 millones de pesos de aportación estatal.

Y cuando se trata de recursos públicos, la autonomía universitaria no debería ser sinónimo de opacidad financiera.

Por eso, ahora que desde la Presidencia de la República se anuncia una revisión de los sistemas pensionarios de las universidades públicas estatales, sería oportuno que la Universidad Veracruzana hiciera lo propio y ofreciera información clara, completa y pública sobre su sistema de jubilaciones.

No hay acusación aquí.

Hay preguntas.

Está la versión pública de un investigador universitario sobre una eventual jubilación de 160 mil pesos mensuales.

Está la postura oficial de la UV, que negó en septiembre una renuncia anticipada.

Y está ahora el anuncio de la Presidenta de México de que los sistemas de pensiones universitarios serán revisados porque existen casos que considera excesivos.

Tres elementos que, juntos, hacen que el tema merezca algo más que rumores de pasillo.

Porque si finalmente Martín Aguilar termina su periodo hasta 2029, asunto aclarado.

Pero si en algún momento decide retirarse antes, entonces habrá que saber qué establece la legislación, cuánto le corresponde y cuánto tendrá que pagar la Universidad Veracruzana durante los años siguientes.

Y eso, en una institución sostenida con recursos públicos, no debería ser un secreto.

Pancho López, el filósofo xalapeño ateniense, seguramente lo resumiría así:

“Una cosa es jubilarse con dignidad y otra muy distinta jubilar al presupuesto.”

Esta es opinión personal del columnista