- /

Noreste | Xalapa, Ver. | 16 Jul 2026 - 09:34hrs

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández, afirmó que la fundación que anteriormente administraba la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) habría utilizado mecanismos fraudulentos para el pago de docentes y directores de carrera, además de que existen indicios del presunto manejo de recursos de procedencia ilícita.

El funcionario explicó que durante la revisión de las finanzas de la institución detectaron cuentas bancarias con alrededor de 280 millones de pesos, pese a que, según los responsables de la fundación, no había recursos para cubrir la nómina del personal académico.

Reyes Hernández indicó que la falta de trazabilidad del dinero y el uso de fondos sin un origen plenamente identificado forman parte de las investigaciones que actualmente realiza la Fiscalía General del Estado (FGE). Precisó que el concepto de lavado de dinero también puede derivarse de actos de corrupción y no únicamente de actividades del crimen organizado.

Aseguró que, tras la intervención del Gobierno del Estado, la UPAV comenzó a recibir los recursos de manera directa, se eliminaron los esquemas de intermediación mediante fundaciones y se regularizó la contratación del personal, además de incrementarse en 40 por ciento la remuneración promedio de docentes y directores.

El secretario sostuvo que actualmente no existen adeudos generalizados con trabajadores de la universidad y afirmó que las protestas registradas en Xalapa y Córdoba son encabezadas por personas que, dijo, estarían vinculadas con los anteriores esquemas de administración.

Recordó que la FGE mantiene abiertas las investigaciones y que tres exfuncionarios de la UPAV permanecen en prisión preventiva por presuntos delitos relacionados con el manejo irregular de recursos públicos.

De acuerdo con la Fiscalía, los exservidores públicos enfrentan proceso por incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencia y ejercicio indebido del servicio público. Las investigaciones contemplan un presunto daño patrimonial de 557 millones de pesos, correspondiente principalmente a cuotas escolares que no habrían sido comprobadas en los registros financieros de la institución.