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Héctor Parra Rodríguez – Otra acción de inconstitucionalidad en contra de la extinción de fideicomisos del PJF

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columnista invitado

TRAS LA VERDAD

Parecía que las y los diputados federales de oposición no presentarían acción de inconstitucionalidad en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Pero no fue así, el fin de semana terminaron de armar el documento que contiene las pruebas, los razonamientos y fundamentos de derecho e impulsaron la acción legal, legisladores (as) panistas, priistas y perredistas.

Esta vez la oposición alega que morenistas y acompañantes, violaron el procedimiento legislativo. Acomodaron las cosas desde la comisión de dictamen, en la que, sin tener el quorum legal para sesionar, no solo actuaron ilegalmente, también hicieron cambios en los legisladores que conformaron la comisión para tener mayoría. “Atascados” los siervos de López Obrador, quien les exigió que cuidaran ese trámite para que no les fuesen echar abajo la inconstitucionalidad del proceso. Pues no cumplieron. Volvieron a violentar su marco normativo ¿Será por aquello de: no me salgan con que la ley es la ley?

En la argumentación alegan que violan la autonomía del Poder Judicial, al “meter mano” en la administración de sus recursos y la manera de administrar. Por supuesto que tienen razón, ninguno de los 3 Poderes es superior a otro (trastocaron el equilibrio de Poderes) y no pueden ni deben decidir cómo o de qué manera deben administrar sus recursos. En su caso, si hubiese abusos en el uso del erario, es la Entidad Superior de Fiscalización la responsable de realizar observaciones y en su caso, presentar las denuncias correspondientes.

Hemos reiterado, además, que el Poder Ejecutivo estaría confiscando por medio de un “albazo” legislativo, dinero propiedad de los trabajadores; acto confiscatorio inconstitucional evidente y abusivo; robar los ahorros de los trabajadores, acto de autoridad que carece de cualquier justificación legal, mucho menos constitucional. De ahí que se denomine acción de inconstitucionalidad.

Precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la instancia responsable de evitar y corregir cualquier abuso que llegan a cometer las autoridades en el abusivo ejercicio de sus atribuciones. Y en el caso de la acción de inconstitucionalidad presentada, evidentemente que tanto legisladores como AMLO cometieron abuso de autoridad, arbitrariedad que se corregirá cuando decreten la inconstitucionalidad y las cosas se retrotraigan hasta antes de la violación a la Constitución y al marco normativo de la misma Cámara de Diputados.

AMLO se quedará con las ganas de “robarse” el dinero del Poder Judicial de la Federación y de los trabajadores.

Nada que sea propiedad de las y los ministros como lo ha difundido falazmente el presidente López Obrador y su candidata a sucederlo, esa mentira será utilizada como prueba en su contra.

Al presidente y a los senadores morenistas, por cierto, les urge nombrar a la nueva ministra (por aquello de la renuncia del lacayo de Arturo Zaldívar), dado que es un voto más que necesita MLO para alcanzar, al menos 3 y si logra presionar a otra u otro ministro, el pleno no alcanzaría los 8 votos necesarios para conseguir la sentencia de inconstitucionalidad y revertir el abuso de autoridad cometido por la mayoría simple de legisladores afines al gobierno.

Al menos MLO tiene 2 votos cautivos, los de Loretta y Yasmín; a la y el otro ministro propuesto por el mismo López Orador (quienes se encuentran en funciones), han sido calificados de traidores por no apoyar las ilegalidades del presidente, de ahí que el autor de la arbitrariedad no tenga esos votos en su poder. AMLO quiere súbditos, afines a su política partidista depredadora; no quiere ministras y ministros autónomos que se encarguen de impartir justicia con imparcialidad. A López le interesa tener ministras y ministros subordinados a sus intereses, no leales a la Constitución e impulsores de la legalidad.

La elección de la nueva ministra (propuso terna de 3 mujeres) vino a complicar y ensombrecer el panorama jurisdiccional de la Corte, a poner en riesgo la declaratoria de inconstitucionalidad del acto abusivo de extinguir fideicomisos de otro Poder Público, por disposición de los otros 2 Poderes; de suyo violan la Constitución al entrometerse en la vida interna de la administración que solo compete al Consejo de la Judicatura, órgano de autoridad del Poder Judicial de la Federación.

Si el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve con 10 ministros en funciones, sería lo más recomendable antes de tener a otra morenista en el ejercicio de la judicatura.

Sin embargo, senadores morenistas se aprestan a someter al pleno la elección de la nueva ministra la semana que está por iniciar, la cual, hasta hoy, no alcanzaría la votación calificada. Por cierto, estará de regreso el “agachón” y perdidoso de Ricardo Monreal, quien seguramente defenderá la propuesta del presidente.

AMLO y senadores morenistas, más sumisos aliados, apuestan a tener 3 votos cautivos permanentes en el pleno de la SCJN, con la llegada de la nueva ministra. De tal suerte que, a falta de una de ellas, solo tendrían 2 votos seguros, los de Loretta Ortíz y Yasmín Esquivel. De ahí que los abusivos no quieren esperar hasta el siguiente periodo extraordinario u ordinario de sesiones. Les urge nombrar a cualquiera de las 3 morenistas, de suyo impedidas constitucionalmente por su filiación partidista y política con el partido en el poder.

En otros asuntos que ha resuelto la Corte de declarar la inconstitucionalidad ha perdido la votación el arbitrario del presidente Andrés López.

La mayoría de las y los mexicanos esperan la misma votación de las y los ministros; 8 votos en contra de AMLO y asunto resuelto, se desvanece el abuso de autoridad de los actos legislativos, de promulgación y publicación del inconstitucional decreto.

Por Héctor Parra Rodríguez

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Omar Zúñiga – La gran Ana Miriam

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DE PRIMERA MANO

*El silencio ominoso

*Hasta Cisneros contesta

*Américo se va a la Sala Superior

*Denuncian corrupción en CECYTEV

Por Omar Zúñiga

El pasado 7 de julio dieron inicio en todo el país las mentadas “Asambleas Informativas sobre la Reforma al Poder Judicial” que busca imponer Andrés Manuel López Obrador antes de irse a La Chingada (su rancho de Palenque).

Xalapa por supuesto no fue la excepción, y la diputada federal electa por el distrito 10, la misma que dijo que López Obrador “le daba asquito”, Ana Miriam Ferráez, encabezó esta “asamblea informativa”, que se realizó bajo una carpa en Plaza Lerdo…, similar a un circo, sí.

En ese momento, Ana Miriam dio la bienvenida a asistentes y ponentes del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, “a la reunión de información y concientización sobre uno de los temas de mayor relevancia que se encuentra actualmente en la discusión nacional, y que sin duda es la Reforma Judicial, la cual traerá grandes beneficios al pueblo de México”.

Dijo que entre algunos de los puntos más importantes de la iniciativa presidencial se encuentran que los ministros de la Corte, consejeros, magistrados y jueces sean “electos por el pueblo en junio de 2025”; así como la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que investigue y sancione a jueces por corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad con presuntos delincuentes y corrupción.

Y repitió que “se busca establecer un mecanismo para que la Corte no pueda suspender leyes en beneficio de la mayoría del pueblo expedidas por el Congreso de la Unión, y que esas suspensiones beneficien a unos cuantos intereses económicos, políticos y de grupos”.

La realidad es que no fui invitado a ese foro, pero también debo reconocer que no me tomé la molestia de informarme para estar ahí.

Sin embargo, en la rigurosidad que me mantiene en este negocio, a partir del lunes 8 de julio, es decir un día después, busqué con insistencia a la diputada Ana Miriam Ferráez.

La intención era (es) platicar sobre el tema, que me interesa sobremanera, no es poca cosa la que está en juego.

Los argumentos que esgrime la diputada, no por justos y bien trovados dejan de ser puro cuento, pues sólo repite y repite lo que dice el presidente, parafraseando al ínclito, “repite como loro”.

No hay una argumentación de peso que nos diga que esa reforma, como está redactada, deba ser aprobada, como un hecho necesario para la vida democrática de este país.

Mis preguntas en todo caso son, -¿porqué deben elegirse por voto popular los jueces y magistrados, si en todo caso la promesa de esa campaña debe ser la realización de justicia pronta y expedita; o cómo serían las promesas de campaña?

-¿Cuánto van a costar esas elecciones?

-¿Cómo se podrán financiar las campañas de los aspirantes a puestos de elección popular?

-¿Cómo evitar que dinero del crimen organizado permee en las campañas de quienes buscan impartir justicia?

Estas preguntas y varias más se quedan sin respuesta, pues lo único que obtuve en la búsqueda de la diputada, fue un ominoso silencio.

Ana Miriam Ferráez, diputada federal electa por Xalapa hoy está impugnada por su adversario Américo Zúñiga Martínez, quien en la impugnación de primera instancia, le asignaron más votos, y ahora está a la espera de una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A manera de contexto, hasta Ivonne Cisneros contestó cuando se le cuestionó sobre el primer paquete de reformas propuesto por le presidente.

¿Usted quiere una diputada que guarde silencio ante los reclamos ciudadanos?… ¡yo, no!

*****

Para documentar el optimismo…,  un director más que se sintió intocable durante la administración de Cuitláhuac García está ya en la mira de Rocío Nahle.

Se trata del flamante director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV), Javier Baizabal Cordero.

A través de una carta, -en la que los denunciantes nos piden el anonimato, pero están plenamente identificados- advierten que este oscuro personaje ha difundido entre los agremiados del sindicato y personal de oficinas administrativas, que no deberían ser leales a la gobernadora.

Este servidor de lo público, protegido por Cuitláhuac García Jiménez habría defraudado no solamente a los empleados, si no también a las arcas del CECYTEV, inflando salarios y  protegiendo a gente como Wendy Garrido Arenas, sobrina de Eleazar Guerrero Pérez (primo del gobernador), a quien le habrían asignado un salario mucho mayor al de personal administrativo, que es el que detenta.

El mismo ex subsecretario de Media Superior y Superior (SEMSYS), Jorge Uscanga  Villalba.

Jorge Domínguez ex encargado de deportes y cultura de la SEMSYS (mismo origen de Uscanga Villalba), una vez que fue dado de baja de la SEV, llegó al CECYTEV para ser cobijado bajo la sombra protectora, de Javier Baizalbal.

También tendría en nómina a la esposa del chofer del diputado electo, Zenyazen Escobar, como aviadora.

Además, entre las múltiples irregularidades de Baizabal Cordero estaría también la creación de empresas fantasma.

Las preguntas que privan entre los empleados afectados del CECYTEV, es  -¿Por qué es intocable?-, -¿cuántos favores le deben?-, -¿qué sucedió con los maestros a los que dejó sin empleo?-, -¿qué sucedió con las denuncias de las mujeres que sufrieron de hostigamiento y acoso laboral?

Todas esas preguntas esperan respuesta y la esperan de la gobernadora electa Rocío Nahle, pero no sólo eso, sino que también haya una investigación seria en contra de este funcionario y que en su caso, exista un castigo ejemplar.

¡Qué barbaridad!

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Miguel Ángel Cristiani – La reforma a la propiedad privada

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·       Toda la propiedad privada en el país pasa a ser del estado

·       El gobierno retiene el dominio pleno de terrenos, casas, edificios

·       La propiedad pasa al gobierno y este te permite vender tu concesión

Por Miguel Ángel Cristiani G.

La atención de la opinión pública se ha estado enfocando hacia la llamada Reforma del Poder Judicial sobre la elección de jueces mediante elección popular, pero un tema que seguramente habrá de ser mucho más polémico, es el de la reforma a la propiedad privada, que se ha manejado en redes sociales también se habrá de proponer en la próxima legislatura federal.

En un audio que está circulando se escucha la que parece ser la voz de Mario Delgado presidente de Morena y futuro secretario de educación, quien en una entrevista radiofónica afirma:

“Claro, el punto es que no seguirás teniendo tus concesiones como antes.

Lo que poseías antes de la nueva constitución seguirá siendo tuyo.

No, en realidad no seguirá siendo tuyo porque se ha transformado de propiedad privada a una concesión reconocida por el estado, la cual puedes vender, pero sigue siendo una concesión ya que toda la propiedad privada del país pasa a ser del estado.

Todo lo que invertiste en tu casa, la concesión no equivale a una propiedad. Cuando posees una propiedad, ejerces legalmente el dominio sobre ella, tanto que pagas un impuesto por la traslación de dominio, es decir, pagas por transferir la propiedad a otro nombre.

Con la nueva propuesta monetaria, desaparece la traslación de dominio porque el gobierno retiene el dominio pleno de terrenos, casas, edificios.

La nueva constitución establece que tendrás una concesión, no la propiedad.

La propiedad pasa al gobierno y este te permite vender tu concesión.

El gobierno autorizará esa venta y la nueva constitución indica que puedes acordar el precio con el comprador, pero recuerda, son concesiones y pueden ser revocadas.”

Ese proyecto de reforma constitucional en realidad es una amenaza a la propiedad privada.

La reciente iniciativa de reforma a la Constitución en materia de propiedad privada pone en riesgo todo lo que hemos construido y logrado a través del esfuerzo y el trabajo duro.

Esta reforma busca socavar los pilares de la propiedad privada, uno de los principios más básicos de una sociedad libre y próspera. Si se aprueba, podríamos ver cómo nuestros derechos sobre nuestras propias casas y bienes se ven gravemente disminuidos o incluso eliminados por completo.

Debemos estar alerta y bien informados sobre los peligros que entraña esta reforma constitucional. No podemos permanecer pasivos mientras nuestros derechos son amenazados.

Debemos hacer oír nuestra voz y participar activamente en este debate crucial.

 Informémonos, para frenar esta iniciativa que pone en riesgo todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Nuestras casas, nuestros ahorros y nuestro futuro están en juego. ¡No podemos permitir que se nos arrebate la propiedad privada!

La iniciativa de reforma constitucional pretende eliminar gradualmente la propiedad privada en favor de un sistema de «propiedad social». Esto significaría que el Estado tendría un control cada vez mayor sobre los bienes inmuebles y los recursos productivos, limitando significativamente los derechos de los ciudadanos como propietarios.

Algunas de las medidas clave que se han propuesto incluyen:

·       Restricciones más severas sobre la compra, venta y herencia de propiedades.

·       Mayores impuestos y gravámenes sobre la propiedad privada.

·       Expropiaciones y nacionalizaciones de empresas y bienes raíces bajo el argumento del «interés social».

·       Limitaciones en el uso y disposición de las propiedades, con mayor injerencia estatal.

·       Redistribución forzosa de propiedades y recursos hacia programas de «vivienda social».

Estas medidas socavarían los cimientos de la propiedad privada, pilar fundamental de una economía de mercado y una sociedad próspera. Sin la seguridad de poder disfrutar plenamente de los frutos de nuestro trabajo y esfuerzo, perderíamos gran parte de nuestra libertad individual y la capacidad de planificar nuestro futuro con certeza.

Además, la eliminación de la propiedad privada tendría graves consecuencias económicas, como la disminución de la inversión, la reducción de la productividad y el empobrecimiento general de la población. Nuestro derecho a decidir sobre nuestros bienes y propiedades sería severamente limitado.

Para más información consulta nuestra página https://www.xn--bitacoraspolticas-ovb.com/

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Fernando Padilla Farfán – Reforma Migratoria – Un desafío urgente y complejo

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Por Ing. Fernando Padilla Farfán

La reforma migratoria es uno de los temas más controvertidos y urgentes en la agenda política actual, no solo en países receptores de inmigrantes como Estados Unidos y los estados miembros de la Unión Europea, sino también en naciones de tránsito y origen. La movilidad humana, impulsada por factores económicos, políticos y sociales, presenta desafíos y oportunidades que requieren respuestas coordinadas y comprehensivas.

En las últimas décadas, la migración internacional ha aumentado significativamente. Según datos de la ONU, hay aproximadamente 281 millones de migrantes en todo el mundo, lo que representa el 3.6% de la población global. Las razones para migrar son diversas: búsqueda de mejores oportunidades económicas, escapar de conflictos y persecuciones, reunificación familiar, y efectos del cambio climático, entre otros.

El aumento en los flujos migratorios ha llevado a muchos países a reforzar sus fronteras, implementando medidas estrictas de control y seguridad. Estas políticas, aunque destinadas a prevenir la migración ilegal y la trata de personas, a menudo resultan en situaciones humanitarias críticas en las fronteras.

Un enfoque equilibrado que combine seguridad con rutas legales y seguras para migrantes puede ayudar a gestionar mejor los flujos migratorios, reduciendo la presión en las fronteras y permitiendo una migración ordenada.

Los migrantes a menudo enfrentan discriminación, explotación laboral y dificultades para acceder a servicios básicos como salud y educación. La integración social y cultural es otro reto significativo.

Políticas de inclusión que promuevan la igualdad de derechos y la participación activa de los migrantes en la sociedad pueden contribuir a una cohesión social más fuerte y a aprovechar el potencial económico y cultural que los migrantes aportan.

Existe un debate continuo sobre el impacto de la migración en los mercados laborales locales. Mientras algunos argumentan que los migrantes compiten con los trabajadores locales, otros señalan que los migrantes a menudo ocupan puestos que los locales no desean.

La migración bien gestionada puede ser un motor de crecimiento económico. Los migrantes suelen llenar vacíos en el mercado laboral y contribuir a la innovación y el dinamismo económico.

La política migratoria de Estados Unidos ha sido un tema divisivo. Con más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, el sistema actual es ampliamente considerado ineficaz.

 La administración actual ha propuesto un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, la modernización del sistema de visados, y la mejora de las condiciones en los centros de detención. También se busca abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica mediante inversiones en desarrollo y seguridad.

La crisis migratoria de 2015-2016 reveló las debilidades del sistema de asilo europeo, conocido como el Reglamento de Dublín, que sobrecarga a los países de entrada como Grecia e Italia.

La Comisión Europea ha presentado un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que incluye mecanismos de solidaridad obligatoria entre los estados miembros, mejoras en los procedimientos de asilo, y cooperación con países de origen y tránsito para gestionar mejor los flujos migratorios.

La reforma migratoria es un asunto complejo que requiere un enfoque multidimensional y colaborativo. Las políticas deben equilibrar la seguridad con la humanidad, promover la integración y el respeto a los derechos humanos, y reconocer los beneficios económicos y sociales de la migración. Solo mediante un diálogo constructivo y soluciones innovadoras se podrán abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta la migración en el mundo contemporáneo.

#fernandopadillafarfan

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