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CARLOS JESÚS RODRÍGUEZ POR SI ACASO… |
13 Ago 2025
SENTAR PRECEDENTES negativos no sancionados por la ley, puede tener consecuencias perjudiciales o indeseables en el futuro, al ser tomados como referencia o modelo a seguir en casos similares. Es decir, se va creando una norma que sirve como guía o ejemplo para casos venideros. En el ámbito social, un precedente negativo podría ser la aceptación de un comportamiento incívico en un espacio público que, si se repite, podría generar problemas de convivencia. Por ello, evitar sentar precedentes negativos es crucial para prevenir la repetición de situaciones problemáticas y para mantener la coherencia y justicia en las decisiones futuras. En ese contexto, aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se opone, en cualquier circunstancia, a la pena de muerte en México, existen casos que, sin embargo, lo ameritan, o por menos la cadena perpetua para sujetos que sin miramientos, atentan, cobardemente, contra los niños y adolescentes, en un afán de venganza bestial por deudas menores. Y es que lo ocurrido en Los Reyes La Paz, en el Estado de México, es un claro ejemplo de porque la ley se debe reformar para, si no aprobar la pena capital en el País, si la prisión perpetua a bestias como los que asesinaron a Fernandito, un menor de cinco años secuestrado, torturado, asesinado y encontrado su cuerpecito en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, luego de que prestamistas se lo llevaron como garantía por la presunta deuda de mil pesos que sus padres tenían con ellos y que no habían podido pagar. Por fortuna hay tres integrantes de una familia, identificados como Carlos N, Ana Lilia N y Lilia N, detenidos e ingresados a un penal estatal por su probable intervención en delitos vinculados a la desaparición del menor, cuando deberían estar en un reclusorio de máxima seguridad dados los ilicitos acumulados como es secuestro, tortura y asesinato, pues los restos del niño acusan severas lesiones inducidas por el trio de hienas. Para los tres, los padres y la hija se debe aplicar no la pena máxima que en México es de 50 años, sino la prisión perpetua, ya que de salir de la cárcel volverán a lo mismo, teniendo, perennemente a una sociedad en riesgo. Las investigaciones establecen que el pasado 28 de julio, las dos mujeres citadas acudieron al domicilio de la madre del infante, llamada Noemí, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, supuestamente para cobrarle una deuda económica, pero al no tener dinero la deudora, sustrajeron a Fernandito al que solo entregarían hasta que saldara lo que les debía.
LA MADRE del niño acudió en repetidas ocasiones ante el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del gobierno municipal de La Paz, y le negaron la ayuda por una discapacidad de la denunciante, pero ahora, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez dice compartir la indignación y rechazo que siente la ciudadanía ante estos actos, y lamenta lo sucedido, cuando debería interponer formal denuncia contra los ineficientes funcionarios que cerraron la puerta a una mamá que clamaba por ayuda, y no solo cesar a los responsables, como ya lo hizo con el titular del DIF. No fue sino hasta el pasado 4 de agosto que policías de investigación, junto con elementos de la policía municipal, se trasladaron e ingresaron a la casa localizada en el mismo sector donde residía la víctima, en el municipio de La Paz, encontrando el cuerpo de Fernando en condiciones que establecen el presunto ocultamiento del mismo, pues estaba en un costal y bolsas listo para ser desaparecido.
LO MÁS grave es que ese crimen estableció un precedente negativo, pues ahora se sabe que, también, en el Estado de México, concretamente, en Chalco, una menor, de solo 12 años, también fue asesinada el lunes cuando se encontraba junto a su madre en su vivienda, por una deuda económica de la familia. La víctima fue identificada como Dulce 'N', quien vivía en compañía de su madre, su hermano y su abuela, cuando sujetos armados irrumpieron la madrugada del lunes en una vivienda de lámina y cartón ubicada sobre la calle Reforma, esquina Cerrada de Benito Juárez, en el poblado de San Pablo Atlazalpan, y dispararon contra la niña al no recibir el pago. Las balas impactaron a la menor a la altura del pecho y las piernas, y aunque se solicitó la presencia de unidades médicas, al llegar confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Estos hechos ocurrieron días después del caso de Fernandito, el niño de 5 años que había sido secuestrado como "garantía" de un adeudo de mil pesos en Los Reyes la Paz. La presidenta ha dicho en reiteradas ocasiones que, “nosotros estamos en contra de la pena de muerte. No importa el delito, no es algo con lo que coincidimos. Todos los tratados de extradición, incluso, establecen que no puede haber pena de muerte; es parte de la política mexicana”, pero existen barbaries como las cometidas en contra de Fernandito y la menor asesinada el lunes, que no se deben tolerar, so pena de crear precedentes negativos que terminen por afectar, en un futuro cercano, a la sociedad en su conjunto. Tal vez la pena de muerte debe soslayarse, pero no así la prisión perpetua para casos como estos, donde se afecta la vida de los niños y, por ende, la de los padres y familiares que quedan marcados para siempre. Cruzarse de brazos y dejar que sigan ocurriendo barbaries como las ilustradas sería tanto como avalar que continúen perpetrándose.
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VAYA QUE la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadans ha puesto el dedo en la llaga en el caso de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández Cruz, quien, de acuerdo a la funcionaria, fue asesinada con violencia y torturada por sus secuestradores. “La víctima falleció a consecuencia de la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio que inició el 18 de julio”, haciendo a un lado el afamado infarto al miocardio que la Gobernadora Rocío Nahle habría pretextado, quien el pasado 25 de julio indicó que la mujer de 62 años murió de un infarto, luego de que se hiciera público un video donde se ve rodeada de 10 hombres armados que la tenían secuestrada por negarse a pagar las cuotas de extorsión que le impusieron para conducir su taxi.
LO CIERTO es que la segunda quincena de junio y lo que va de agosto, la violencia en el norte del Estado ha estado a la orden del día. Por ello la Fiscal ofreció información de los avances en algunos de los casos que han dirigido las miradas hacia el solar jarocho. Sobre la maestra y taxista, ha dicho que existe orden de aprehensión contra cuatro personas: Octavio N, Jeana Paola N, Víctor Manuel N y José Eduardo N, ya detenidos por secuestro agravado. En Tuxpan, el taxista Mario Alberto Cruz fue atacado a balazos, y aunque sobrevivió, al día siguiente un sicario ingresó al hospital Dr. Emilio Alcázar, disfrazado de familiar para rematarlo. Su padre, Germán Cruz, murió al tratar de defenderlo. Sobre este crimen, según se ha informado, está detenido Eber Abraham N, que fue detenido en el acto. Respecto al motín ocurrido el pasado 2 de agosto en el Centro de Readaptación Social de Tuxpan, el cual dejó nueve muertos y diez heridos ha dado a conocer que cinco de los fallecidos eran de nacionalidad guatemalteca, por lo que se abrió comunicación con el consulado de ese país. Todos estos ataques, además de los cuatro cuerpos desmembrados que se encontraron en la carretera Poza Rica-Cazones, se los ha atribuido la Mafia Veracruzana, también conocida como Grupo Sombra que se formó en 2012, en el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa. El grupo, cuya principal actividad es la extorsión, recurre a la exposición simbólica de la violencia: narcomantas, incendios y amenazas grabadas para instalar el terror. Pero también intentan normalizar su presencia a través de acciones que simulan ayuda a la población, repartiendo regalos y participando en fiestas patronales. En fin, Veracruz sigue siendo un infierno. OPINA [email protected]
Esta es opinión personal del columnista