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Carlos Jesús Rodríguez – Desaparecidos: el pendiente más doloroso de Cuitláhuac

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POR SI ACASO…

*Candidatos deben dar un aliento de esperanza a familias

*Son miles de cuerpos en los forenses sin identificar aun

DESDE LA llegada de Cuitláhuac García Jiménez al gobierno del Estado, la crisis provocada por las desapariciones forzadas se ha elevado a niveles insospechados, peor aún que en la administración del inefable Javier Duarte de Ochoa –que es hablar de cosas terribles-, esto a pesar de la declaratoria de emergencia humanitaria que promovió el actual mandatario al inicio de su gestión. Es tan grave lo que está ocurriendo en Veracruz, que la cifra de desaparecidos y no localizados rebasa la de los tres gobiernos anteriores: Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares, y eso que todavía le falta casi un año al frente del Ejecutivo del Estado. El tema es tan delicado, que Mayra Ledesma Arronte, académica de la Universidad Veracruzana que ocupó la dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos desde el inicio de la actual administración hasta enero del 2022, aclara que, “una cosa es poner más presupuesto, que es algo básico qué había que hacer, pero no se pueden seguir llenando la boca diciendo que se atiende como nunca antes. Cuitláhuac García está por terminar su periodo, y el cumplimiento de la Declaratoria del Programa Emergente en materia de Desaparición de Personas no se ha cumplido, ni siquiera en un 30 por ciento”. Su postura tiene un sustento: la cifra de desaparecidos era de 2 mil 340 personas hasta mayo de 2023, mientras que en el periodo de Miguel Ángel Yunes Linares (2017-2018) sumaron 849 desaparecidos, con Javier Duarte (2011-2016) 2 mil 311 no localizados, y con Fidel Herrera (2006-2010) se tuvo un registro de 266 personas esfumadas como por arte de magia, pero el conflicto sigue creciendo, de tal manera que a la fecha se habla de más de 7 mil 200 personas desaparecidas en el Estado, y solo para rubricar, basta señalar que en la primera semana de enero de este año, la Comisión Estatal de Búsqueda reportó la desaparición de cinco personas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo de las cuales dos son menores de edad, y apenas el viernes se informó en torno a la no localización de una adolescente de 15 años en Xalapa de nombre Valentina García Hernández, y otros dos casos. Por ello Ledesma Arronte, respaldada en información de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, asume que Cuitláhuac García tiene en el olvido toda la política de Derechos Humanos que se construyó al inicio de su gobierno, de tal suerte que, “ningún programa pasa la prueba de los indicadores que se construyeron y que se supone debería estar muy ocupado y preocupado por cumplir”. Y tiene razón, porque las familias de las personas desaparecidas merecen respuestas y acciones que ataquen el problema de raíz, no que se «administre» la problemática. Ellas, tienen todo el derecho y la legitimidad para protestar, cerrar calles, tomar Palacio y lo que sea necesario para ser escuchadas.

AHORA QUE, si la crisis de desparecidos es gravísima, la forense no tiene desperdicio. Y es que una investigación documental del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C, identificó que la Fiscalía General del Estado tenía hasta el 2018 más de 45 mil restos humanos sin identificar, por lo que muchos cuerpos han ido a parar a fosas clandestinas. Anais Palacios Pérez, integrante del Instituto y acompañante de Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas, atribuye lo anterior al grave rezago que existe en la Fiscalía General del Estado (FGE) en la materia. El registro obtenido ya fue entregado  

al Registro Nacional de Fosas Clandestinas y contiene información del 2006 al 2018, por lo que, considera que el número de restos se disparó en los últimos años sin que las autoridades den cifras actualizadas por el escándalo que ello provocaría.

EL INFORME refiere que 29 municipios veracruzanos registran más desapariciones, y la principal exigencia de las familias es que se pueda asignar un presupuesto únicamente para trabajos de identificación humana de restos que han sido exhumados de fosas clandestinas. “Hay cientos de millones de pesos, pero no hay presupuesto para la investigación de delitos de desaparición y más importante, para la identificación humana; hicimos una investigación documental y encontramos que de 2006 al 2018, por el informe que se remite para el Registro Nacional de Fosas, hay más de 45 mil restos sin identificar, eso hasta 2018, y de 2018 para acá ¿cuántos más se suman a esta cantidad tan horrible?”, insiste. Lamentable y preocupante es el hecho de que autoridades de la Fiscalía han reconocido que el Centro de Identificación Humana de Nogales, que se construyó en la actual administración, ya está saturado de cuerpos, lo que pone en evidencia la gravísima violencia que se está viviendo en el Estado. Por ello, familias y colectivos plantean a legisladores de todos los partidos poder retomar la creación de la Comisión especial para la Desaparición de Personas en Veracruz, la cual daba seguimiento y acompañamiento a los Colectivos. De igual manera piden a legisladores que se emita la convocatoria para renovar a las personas que son integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda, pues quienes están ahora ya cumplieron su periodo de consejeras, además de sacar de la congeladora una propuesta para reformar la Ley de Desaparición de Personas en Veracruz, con la cual se busca ampliar de tres a cinco años el periodo de los integrantes del Consejo Ciudadano.

EL ASUNTO de las desapariciones y de las fosas clandestinas en el Estado no debería tomarse a la ligera, pues hasta el propio asesor forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, Luis Espinoza Muñoz sostiene que en el tema de las desapariciones forzadas, en México falta voluntad del Estado para fortalecer a las instituciones y promover la formación de especialistas en materia de seguridad. El experto, expone que el principal reto al que se enfrentan los buscadores de personas es la falta de capacitación especializada, pues quienes incursionan en la actividad requieren de una formación inicial amplia sobre procesos de identificación. Al realizar esa labor son fundamentales la conformación de equipos para integrar información, el acceso a recursos e insumos, además de la infraestructura adecuada a fin de llevar a cabo los procedimientos necesarios.

PORQUE LEA usted: integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda “María Herrera” de la zona norte de Veracruz, expresaron que 2023 cerró con mucha violencia y que el número de desaparecidos creció al doble. La organización habló de al menos 600 personas desaparecidas de manera forzada, pues las búsquedas se intensificaron durante el año pasado, ante la omisión del gobierno, en donde no existen fiscalías especializadas ni personal que investiguen y coordinen una búsqueda efectiva, aun cuando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) de la Secretaría de Gobernación (Segob), solo tiene registro de 305 desaparecidos en 29 municipios de Veracruz en 2023, lo cual niegan los colectivos que viven en carne propia la ausencia de un familiar. A ver que candidato retoma el tema y da un aliento de esperanza a parientes de las víctimas. OPINA [email protected] 

Esta es opinión personal del columnista

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Omar Zúñiga – La gran Ana Miriam

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DE PRIMERA MANO

*El silencio ominoso

*Hasta Cisneros contesta

*Américo se va a la Sala Superior

*Denuncian corrupción en CECYTEV

Por Omar Zúñiga

El pasado 7 de julio dieron inicio en todo el país las mentadas “Asambleas Informativas sobre la Reforma al Poder Judicial” que busca imponer Andrés Manuel López Obrador antes de irse a La Chingada (su rancho de Palenque).

Xalapa por supuesto no fue la excepción, y la diputada federal electa por el distrito 10, la misma que dijo que López Obrador “le daba asquito”, Ana Miriam Ferráez, encabezó esta “asamblea informativa”, que se realizó bajo una carpa en Plaza Lerdo…, similar a un circo, sí.

En ese momento, Ana Miriam dio la bienvenida a asistentes y ponentes del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, “a la reunión de información y concientización sobre uno de los temas de mayor relevancia que se encuentra actualmente en la discusión nacional, y que sin duda es la Reforma Judicial, la cual traerá grandes beneficios al pueblo de México”.

Dijo que entre algunos de los puntos más importantes de la iniciativa presidencial se encuentran que los ministros de la Corte, consejeros, magistrados y jueces sean “electos por el pueblo en junio de 2025”; así como la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que investigue y sancione a jueces por corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad con presuntos delincuentes y corrupción.

Y repitió que “se busca establecer un mecanismo para que la Corte no pueda suspender leyes en beneficio de la mayoría del pueblo expedidas por el Congreso de la Unión, y que esas suspensiones beneficien a unos cuantos intereses económicos, políticos y de grupos”.

La realidad es que no fui invitado a ese foro, pero también debo reconocer que no me tomé la molestia de informarme para estar ahí.

Sin embargo, en la rigurosidad que me mantiene en este negocio, a partir del lunes 8 de julio, es decir un día después, busqué con insistencia a la diputada Ana Miriam Ferráez.

La intención era (es) platicar sobre el tema, que me interesa sobremanera, no es poca cosa la que está en juego.

Los argumentos que esgrime la diputada, no por justos y bien trovados dejan de ser puro cuento, pues sólo repite y repite lo que dice el presidente, parafraseando al ínclito, “repite como loro”.

No hay una argumentación de peso que nos diga que esa reforma, como está redactada, deba ser aprobada, como un hecho necesario para la vida democrática de este país.

Mis preguntas en todo caso son, -¿porqué deben elegirse por voto popular los jueces y magistrados, si en todo caso la promesa de esa campaña debe ser la realización de justicia pronta y expedita; o cómo serían las promesas de campaña?

-¿Cuánto van a costar esas elecciones?

-¿Cómo se podrán financiar las campañas de los aspirantes a puestos de elección popular?

-¿Cómo evitar que dinero del crimen organizado permee en las campañas de quienes buscan impartir justicia?

Estas preguntas y varias más se quedan sin respuesta, pues lo único que obtuve en la búsqueda de la diputada, fue un ominoso silencio.

Ana Miriam Ferráez, diputada federal electa por Xalapa hoy está impugnada por su adversario Américo Zúñiga Martínez, quien en la impugnación de primera instancia, le asignaron más votos, y ahora está a la espera de una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A manera de contexto, hasta Ivonne Cisneros contestó cuando se le cuestionó sobre el primer paquete de reformas propuesto por le presidente.

¿Usted quiere una diputada que guarde silencio ante los reclamos ciudadanos?… ¡yo, no!

*****

Para documentar el optimismo…,  un director más que se sintió intocable durante la administración de Cuitláhuac García está ya en la mira de Rocío Nahle.

Se trata del flamante director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV), Javier Baizabal Cordero.

A través de una carta, -en la que los denunciantes nos piden el anonimato, pero están plenamente identificados- advierten que este oscuro personaje ha difundido entre los agremiados del sindicato y personal de oficinas administrativas, que no deberían ser leales a la gobernadora.

Este servidor de lo público, protegido por Cuitláhuac García Jiménez habría defraudado no solamente a los empleados, si no también a las arcas del CECYTEV, inflando salarios y  protegiendo a gente como Wendy Garrido Arenas, sobrina de Eleazar Guerrero Pérez (primo del gobernador), a quien le habrían asignado un salario mucho mayor al de personal administrativo, que es el que detenta.

El mismo ex subsecretario de Media Superior y Superior (SEMSYS), Jorge Uscanga  Villalba.

Jorge Domínguez ex encargado de deportes y cultura de la SEMSYS (mismo origen de Uscanga Villalba), una vez que fue dado de baja de la SEV, llegó al CECYTEV para ser cobijado bajo la sombra protectora, de Javier Baizalbal.

También tendría en nómina a la esposa del chofer del diputado electo, Zenyazen Escobar, como aviadora.

Además, entre las múltiples irregularidades de Baizabal Cordero estaría también la creación de empresas fantasma.

Las preguntas que privan entre los empleados afectados del CECYTEV, es  -¿Por qué es intocable?-, -¿cuántos favores le deben?-, -¿qué sucedió con los maestros a los que dejó sin empleo?-, -¿qué sucedió con las denuncias de las mujeres que sufrieron de hostigamiento y acoso laboral?

Todas esas preguntas esperan respuesta y la esperan de la gobernadora electa Rocío Nahle, pero no sólo eso, sino que también haya una investigación seria en contra de este funcionario y que en su caso, exista un castigo ejemplar.

¡Qué barbaridad!

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Miguel Ángel Cristiani – La reforma a la propiedad privada

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·       Toda la propiedad privada en el país pasa a ser del estado

·       El gobierno retiene el dominio pleno de terrenos, casas, edificios

·       La propiedad pasa al gobierno y este te permite vender tu concesión

Por Miguel Ángel Cristiani G.

La atención de la opinión pública se ha estado enfocando hacia la llamada Reforma del Poder Judicial sobre la elección de jueces mediante elección popular, pero un tema que seguramente habrá de ser mucho más polémico, es el de la reforma a la propiedad privada, que se ha manejado en redes sociales también se habrá de proponer en la próxima legislatura federal.

En un audio que está circulando se escucha la que parece ser la voz de Mario Delgado presidente de Morena y futuro secretario de educación, quien en una entrevista radiofónica afirma:

“Claro, el punto es que no seguirás teniendo tus concesiones como antes.

Lo que poseías antes de la nueva constitución seguirá siendo tuyo.

No, en realidad no seguirá siendo tuyo porque se ha transformado de propiedad privada a una concesión reconocida por el estado, la cual puedes vender, pero sigue siendo una concesión ya que toda la propiedad privada del país pasa a ser del estado.

Todo lo que invertiste en tu casa, la concesión no equivale a una propiedad. Cuando posees una propiedad, ejerces legalmente el dominio sobre ella, tanto que pagas un impuesto por la traslación de dominio, es decir, pagas por transferir la propiedad a otro nombre.

Con la nueva propuesta monetaria, desaparece la traslación de dominio porque el gobierno retiene el dominio pleno de terrenos, casas, edificios.

La nueva constitución establece que tendrás una concesión, no la propiedad.

La propiedad pasa al gobierno y este te permite vender tu concesión.

El gobierno autorizará esa venta y la nueva constitución indica que puedes acordar el precio con el comprador, pero recuerda, son concesiones y pueden ser revocadas.”

Ese proyecto de reforma constitucional en realidad es una amenaza a la propiedad privada.

La reciente iniciativa de reforma a la Constitución en materia de propiedad privada pone en riesgo todo lo que hemos construido y logrado a través del esfuerzo y el trabajo duro.

Esta reforma busca socavar los pilares de la propiedad privada, uno de los principios más básicos de una sociedad libre y próspera. Si se aprueba, podríamos ver cómo nuestros derechos sobre nuestras propias casas y bienes se ven gravemente disminuidos o incluso eliminados por completo.

Debemos estar alerta y bien informados sobre los peligros que entraña esta reforma constitucional. No podemos permanecer pasivos mientras nuestros derechos son amenazados.

Debemos hacer oír nuestra voz y participar activamente en este debate crucial.

 Informémonos, para frenar esta iniciativa que pone en riesgo todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Nuestras casas, nuestros ahorros y nuestro futuro están en juego. ¡No podemos permitir que se nos arrebate la propiedad privada!

La iniciativa de reforma constitucional pretende eliminar gradualmente la propiedad privada en favor de un sistema de «propiedad social». Esto significaría que el Estado tendría un control cada vez mayor sobre los bienes inmuebles y los recursos productivos, limitando significativamente los derechos de los ciudadanos como propietarios.

Algunas de las medidas clave que se han propuesto incluyen:

·       Restricciones más severas sobre la compra, venta y herencia de propiedades.

·       Mayores impuestos y gravámenes sobre la propiedad privada.

·       Expropiaciones y nacionalizaciones de empresas y bienes raíces bajo el argumento del «interés social».

·       Limitaciones en el uso y disposición de las propiedades, con mayor injerencia estatal.

·       Redistribución forzosa de propiedades y recursos hacia programas de «vivienda social».

Estas medidas socavarían los cimientos de la propiedad privada, pilar fundamental de una economía de mercado y una sociedad próspera. Sin la seguridad de poder disfrutar plenamente de los frutos de nuestro trabajo y esfuerzo, perderíamos gran parte de nuestra libertad individual y la capacidad de planificar nuestro futuro con certeza.

Además, la eliminación de la propiedad privada tendría graves consecuencias económicas, como la disminución de la inversión, la reducción de la productividad y el empobrecimiento general de la población. Nuestro derecho a decidir sobre nuestros bienes y propiedades sería severamente limitado.

Para más información consulta nuestra página https://www.xn--bitacoraspolticas-ovb.com/

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Fernando Padilla Farfán – Reforma Migratoria – Un desafío urgente y complejo

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Por Ing. Fernando Padilla Farfán

La reforma migratoria es uno de los temas más controvertidos y urgentes en la agenda política actual, no solo en países receptores de inmigrantes como Estados Unidos y los estados miembros de la Unión Europea, sino también en naciones de tránsito y origen. La movilidad humana, impulsada por factores económicos, políticos y sociales, presenta desafíos y oportunidades que requieren respuestas coordinadas y comprehensivas.

En las últimas décadas, la migración internacional ha aumentado significativamente. Según datos de la ONU, hay aproximadamente 281 millones de migrantes en todo el mundo, lo que representa el 3.6% de la población global. Las razones para migrar son diversas: búsqueda de mejores oportunidades económicas, escapar de conflictos y persecuciones, reunificación familiar, y efectos del cambio climático, entre otros.

El aumento en los flujos migratorios ha llevado a muchos países a reforzar sus fronteras, implementando medidas estrictas de control y seguridad. Estas políticas, aunque destinadas a prevenir la migración ilegal y la trata de personas, a menudo resultan en situaciones humanitarias críticas en las fronteras.

Un enfoque equilibrado que combine seguridad con rutas legales y seguras para migrantes puede ayudar a gestionar mejor los flujos migratorios, reduciendo la presión en las fronteras y permitiendo una migración ordenada.

Los migrantes a menudo enfrentan discriminación, explotación laboral y dificultades para acceder a servicios básicos como salud y educación. La integración social y cultural es otro reto significativo.

Políticas de inclusión que promuevan la igualdad de derechos y la participación activa de los migrantes en la sociedad pueden contribuir a una cohesión social más fuerte y a aprovechar el potencial económico y cultural que los migrantes aportan.

Existe un debate continuo sobre el impacto de la migración en los mercados laborales locales. Mientras algunos argumentan que los migrantes compiten con los trabajadores locales, otros señalan que los migrantes a menudo ocupan puestos que los locales no desean.

La migración bien gestionada puede ser un motor de crecimiento económico. Los migrantes suelen llenar vacíos en el mercado laboral y contribuir a la innovación y el dinamismo económico.

La política migratoria de Estados Unidos ha sido un tema divisivo. Con más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, el sistema actual es ampliamente considerado ineficaz.

 La administración actual ha propuesto un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, la modernización del sistema de visados, y la mejora de las condiciones en los centros de detención. También se busca abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica mediante inversiones en desarrollo y seguridad.

La crisis migratoria de 2015-2016 reveló las debilidades del sistema de asilo europeo, conocido como el Reglamento de Dublín, que sobrecarga a los países de entrada como Grecia e Italia.

La Comisión Europea ha presentado un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que incluye mecanismos de solidaridad obligatoria entre los estados miembros, mejoras en los procedimientos de asilo, y cooperación con países de origen y tránsito para gestionar mejor los flujos migratorios.

La reforma migratoria es un asunto complejo que requiere un enfoque multidimensional y colaborativo. Las políticas deben equilibrar la seguridad con la humanidad, promover la integración y el respeto a los derechos humanos, y reconocer los beneficios económicos y sociales de la migración. Solo mediante un diálogo constructivo y soluciones innovadoras se podrán abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta la migración en el mundo contemporáneo.

#fernandopadillafarfan

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