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BUZOS de la noticia | Ciudad de México. | 22 Sep 2025 - 09:01hrs

En contraste con el gasto público destinado a estos rubros, la Presidenta propone más recursos a los programas sociales del“bienestar” –entrega de dinero en efectivo a adultos mayores, becas para jóvenes que no estudian ni trabajan, etc.– con el claro objetivo de asegurar el voto de los benefi ciarios.

En 2019, el monto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) fue de 5.8 billones de pesos (bdp) y ahora Claudia Sheinbaum propone que sea de 10.1 bdp para 2026, que se acerca al doble de hace un sexenio. Igualmente ocurrirá con la deuda pública que, en 2018, era de 10 bdp y en 2026 llegaría a 20.3 bdp, de acuerdo con un estudio especializado de la sociedad civil México Evalúa.

Esta cantidad equivale a una deuda de 151 mil pesos por cada mexicano; su monto global alcanzará un nivel histórico y “representará aproximadamente el 52.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); y paulatinamente le sumaremos carga a las futuras generaciones”, explicó a buzos Alejandro Gómez Tamez, director general de Grupo de Asesores en Economía y Administración Pública (GAEAP).

“El gran problema es que con todo y que las tasas de interés han bajado considerablemente, el costo fi nanciero de la deuda tiene al gobierno atado de manos; el costo será de 4.1 por ciento del PIB, que es una cifra verdaderamente preocupante”.

Gómez Tamez detalló que la inversión gubernamental presupuestada para 2026 es de 1.25 bdp y equivale a 3.2 por ciento del PIB; y de ella, “Petróleos Mexicanos (Pemex) se lleva casi la mitad; los trenes (de pasajeros) 20 por ciento; la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 11 por ciento, realmente un presupuesto para carreteras y desarrollo de infraestructura, no habrá”.

“Están endeudando al país de una manera brutal. Esto es insostenible; quebrará al país”, alertó al respecto Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), luego de divulgarse el proyecto económico gubernamental para el año entrante.

“De 2018, que llegó Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la fecha, la deuda no nada más ha crecido, sino que se ha duplicado. Digo, ¿en qué cabeza cabe pensar que esto no es grave?

Entonces lo dije y lo sostengo: si seguimos por esta ruta quebrará al país.

Faltaron a su palabra cuando dijeron que iban a reducir el endeudamiento”, denunció Anaya.

El legislador panista explicó que, en 2026, el gobierno duplicará el “techo de endeudamiento” porque, en 2025, se pidió un incremento de 1.1 bdp; y para 2026 se están solicitando 1.8 bdp, cuyo costo anual llegará a 1.6 bdp con el pago del “servicio de la deuda” y los intereses.

Destacó además que, con esto, el gobierno morenista no solamente mantendrá, sino incrementará el severo desequilibrio de las finanzas públicas, debido a que registra menores ingresos fiscales y cada vez tiene más gastos.

El desequilibrio empezó desde finales de 2018 con el magno gasto de la campaña electoral permanente de AMLO que, al cerrar 2024, resultó equivalente al seis por ciento del valor de la economía nacional, es decir, del PIB.

Ricardo Anaya criticó el incumplimiento de la 4T de reducir el déficit
fiscal de seis a tres o 3.5 por ciento del PIB en 2025, que cerrará en 4.1 por ciento y aumentará en 2026 con el nuevo débito.

Máximos históricos

Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, reveló a buzos: “lo que el gobierno espera tomar de deuda, que es de 4.1 por ciento del PIB, equivale a un endeudamiento de cuatro mil 349 pesos al día, que sería suficiente para comprar dos mil 175 casas con un valor de dos millones de pesos (mdp)”.

“Es un monto muy importante en que se está endeudando el gobierno cada día y este endeudamiento no se ve reflejado en un incremento de gasto en servicios de salud, educación y seguridad, sino que financiará mayores transferencias a Pemex y el pago de intereses de las deudas”.

Cano destacó también los máximos históricos que, en 2026, alcanzarán las pensiones, tanto las “contributivas” (integradas con aportaciones de trabajadores, empresas y gobierno) como las “no-contributivas”, es decir, las sostenidas únicamente por el dinero público porque equivaldrán al seis por ciento del PIB, y que las primeras representan aproximadamente el cuatro por ciento del PIB; en tanto que las no-contributivas, el dos por ciento.

Las pensiones, en general, –apuntó Cano– equivaldrán al 27 por ciento del total del gasto público de 2026, “y eso también es un máximo histórico.

En 2019 representaban el 19 por ciento del gasto total; y más atrás, en 2010, el 12 por ciento del presupuesto público. Cada vez tenemos más gastos obligados… y esto resta recursos para otras áreas como la salud, educación, seguridad pública, etcétera”.

Deuda hasta el cuello

Especialistas de México Evalúa detallaron, en un análisis difundido el pasado 11 de septiembre, que el endeudamiento de 20.3 bdp en 2026 equivaldrá a 52.3 por ciento del PIB; “en otras palabras, es poco más de la mitad del tamaño de la economía mexicana”; y precisaron que “representa un máximo histórico, al superar por primera vez la barrera de los 20 bdp en al menos 35 años”.

También aclararon que el proyecto de presupuesto para 2026 marca un cambio porque muestra la posible ruta seguida por el actual gobierno sobre las finanzas públicas para los próximos cinco años: un incremento sostenido de la deuda pública.

Subrayaron que el principal desafío planteado en el Paquete Económico 2026 es el aumento del gasto destinado al pago de intereses que alcanzaría 1.57 bdp, cifra equivalente al 4.1 por ciento del PIB, el mayor monto por “servicio de la deuda pública” en más de 30 años.

Otro de los grandes retos se halla en el hecho de que mientras se destinan más ingresos públicos a sostener la deuda, se reducen los recursos de áreas de desarrollo integral fundamentales para la población, como salud, educación, seguridad pública, servicios básicos, etcétera.

“Por ejemplo, mientras en 2026 se asignará el equivalente a 4.1 por ciento del PIB para cubrir estos compromisos financieros, sólo se prevé destinar 2.9 por ciento del PIB a educación y 2.5 por ciento a salud. En otras palabras, el gasto en intereses de la deuda sería suficiente para casi duplicar el presupuesto destinado a cualquiera de estos sectores estratégicos”, plantearon.

Las familias son las que pagan

El proyecto del PEF 2026 del gobierno morenista continúa enfocado al “bienestar”, es decir, a la entrega de dinero en efectivo, y se distinguirá notoriamente de las inversiones destinadas a la infraestructura básica (agua potable, saneamiento, caminos, etc.) y la cobertura de servicios fundamentales para la población, como salud, educación y seguridad pública.

En su estudio Índice de Progreso Social (IPS) 2024, la organización México ¿Cómo Vamos? prevé que, a pesar del incremento de sus ingresos, la mayoría de las familias se verán en la necesidad de financiar directamente sus derechos sociales de su propio bolsillo para pagar servicios sanitarios y educativos en opciones privadas.

“Las familias mexicanas subsidian la labor del Estado en los servicios que habilitan el acceso a derechos fundamentales, como la salud y la educación, pues son financiados con los ingresos familiares y no adecuadamente provistos por el gobierno”, señaló.

Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) muestra, por otro lado, que en 2026 destaca el presupuesto destinado a los 16 programas del “bienestar”, ya que concentrarán 987 mil mdp que recibirán un aumento del 14.1 por ciento respecto a este año y equivalen a casi 10 por ciento del gasto total.

Los programas con mayor incremento presupuestal, de acuerdo con un informe oficial publicado el 10 de septiembre, serán la Pensión Mujeres del Bienestar, con 267 por ciento; Salud Casa por Casa, 93.2 por ciento; y Beca Rita Cetina, 58.6 por ciento Dinero que descobija

El presupuesto para el Sector Salud (SS) crecerá apenas del 2.5 al 2.6 por ciento del PIB, muy lejos del estándar internacional de seis por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los sistemas sanitarios de los países que la integran.

El presupuesto del SS transitará de 940.9 mil mdp en 2025 a 996.5 mil mdp en 2026; y de acuerdo con analistas especializados, se destinarán solamente tres de cada 10 pesos a la atención de mexicanos carentes de afiliación a una institución pública sanitaria por medio del trabajo.

Los siete pesos restantes se aplicarán a la atención sanitaria asociada al empleo mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que obtendrá un aumento de 11.7 por ciento más de lo destinado en 2025, lo que representará 58 mil mdp.

En un estudio sobre el rubro sanitario del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) se destaca que el presupuesto para cada usuario del IMSS (laboral) se calculó en 10 mil pesos para 2026, con un aumento de 17.2 por ciento comparado con 2025.

El gasto destinado a la población sin servicio sanitario se reducirá 4.3 por ciento, de 4.6 mil a 4.4 mil pesos, con lo que –indicó el CIEP– se mantendrán las desigualdades entre la atención por afiliación de las personas y los 60 millones que no tienen afiliación y carecen de acceso a servicios de salud.

Por lo que toca al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), su presupuesto sufrirá un recorte de 3.6 por ciento y el de la Secretaría de Salud, 3.2 por ciento.

En el Paquete Económico destaca también el gasto del programa del Bienestar Salud Casa por Casa, que recibirá un incremento presupuestal de 93 por ciento y está enfocado a las visitas domiciliarias para adultos mayores y personas con discapacidad, a quienes se brindará solamente atención preventiva, pero no curativa.

En cuanto a los recursos públicos para los servicios educativos, se anticipa una disminución de 3.3 a 3.1 como porcentaje del PIB, con recortes en educación media y superior, cultura y deporte.

En contraste, destacan los aumentos a las becas escolares del “bienestar”, en particular la denominada Rita Cetina para alumnos del nivel de educación básica, con un aumento de 58.5 por ciento; la beca para el nivel Medio Superior subirá 1.5 mil mdp para llegar a 42.5 mil mdp; en tanto la de Jóvenes Escribiendo el

Futuro se mantendrá con 12.6 mil mdp.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tendrá un recorte de 10 mil mdp porque su presupuesto de 70.4 mil mdp de este año bajará a 60.1 mil mdp en 2026. La Secretaría de Marina (Semar) recibirá una ligera baja al pasar de 65.9 mil mdp en 2025 a 65.8 mil mdp en 2026; mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dispondrá de 170.7 mil mdp, cantidad superior a los 158.2 mil mdp de 2025; el incremento será de 12.4 mil mdp.

El incremento presupuestal a la Sedena fue justificado por el gobierno argumentando que tiene a su cargo la infraestructura de obras públicas y la operación de servicios públicos como el Aeropuerto Felipe Ángeles y Mexicana de Aviación, y ahora también, el desarrollo de vías para los ferrocarriles de pasajeros.

Impuestos “saludables”

El proyecto del PEF 2026 no contempla una reforma fiscal significativa, salvo en el caso de los “impuestos saludables” de 87.3 por ciento a los precios de los refrescos, tabacos, videojuegos en línea, dispositivos digitales y a las apuestas virtuales.

Se plantea la modificación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) para que a cada litro de refresco azucarado y sin contenido calórico (light) se impongan 3.0818 pesos, tarifa superior a los 1.6451 pesos por litro aprobados para este año.

En tabacos, la tasa pasaría de 160 por ciento en 2025, a 200 por ciento en 2026, y un incremento gradual hasta 2030; la de los servicios digitales de videojuegos “con contenido violento” sería del ocho por ciento; y en los casinos, el impuesto pasaría del 30 al 50 por ciento del monto de las apuestas.

El gobierno ejecutará estas medidas “extrafiscales” para disminuir el consumo de bienes y productos “que generan efectos negativos en la salud de la población”, además de “fortalecer la estructura tributaria”.

Analistas del CIEP calcularon que la recaudación total por esos “impuestos saludables” sería de 39.4 mil mdp, lo que representaría un incremento de apenas una décima de punto del PIB; otros especialistas afirman que no existen garantías de que lo recaudado se destine al gasto en salud, como se ha prometido.

El gobierno morenista, férreo crítico de la aplicación de aranceles o impuestos al comercio mundial del presidente estadounidense Donald Trump, se alineó hace menos de una semana con esta política cuando anunció que impondrá un arancel de 50 por ciento a los automóviles fabricados en China exportados a México y que luego son enviados a EE. UU. y Canadá.

Esta medida se justificó argumentando que así se protegerá la industria automotriz nacional, aunque México no produce ningún automóvil con marca propia, porque es un país manufacturero que ensambla vehículos para las corporaciones trasnacionales de EE. UU.

“El manotazo” de Trump escuchado en Palacio Nacional fue un reclamo al gobierno de Sheinbaum para que ajuste al acuerdo comercial del Tratado México, EE. UU. y Canadá (T-MEC) y que sirva como “trampolín” a los corporativos automotores de la Unión Americana, como General Motors, que fabrican vehículos a bajo costo en China.

Al cierre de esta edición, el conflicto se mantenía abierto porque China podría tomar represalias, lo que plantea mayores riesgos mercantiles entre los que destaca la posibilidad de que las armadoras estadounidenses asentadas en México importen piezas automotrices chinas no fabricadas en el país.

El proyecto del PEF 2026 menciona la aplicación de aranceles de 10 a 50 por ciento a países con los que México no tiene firmado un acuerdo comercial y en los que circulan mil 400 mercancías con reconocimiento internacional.

Para complementar este objetivo se reformó el Impuesto General de Importación (IGI), integrado al Plan México que, a su vez, tiene la finalidad de industrializar al país, produciendo y exportando artículos con la etiqueta Hecho en México.

En el Paquete Económico 2026, junto al IGI, se relanza el Plan México con el propósito de consolidar el “modelo económico soberano” impulsado por el gobierno de Morena y busca no depender más del exterior o, en otras palabras, de EE. UU.

Este discurso está elaborado sobre la base de las ideas de AMLO, en su mayoría asociadas a las fallidas “soberanía alimentaria” y “soberanía energética”; esta última está vinculada a la paraestatal Pemex que, en 2026, recibiría un magno presupuesto de 780.8 mil mdp para intentar rescatarla de la quiebra financiera.

Otra expectativa optimista del proyecto gubernamental es que la economía nacional crezca en 2026 entre 1.8 y 2.8 por ciento al año, expectativa cuestionada por instituciones financieras nacionales e internacionales. El Banco de México sólo prevé 1.1 por ciento, en coincidencia con el Banco Mundial, en tanto que el Fondo Monetario Internacional pronostica 1.4 por ciento.

El economista Alejandro Gómez Tamez, director general de la consultora GAEAP, aclaró a buzos: “creo que el tema arancelario puede ser una fuente importante de recursos… Sin embargo, lo que se debe cuidar es no poner aranceles a lo que no hacemos en México, porque si no tendremos un muy severo problema”.

Consideró que las tarifas deben aplicarse inteligentemente y por tiempo determinado. Si quieren cobrar aranceles a vestido, calzado y otros productos que hacemos en México, se protegen ciertas industrias y el empleo, “pero si quieren cobrar aranceles a lo que no hacemos en México, entonces sí podemos tener problemas graves”.

Crédito de la Nota: Revista de ánálisis Político BUZOS de la noticia/ Martín Morales Silva @mor_martn